Política
Bolívar, Rovaín y Molina salieron del Fénix tras 23 años de cautiverio
Los tres expolicías metropolitanos detenidos en abril de 2003 por los hechos del 11 de abril de 2002 fueron excarcelados la noche del martes 19 de mayo de 2026. La liberación llega con 8.760 días de retraso y abre la pregunta sobre los 654 presos políticos que JEPVzla dice que permanecen detenidos.
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina salieron del Centro Penitenciario Fénix la noche del martes 19 de mayo de 2026, tras 23 años de detención por los hechos del 11 de abril de 2002. La excarcelación se produjo horas después del anuncio de 300 liberaciones por parte de Jorge Rodríguez. Lo relevante no es solo que ocurrió, sino por qué ocurrió ahora y qué sigue sin ocurrir.
La noche del martes 19 de mayo de 2026, los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas con más tiempo bajo custodia del Estado venezolano salieron del Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara. Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina habían sido detenidos el 19 de abril de 2003 por los hechos ocurridos en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Fueron condenados en 2009 a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad. La excarcelación fue confirmada por la organización Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, y por Realidad Helicoide a través de sus cuentas oficiales.
Hasta entonces eran los presos políticos con más tiempo continuo de reclusión en Venezuela: 8.401 días, según el conteo público de Runrun.es. Veintitrés años, un mes y un día.
La liberación se produjo unas horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara en sesión parlamentaria que entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo serían puestas en libertad 300 personas. Entre los nombres, los tres expolicías, además de personas vinculadas al caso Plaza Venezuela, adultos mayores, embarazadas y reclusos con patologías graves. «Entre el día de ayer y este viernes 300 personas serán puestas en libertad», dijo Rodríguez en la Asamblea Nacional.
Pero el qué de la noticia no agota el interés editorial. La pregunta de fondo es otra: por qué ahora.
Por qué ahora
El timing del anuncio no se explica solo por la dinámica interna del régimen. Se explica por la convergencia de tres presiones simultáneas que se acumularon entre febrero y mayo de 2026.
La primera es la presión judicial estadounidense. El lunes 19 de mayo se inició formalmente el procesamiento de Alex Saab ante la justicia federal de Estados Unidos. Esa misma semana, el caso Plus Ultra en España derivó en la imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales. En ambos expedientes aparecen mencionados fondos provenientes de Pdvsa y del sistema CLAP. La aritmética política indica que un régimen bajo presión judicial doble en dos continentes requiere gestos visibles hacia organismos internacionales y hacia Washington.
La segunda es la presión interna del proceso de transición tutelada. La presidenta encargada Delcy Rodríguez había anunciado el 21 de abril el fin de la Ley de Amnistía. Esa decisión, calificada por organizaciones de derechos humanos como un golpe a las expectativas de las familias, dejó al gobierno encargado con un costo político acumulado. La excarcelación de los presos políticos más antiguos del país permite proyectar imagen de apertura sin abrir el expediente más sensible: el de los militares, los dirigentes opositores y los detenidos en operaciones recientes.
La tercera es la presión diplomática que ha venido construyendo el plan de tres fases formulado por el secretario de Estado Marco Rubio ante el Congreso el 7 de enero de 2026. El plan contempla tres etapas con solapamiento explícito: estabilización, recuperación y transición. La fase de estabilización requiere, entre otras cosas, gestos verificables sobre la situación de derechos humanos. El anuncio de las 300 excarcelaciones funciona como ese gesto, sin necesariamente avanzar en la fase política del proceso.
La convergencia de esas tres presiones explica el calendario. No explica el contenido.
Qué falta
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) rechazó el martes 19 de mayo las declaraciones de Jorge Rodríguez. La organización mantiene un registro propio de 654 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. «No son 300. Presentar esta medida como un gesto de reconciliación nacional constituye una afrenta para las víctimas y sus familias», señaló la organización en un comunicado distribuido la misma tarde.
