Se cumple un mes del doble terremoto que fracturó el centro-norte de Venezuela. Durante treinta días hemos documentado el dolor de la pérdida, la heroica respuesta de rescatistas y voluntarios, y la indispensable mano tendida de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos.

Pero a medida que el polvo se asienta, emerge la aritmética de la tragedia.

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Llegaste a construir. El sistema no vino con manual.

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Las estimaciones más conservadoras indican que los daños físicos directos superan los 6.700 millones de dólares. Si sumamos las pérdidas económicas indirectas y la inversión necesaria para una reconstrucción real, la factura oscila entre los 12.000 y los 15.000 millones de dólares. Eso equivale a casi el 80% de los ingresos anuales esperados por el Estado venezolano.

El gobierno de transición no tiene la capacidad fiscal para asumir este costo en solitario. La economía doméstica, que venía mostrando tenues signos de recuperación, ha recibido un golpe directo en sus proyecciones de consumo. El tipo de cambio oficial acaba de cruzar la barrera de los 700 bolívares, y aunque la inyección de dólares en efectivo y las remesas han logrado reducir la brecha con el mercado paralelo, el poder adquisitivo del ciudadano común sigue destruido.

En este escenario, pretender financiar la reconstrucción imprimiendo bolívares sin respaldo sería firmar una sentencia de hiperinflación.

La única vía viable para levantar al país requiere de cuatro pilares: cooperación internacional, financiamiento multilateral, inversión privada y supervisión de la sociedad civil organizada. Y ninguno de esos pilares se sostiene sin confianza.

Como bien señaló hoy la Asamblea Nacional de 2015 en su comunicado a un mes de la tragedia, no basta con recuperar viviendas e infraestructura. Es imperativo reconstruir instituciones capaces de administrar recursos con absoluta transparencia.

El mundo está dispuesto a ayudar a Venezuela, y el sector privado está dispuesto a invertir en su recuperación. Pero esos capitales exigen reglas claras, auditorías independientes y un marco jurídico que garantice que cada dólar destinado a levantar una escuela o un hospital llegue a su destino.

La reconstrucción será el mayor desafío logístico y financiero de nuestra historia contemporánea. Su éxito no dependerá solo de cuántos recursos logremos movilizar, sino de la integridad institucional con la que seamos capaces de administrarlos.

INCISO · ESPECIAL UN MES

No escribo para cobrar un acierto. Escribo para cumplir una cita: la que dejé anotada la noche del 24 de junio, cuando prometí volver cuando bajara el polvo.

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Vuelvo a estas líneas

La noche del 24 de junio escribí un texto que empezaba con una disculpa. Decía que no era el momento, que la gente estaba cavando y no leyendo, que cualquier análisis sonaba impúdico frente a una ciudad partida. Y decía también, casi como una promesa a mí mismo, que dejaba anotado lo que se veía esa primera noche para poder volver más tarde, cuando bajara el polvo y empezaran las preguntas.

Han pasado treinta días. El polvo bajó. Vuelvo.

No vuelvo a cobrar nada. Sería miserable hacerlo sobre 5.398 muertos, y además no hay mérito alguno en describir un derrumbe mientras ocurre. Vuelvo porque quedé en volver, y porque un medio que anota y no regresa a lo anotado no está haciendo periodismo: está haciendo pronósticos.

Aquella noche quedaron escritas tres cosas. Que los heridos llegaban a hospitales que ya estaban heridos. Que el aliado que se decía socio habló primero para los suyos. Que la respuesta llegó envuelta en la palabra «seguridad». Las tres eran observaciones de la primera hora, hechas sin información suficiente, y por eso mismo merecían verificación. Un mes después, ninguna de las tres se desmintió. Ninguna se agravó tampoco por obra de un designio oscuro: simplemente siguieron siendo ciertas, que es la forma más aburrida y más triste de tener razón.

Pero no es de eso de lo que quiero escribir. Lo que un mes permite ver, y la primera noche no, es el patrón. Y el patrón dice más que cualquiera de los tres apuntes.

