Política
Roberto Smith Perera: «La reconstrucción no puede esperar a la elección»
Roberto Smith Perera defiende un plan de país de 835 páginas y seis billones de dólares en diez años. Su tesis incómoda: reconstruir antes que votar. Su pregunta abierta: ¿tiene Venezuela los interlocutores para esa mesa?
El autor del Gran Viraje, exministro de Transporte y Comunicaciones, embajador ante la Unión Europea, fundador de Digitel y doctor en Políticas Públicas por Harvard acaba de publicar 835 páginas. Las llama plan de país, no libro. En conversación con INCÍSOS, Roberto Smith Perera defiende siete alianzas con Estados Unidos, una aritmética de seis billones de dólares en diez años y una tesis incómoda: Venezuela debe reconstruirse antes que volver a votar. La ventana, dice, no estará abierta mucho tiempo.
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Conseguir en Amazon →Roberto Smith Perera lleva más de cuarenta años pensando a Venezuela. Fue autor del Gran Viraje, el octavo Plan de la Nación durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue ministro de Transporte y Comunicaciones, embajador ante la Unión Europea, fundador de Digitel. Es matemático de la Simón Bolívar, doctor en Políticas Públicas por Harvard. Y acaba de publicar 835 páginas que se autodescriben no como un libro sino como un plan: «Venezuela First World — El plan de reconstrucción soberana».
Conversamos a las dos semanas de la publicación. Smith Perera habla con la pausa de quien ya no necesita persuadir desde la urgencia. Habla, más bien, desde una tesis: Venezuela tiene por delante una ventana muy estrecha para convertirse en el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y esa ventana exige decisiones que la diatriba electoral hace imposibles.
El optimista crónico
Lo primero que dice es que es un optimista crónico. «Eso ha sido mi norma durante muchos años». Pero advierte, con cuidado: «Ahora hay razones muy específicas para hacer aún más optimista esa manera de pensar».
Las razones son estructurales y él las enumera con la frialdad de quien viene de las matemáticas y la consultoría. Venezuela tiene las reservas petroleras probadas más grandes del planeta —304 mil millones de barriles, un 18% más que Arabia Saudita—. Tiene gas natural por 230 billones de pies cúbicos. Tiene Guri, uno de los complejos hidroeléctricos más grandes del mundo. Tiene una posición geográfica privilegiada en el Caribe. Y tiene un interlocutor que, por primera vez en décadas, ha decidido concentrar su estrategia geopolítica precisamente en el hemisferio occidental.
«Estados Unidos ya no quiere ser la potencia global con presencia y dominación en Europa, en Asia, en el Medio Oriente. Ellos han decidido que su concentración va a ser en el continente americano. Está expresado claramente en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional que salió en noviembre», dice. «En ese contexto, hace falta un pilar para el futuro del continente. Y ese pilar es Venezuela. No puede ser Argentina, no tiene ubicación estratégica. Venezuela está en el Caribe, Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene una influencia muy fuerte en el sector energético».
La afirmación es enorme. Smith Perera la sostiene con la calma de quien la ha pensado mucho.
Un plan de nación, no un plan de gobierno
La primera distinción que defiende —y a la que vuelve una y otra vez durante la conversación— es que su libro no es un plan de gobierno. Es un plan de nación.
«Yo no puedo decir que soy el autor de esto, porque hay muchos autores. De distintos elementos del proyecto», aclara. «En cierta forma, lo que yo he tratado de hacer es ser un compilador de las mejores ideas de Venezuela sobre Venezuela. Y ese es mi rol».
La distinción no es retórica. Smith Perera evoca un precedente con el que claramente quiere asociarse: la generación del 28, la generación de Rómulo Betancourt joven. «Construyeron una potencia petrolera, una potencia energética e industrial con todo el proyecto del desarrollo de Guayana. Industrializaron al país. Crearon el seguro social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud». Y agrega un cálculo que ha hecho en otro lugar: si Venezuela hubiera continuado el camino que inició en los años 30 y desarrolló hasta los 70, «hoy sería un Corea, un Japón. Porque fue un país que creció al 6, 7% anual durante décadas y décadas, prácticamente sin inflación».
La invocación tiene peso. Smith Perera no propone refundar Venezuela. Propone retomar una trayectoria interrumpida.
