Política
Bolívar, Rovaín y Molina salieron del Fénix tras 23 años de cautiverio
Los tres expolicías metropolitanos detenidos en abril de 2003 por los hechos del 11 de abril de 2002 fueron excarcelados la noche del martes 19 de mayo de 2026. La liberación llega con 8.760 días de retraso y abre la pregunta sobre los 654 presos políticos que JEPVzla dice que permanecen detenidos.
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina salieron del Centro Penitenciario Fénix la noche del martes 19 de mayo de 2026, tras 23 años de detención por los hechos del 11 de abril de 2002. La excarcelación se produjo horas después del anuncio de 300 liberaciones por parte de Jorge Rodríguez. Lo relevante no es solo que ocurrió, sino por qué ocurrió ahora y qué sigue sin ocurrir.
La noche del martes 19 de mayo de 2026, los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas con más tiempo bajo custodia del Estado venezolano salieron del Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara. Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina habían sido detenidos el 19 de abril de 2003 por los hechos ocurridos en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Fueron condenados en 2009 a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad. La excarcelación fue confirmada por la organización Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, y por Realidad Helicoide a través de sus cuentas oficiales.
Hasta entonces eran los presos políticos con más tiempo continuo de reclusión en Venezuela: 8.401 días, según el conteo público de Runrun.es. Veintitrés años, un mes y un día.
La liberación se produjo unas horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara en sesión parlamentaria que entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo serían puestas en libertad 300 personas. Entre los nombres, los tres expolicías, además de personas vinculadas al caso Plaza Venezuela, adultos mayores, embarazadas y reclusos con patologías graves. «Entre el día de ayer y este viernes 300 personas serán puestas en libertad», dijo Rodríguez en la Asamblea Nacional.
Pero el qué de la noticia no agota el interés editorial. La pregunta de fondo es otra: por qué ahora.
Por qué ahora
El timing del anuncio no se explica solo por la dinámica interna del régimen. Se explica por la convergencia de tres presiones simultáneas que se acumularon entre febrero y mayo de 2026.
La primera es la presión judicial estadounidense. El lunes 19 de mayo se inició formalmente el procesamiento de Alex Saab ante la justicia federal de Estados Unidos. Esa misma semana, el caso Plus Ultra en España derivó en la imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales. En ambos expedientes aparecen mencionados fondos provenientes de Pdvsa y del sistema CLAP. La aritmética política indica que un régimen bajo presión judicial doble en dos continentes requiere gestos visibles hacia organismos internacionales y hacia Washington.
La segunda es la presión interna del proceso de transición tutelada. La presidenta encargada Delcy Rodríguez había anunciado el 21 de abril el fin de la Ley de Amnistía. Esa decisión, calificada por organizaciones de derechos humanos como un golpe a las expectativas de las familias, dejó al gobierno encargado con un costo político acumulado. La excarcelación de los presos políticos más antiguos del país permite proyectar imagen de apertura sin abrir el expediente más sensible: el de los militares, los dirigentes opositores y los detenidos en operaciones recientes.
La tercera es la presión diplomática que ha venido construyendo el plan de tres fases formulado por el secretario de Estado Marco Rubio ante el Congreso el 7 de enero de 2026. El plan contempla tres etapas con solapamiento explícito: estabilización, recuperación y transición. La fase de estabilización requiere, entre otras cosas, gestos verificables sobre la situación de derechos humanos. El anuncio de las 300 excarcelaciones funciona como ese gesto, sin necesariamente avanzar en la fase política del proceso.
La convergencia de esas tres presiones explica el calendario. No explica el contenido.
Qué falta
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) rechazó el martes 19 de mayo las declaraciones de Jorge Rodríguez. La organización mantiene un registro propio de 654 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. «No son 300. Presentar esta medida como un gesto de reconciliación nacional constituye una afrenta para las víctimas y sus familias», señaló la organización en un comunicado distribuido la misma tarde.
Foro Penal había publicado un balance el 27 de abril que registraba 454 presos políticos: 186 militares, 41 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad y el resto civiles de distintos perfiles. La distancia entre las cifras de las dos organizaciones se explica por criterios metodológicos. JEPVzla incluye casos no procesados formalmente como políticos pero asociados a hechos de naturaleza política. Foro Penal aplica criterios más restrictivos.