El patrón es este: cuando la tierra se abrió, el país se salvó a sí mismo. Está en los propios números oficiales, que es lo que los hace irrefutables. Seis mil cuatrocientas sesenta y dos personas rescatadas por equipos técnicos. Diecinueve mil ochocientas sesenta y una salvadas si se cuentan las evacuaciones que hizo la gente por su cuenta. La resta son trece mil trescientas noventa y nueve personas que están vivas porque un vecino levantó una plancha de concreto con las manos.

Ese dato no es un reproche a nadie en particular. En cualquier catástrofe del mundo, los primeros que llegan son los que ya estaban ahí. Pero en Venezuela ocurrió sobre un Estado que llevaba años desmontando su propio sistema de gestión de riesgo, y por eso la proporción es tan brutal. No falló un funcionario el 24 de junio. Falló una decisión tomada mucho antes, cuando se decidió que la Defensa Civil, los bomberos y la maquinaria pesada no eran prioridad.

Y aquí llego a lo que de verdad quería decir, que no es sobre el sismo sino sobre quiénes están al frente.

Un desastre no cambia la naturaleza de quien gobierna: la revela. Bajo presión extrema, cada quien hace lo que sabe hacer. Y lo que se vio este mes fue perfectamente coherente con lo que ya sabíamos. Se vio a un poder que prohibió centros de acopio ajenos mientras montaba los propios. Que retuvo ayuda en la frontera. Que dejó equipos de rescate varados en aeropuertos mientras corría el reloj de las setenta y dos horas. Que mandó una excavadora a un barrio y los vecinos la devolvieron diciendo que había venido a tomarse fotos. Que un mes después no ha publicado una sola lista de desaparecidos.

Esa última es la que más me pesa. Puede alegarse incapacidad técnica, y sería creíble. Puede alegarse desorden institucional, y también. Pero hay una explicación que no se puede descartar y que la historia venezolana respalda: que una cifra oficial de desaparecidos convertiría cinco mil muertos en algo mucho mayor, y ningún poder recibe con gusto esa aritmética. En 1999, tras Vargas, pasó exactamente lo mismo: las cifras oscilaron entre setecientos y cincuenta mil, y este país nunca supo a cuántos enterró. Veintisiete años después, sobre el mismo suelo, con otra gente al mando, la misma decisión: no contar.

Ahí está la naturaleza que el desastre reveló, y no es exclusiva de un color político. Es la de un poder que administra la información sobre sus propios muertos como si fuera un activo. Que trata la ayuda como patrimonio a distribuir con criterio propio. Que confunde coordinar con controlar. Eso no se cura con un cambio de gobierno si no se cambia también la costumbre.

Entonces, ¿qué hace falta? Porque llegados a este punto, quejarse ya es fácil y no sirve. Cuatro cosas, y las cuatro son verificables.

Contar a los muertos. Un registro público de desaparecidos, con protocolo forense y apoyo internacional. No es un gesto simbólico: sin acta de defunción no hay herencia, ni seguro, ni custodia legal de un niño huérfano, ni duelo que pueda cerrarse. Un país que no cuenta a sus muertos les está diciendo a los vivos que no importan.

Reconstruir el sistema de respuesta, no solo los edificios. La reconstrucción que viene va a hablar de viviendas y de carreteras, porque eso se inaugura y se fotografía. Pero lo que falló primero fue la capacidad de respuesta, y eso no se inaugura. Defensa Civil, bomberos con maquinaria, protocolos, simulacros. Aburrido, invisible, y lo único que evitará que dentro de veinte años estemos escribiendo esto de nuevo.

Auditar cada dólar, venga de donde venga. Diecinueve mil seiscientos millones de daños. Trescientos cuarenta y seis recibidos del Fondo Monetario. Trece mil recaudados por Estados Unidos con petróleo venezolano, sin rendición de cuentas pública. La reconstrucción de Venezuela será la mayor operación de dinero de esta generación, y se está montando sin mecanismos de trazabilidad conocidos. Exigirlos ahora, mientras se define la arquitectura, es infinitamente más útil que denunciar el saqueo cuando ya ocurrió.