Foro Penal había publicado un balance el 27 de abril que registraba 454 presos políticos: 186 militares, 41 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad y el resto civiles de distintos perfiles. La distancia entre las cifras de las dos organizaciones se explica por criterios metodológicos. JEPVzla incluye casos no procesados formalmente como políticos pero asociados a hechos de naturaleza política. Foro Penal aplica criterios más restrictivos.
La cifra relevante no es cuál de las dos organizaciones tiene razón. La cifra relevante es la siguiente: si se restan las 300 excarcelaciones anunciadas, en el escenario más optimista quedan al menos 154 personas detenidas por motivos políticos según Foro Penal, y al menos 354 según JEPVzla.
Realidad Helicoide fue más enfática. «La cifra de presos políticos asciende a las 500 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres», publicó la organización tras confirmar la salida de Bolívar, Rovaín y Molina.
Los nombres que no estaban en el anuncio
El anuncio de Jorge Rodríguez incluyó categorías —policías metropolitanos, caso Plaza Venezuela, embarazadas, adultos mayores, patologías graves— pero no listas. Esa omisión no es accidental. La sustracción de nombres permite manejar discrecionalmente quiénes salen y quiénes no. Y permite, sobre todo, dejar fuera del proceso a tres categorías que el régimen no ha mostrado intención de excarcelar.
La primera son los militares. De los 186 militares contabilizados por Foro Penal antes del anuncio, el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott permanece en El Rodeo I tras nueve años de detención —los últimos dos en condición de incomunicación, según denuncia de su esposa Irene Olazo. Su caso es uno de los varios cubiertos por el Comité contra la Tortura de la ONU desde 2022.
La segunda son los detenidos en las operaciones recientes. La muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, comunicada por el gobierno el 7 de mayo después de 16 meses de denuncias sobre su desaparición, abrió un expediente que el régimen no ha cerrado. El caso de María Lourdes Afiuni —jueza detenida en diciembre de 2009 tras ordenar la liberación cautelar de Eligio Cedeño siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU— sigue abierto en términos administrativos. La exjueza publicó el martes 19 de mayo en X: «¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?».
La tercera son los presos del expediente 11 de abril de 2002 que no salieron este martes. Bolívar, Rovaín y Molina son tres de un grupo más amplio. La salida de los tres más visibles permite cerrar simbólicamente el capítulo más antiguo del cautiverio político venezolano sin necesariamente revisar el resto del expediente.
La medida del tiempo
Veintitrés años, un mes y un día. El cálculo de Runrun.es es exacto: 8.760 días de retraso entre lo que debió ocurrir y lo que ocurrió la noche del martes. La cifra tiene un valor que no es solo periodístico. Es la marca del régimen anterior y del régimen actual sobre el cuerpo y el tiempo vital de tres personas que cuando entraron a prisión en abril de 2003 no habían cumplido los cuarenta años y salen del Centro Penitenciario Fénix más allá de los sesenta.
«Salir en libertad es lo más importante, lo más bello que hay en este mundo», dijo Luis Molina en el reencuentro con su familia, en declaraciones recogidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones. El reportaje de Efecto Cocuyo describió a los tres como «desorientados pero libres».
La frase resume con precisión la situación general del país. Hay procesos en marcha. Hay liberaciones. Hay anuncios. Pero la dirección de fondo —cuándo, cómo y para quién termina el cautiverio político— sigue sin estar fijada en un calendario verificable.
El plan de tres fases existe. Las fechas de cierre de cada fase, no. Los nombres en las excarcelaciones se anuncian por categoría. La amnistía se declara terminada y se reabre. Las cifras oficiales de presos políticos no coinciden con las de Foro Penal, ni con las de JEPVzla, ni con las de Realidad Helicoide.
Que tres hombres salgan del Fénix la noche del 19 de mayo no cancela esas preguntas. Las pone al lado de las imágenes del reencuentro familiar para que cualquier lector pueda hacer las dos lecturas a la vez.