La cifra relevante no es cuál de las dos organizaciones tiene razón. La cifra relevante es la siguiente: si se restan las 300 excarcelaciones anunciadas, en el escenario más optimista quedan al menos 154 personas detenidas por motivos políticos según Foro Penal, y al menos 354 según JEPVzla.
Realidad Helicoide fue más enfática. «La cifra de presos políticos asciende a las 500 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres», publicó la organización tras confirmar la salida de Bolívar, Rovaín y Molina.
Los nombres que no estaban en el anuncio
El anuncio de Jorge Rodríguez incluyó categorías —policías metropolitanos, caso Plaza Venezuela, embarazadas, adultos mayores, patologías graves— pero no listas. Esa omisión no es accidental. La sustracción de nombres permite manejar discrecionalmente quiénes salen y quiénes no. Y permite, sobre todo, dejar fuera del proceso a tres categorías que el régimen no ha mostrado intención de excarcelar.
La primera son los militares. De los 186 militares contabilizados por Foro Penal antes del anuncio, el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott permanece en El Rodeo I tras nueve años de detención —los últimos dos en condición de incomunicación, según denuncia de su esposa Irene Olazo. Su caso es uno de los varios cubiertos por el Comité contra la Tortura de la ONU desde 2022.
La segunda son los detenidos en las operaciones recientes. La muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, comunicada por el gobierno el 7 de mayo después de 16 meses de denuncias sobre su desaparición, abrió un expediente que el régimen no ha cerrado. El caso de María Lourdes Afiuni —jueza detenida en diciembre de 2009 tras ordenar la liberación cautelar de Eligio Cedeño siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU— sigue abierto en términos administrativos. La exjueza publicó el martes 19 de mayo en X: «¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?».
La tercera son los presos del expediente 11 de abril de 2002 que no salieron este martes. Bolívar, Rovaín y Molina son tres de un grupo más amplio. La salida de los tres más visibles permite cerrar simbólicamente el capítulo más antiguo del cautiverio político venezolano sin necesariamente revisar el resto del expediente.
La medida del tiempo
Veintitrés años, un mes y un día. El cálculo de Runrun.es es exacto: 8.760 días de retraso entre lo que debió ocurrir y lo que ocurrió la noche del martes. La cifra tiene un valor que no es solo periodístico. Es la marca del régimen anterior y del régimen actual sobre el cuerpo y el tiempo vital de tres personas que cuando entraron a prisión en abril de 2003 no habían cumplido los cuarenta años y salen del Centro Penitenciario Fénix más allá de los sesenta.
«Salir en libertad es lo más importante, lo más bello que hay en este mundo», dijo Luis Molina en el reencuentro con su familia, en declaraciones recogidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones. El reportaje de Efecto Cocuyo describió a los tres como «desorientados pero libres».
La frase resume con precisión la situación general del país. Hay procesos en marcha. Hay liberaciones. Hay anuncios. Pero la dirección de fondo —cuándo, cómo y para quién termina el cautiverio político— sigue sin estar fijada en un calendario verificable.
El plan de tres fases existe. Las fechas de cierre de cada fase, no. Los nombres en las excarcelaciones se anuncian por categoría. La amnistía se declara terminada y se reabre. Las cifras oficiales de presos políticos no coinciden con las de Foro Penal, ni con las de JEPVzla, ni con las de Realidad Helicoide.
Que tres hombres salgan del Fénix la noche del 19 de mayo no cancela esas preguntas. Las pone al lado de las imágenes del reencuentro familiar para que cualquier lector pueda hacer las dos lecturas a la vez.
Fuentes principales
- Foro Penal (comunicado del 19 de mayo de 2026 vía X). JEPVzla / Justicia, Encuentro y Perdón (declaración del 19 de mayo). Realidad Helicoide (publicaciones del 19 y 20 de mayo). Runrun.es (cronología publicada el 19 de mayo). Infobae (cobertura del 20 de mayo). La Patilla (cobertura del 19 y 20 de mayo). El Nacional (cobertura del 19 de mayo). Efecto Cocuyo (testimonios del 20 de mayo). Observatorio Venezolano de Prisiones. Asamblea Nacional de Venezuela (declaraciones de Jorge Rodríguez del 19 de mayo).