Y no dejar que nos cuenten otra cosa. Esto era lo que anoté la primera noche y sigue siendo lo más difícil. Ya empieza a circular la versión cómoda: que la solidaridad nos unió, que el Estado estuvo a la altura, que la tragedia sacó lo mejor del país. Lo primero y lo tercero son verdad. Lo segundo, no. Y mezclarlos es la forma más eficaz de que nadie responda por nada.

Termino donde empecé hace un mes, pero al revés. Aquella noche pedí disculpas por escribir mientras dolía. Hoy no pido ninguna, porque ya no estamos en la hora del rescate: estamos en la hora de las preguntas, y esa hora la anuncié yo mismo, así que me toca sostenerla.

La lección más dura de este mes no es que la tierra tiemble. Eso lo sabemos desde 1812 y lo seguiremos sabiendo. La lección dura es que un país puede tener vecinos capaces de sacar a trece mil personas de los escombros con las manos, y aun así no tener quien los cuente cuando mueren. Esa desproporción entre lo que la gente es capaz de hacer y lo que sus instituciones son capaces de garantizarle es, exactamente, el problema venezolano. No lo creó el terremoto. El terremoto solo lo puso donde nadie pudiera negarlo.

Que Dios proteja a cada venezolano, dije aquella noche. Lo repito. Y agrego lo que entonces apenas nos atrevíamos a anotar: que después del rescate viene la exigencia, y esa sí es tarea de todos, todos los días, hasta que contar a los muertos y cuidar a los vivos deje de ser una excepción en este país.

Alfredo Yánez Mondragón
Editor en jefe de INCÍSOS

INCISO

El país en una cifra

Le pedimos al Banco Mundial que contara escombros. Terminó contándonos quiénes somos.

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No es solo cruzar. Es todo lo que viene después.

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El informe que publicó esta semana tenía un encargo modesto y técnico: medir cuánto costó, en dólares, el doble terremoto del 24 de junio. Setenta y seis páginas de metodología, tablas y mapas satelitales para llegar a una cifra: diecinueve mil seiscientos millones. Es una cantidad enorme y, al mismo tiempo, es lo menos interesante del documento. Porque un país no se explica por lo que perdió, sino por cómo lo perdió. Y ahí, entre gráficos de barras y coeficientes, el informe escribió sin querer algo que ningún funcionario venezolano se atrevería a firmar: el retrato moral de esta nación.

Voy a detenerme en una sola cifra, porque no hacen falta más.

El informe dice que en el estado La Guaira el daño equivale al diecisiete por ciento de todo su capital físico. No el diecisiete por ciento de lo que se cayó: el diecisiete por ciento de todo lo que existía. Uno de cada seis dólares de casas, hospitales, calles y edificios del estado desapareció en treinta y nueve segundos. En el Distrito Capital, con una economía mucho mayor, la misma tierra temblando produjo apenas un dos por ciento de daño.

Detengámonos en esa desproporción, porque no es geología. Es historia.

El terremoto fue el mismo. La falla que se rompió es la misma. Lo que cambió entre un dos por ciento y un diecisiete por ciento no fue la fuerza de la naturaleza, sino la calidad de lo que la naturaleza encontró en pie. La Guaira —la que fue Vargas, la que ya se había ahogado en 1999 sobre el mismo suelo— llegó a 2026 con lo más frágil, lo peor construido, lo levantado con más prisa y menos estudio. Cuando la tierra pregunta, cada país responde con lo que construyó. Venezuela respondió con La Guaira.

Y aquí el informe hace algo que me detuvo. En lugar de quedarse en el mapa del daño, se pregunta quién habitaba esos edificios. La respuesta está en una tabla que parece contable y es, en realidad, un acta de acusación. Los hogares que más perdieron no fueron los que tenían más que perder. Fueron los encabezados por una mujer sola. Los que cuidaban a un anciano enfermo. Los de la trabajadora doméstica, los del ayudante familiar, los de quien apenas terminó la primaria. La gente que ya vivía en el borde fue, exactamente, la que la tierra empujó al vacío.