Fuentes principales
- Foro Penal (comunicado del 19 de mayo de 2026 vía X). JEPVzla / Justicia, Encuentro y Perdón (declaración del 19 de mayo). Realidad Helicoide (publicaciones del 19 y 20 de mayo). Runrun.es (cronología publicada el 19 de mayo). Infobae (cobertura del 20 de mayo). La Patilla (cobertura del 19 y 20 de mayo). El Nacional (cobertura del 19 de mayo). Efecto Cocuyo (testimonios del 20 de mayo). Observatorio Venezolano de Prisiones. Asamblea Nacional de Venezuela (declaraciones de Jorge Rodríguez del 19 de mayo).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
Alfredo Yánez
9 libros que te cambian la perspectiva
Finanzas, emprendimiento, migración y más — disponibles en Amazon
VER LIBROS →
Política
Immigrants have been incarcerated less than the native-born since 1870
The longest available series covers a century and a half and records no period in which immigrants were incarcerated more than the American-born.
INCÍSOS SPECIAL · HEIRS
Leer en español
The association between immigration and crime is probably the most repeated and least supported claim in American public debate. A century and a half of data exists to test it.
| What | Immigrants have recorded lower incarceration rates than the American-born since at least 1870. |
| Who | Researchers at the National Bureau of Economic Research; researchers published in PNAS. |
| When | A 150-year series, from 1870 to 2020. The Texas study covers 2020. |
| Where | The United States, with specific analysis of Texas state records. |
| Why | It is the empirical basis contradicting the most-used argument against immigrant presence. |
| How | Historical censuses and administrative arrest and conviction records. |
The long series
A study published by the National Bureau of Economic Research reconstructed incarceration rates for immigrants and the American-born across 150 years, from 1870 — the first year with available records — to the present.
The result admits no nuance of trend: in no period of that series did immigrants record incarceration rates higher than those of people born in the United States.
In 2020, immigrants were 60 percent less likely to be incarcerated than people born in the country, according to that same work. Compared specifically with white Americans born here, the difference was 30 percent lower.
The gap, moreover, has widened over time.
The Texas records
A study published in 2020 in the Proceedings of the National Academy of Sciences analyzed administrative arrest and conviction records from Texas, one of the few states that records the immigration status of those detained.
The results per thousand residents: immigrants, including those without legal status, were roughly half as likely to be arrested for violent crimes as the native-born. Around 40 percent as likely for drug offenses. Around 25 percent for robbery and property crimes.
Texas matters as a case because it is a border state, with one of the country’s largest immigrant populations, under an administration that has not been permissive on immigration enforcement. The data are its own.
A caution about sources
The most-cited data series in this area comes from the Cato Institute, which publishes annual estimates of incarceration rates by immigration status. Its 2024 figures put the rate at 1,195 per 100,000 among the American-born, 674 among immigrants in irregular status and 303 among immigrants with legal status.
The Cato Institute is a research center with a declared position favoring immigration openness. Its figures point in the same direction as the academic ones and serve as corroboration, but the argumentative weight of this piece rests on the 150-year study and the PNAS work, both peer-reviewed.
What these data do not settle
Aggregate rates say nothing about individual cases. Every crime committed by an immigrant exists, has victims and merits the same institutional response as any other.
Nor do they explain why the gap exists. The available hypotheses — self-selection among those who emigrate, risk aversion tied to losing status, age structure, family composition — are plausible and unresolved.
What they do establish, with the longest available series and with independent administrative records, is that the opposite premise has no empirical support in any stretch of a century and a half.
Why it is in this special
A community assigned a criminal propensity the data do not support carries a cost that is not symbolic. That cost translates into public policy, into enforcement budgets, into daily treatment, and into the rest of the country’s willingness to consider it part of itself.
Hispanic heritage includes that too: having carried, for a century and a half, an accusation the country’s own records refute.