La aritmética: por qué seis billones no es astronómico
Cuando se le plantea la cifra —seis billones de dólares en diez años— y la palabra «astronómica» aparece, Smith Perera no se defiende. La explica.
«Hablemos de la educación. Una escuela bien dotada, con piscina, teatro, canchas, profesores muy bien pagados, laboratorios… no baja de 20 o 30 millones de dólares para atender a mil muchachos. No existe forma de tener una educación de calidad en un rancho, como tenemos hoy en Venezuela». Multiplica: doce mil escuelas. La Universidad Simón Bolívar costó 170 millones de dólares en los sesenta, financiada por el BID; reconstruirla hoy con estándares contemporáneos costaría dos mil millones. La Central, tres a cinco mil millones. Una red ferroviaria que cruce el país desde San Félix hasta Maracaibo en cinco horas: 60 a 80 mil millones.
«Eso cuesta tanto dinero, no hay manera de escaparse de esas cifras», dice. Y entonces hace la distinción que sostiene toda la arquitectura financiera del plan: «La cifra luce gigantesca e inalcanzable si se tratara solo de financiamiento público o de gasto público. Y no se trata de eso».
Las inversiones petroleras —600 mil millones de dólares para llegar a 10 millones de barriles diarios— deben ser ciento por ciento privadas. La infraestructura de trenes, puertos y aeropuertos también. «Hoy en día, tú puedes levantar una nación como lo hemos visto en Singapur, en los países del Golfo, en Dubai, en los Emiratos, en Arabia Saudita. Se levantan no sobre deuda. Se levantan sobre inversión». Y completa: «En el mundo hay muchísimo más que seis billones de dólares buscando dónde invertir».
Las siete alianzas con Estados Unidos
Cuando se le pregunta cómo aterrizar todo esto, Smith Perera baja a lo concreto. Enumera siete alianzas que, en su lectura, deben formalizarse entre Venezuela y Estados Unidos.
Una alianza petrolera y energética, con privilegio para los negocios con Estados Unidos y América, no con China, Rusia o Irán. Una alianza monetaria, con dolarización ejecutada en cooperación con Washington para acabar con la inflación —«uno de los cánceres más profundos en la economía venezolana»—. Una alianza comercial, con un acuerdo de baja tarifa similar al que España mantiene con la Unión Europea. Una reindustrialización conjunta, con Venezuela como proveedora de aluminio, hierro, acero y tierras raras para el near-shoring estadounidense. Un acuerdo militar y de seguridad que incluya, eventualmente, presencia operativa estadounidense en el Caribe —«como en España, en Italia, en Japón, en Corea, en casi todos los países del Golfo»—. Una alianza antinarcóticos dura, con el objetivo declarado de «destruir completamente la industria de la cocaína en el continente americano». Y, por encima de todas, una alianza geoestratégica de fondo: Venezuela como pilar del orden occidental en el hemisferio.
La asimetría es evidente y Smith Perera no la oculta. Su argumento es que esa asimetría es preferible a la dependencia del eje Cuba-Rusia-Irán que caracterizó las últimas décadas. «Tuvimos un intento de destruir la esencia de que Venezuela está en el corazón de Occidente. Ahora tenemos la posibilidad de revertir ese intento».
La tesis que va a incomodar a casi todos
La parte más polémica de la conversación llega cuando Smith Perera plantea el orden de las prioridades. Lo dice sin atenuantes: «La reconstrucción es mucho más importante que la transición política».
Su argumento es operativo, no ideológico. La oposición venezolana, sostiene, ha cifrado todas sus apuestas en la ruta electoral. Pero esa ruta toma tiempo. «Reconstruir el CNE requiere muchísimo dinero y mucho trabajo. Un nuevo sistema de circunscripciones, un nuevo registro electoral, una revisión completa del conteo, del sistema electrónico. Eso no se puede hacer en menos de un año». Una elección, además, requiere por lo menos seis meses de campaña. «Y todavía hoy no hay ni siquiera una decisión sobre el nombramiento del nuevo CNE».
Hace cuentas: si el nombramiento ocurre en septiembre de este año, «estamos hablando de dos años. ¿Y qué pretende hacer la oposición en esos dos años? ¿Marcha?».