Alfredo Yánez
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Política
El capitán Caguaripano sigue en El Rodeo I tras nueve años de cautiverio militar
Detenido el 11 de agosto de 2017 tras los hechos del Fuerte Paramacay, el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott permanece en la cárcel de El Rodeo I. Su nombre no aparece en las categorías del anuncio de 300 excarcelaciones del 19 de mayo.
El capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, de la Guardia Nacional Bolivariana, permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, en el estado Miranda. Lleva nueve años bajo custodia del Estado venezolano y casi dos en condición de incomunicación. Su nombre no apareció en el anuncio del 19 de mayo.
El 11 de agosto de 2017, un grupo encabezado por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Caguaripano Scott protagonizó la toma simbólica del Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo. Caguaripano fue detenido poco después. En agosto de 2026 se cumplirán nueve años desde aquel día. El capitán seguirá en El Rodeo I.
Esa es la frase con la que su esposa, Irene Olazo, ha venido cerrando entrevistas desde que se inició el proceso de excarcelaciones bajo el rodrigato. La última vez que dijo algo parecido fue en febrero, en una entrevista con el programa «La Entrevista» de EVTV Miami: «Mi hija tiene 12 años sin abrazar a su padre».
Itinerario de centros de reclusión
El expediente Caguaripano es excepcional incluso dentro del registro de detenciones políticas militares en Venezuela. Según el testimonio público de su esposa, el capitán pasó por al menos cuatro centros de reclusión antes de El Rodeo I: el Dgcim de Valencia, el Dgcim de Boleíta, La Tumba —el centro subterráneo del Sebin en Plaza Venezuela donde estuvo cerca de cuatro años, según Olazo, «30 metros bajo tierra»— y El Helicoide, donde permaneció otros cuatro años. La actual reclusión en El Rodeo I se inició tras un traslado y ha estado marcada por una incomunicación que ya supera los dos años.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas solicitó información adicional sobre el caso Caguaripano a organizaciones de derechos humanos y al régimen anterior en 2022. La respuesta institucional al Comité fue parcial.
Las visitas del padre
Juan Caguaripano padre tiene 80 años y vive en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Cada vez que puede, recorre cientos de kilómetros hasta El Rodeo I, en Miranda, para visitar a su hijo. Las visitas duran aproximadamente 20 minutos, según describió en una entrevista con NTN24 en marzo. No incluyen contacto físico. «Soy el único que lo visita y no puedo abrazarlo», dijo el padre en la cobertura de La Patilla del 16 de marzo de 2026.
La esposa del capitán y su hija viven en Costa Rica desde hace varios años por razones de seguridad. Mantienen contacto con la red de familiares de presos políticos militares en Venezuela, varias de las cuales han sido visibles en jornadas como la del 3 de mayo de 2026, que reunió manifestaciones en más de 120 ciudades del mundo bajo la consigna #QueSeanTodos.
Lo que el anuncio del 19 de mayo dejó fuera
El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el martes 19 de mayo, incluyó categorías específicas: los policías metropolitanos detenidos por los hechos del 11 de abril de 2002, personas vinculadas al caso Plaza Venezuela, adultos mayores, embarazadas y reclusos con patologías graves. Las categorías no incluyeron a los militares procesados por hechos de naturaleza política. La razón institucional ofrecida por el régimen es que esos casos están en jurisdicción militar y se rigen por procesos distintos. La razón política es otra: el bloque de militares detenidos forma parte de la maquinaria que el aparato heredado por el rodrigato no ha mostrado intención de desmontar.
Foro Penal contabilizaba 186 militares detenidos por motivos políticos en el balance del 27 de abril de 2026. Si el anuncio del 19 de mayo se ejecuta tal como fue presentado, ninguno de esos 186 saldrá esta semana.
Lo que la diáspora sigue desde fuera
Para el venezolano en Estados Unidos que ha estado siguiendo el proceso desde el 3 de enero, el expediente Caguaripano funciona como medida de qué tan profundo está dispuesto a llegar el rodrigato. La excarcelación de los expolicías metropolitanos cierra el capítulo más antiguo del cautiverio civil. Pero el capítulo militar —donde el aparato del régimen anterior demostró su capacidad más severa de persecución— sigue intacto.
