Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina salieron del Centro Penitenciario Fénix la noche del martes 19 de mayo de 2026, tras 23 años de detención por los hechos del 11 de abril de 2002. La excarcelación se produjo horas después del anuncio de 300 liberaciones por parte de Jorge Rodríguez. Lo relevante no es solo que ocurrió, sino por qué ocurrió ahora y qué sigue sin ocurrir.

La noche del martes 19 de mayo de 2026, los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas con más tiempo bajo custodia del Estado venezolano salieron del Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara. Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina habían sido detenidos el 19 de abril de 2003 por los hechos ocurridos en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Fueron condenados en 2009 a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad. La excarcelación fue confirmada por la organización Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, y por Realidad Helicoide a través de sus cuentas oficiales.

Hasta entonces eran los presos políticos con más tiempo continuo de reclusión en Venezuela: 8.401 días, según el conteo público de Runrun.es. Veintitrés años, un mes y un día.

La liberación se produjo unas horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara en sesión parlamentaria que entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo serían puestas en libertad 300 personas. Entre los nombres, los tres expolicías, además de personas vinculadas al caso Plaza Venezuela, adultos mayores, embarazadas y reclusos con patologías graves. «Entre el día de ayer y este viernes 300 personas serán puestas en libertad», dijo Rodríguez en la Asamblea Nacional.

Pero el qué de la noticia no agota el interés editorial. La pregunta de fondo es otra: por qué ahora.

Por qué ahora

El timing del anuncio no se explica solo por la dinámica interna del régimen. Se explica por la convergencia de tres presiones simultáneas que se acumularon entre febrero y mayo de 2026.

La primera es la presión judicial estadounidense. El lunes 19 de mayo se inició formalmente el procesamiento de Alex Saab ante la justicia federal de Estados Unidos. Esa misma semana, el caso Plus Ultra en España derivó en la imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales. En ambos expedientes aparecen mencionados fondos provenientes de Pdvsa y del sistema CLAP. La aritmética política indica que un régimen bajo presión judicial doble en dos continentes requiere gestos visibles hacia organismos internacionales y hacia Washington.

La segunda es la presión interna del proceso de transición tutelada. La presidenta encargada Delcy Rodríguez había anunciado el 21 de abril el fin de la Ley de Amnistía. Esa decisión, calificada por organizaciones de derechos humanos como un golpe a las expectativas de las familias, dejó al gobierno encargado con un costo político acumulado. La excarcelación de los presos políticos más antiguos del país permite proyectar imagen de apertura sin abrir el expediente más sensible: el de los militares, los dirigentes opositores y los detenidos en operaciones recientes.

La tercera es la presión diplomática que ha venido construyendo el plan de tres fases formulado por el secretario de Estado Marco Rubio ante el Congreso el 7 de enero de 2026. El plan contempla tres etapas con solapamiento explícito: estabilización, recuperación y transición. La fase de estabilización requiere, entre otras cosas, gestos verificables sobre la situación de derechos humanos. El anuncio de las 300 excarcelaciones funciona como ese gesto, sin necesariamente avanzar en la fase política del proceso.

La convergencia de esas tres presiones explica el calendario. No explica el contenido.

Qué falta

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) rechazó el martes 19 de mayo las declaraciones de Jorge Rodríguez. La organización mantiene un registro propio de 654 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. «No son 300. Presentar esta medida como un gesto de reconciliación nacional constituye una afrenta para las víctimas y sus familias», señaló la organización en un comunicado distribuido la misma tarde.

Foro Penal había publicado un balance el 27 de abril que registraba 454 presos políticos: 186 militares, 41 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad y el resto civiles de distintos perfiles. La distancia entre las cifras de las dos organizaciones se explica por criterios metodológicos. JEPVzla incluye casos no procesados formalmente como políticos pero asociados a hechos de naturaleza política. Foro Penal aplica criterios más restrictivos.

La cifra relevante no es cuál de las dos organizaciones tiene razón. La cifra relevante es la siguiente: si se restan las 300 excarcelaciones anunciadas, en el escenario más optimista quedan al menos 154 personas detenidas por motivos políticos según Foro Penal, y al menos 354 según JEPVzla.

Realidad Helicoide fue más enfática. «La cifra de presos políticos asciende a las 500 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres», publicó la organización tras confirmar la salida de Bolívar, Rovaín y Molina.

