El Departamento de Estado recibe a Dinorah Figuera semanas después de que Marco Rubio y Donald Trump hayan recibido a María Corina Machado en la sede de la Secretaría de Estado y en la propia Casa Blanca. Mientras tanto, Delcy Rodríguez sigue administrando el país desde Caracas. Tres interlocutores, un solo expediente y un dato incómodo: la Asamblea de 2015 cumplió su período constitucional hace más de cinco años.

El tuit que no se lee solo

Dice el mensaje oficial, publicado este miércoles desde la cuenta del Bureau of Western Hemisphere Affairs: reunión bienvenida con la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 para discutir vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada. Los días de la retórica combativa han terminado, cierra el comunicado, es hora de tender puentes y abrir un nuevo capítulo para todos los venezolanos.

Leído en frío, parece una nota de protocolo. Leído con memoria, es un documento extraordinario. Extraordinario porque la institución a la que Estados Unidos sigue reconociendo como gobierno de Venezuela fue electa hace más de diez años, en diciembre de 2015, para un período que venció constitucionalmente en enero de 2021. Extraordinario porque llega en las mismas semanas en que María Corina Machado ha sido recibida por el secretario Marco Rubio en la sede del Departamento de Estado y por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Y extraordinario porque convive, sin resolverse, con el hecho de que Washington restableció canales operativos con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió el poder de facto cuando Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero pasado en la operación militar ordenada por Trump.

Tres interlocutores, un solo expediente. El Departamento de Estado hablando con tres Venezuelas distintas al mismo tiempo, como si las tres tuvieran el mismo peso constitucional. No lo tienen. Y esa es la nota.

La ficción jurídica que sostiene todo

Para entender por qué importa esta reunión hay que volver a una pieza de arquitectura legal que pocos medios explican bien. La Asamblea Nacional de Venezuela electa el 6 de diciembre de 2015 fue la última institución democráticamente electa en el país antes del colapso del sistema electoral. El chavismo, entonces aún dirigido por Maduro, intentó desmontarla por todas las vías imaginables: el Tribunal Supremo de Justicia afín al régimen la declaró en desacato, le quitó competencias, y en 2017 convocó una Asamblea Nacional Constituyente paralela para anularla.

Esa Asamblea de 2015 se convirtió entonces en el soporte jurídico de la presidencia interina de Juan Guaidó entre 2019 y 2022, reconocida por Estados Unidos y más de cincuenta países. Cuando Guaidó fue desplazado por su propia coalición en diciembre de 2022 —con 72 votos a favor de disolver el gobierno interino—, la estructura legal no desapareció. El 5 de enero de 2023 la misma AN eligió a Dinorah Figuera como presidenta, con tres objetivos que ella misma fijó: preservar los activos venezolanos en el exterior, acompañar la ruta electoral, y defender los derechos humanos.

El período constitucional original de esa Asamblea venció el 4 de enero de 2021. Los diputados opositores votaron extenderlo. Ningún tribunal venezolano con control territorial lo reconoce. El régimen de Maduro celebró sus propias elecciones parlamentarias en diciembre de 2020, instaló una AN paralela en enero de 2021, y desde entonces es ese parlamento —presidido actualmente por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy— el que ejerce funciones dentro del aparato de Estado venezolano.

Hay, entonces, dos asambleas nacionales en Venezuela. Una con control territorial y cero reconocimiento de Washington. Otra sin control territorial, con mandato vencido desde hace cinco años, y reconocida por Estados Unidos como el único poder público constitucional del país. Es un exabrupto jurídico. Nadie lo llama por su nombre, probablemente porque nombrarlo obliga a resolverlo, y resolverlo cuesta miles de millones de dólares en activos.

Lo que está realmente en juego: Citgo y el oro

La ratificación de este reconocimiento no es un gesto simbólico. Es la pieza que sostiene tres litigios multimillonarios: el control de Citgo Petroleum —la filial de PDVSA en territorio estadounidense, valorada en más de 13.000 millones de dólares—; el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, cerca de 2.000 millones; y la deuda soberana venezolana, que supera los 60.000 millones y está en litigio en cortes de Nueva York, Delaware y Texas.

La regla jurídica es simple y brutal. En Estados Unidos, la recognición de un gobierno extranjero es una facultad exclusiva del presidente —así lo estableció la Corte Suprema en Zivotofsky v. Kerry en 2015— y las cortes federales están obligadas a seguir esa línea. El 29 de agosto de 2025, el embajador Michael Kozak envió una carta formal al Departamento de Justicia ratificando que Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela. Esa carta se incorporó al expediente del caso Petróleos de Venezuela, S.A. v. MUFG Union Bank y a otros procesos judiciales por activos venezolanos.