«Si con algún sector ha sido implacable este régimen es con el militar», escribió el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa en marzo, tras su propia liberación. Guanipa nombró expresamente el caso Caguaripano y el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido bajo tortura en 2019.
Lo que ocurre con Caguaripano en las próximas semanas dirá si el plan de tres fases del proceso venezolano se queda en el componente civil del cierre del ciclo chavista o si avanza también sobre el componente militar. La diferencia entre las dos cosas no es retórica. Es la diferencia entre un cierre parcial y un cierre integral.
Fuentes principales
- ElDiario.com (cobertura del 14 de marzo de 2026). La Patilla (cobertura del 13 de marzo y 16 de marzo de 2026, entrevistas a Irene Olazo y Juan Caguaripano padre). El Nacional (cobertura del 17 de febrero de 2026 sobre condiciones de reclusión). TalCual (archivo histórico del caso). NTN24 (entrevista al padre, enero de 2026). Comité contra la Tortura de la ONU (solicitud de información, 2022). Foro Penal (balances mensuales). Declaraciones de Juan Pablo Guanipa, 2 de marzo de 2026.
Política
Zapatero pasó de mediador a investigado por blanqueo del CLAP y PDVSA
El auto del juez José Luis Calama, conocido el martes 19 de mayo, vincula a Zapatero con la trama Plus Ultra y, por primera vez con detalle, con fondos provenientes de PDVSA y del programa de alimentos del chavismo.
El auto del juez español José Luis Calama, conocido el martes 19 de mayo de 2026, pasa de la imputación administrativa al núcleo de la trama: el expresidente del Gobierno español aparece como presunto cabecilla del tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y aparece, por primera vez con detalle judicial, vinculado a fondos procedentes de PDVSA y del sistema CLAP.
A las ocho menos cuarto de la mañana del martes 19 de mayo de 2026, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española se presentaron en el domicilio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para notificarle su imputación en el caso Plus Ultra. El auto del juez instructor José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, le imputa cuatro delitos: organización delictiva, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.
El auto se conoció horas después. Y cambió la dimensión del expediente.
De Plus Ultra al CLAP
La trama Plus Ultra hasta ahora se entendía como un caso de rescate financiero irregular: la aerolínea española recibió 53 millones de euros del erario público para evitar la quiebra. La investigación había detectado anomalías en el destino de esos fondos. El auto del martes 19 va más allá. Conecta tres ámbitos que la prensa española y venezolana habían tratado por separado.
El primero son los contratos de asesoría que Zapatero habría mantenido a través de la sociedad Análisis Relevante. Según el auto, esos contratos «pudieron funcionar como cobertura para pagos». La sociedad recibió fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva, y luego transfirió dinero hacia Zapatero y a la sociedad Whathefav.
El segundo son los permisos de vuelo en Venezuela. El auto recoge que el empresario Julio Martínez Martínez mantuvo conversaciones con el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano. En julio de 2021, Plus Ultra habría pedido a Martínez que intercediera para obtener autorización de un vuelo Caracas-Madrid. El 31 de julio aparece en la agenda de Martínez una persona identificada como «Z».
El tercer ámbito, y el más significativo en términos políticos, es el origen del dinero. La acusación menciona que los fondos investigados habrían provenido de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y del sistema CLAP, el programa de distribución de alimentos del chavismo que entre 2017 y 2024 distribuyó paquetes de productos básicos a millones de familias venezolanas. La investigación de la DEA estadounidense había documentado desde 2017 que los productos del CLAP enviados desde México llegaban a Venezuela con sobreprecios y calidad deficiente, configurando un esquema de lavado y enriquecimiento.
«La imputación de Zapatero apunta a lavado de fondos procedentes del saqueo de PDVSA y de un programa de alimentos del chavismo, CLAP», resumió el periodista español David Alandete en X. «Son los mismos hechos por los que en Miami se procesa desde ayer a Alex Saab», agregó.
La cifra de las comisiones
Según el auto del juez Calama, Zapatero habría cobrado 1,5 millones de euros en comisiones por su participación en el tráfico de influencias. La cifra es relevante en términos jurídicos: pone al expresidente como cabecilla operativo, no como mediador político.