Los nombres que no estaban en el anuncio

El anuncio de Jorge Rodríguez incluyó categorías —policías metropolitanos, caso Plaza Venezuela, embarazadas, adultos mayores, patologías graves— pero no listas. Esa omisión no es accidental. La sustracción de nombres permite manejar discrecionalmente quiénes salen y quiénes no. Y permite, sobre todo, dejar fuera del proceso a tres categorías que el régimen no ha mostrado intención de excarcelar.

La primera son los militares. De los 186 militares contabilizados por Foro Penal antes del anuncio, el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott permanece en El Rodeo I tras nueve años de detención —los últimos dos en condición de incomunicación, según denuncia de su esposa Irene Olazo. Su caso es uno de los varios cubiertos por el Comité contra la Tortura de la ONU desde 2022.

La segunda son los detenidos en las operaciones recientes. La muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, comunicada por el gobierno el 7 de mayo después de 16 meses de denuncias sobre su desaparición, abrió un expediente que el régimen no ha cerrado. El caso de María Lourdes Afiuni —jueza detenida en diciembre de 2009 tras ordenar la liberación cautelar de Eligio Cedeño siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU— sigue abierto en términos administrativos. La exjueza publicó el martes 19 de mayo en X: «¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?».

La tercera son los presos del expediente 11 de abril de 2002 que no salieron este martes. Bolívar, Rovaín y Molina son tres de un grupo más amplio. La salida de los tres más visibles permite cerrar simbólicamente el capítulo más antiguo del cautiverio político venezolano sin necesariamente revisar el resto del expediente.

La medida del tiempo

Veintitrés años, un mes y un día. El cálculo de Runrun.es es exacto: 8.760 días de retraso entre lo que debió ocurrir y lo que ocurrió la noche del martes. La cifra tiene un valor que no es solo periodístico. Es la marca del régimen anterior y del régimen actual sobre el cuerpo y el tiempo vital de tres personas que cuando entraron a prisión en abril de 2003 no habían cumplido los cuarenta años y salen del Centro Penitenciario Fénix más allá de los sesenta.

«Salir en libertad es lo más importante, lo más bello que hay en este mundo», dijo Luis Molina en el reencuentro con su familia, en declaraciones recogidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones. El reportaje de Efecto Cocuyo describió a los tres como «desorientados pero libres».

La frase resume con precisión la situación general del país. Hay procesos en marcha. Hay liberaciones. Hay anuncios. Pero la dirección de fondo —cuándo, cómo y para quién termina el cautiverio político— sigue sin estar fijada en un calendario verificable.

El plan de tres fases existe. Las fechas de cierre de cada fase, no. Los nombres en las excarcelaciones se anuncian por categoría. La amnistía se declara terminada y se reabre. Las cifras oficiales de presos políticos no coinciden con las de Foro Penal, ni con las de JEPVzla, ni con las de Realidad Helicoide.

Que tres hombres salgan del Fénix la noche del 19 de mayo no cancela esas preguntas. Las pone al lado de las imágenes del reencuentro familiar para que cualquier lector pueda hacer las dos lecturas a la vez.

Fuentes principales

• Foro Penal (comunicado del 19 de mayo de 2026 vía X). JEPVzla / Justicia, Encuentro y Perdón (declaración del 19 de mayo). Realidad Helicoide (publicaciones del 19 y 20 de mayo). Runrun.es (cronología publicada el 19 de mayo). Infobae (cobertura del 20 de mayo). La Patilla (cobertura del 19 y 20 de mayo). El Nacional (cobertura del 19 de mayo). Efecto Cocuyo (testimonios del 20 de mayo). Observatorio Venezolano de Prisiones. Asamblea Nacional de Venezuela (declaraciones de Jorge Rodríguez del 19 de mayo).

El presidente Donald Trump comparó este miércoles 20 de mayo el escenario venezolano con la izquierda radical estadounidense y aseguró que no permitirá un retroceso. La declaración llega en un momento en que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez recibe a operadores petroleros en Houston y el plan de tres fases lleva 134 días sin fecha de cierre.

La frase y su contexto

«No vamos a permitir que eso pase». La frase del presidente Donald Trump publicada el miércoles 20 de mayo de 2026 funciona en dos niveles. En el primero, dirige una señal interna a la política estadounidense, donde el debate sobre el papel del socialismo y las propuestas de la izquierda demócrata vuelve a estar activo en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre. En el segundo, dirige una señal al proceso venezolano, donde el rodrigato lleva 134 días desde el plan de tres fases formulado por Marco Rubio el 7 de enero, sin que ninguna de las tres fases tenga fecha de cierre pública.