Mientras ese reconocimiento se mantenga, Citgo no puede ser transferida a la administración de Delcy Rodríguez por vía operativa, aunque el Departamento del Tesoro haya abierto canales. Mientras ese reconocimiento se mantenga, el oro del Banco de Inglaterra sigue bajo la supervisión de la junta designada por la AN de 2015. La reunión de este 22 de abril, entonces, funciona también como un recordatorio dirigido a cortes y acreedores: el estatus legal no cambió.

Washington, Madrid, Caracas: tres escenarios, una misma semana

El contexto de la reunión con Figuera no es trivial. En las semanas previas, María Corina Machado fue recibida por el secretario Marco Rubio en la sede del Departamento de Estado y, en un segundo encuentro, por el propio presidente Donald Trump como anfitrión en la Casa Blanca. Esos son los canales confirmados entre la administración estadounidense y la principal figura opositora venezolana.

El 20 de abril, el diario español El Español publicó que representantes de la oposición y funcionarios estadounidenses encabezados por Rubio habrían iniciado encuentros formales en una oficina de la DEA en Chicago para discutir fechas y fases de la transición. La vocería oficial de Machado y de Edmundo González desmintió el reporte en términos categóricos: “este reporte es falso; desconocemos el origen de esa información y lo que allí se explica sobre nuestros equipos”. La negociación por la transición, al menos en los canales confirmados, ocurre en Washington y no en Chicago.

Dos días antes del desmentido, el sábado 18 de abril, Machado ofreció una conferencia de prensa de dos horas en Madrid en la que confirmó que coordina su regreso a Venezuela con el gobierno estadounidense. Allí definió a Delcy Rodríguez en tres palabras: caos, violencia y terror. Y fijó su condición innegociable: elecciones libres y limpias como único punto de llegada. Agradeció públicamente a Trump por haber puesto en riesgo la vida de ciudadanos estadounidenses “por la libertad de Venezuela”, en referencia a la operación militar que capturó a Maduro.

En paralelo, en Caracas, Delcy Rodríguez sigue despachando. Controla el gabinete, el aparato militar que no fue desmantelado, la Asamblea Nacional del chavismo que preside su hermano Jorge, y las instituciones financieras internas. El 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, envió una carta conciliatoria a Washington ofreciendo una agenda de cooperación. Marco Rubio, ante el Senado el 28 de enero, explicó sin rodeos la lógica: Rodríguez no ha sido imputada, no es aceptable en el largo plazo, pero en la fase de estabilización hay que trabajar con quien está al frente de los elementos del gobierno.

Tres escenarios simultáneos: Rodríguez como interlocutora operativa en Caracas para la fase de estabilización; Machado como referente político recibido al más alto nivel en Washington para la fase de transición; Figuera como soporte jurídico formal en Washington para la fase de reconocimiento internacional. Estados Unidos las está sosteniendo a las tres porque cada una responde a un problema distinto que la administración Trump necesita resolver.

La paradoja de las dos asambleas

Hay una contradicción que se niega a irse. Delcy Rodríguez, para legitimar internamente sus decisiones ante el aparato chavista, se ampara en la Asamblea Nacional de 2025 que preside su hermano. Washington, para mantener el andamiaje legal que protege los activos venezolanos, se ampara en la Asamblea Nacional de 2015 que preside Figuera. Son dos asambleas que no se reconocen entre sí, pero ambas son útiles al mismo proceso de transición que Estados Unidos está intentando coreografiar.

El 7 de enero, Rubio explicó ante la prensa que el plan tiene tres fases: estabilización, recuperación y transición. En la fase de estabilización, dijo, lo urgente es impedir que Venezuela descienda al caos y refinar los 50 millones de barriles de crudo incautado. En la fase de recuperación, garantizar el acceso de las empresas estadounidenses y comenzar la reconciliación interna. En la fase de transición, elecciones. Ese esquema explica por qué la administración Trump puede estar conversando con Rodríguez en Caracas, recibiendo a Machado en Washington y reuniéndose con Figuera en el Departamento de Estado sin contradecirse: son fases distintas del mismo plan, y cada interlocutor cumple una función específica.