Durante años, Zapatero se presentó como facilitador del diálogo en Venezuela. Viajaba con regularidad a Caracas, aparecía junto a Nicolás Maduro y junto a Delcy Rodríguez, defendía la narrativa del gobierno venezolano sobre el origen de la crisis del país. El auto del martes 19 modifica esa lectura. La «mediación» queda reformulada, en términos judiciales, como una infraestructura de servicios prestados al régimen y remunerados a través de las sociedades mencionadas.
Los dos hermanos venezolanos
El auto incluye un detalle que la prensa española recogió con cautela. El juez investiga también a dos hermanos venezolanos cuya identidad no se ha hecho pública, pero que «hacen mención a la dama y ministro de petróleo de Venezuela en sus negocios». La referencia, según la cobertura de Diario Las Américas del 20 de mayo, apunta a Delcy Rodríguez, quien desde el 3 de enero ejerce como presidenta encargada y que hasta marzo de 2026 mantuvo además la cartera de Hidrocarburos. Paula Henao —la ministra que el martes 19 estuvo en Houston— sustituyó a Rodríguez en esa cartera.
La mención no implica imputación a Rodríguez por parte de la justicia española. Pero sí coloca su nombre en el expediente, en una semana en que el rodrigato ha venido proyectando imagen de apertura institucional a través de las excarcelaciones y de la presencia de su ministra en EE.UU.
Lo que conecta esto con Saab
El lunes 18 de mayo, el caso de Alex Saab entró en fase de procesamiento formal ante la justicia federal estadounidense. La Drug Enforcement Administration confirmó investigaciones para desmantelar las redes chavistas asociadas. El timing entre el procesamiento de Saab en Miami y la imputación de Zapatero en Madrid no es accidental: los dos expedientes comparten hechos, fuentes y, según las propias autoridades investigadoras, parte de la documentación.
«Saab puede cooperar con la justicia de EE.UU. y aportar información de Zapatero y otros», señaló el periodista David Alandete. La hipótesis de cooperación —si se confirma— transformaría el caso Plus Ultra de expediente español en expediente transatlántico.
La defensa
Zapatero declaró el lunes 19 de mayo en una entrevista televisada que «jamás» realizó gestiones a favor de Plus Ultra y rechazó haber actuado como intermediario en operaciones aéreas con Venezuela. La defensa formal del expresidente se conocerá en las próximas semanas, conforme avance el expediente.
Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, el caso Zapatero opera como un cierre simbólico de un capítulo que llevaba años abierto sin consecuencias institucionales. Para la opinión pública española, abre uno nuevo.
Fuentes principales
- Audiencia Nacional de España (auto del juez José Luis Calama, conocido el 19 de mayo de 2026). Diario Las Américas (cobertura del 20 de mayo). Euronews (cobertura del 20 de mayo). La Patilla (cobertura del 19 de mayo). Excélsior (columna de Jorge Fernández Menéndez del 20 de mayo). EntornoInteligente. Tal Cual. Investigación previa de la DEA sobre el sistema CLAP. Declaraciones de David Alandete en X.
Política
El Aissami envía una carta desde El Rodeo I y dice temer por su vida
Doce días después de su declaración pública en el juicio PDVSA-Cripto, en la que denunció torturas y acusó a Tarek William Saab, el exministro Tareck El Aissami emitió una carta de puño y letra desde El Rodeo I.
El exministro de Petróleo y exvicepresidente Tareck El Aissami emitió el miércoles 20 de mayo de 2026 una carta escrita de su puño y letra desde la celda de castigo de El Rodeo I, donde permanece detenido. El documento llega doce días después de su declaración pública en el juicio PDVSA-Cripto. La sucesión de hechos consolida un mismo patrón: el aparato penitenciario del régimen anterior sigue intacto bajo el rodrigato.
El miércoles 20 de mayo de 2026, una carta escrita de puño y letra por el exministro de Petróleo y exvicepresidente Tareck El Aissami salió de la celda de castigo de El Rodeo I y llegó a la prensa venezolana en el exilio. El documento afirma que el autor teme por su vida en las condiciones actuales de reclusión.