Mientras tanto, dice, los problemas se acumulan. «En Caracas ya empezaron los apagones con frecuencia. En el interior de Venezuela —y yo vivo en el interior— las caídas son el pan de cada día. El problema del agua va de mal en peor. El arranque del sector petrolero depende totalmente del arranque del sector eléctrico. Tenemos 800% de inflación, somos prácticamente el único país del mundo con esa inflación».
La propuesta, entonces, es invertir el orden. Primero reconstrucción, gobernada por un Consejo Nacional de Reconstrucción tecnocrático y meritocrático, con mandato definido. Reseteo constitucional. Dolarización. Arranque productivo. «En tres, cuatro, cinco años, cuando ya estamos en un país organizado, con un 15% de crecimiento, hay empleo, hay estabilidad económica, entonces podemos comenzar a ser más sofisticados en nuestras aspiraciones sobre lo que queremos en nuestro sueño personal, por ejemplo, de votar por cualquier cosa».
La frase que cierra el argumento es la que va a generar reacciones: «Las elecciones fueron las que nos llevaron a Chávez. No me vengas con que las elecciones son la fórmula perfecta para sacar un país adelante. La fórmula perfecta es tener un diseño de nación».
La apelación a la inteligencia
Cuando se le plantea que su propuesta no encuentra fácilmente lugar en un debate nacional dominado por dos polos —el continuismo administrado por Delcy Rodríguez y la apuesta electoral de María Corina Machado—, Smith Perera no busca una tercera vía. Busca, dice, una mesa.
«Apelo a la inteligencia. Yo apelo a la inteligencia de María Corina Machado, de Delcy Rodríguez, de Donald Trump, de Marco Rubio. Apelo a la inteligencia de quienes dirigen a Venezuela hoy. Yo no dirijo a Venezuela hoy. La dirigen ellos. Uno desde un lado, otro desde el otro lado».
Y añade, sin condescendencia: «Yo estoy seguro de que si yo me siento al lado de Delcy y al lado de María Corina y les digo: ‘bajemos los arcos de la flecha y la tele, ¿qué Venezuela soñamos?’ —seguro que vamos a estar de acuerdo. La Venezuela que queremos es una Venezuela que ilumine. Es un Dubái, es una Arabia Saudita, es un Japón, es una Suiza, es una Alemania».
El precedente que invoca es Konrad Adenauer en la Alemania de posguerra. «Un paréntesis de cinco años para que hubiera una elección en Alemania. Y la primera elección no fue presidencial, no fue nacional. Fue una elección de alcaldes. Durante esos cinco años se implementó el Plan Marshall. Se desarrolló un programa de recuperación industrial, agrícola, de infraestructuras, de puertos, de aeropuertos. En un esquema que no era democrático. Era un esquema de intervención directa extranjera. Allí estaba Eisenhower, allí estaba Marshall».
La incomodidad histórica del paralelo no se le escapa. La asume.
La justicia que sí cuenta
Quizá el inciso más fino de la conversación es cuando, al hilo del Plan Marshall, Smith Perera trae a colación la justicia transicional alemana. «Durante el proceso de reconstrucción se realizó un proceso judicial. Lo que hoy se llama justicia transicional, con tribunales especiales formados para esta nueva era de Alemania. Estos tribunales juzgaron a 900 mil personas que habían participado durante el nazismo. Se condenaron 100 mil. Quedaron 800 mil. Esta fue la forma alemana de enfrentar su problema. No fue una venganza donde fueron a matar a los nazis que habían causado tanto daño, pero tampoco fue un perdón así, en el aire».
La mención es deliberada y suelta una pieza importante del rompecabezas. La reconstrucción que Smith Perera propone no es amnistía. Es contabilidad rigurosa, pero administrada por una estructura institucional nueva, no por la calle ni por la inercia del momento.
El cierre: Singapur, no Singapur
Al final, Smith Perera vuelve a un ejemplo que, para él, lo resume todo: Singapur. «Era un centro de narcotráfico, de opio, de prostitución, absolutamente podrido. Se generó una visión. Apareció un liderazgo esclarecido. Construyeron una democracia extremadamente fuerte. Fusilaron, mataron, aplicaron pena de muerte a los corruptos. Pena de muerte por crímenes horrendos, pero también pena muy dura por ensuciar una calle, por escupir en la vía pública. Hoy en día, de ese país que era un lupanar de Asia, la gente que lo visita queda admirada de la belleza, del orden, de la riqueza».