Qué significa esto para el venezolano en Estados Unidos

Para los venezolanos en Estados Unidos —una comunidad que supera las 770.000 personas según el último conteo del Census Bureau, con fuerte presencia en Florida, Texas, Nueva York, y Georgia — la reunión del 22 de abril plantea una paradoja incómoda que vale la pena explicar con precisión.

Porque el mapa consular cambió. El 5 de marzo de 2026, los gobiernos de Caracas y Washington anunciaron formalmente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. El 9 de marzo, Trump anunció el reconocimiento formal del gobierno encargado de Delcy Rodríguez. El 14 de marzo, Estados Unidos izó su bandera en la embajada de Caracas tras siete años. Y a finales de marzo, una delegación encabezada por Félix Plasencia —designado el 2 de febrero como encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos— llegó a Washington para retomar el control de los edificios de la embajada venezolana, que habían estado bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023. En paralelo, entró en vigor la Licencia General 53 de la OFAC, que autoriza a bancos estadounidenses a operar con misiones diplomáticas venezolanas.

En otras palabras: la representación consular oficial, la que expedirá pasaportes, registrará hijos y legalizará documentos, responde a Delcy Rodríguez y a su canciller Yván Gil. El reconocimiento que Estados Unidos ratificó este 22 de abril a la Asamblea de 2015 no es consular ni operativo: es jurisdiccional, y sirve para proteger activos venezolanos en cortes estadounidenses —Citgo, oro, bonos—, no para expedir un pasaporte en Washington.

Primera implicación: el TPS. El Estatus de Protección Temporal para venezolanos fue cancelado formalmente el 7 de noviembre de 2025, tras el aval de la Corte Suprema del 3 de octubre. La decisión afectó a unos 350.000 venezolanos, con excepciones limitadas: quienes renovaron entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 conservan protección hasta el 2 de octubre de 2026, y muchos permisos automáticos expiran el 2 de abril de 2026. Tras la captura de Maduro, líderes del sur de Florida pidieron restablecer el TPS. La administración Trump no lo ha hecho. El argumento es explícito: si Washington reconoce al gobierno de Rodríguez y restableció relaciones, la premisa de que Venezuela es un país inseguro para el retorno se debilita. La secretaria adjunta del DHS lo dijo sin rodeos: los venezolanos “ahora pueden regresar a casa”.

Segunda implicación: los activos familiares y los litigios. Muchos venezolanos en el exterior tienen demandas pendientes contra el régimen chavista por propiedades expropiadas, empresas nacionalizadas o fondos congelados. Esas demandas se sostienen jurídicamente en la continuidad del reconocimiento que la carta del embajador Kozak ratificó en agosto de 2025 y que la reunión del 22 de abril refuerza. Mientras la AN de 2015 siga siendo el interlocutor legal ante cortes federales, los pleitos conservan su andamiaje. Una transición mal cerrada podría dejar a miles de familias sin vía legal para recuperar nada.

Tercera implicación: el retorno. La hoja de ruta que Machado está coordinando directamente con la administración Trump define las condiciones bajo las cuales un venezolano podría volver. Sin elecciones libres, sin garantías de seguridad, sin desmantelamiento del aparato represivo, el retorno es un enunciado vacío. Lo que se decida en las próximas semanas entre Washington, Madrid y Caracas fija el calendario real.

El ángulo que los medios masivos no están viendo

Las grandes agencias trataron la reunión del 22 de abril como una gestión diplomática rutinaria. No lo es. Lo que ocurrió es que Estados Unidos, cuatro meses después de decidir que Delcy Rodríguez es una interlocutora funcional, ratificó públicamente que no le reconoce la titularidad del Estado. Esa titularidad sigue, formalmente, en manos de una Asamblea que no controla territorio, que sesiona desde el exilio, y cuyo mandato venció hace cinco años.

Es una ficción jurídica. Pero es la ficción jurídica que le permite a Washington conservar el control sobre Citgo, el oro, los bonos y las demandas. Y es la ficción jurídica que le permite a la oposición venezolana —la liderada por Machado, la encarnada por Figuera, la que apoya desde el exterior Edmundo González— conservar una silla en la mesa donde se decide el futuro del país.

La reunión del 22 de abril no es el inicio de nada. Es la confirmación de que el reconocimiento se mantiene mientras se negocia. Y mientras se mantiene, la transición tiene tiempo. Ese es el valor real del tuit que el Bureau of Western Hemisphere Affairs publicó este miércoles: es un seguro jurídico operando en tiempo real.