La carta llega doce días después de la primera declaración pública de El Aissami, el viernes 8 de mayo, ante el Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo y la Corrupción, en el marco del caso PDVSA-Cripto. Esa declaración —de catorce páginas según la transcripción a la que tuvo acceso TalCual— había roto dos años de incomunicación absoluta. El exfuncionario denunció torturas, drogación durante interrogatorios, aislamiento extremo y una persecución que atribuyó directamente al exfiscal general Tarek William Saab.
Lo que la carta cambia
La declaración del 8 de mayo se dio dentro de un proceso judicial. Tenía la protección institucional del tribunal y el respaldo de su defensa. La carta del 20 de mayo no tiene esa cobertura. Es un documento que sale del régimen penitenciario sin canal oficial. Que haya llegado al exterior, en sí mismo, dice algo sobre las condiciones internas.
Tres elementos hacen la carta significativa más allá del expediente individual de El Aissami.
El primero es la confirmación de que la denuncia judicial del 8 de mayo no quedó sin consecuencias. El exministro mantiene viva la denuncia desde fuera del tribunal, lo que indica que su defensa considera necesario sostener la presión sobre el aparato que controla las condiciones de su reclusión.
El segundo es que el aparato penitenciario denunciado funcionaba bajo el régimen Maduro y sigue funcionando bajo el rodrigato. La transición tutelada que arrancó el 3 de enero de 2026 no ha desmontado las estructuras de Dgcim, El Helicoide, La Tumba, El Rodeo I y los centros militares que durante años fueron documentados por organizaciones como Provea, Foro Penal y el Comité contra la Tortura de la ONU. La presencia de El Aissami en una celda de castigo de El Rodeo I, doce días después de su declaración judicial, indica una continuidad operativa que la transición no ha tocado.
El tercer elemento es la dimensión política. El Aissami fue, durante una década, parte del núcleo más activo del régimen al que ahora denuncia. Que un ex alto funcionario del chavismo emita una carta desde la celda de castigo en las mismas condiciones que padecieron sus víctimas anteriores configura una grieta institucional desde adentro. No es la grieta que produce la diáspora desde fuera. Es la grieta que produce el propio aparato cuando se vuelve contra quienes lo construyeron.
El expediente PDVSA-Cripto
El juicio en el que El Aissami compareció el 8 de mayo continúa en curso. El caso PDVSA-Cripto inició formalmente el 20 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas y mantiene a 64 personas acusadas. Según la acusación del Ministerio Público, el daño patrimonial supera los 5.550 millones de dólares. Organizaciones como Transparencia Venezuela estiman el perjuicio real por encima de los 16.900 millones.
En su declaración del 8 de mayo, El Aissami exigió a la jueza Alejandra Romero Castillo acceso público al juicio, publicación del expediente completo y nulidad del proceso. La carta del 20 de mayo no modifica esas peticiones, pero las refuerza desde un canal que es, por definición, irregular: la comunicación fuera del control del régimen.
Lo que esto significa para la fase política
El plan de tres fases formulado por Marco Rubio el 7 de enero de 2026 contempla, en su fase de transición, la restitución de un orden institucional con garantías mínimas de debido proceso. Mientras el aparato penitenciario heredado siga operando con las prácticas que tanto víctimas opositoras (Quero Navas, Afiuni, Caguaripano) como exfuncionarios del régimen anterior (El Aissami) denuncian con detalles concretos, esa fase de transición no se considerará iniciada.
La carta del 20 de mayo es —en términos editoriales y diplomáticos— una prueba más de que el rodrigato está cumpliendo con la fase de estabilización comercial pero no ha avanzado en la fase institucional. La distancia entre los dos componentes es lo que sostiene el desorden actual.
Fuentes principales
- La Patilla (publicación del 20 de mayo de 2026, 11:55 a.m., «Tareck El Aissami teme por su vida y emite una CARTA desde su celda de castigo»). TalCual (transcripción de 14 páginas de la declaración del 8 de mayo, publicada como «Expediente El Aissami: de la celda del castigo a la guerra de acusaciones contra Saab», 16 de mayo). Efecto Cocuyo (cobertura del 8 de mayo). El Nacional (cobertura del 8 de mayo). Lostubazos. Declaraciones del exfiscal Zair Mundaray en X.
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