No es que proponga la pena de muerte. Es que propone seriedad. Una seriedad que, sugiere, hoy está ausente del debate nacional.
«Eso es lo que estoy esperando para Venezuela. Un momento de aprovechar lo que tenemos y trabajar con lo que tenemos para una base sólida».
La conversación termina aquí. La pregunta que deja abierta es si Venezuela, en mayo de 2026, tiene los interlocutores políticos capaces de sentarse en la mesa que él imagina. Smith Perera, fiel a su carácter, cree que sí. «Independientemente de su filosofía política, ellos tienen que estar soñando con tener una misión que dé algún resultado».
Es una apuesta. Y, como toda apuesta, depende de actores que él no controla. La novedad es que, después de 835 páginas, está claro que él ya hizo su parte.
Roberto Smith Perera es autor del «Gran Viraje» (octavo Plan de la Nación, 1989-1994), exministro de Transporte y Comunicaciones, exembajador de Venezuela ante la Unión Europea, fundador de Digitel, matemático por la Universidad Simón Bolívar y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. «Venezuela First World — El plan de reconstrucción soberana» (835 páginas) se publicó el 1 de mayo de 2026.
Esta entrevista fue realizada por Alfredo Yánez Mondragón, editor en jefe de INCÍSOS.
Fuentes principales
- Entrevista personal de Alfredo Yánez Mondragón a Roberto Smith Perera, mayo de 2026.
- Libro «Venezuela First World — El plan de reconstrucción soberana», Roberto Smith Perera, publicado el 1 de mayo de 2026.
- Documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, noviembre de 2025.
- Datos de reservas petroleras probadas: OPEP, BP Statistical Review.
- Referencias históricas al Plan Marshall, Konrad Adenauer y la justicia transicional alemana.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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El reclamo por la diferencia entre lo anunciado y lo verificado no vino de fuera de la mesa de negociación. Vino de quien encabeza uno de sus dos lados.
| Qué | La jefa de la delegación opositora exigió claridad sobre la diferencia entre las cifras oficiales de excarcelaciones y las verificadas por organizaciones de derechos humanos. |
|---|---|
| Quién | Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos como verificadores. |
| Cuándo | Mensaje difundido el domingo 16 de agosto de 2026. Balance de Foro Penal actualizado a las 9:30 de la mañana de ese día. |
| Dónde | Venezuela. El mensaje se publicó en la cuenta de la red social X de la dirigente. |
| Por qué | La brecha entre el anuncio oficial y la verificación independiente determina el alcance real de una de las principales demandas del proceso. |
| Cómo | Mediante un pronunciamiento público que contrasta las cifras oficiales con el registro de las organizaciones que comprueban cada caso. |
Lo que dijo
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en las conversaciones con el gobierno de transición, publicó el domingo 16 de agosto de 2026 un mensaje en su cuenta de la red social X.
Sostuvo que en un país que avanza hacia la transición democrática «no debe haber presos políticos», y reclamó claridad sobre las cifras oficiales en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso.
Añadió que la oposición permanece vigilante y trabaja para que las liberaciones se concreten, y que existe una demanda nacional para que todos los presos políticos salgan en libertad y para que esa libertad sea plena.
Dos días antes, el 14 de agosto, la dirigente había recibido las primeras excarcelaciones señalando que no eran todas y que merecían libertad plena.
La aritmética del reclamo
Tres cifras, tres fuentes distintas, tres realidades que no coinciden.
**131.** Es el número de medidas alternativas a la privación de libertad anunciado por las autoridades, adoptadas por tribunales a solicitud del Ministerio Público dentro del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
**78.** Es el número de excarcelaciones que Foro Penal había logrado confirmar de manera directa. El balance corresponde a las 9:30 de la mañana del domingo 16 de agosto y abarca desde el 14 de agosto. Lo informó el directivo Gonzalo Himiob, con la advertencia de que el proceso de revisión y verificación continuaba.
**502.** Es el número de presos políticos que la organización Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba al 12 de agosto de 2026. En paralelo, la lista de casos entregada a la mesa de negociación consigna 382. La diferencia entre ambos registros no ha sido explicada públicamente y se consigna aquí sin resolverla.
La lectura combinada es la que importa: aun tomando por buena la cifra oficial de 131, el anuncio alcanza a una fracción del universo de personas que las organizaciones contabilizan como detenidas por razones políticas.