Primary sources: National Bureau of Economic Research, study of immigrant incarceration rates across 150 years (Abramitzky, Boustan, Pérez and others), also distributed by the Migration Policy Institute. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020 study of Texas arrest records. Cato Institute, annual series on incarceration rates by immigration status, identified as a center with a declared position.
Política
MS-13 was born in Los Angeles and came back deported
Between 1996 and 2002, the United States sent roughly 31,000 convicts to Central America. The criminal structure now attributed to the region was built in the north.
INCÍSOS SPECIAL · HEIRS
Leer en español
A special on Hispanic heritage would be incomplete without the part nobody wants to claim. The documentary record places it somewhere other than where it is usually assigned.
| What | MS-13 formed in Los Angeles in the 1980s and went transnational by way of American deportation policy. |
| Who | Refugees fleeing the Salvadoran civil conflict; the United States government; the countries of northern Central America. |
| When | Formation in the 1980s. Mass deportations between 1996 and 2002. |
| Where | California first; El Salvador, Honduras and Guatemala after. |
| Why | The conventional account reverses the direction of the phenomenon, and with it the explanation. |
| How | Mid-1990s legislation expanded the universe of noncitizens subject to removal, including convicts with gang ties. |
Where it formed
The Congressional Research Service, in its report on the organization, establishes that MS-13 formed on the streets of Los Angeles during the 1980s, made up of people fleeing the Salvadoran civil conflict.
The same document notes it was constituted in part as protection against Latino gangs already operating in the city, among them Barrio 18. The «13» refers to the thirteenth letter of the alphabet, reflecting its tie to the Mexican Mafia within the California prison system.
None of that origin occurred in Central America.
How it crossed south
Legislation passed in the mid-1990s substantially expanded the universe of noncitizens subject to detention and removal, including those with criminal convictions.
Between 1996 and 2002, the United States sent roughly 31,000 convicted people to Central American countries, of whom some 12,000 went to El Salvador, according to documentation from the Washington Office on Latin America.
The Congressional Research Service records that the organization became transnational when members deported from the United States established its structure in Central America.
The receiving countries had institutions weakened by decades of civil war, with no absorption capacity, no reintegration programs and in many cases no prior information about the records of those arriving.
The structure did not migrate. It was exported.
Why the direction matters
The correction is not an academic footnote. It determines which explanation is accepted and which policy follows from it.
If the organization is a Central American phenomenon that entered the United States, the logical response is to close the entrance.
If it is an American phenomenon that was exported and returned, the response has to include what happened here: how it formed, under what conditions of urban marginalization, inside what prison system, and what effect deporting tens of thousands of people to countries unable to receive them produced.
The record supports the second reading, and it does so not from an immigrant advocacy organization but from Congress’s own research service.
What this piece does not argue
MS-13 has committed serious, documented crimes on both sides of the border. Its victims have overwhelmingly been people from the same communities of origin. Nothing above mitigates that or attempts to.
Nor does it suggest the United States is solely responsible for a phenomenon shaped by civil wars, institutional collapse, poverty and decisions by several governments.
What the record does establish is the direction of the origin. And that direction is rarely told.
The uncomfortable inheritance
Every large community produces criminality, and the Hispanic community is no exception. A special that listed only celebrable contributions would be promotion, not journalism.
But the uncomfortable part is not the one usually told either. The conventional version presents an imported product. The documentary record describes something else: a structure that formed in an American city, was professionalized in an American prison system, and was installed to the south by an American policy decision.
That too is part of what has to be inherited.
Primary sources: Congressional Research Service, report R45292 on MS-13. Washington Office on Latin America, documentation on deportations of convicts to Central America between 1996 and 2002. InSight Crime, organizational profile.
Política
The proclamation celebrates the Hispanic who is a citizen and in uniform
The official text celebrating Hispanic heritage defines whom it celebrates: citizens, service members, police and border agents. The boundary is written down.