El plan formulado por el secretario de Estado ante el Congreso describe una secuencia: estabilización, recuperación, transición. Rubio fue explícito desde el inicio en que las fases podían solaparse, no ejecutarse de manera secuencial. La crítica editorial válida no es que el plan sea improvisado, porque no lo es. La crítica válida es que ninguna de las tres fases tiene un calendario de cierre verificable, lo que permite que el proceso se sostenga indefinidamente en su fase más cómoda para los operadores económicos: la de estabilización con apertura comercial.

El cruce con Houston

La declaración de Trump del miércoles 20 de mayo coincide en el calendario con la primera visita oficial de altos funcionarios petroleros venezolanos a Estados Unidos desde el 3 de enero. La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao —designada en marzo por Delcy Rodríguez tras dejar ella misma esa cartera— intervino el martes 19 en una cumbre de la Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo (AAPG) en The Woodlands, en las afueras de Houston. La acompañó Jovanny Martínez, vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA.

La presencia de Henao en Texas no fue un evento aislado. Es la pieza visible de una operación más amplia, en la que el gobierno encargado venezolano ha venido reescribiendo las reglas internas del sector petrolero —incluyendo reformas a la legislación de hidrocarburos aprobadas a inicios de año— para facilitar el flujo de 100.000 millones de dólares en inversiones que Trump anunció en enero como objetivo del primer ciclo.

La pregunta editorial es la siguiente: ¿qué pesa más en la fase actual del proceso, el avance comercial o el avance político?

La advertencia operativa

La declaración del miércoles 20 de mayo pone en el centro esa pregunta. Que Trump compare el riesgo de retroceso venezolano con la izquierda radical estadounidense no es un giro retórico inocente. Es la forma de marcar que la fase política del proceso —la transición efectiva con calendario electoral, restitución de derechos y liberación verificada de los presos políticos— no puede ser sustituida indefinidamente por la fase comercial.

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha venido cumpliendo de manera diligente los términos de la estabilización: ha entregado oro al Banco de Inglaterra, ha facilitado licencias OFAC, ha permitido la operación de petroleras estadounidenses en territorio venezolano, ha enviado funcionarios a Houston. Pero los datos electorales no avanzan. El Consejo Nacional Electoral no ha anunciado calendario. La amnistía se declaró terminada en abril y se reactivó parcialmente en mayo. La oposición política —liderada por María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025— no tiene acceso institucional al proceso.

La declaración de Trump del miércoles 20 marca una línea. No la primera, no la última, pero significativa por su timing: llega el mismo día de la imputación a Raúl Castro y veinticuatro horas después de la liberación de los tres expolicías metropolitanos con más tiempo de cautiverio en el país.

Lo que la frase deja abierto

«No vamos a permitir que eso pase» no establece una fecha. No identifica un mecanismo de presión adicional. No nombra a ningún operador económico específico. Es, en términos diplomáticos, una declaración de doctrina —no de procedimiento.

Para el hispano en Estados Unidos que sigue el proceso venezolano —especialmente para el venezolano en la diáspora, que ha venido participando en jornadas de movilización como la del 3 de mayo en más de 120 ciudades del mundo— la frase aporta una señal política, pero no resuelve la pregunta de fondo: cuándo, cómo y con qué cronograma se cierra la fase política del proceso.

Las próximas semanas dirán si la advertencia del miércoles 20 de mayo se traduce en presión efectiva sobre el calendario o si se queda en el registro del momento. La distancia entre las dos cosas es lo que define si el proceso venezolano avanza o se estanca en la mejor de sus etapas para los actores económicos y la peor para las familias de los presos políticos que siguen detenidos.

Fuentes principales

• La Patilla (cobertura del 20 de mayo de 2026). Cobertura del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, mayo de 2026. Plan de tres fases formulado por Marco Rubio ante el Congreso el 7 de enero de 2026 y ampliado el 28 de enero ante el Senate Foreign Relations Committee. Reuters (cobertura de la cumbre AAPG en The Woodlands, 18-19 de mayo). Departamento de Energía de EE.UU. (declaraciones de Kyle Haustveit, 18 de mayo). Hoja informativa del Departamento de Estado del 8 de enero de 2026.

«¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?». La pregunta que la exjueza María Lourdes Afiuni publicó en X la tarde del martes 19 de mayo de 2026 condensa 16 años de un expediente que ningún gobierno —ni el de Chávez, ni el de Maduro, ni el rodrigato— ha querido cerrar.

El martes 19 de mayo de 2026, una hora después de que el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunciara la excarcelación de 300 personas, una pregunta de cinco líneas apareció en la cuenta de X de María Lourdes Afiuni: «¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?».