Un terremoto parece el más democrático de los desastres: la tierra no distingue, tiembla para todos igual. Es mentira. Tiembla igual, pero no destruye igual. Destruye según lo que encontró, y lo que encontró es el mapa de nuestras desigualdades dibujado en concreto y cabilla. El Banco Mundial no lo dice con estas palabras —dice «el desastre puede profundizar desigualdades preexistentes», que es la forma cortés de decir lo mismo—. Pero lo que sus tablas describen es un país donde el que menos tenía vivía, además, en lo que menos aguantaba. La pobreza no solo es tener poco. Es que lo poco que tienes se cae primero.

Hay una segunda cosa que el informe dice y que duele por distinta razón.

Para reconstruir todo esto, escribe el Banco Mundial, Venezuela necesita ingenieros, médicos, arquitectos, maestros de obra. Y a continuación, con la frialdad de quien no tiene nada personal en juego, anota el dato: siete millones novecientos mil venezolanos se fueron desde 2015, y se fueron sobre todo los ingenieros, los médicos, los arquitectos. El país necesita, para levantarse, exactamente a la gente que expulsó. Los hospitales que se derrumbaron en horas ya estaban vacíos de especialistas antes del temblor: setenta de cada cien plazas, sin cubrir. No los vació el terremoto. Los había vaciado el país, año tras año, salida tras salida, hasta que la tierra vino a mostrar el hueco.

Pienso en eso y pienso en ustedes, los que leen esto desde Madrid, desde Santiago, desde Bogotá, desde una cocina en Houston a las once de la noche. Un organismo que no tiene ninguna simpatía que ganar acaba de poner por escrito lo que muchos sienten y pocos se atreven a formular: que el país no puede reconstruirse sin ustedes. No como nostalgia, no como culpa. Como ingeniería. El que revisa un cálculo estructural por videollamada, la que forma enfermeras a distancia, el que manda un plano corregido: eso también es reconstruir. La diáspora dejó de ser una herida para volverse, si alguien la organiza, una herramienta. Ese «si alguien la organiza» es toda la pregunta.

Termino con lo que el informe no dice, porque no es su trabajo decirlo.

El documento traza dos futuros. En uno, Venezuela consigue el dinero, lo invierte con prisa y buen juicio, y en 2032 vuelve a estar de pie. En el otro, no hace nada distinto, y en 2036 sigue caída, más pobre, más vacía. El Banco Mundial calcula cuánto cuesta cada camino con una precisión admirable. Lo que no puede calcular —porque no se calcula, se decide— es si el dinero que haga falta llegará a las manos correctas. Toda la econometría del mundo se estrella contra esa única variable venezolana: la de siempre, la de quién administra y con qué vigilancia.

Porque la cifra del informe, los diecinueve mil seiscientos millones, tiene una gemela oscura que el propio documento roza sin nombrar: reconstruir de verdad, con edificios que la próxima vez no se caigan, costará cerca de cincuenta mil millones. Es la mayor suma de dinero que verá esta generación de venezolanos. Y va a moverse, toda, sobre un país que todavía no ha aprendido a mostrar en qué gasta lo que recibe. Ahí está el nudo. No en cuánto perdimos. En si seremos capaces de reconstruir sin que el saqueo, que ya conocemos, se disfrace esta vez de solidaridad.

El Banco Mundial nos midió. Nos midió bien, con satélites que no mienten y tablas que no adulan. Pero medir no es curar. La cifra está sobre la mesa, exacta y fría. Lo que hagamos con ella no lo decide ningún modelo. Lo decidimos nosotros, los que quedamos y los que se fueron, en la única pregunta que un informe jamás podrá responder por un país: si esta vez, por fin, vamos a hacer las cosas bien.

Que la tierra descanse. Y que nosotros, no.

Alfredo Yánez Mondragón
Editor en jefe de INCÍSOS

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Este inciso se apoya en el informe GRADE del Grupo Banco Mundial, que INCÍSOS desglosó en el especial «El expediente del Banco Mundial».
→ [Enlace al hub del especial]

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