El patrón que denuncia el comité
El sábado 15 de agosto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos —integrado por activistas y familiares de detenidos— difundió un pronunciamiento que va más allá del episodio puntual.
La organización sostuvo que desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, en el momento de su difusión, no pueden corroborarse de forma independiente.
Es una acusación de método, no de ocasión. Y viene acompañada de cuatro exigencias concretas y verificables:
– Publicación de los **nombres** de las personas excarceladas.
– Publicación de las **boletas de excarcelación**.
– Publicación de la **situación jurídica** de cada persona.
– **Acceso de organizaciones independientes** a todos los centros de detención.
Ninguna de las cuatro requiere negociación política. Las cuatro son actos administrativos que un Estado puede ejecutar en un día si decide hacerlo. Que se cumplan o no se cumplan es, por sí solo, la medida de la voluntad de transparencia del proceso.
Por qué este reclamo pesa distinto
Los cuestionamientos a las cifras oficiales de excarcelaciones no son nuevos y suelen provenir de organizaciones de derechos humanos, de familiares o de sectores políticos ajenos a la negociación.
Este viene de otro lugar. Figuera encabeza una de las dos delegaciones sentadas a la mesa. Su reclamo no es el de un observador externo: es el de una parte que pide claridad sobre lo que anuncia su contraparte, mientras ambas siguen negociando.
Eso tiene dos lecturas posibles y conviene sostener las dos.
Una es que la delegación opositora está ejerciendo control sobre el cumplimiento en tiempo real, que es exactamente lo que se espera de quien negocia en representación de otros.
La otra es que la propia delegación no dispone de información verificada sobre un asunto que forma parte de su agenda, y que debe pedirla públicamente porque no la obtiene de otro modo. Si esa segunda lectura es la correcta, dice algo incómodo sobre el nivel de acceso que tiene la parte opositora dentro del proceso.
Ninguna de las dos puede descartarse con la información disponible.
La palabra «plena»
Figuera insistió en que la libertad debe ser plena. La precisión no es retórica.
El comunicado oficial no habla de liberaciones sino de medidas alternativas a la privación de libertad. Una medida alternativa sustituye la reclusión por otra forma de sujeción al proceso —régimen de presentación, prohibición de salida del país, restricciones de residencia o de declaración— y deja la causa penal abierta. No anula la condena. Y es reversible por decisión judicial.
De ahí que el número final no baste. Hará falta saber, caso por caso, cuántas de esas personas salieron con la causa cerrada y cuántas con una medida que puede revocarse.
Esa distinción es la diferencia entre recuperar la calle y recuperar los derechos.
El antecedente del 11 de agosto
El reclamo tiene una historia corta y documentada.
El 11 de agosto, Figuera se reunió con familiares y expresos políticos, que le entregaron una comunicación solicitando que la situación de los detenidos por motivos políticos se incorporara a las conversaciones. En ese encuentro participaron, entre otros, los diputados Ramón López y Jorge Millán, y los expresos políticos Américo De Grazia, Ángel Aristimuño y Roberto Marrero.
Dos días después, la dirigente afirmó haber asumido el compromiso de trabajar para que comenzaran a producirse liberaciones.
Sobre lo que ocurrió después existe una discrepancia que debe registrarse sin forzar una conclusión. El comunicado conjunto leído por las delegaciones el 12 de agosto no menciona la liberación de presos políticos entre los acuerdos anunciados. Sin embargo, reportes de esa misma fecha consignan declaraciones de Figuera según las cuales el asunto integraría la agenda del diálogo y se habría acordado la conformación de una mesa técnica sobre la materia, con participación de familiares.
Lo firmado y lo declarado no coinciden. Cuál de las dos versiones describe el compromiso real es, precisamente, lo que el reclamo de claridad del 16 de agosto vuelve a poner sobre la mesa.
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**Fuentes principales:** Mensaje de Dinorah Figuera en su cuenta de la red social X del 16 de agosto de 2026. Balance de Foro Penal difundido por Gonzalo Himiob el 16 de agosto de 2026 a las 9:30 de la mañana. Pronunciamiento del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del 15 de agosto de 2026. Registro de Justicia, Encuentro y Perdón al 12 de agosto de 2026. Comunicado oficial del Ejecutivo sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Reportes de El Nacional, Infobae, Correo del Caroní, Runrun y agencias sobre la reunión del 11 de agosto y las declaraciones posteriores.