INCÍSOS SPECIAL · HEIRS
Leer en español
A commemorative month does not describe a community. It defines one. The text proclaiming it contains that definition, and it rewards careful reading.
| What | The 2025 proclamation recognized Hispanic-American citizens and singled out those serving in military, law enforcement and border security roles. |
| Who | The White House, author of the text; the 70.1 million Hispanics the Census counts. |
| When | Signed September 22, 2025, seven days after the period began. |
| Where | The United States. |
| Why | The proclamation marks out who official recognition reaches and who it does not. |
| How | Public Law 100-402 requires an annual presidential proclamation for the month to be observed. |
The month exists because it gets signed
The 1988 law authorizes and requests the president to issue an annual proclamation designating September 15 through October 15. Without that signature, there is no proclaimed observance. Every president since 1990 has issued one.
The 2025 proclamation was signed September 22. The period had begun on the 15th.
Seven days is not on its own a declaration of anything. Proclamations are signed with variable margins. But the fact is on the record and worth noting before reading the text.
What the text says
The 2025 proclamation recognizes the contributions of Hispanic-American citizens. It singles out Hispanic patriots who have served on the front lines of the military, in law enforcement and in border security. It speaks of defending national sovereignty and protecting the flag.
Each of those elements is legitimate. There are Hispanic citizens. There are Hispanics in the armed forces and in federal security agencies. Their service exists and merits recognition.
What matters here is not what the text affirms, but its perimeter.
The perimeter
The 70.1 million people the Census Bureau counts as Hispanic include citizens by birth, naturalized citizens, permanent residents, people with temporary status, asylum seekers and people without regular status.
The proclamation names citizens. And among them, it underscores those in uniform.
That is not a description of the Hispanic community in the United States. It is a subset of it, defined by two criteria: legal status and function in service to the state.
A commemorative text obligates no one and appropriates nothing. But it establishes the official terms of a recognition, and those terms leave out a substantial portion of the people whose contribution the same proclamation celebrates in the abstract.
The context of the signing
During the same period, other figures describe the state’s relationship with that population.
An analysis of immigration enforcement data reported by specialized press records 49,571 ICE arrests in July 2026, the highest monthly total of the second term, up roughly 15 percent from June, with more than half of those detained having no convictions or pending charges. The figure comes from a processing of federal data and should be verified against the original source before being treated as settled.
The Congressional Budget Office projects net migration of roughly 570,000 people for 2026, well below earlier projections nearing two million.
And a Pew Research Center survey from November 2025 found that 47 percent of Latinos surveyed felt less safe in their area because of deportation actions.
What remains
An annual proclamation celebrates Hispanic heritage. A simultaneous policy reduces Hispanic presence, polices it and displaces it.
Both occur under the same signature and on the same calendar.
No intent needs to be assigned to observe the contradiction. It is enough to place the two documents side by side and read the dates.
Primary sources: Proclamation on National Hispanic Heritage Month 2025, signed September 22, 2025. Public Law 100-402. U.S. Census Bureau, Facts for Features CB26-FF.07. Congressional Budget Office, net migration projections. Pew Research Center, November 2025 survey. Immigration arrest data processed by the Deportation Data Project, as reported by specialized press.
-
Entrevistas3 meses agoZair Mundaray: «Enfrenté al poder con ciencia»
-
Política2 meses agoDelcy Rodríguez enfrenta a la prensa internacional: la rueda de prensa que no cerró la brecha
-
Política4 meses agoEl economista, los bonos y Citgo
-
Política4 meses agoRoberto Smith Perera: «La reconstrucción no puede esperar a la elección»
-
Política2 meses agoEl semáforo de las estructuras: qué significa cada color tras el terremoto
-
Especiales3 meses agoMedia vuelta… mar.
-
Inciso4 meses agoLa paciencia de Washington
-
Inciso4 semanas agoMárquez sabe qué pasó el 28 de julio