La pregunta no requería explicación para quien conoce el expediente. Pero sí la requiere para el lector que llega al caso ahora.

El expediente

María Lourdes Afiuni fue presidenta del Tribunal 31 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas durante ocho años. El 10 de diciembre de 2009, en cumplimiento del debido proceso y siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, ordenó la liberación bajo medidas cautelares del banquero Eligio Cedeño, acusado por el gobierno venezolano en un proceso que la propia ONU consideraba viciado.

Horas después, fue detenida.

Pocos días antes, el entonces presidente Hugo Chávez había exigido en cadena nacional una condena ejemplar contra ella: «¡30 años de prisión!», dijo, calificando su actuación como facilitación de fuga. La detención formal se produjo el 17 de diciembre de 2009.

Afiuni permaneció en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, hasta febrero de 2011. Recibió arresto domiciliario por razones de salud. La libertad condicional formal le fue concedida el 14 de junio de 2013. El juicio en su contra continuó. La sentencia definitiva se produjo en marzo de 2019, casi una década después de los hechos.

Y aun así el expediente no se cerró.

La destitución sin notificación

En 2022, según documentó la organización Acceso a la Justicia, el aparato judicial venezolano destituyó a Afiuni del cargo de jueza sin notificarla y sin permitirle ejercer defensa. Hasta entonces había acumulado 13 años y un mes en el cargo. La destitución no fue resultado de un proceso disciplinario regular sino de un acto administrativo unilateral que la organización calificó como «persecución sin fin».

En 2023, la Asociación Alemana de Jueces (DRB) le otorgó su premio de derechos humanos. Pero el premio internacional no se tradujo en revisión interna del caso.

Tres veces la pena, dos décadas de persecución

El cálculo al que se refiere la pregunta del 19 de mayo no es retórico. Afiuni fue detenida en diciembre de 2009. Si se contara desde entonces hasta el 19 de mayo de 2026, son 16 años y cinco meses entre prisión preventiva, arresto domiciliario y libertad condicional con restricciones de movilidad. Si la pena formal hubiera sido de cinco años —el rango típico para los cargos de los que fue acusada—, esa pena ya estaría cumplida tres veces. Si hubiera sido de tres años, estaría cumplida casi seis veces.

Pero no fue una pena lo que la detuvo. Fue una orden política. Y esa orden política sigue vigente bajo el rodrigato, aunque el régimen del que emanó ya no exista en la forma en que existía cuando fue dictada. Maduro y Cilia Flores están presos en Estados Unidos desde el 3 de enero de 2026. Chávez murió en marzo de 2013. El expediente Afiuni les sobrevive a ambos.

Lo que el 19 de mayo no dijo

El anuncio de Jorge Rodríguez incluyó categorías: policías metropolitanos, caso Plaza Venezuela, embarazadas, adultos mayores, patologías graves. No incluyó la categoría que define el caso Afiuni: funcionarios del aparato judicial procesados por aplicar el debido proceso. Esa categoría no existe en el lenguaje del anuncio porque admitir su existencia implicaría reconocer la naturaleza del proceso original.

La pregunta de la exjueza el 19 de mayo de 2026 no es solo una protesta individual. Es una pregunta sobre la integridad del proceso de liberación: si la transición tutelada se hace cargo solo de las víctimas más visibles o si se hace cargo también de las víctimas que el aparato judicial generó al servicio del proyecto político.

Por qué importa para el hispano en EE.UU.

El caso Afiuni circula desde 2009 en organismos internacionales —ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana, ACNUDH. Su nombre aparece en cada balance de presos políticos venezolanos y en cada informe sobre independencia judicial en América Latina. Para el hispano en Estados Unidos que sigue Venezuela —especialmente para el venezolano de la diáspora, pero también para el hispano de otras nacionalidades que vive en países con expedientes similares de jueces perseguidos por aplicar la ley—, el caso Afiuni es uno de los expedientes que define qué tipo de cierre se le quiere dar al ciclo chavista.

La respuesta al «¿los que tenemos la pena cumplida tres veces?» no es jurídica. Es política. Y depende, en parte, de cuánto la diáspora insista en que ese expediente entre en el calendario del proceso.

Fuentes principales

• Acceso a la Justicia (cronología del caso Afiuni). Infobae (cobertura del 20 de mayo de 2026). La Patilla (cobertura del 19 de mayo). Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Asociación Alemana de Jueces (premio DRB 2023). Cuenta de X de María Lourdes Afiuni (@mariafiuni). Libro «Afiuni: La presa del Comandante» de Francisco Olivares (referencia bibliográfica).