Política
Seguridad Nacional dio por terminado el TPS para Venezuela y otros doce países
La terminación del Estatus de Protección Temporal alcanza a trece países. Unos 350.000 venezolanos conservan protección hasta octubre de 2026 por decisiones judiciales previas.
El Departamento de Seguridad Nacional publicó la lista de designaciones terminadas con un mensaje de siete palabras en mayúsculas. La consecuencia real depende del expediente de cada persona, no del mensaje.
| Qué | El Departamento de Seguridad Nacional publicó la lista de países cuyas designaciones de Estatus de Protección Temporal fueron terminadas, con advertencia de deportación. |
|---|---|
| Quién | Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Beneficiarios de trece países, entre ellos Venezuela, Honduras y Nicaragua. |
| Cuándo | Publicación del viernes 14 de agosto de 2026. |
| Dónde | Todo el territorio de Estados Unidos. |
| Por qué | La medida deja sin base legal de permanencia a quienes dependían exclusivamente del programa, sin afectar por igual a todos los beneficiarios. |
| Cómo | Mediante publicación en la cuenta oficial del organismo de la lista de designaciones terminadas y una advertencia dirigida a los afectados. |
Lo que se publicó
El Departamento de Seguridad Nacional difundió el viernes 14 de agosto de 2026, a través de su cuenta oficial, la lista de países cuyas designaciones de Estatus de Protección Temporal han sido terminadas, acompañada de un mensaje que en su versión original señala que la terminación está ahora en efecto y que quienes tienen el TPS terminado deben salir de inmediato o serán deportados.
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No es solo cruzar. Es todo lo que viene después.
Before the Border
Conseguir en Amazon →Los países incluidos son Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Birmania, Somalia y Etiopía.
En algunos reportes la lista aparece con doce países y en otros con trece. La discrepancia se registra sin resolverla, y quien tenga TPS debe verificar su caso concreto en la fuente oficial antes de tomar cualquier decisión.
El punto que la advertencia no dice
La terminación del programa no coloca automáticamente a todos los beneficiarios en la misma situación migratoria. El propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración lo reconoce: una persona cuyo estatus haya terminado puede contar con otra vía legal que le permita continuar en el país.
Tres situaciones distintas conviven bajo el mismo anuncio.
Quienes dependían exclusivamente del TPS. Para ellos el programa deja de constituir base legal de permanencia. Es el grupo directamente afectado.
Quienes tienen otra vía legal en curso o vigente. Solicitudes de asilo pendientes, residencia permanente, peticiones familiares aprobadas u otros estatus. Esas vías no se extinguen porque el TPS termine. Son procedimientos independientes.
Quienes conservan documentación con vigencia posterior. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración señala que determinados beneficiarios que recibieron documentos con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, emitidos antes del 5 de febrero de 2025, mantienen su autorización de empleo y la validez de esa documentación hasta esa fecha, como consecuencia de decisiones judiciales relacionadas con el TPS venezolano.
Se estima que alrededor de 350.000 venezolanos se encuentran en esa condición. Originalmente unas 615.000 personas estaban amparadas por el programa; una parte significativa perdió el beneficio en noviembre de 2025.
La cronología del expediente venezolano
En febrero de 2025 el Departamento de Seguridad Nacional anuló la decisión que había extendido hasta octubre de 2026 la protección para venezolanos bajo las designaciones de 2021 y 2023. Desde entonces el caso ha transitado por tribunales, con decisiones que suspendieron, modificaron o retrasaron la aplicación en distintos momentos.
El anuncio del 14 de agosto viene precedido de una decisión de una jueza federal con sede en Massachusetts que levantó la suspensión de un caso presentado por ciudadanos somalíes con TPS, lo que despejó el camino para el inicio de deportaciones en ese expediente.
Es decir: el anuncio no es un acto administrativo aislado, sino la consecuencia acumulada de un litigio que sigue abierto en varios frentes.
Qué hacer con esta información
Estas son las verificaciones que corresponde hacer, en este orden, y ninguna requiere pagar por adelantado a nadie.
Revisar la fecha de vencimiento impresa en el documento de autorización de empleo. Es el dato que determina si aplica la vigencia hasta el 2 de octubre de 2026.
Verificar si existe alguna otra solicitud en curso. Una petición de asilo presentada años atrás, una petición familiar, un ajuste de estatus. Muchas personas tienen procedimientos abiertos que no recuerdan o que dan por perdidos.
Consultar el estado del caso en el sistema oficial en línea, con el número de recibo, antes de aceptar cualquier interpretación de terceros.
Buscar orientación legal acreditada. Los servicios legales sin fines de lucro reconocidos por el Departamento de Justicia ofrecen consulta a bajo costo o sin costo. Los anuncios que prometen soluciones rápidas por una tarifa inicial elevada son el escenario más frecuente de fraude migratorio en los días posteriores a un anuncio como este.
No firmar documentos que no se entiendan, en particular cualquier documento presentado como salida voluntaria, sin asesoría previa. La salida voluntaria tiene consecuencias legales sobre futuras posibilidades de reingreso.
Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada situación migratoria depende de circunstancias individuales que deben ser evaluadas por un abogado o representante acreditado.
Fuentes principales: Publicación oficial del Departamento de Seguridad Nacional del 14 de agosto de 2026. Notificaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre vigencia de documentos con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026. Antecedentes de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de febrero de 2025 sobre las designaciones de 2021 y 2023. Reportes de Efecto Cocuyo, TalCual y El Pitazo sobre el alcance de la medida.
Política
El acuerdo venezolano fijó el orden: primero el TSJ, después el CNE
Dos mesas técnicas instaladas, cinco sesiones de trabajo y cinco plenarias. El resultado publicado revela qué se negoció con precisión y qué quedó en lenguaje general.
Dos mesas técnicas, cinco sesiones de trabajo y cinco plenarias produjeron un documento firmado. Lo que ese documento detalla y lo que deja en lenguaje general dice más que el anuncio.
| Qué | El primer ciclo del diálogo produjo cuatro pasos concretos y verificables para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, y ningún mecanismo equivalente para el Consejo Nacional Electoral. |
|---|---|
| Quién | Jorge Rodríguez por la delegación gubernamental y Dinorah Figuera por la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015. |
| Cuándo | Primer ciclo cerrado el miércoles 12 de agosto de 2026. Próxima ronda prevista para mediados de septiembre de 2026. |
| Dónde | Caracas. Instalación en la base aérea La Carlota y cierre en el hotel Gran Meliá. |
| Por qué | El orden en que se renuevan las instituciones determina quién arbitra la elección siguiente y bajo qué reglas. |
| Cómo | Se contrastó el texto del comunicado conjunto con el proceso judicial que estaba en curso desde mayo y con los reclamos públicos de sectores excluidos de la mesa. |
Lo que efectivamente se firmó
El acuerdo del sistema de justicia tiene cuatro componentes, y conviene enumerarlos porque su especificidad contrasta con el resto del documento:
Serie · No te lo explicaron
La IA no piensa. Tú sí.
La inteligencia NO es artificial
Conseguir en Amazon →Uno. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema judicial.
Dos. Renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales.
Tres. Activación de un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del máximo tribunal, no solo de las vacantes.
Cuatro. Conformación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, encargado de evaluar a los postulados conforme a la Constitución, la ley y un baremo de evaluación.
Cuatro pasos, con órgano responsable identificado en cada uno. Es un mecanismo, no una declaración de intenciones.
Frente a eso, el componente sísmico del acuerdo establece que las partes trabajarán en el fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros, y que concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra con mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría.
Son objetivos. No son un mecanismo. La diferencia de precisión entre ambos bloques del mismo documento es el primer dato del expediente.
El botón de reinicio
Para medir qué ganó cada parte hay que mirar qué existía antes del 12 de agosto.
La Asamblea Nacional de 2025 había iniciado en mayo la ruta de designación de magistrados, tras una reforma de la Ley Orgánica que amplió el número de integrantes del tribunal. El Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado del PSUV Giuseppe Alessandrello, ya había publicado una lista de postulados y avanzaba hacia la fase de impugnaciones y entrevistas. Ese proceso quedó paralizado con el anuncio del diálogo y con el doblete sísmico del 24 de junio.
El acuerdo del 12 de agosto anula ese proceso y lo reinicia desde cero, con un comité renovado y ampliado, y con un consejo adicional de revisión de credenciales que antes no existía.
Ahí está el intercambio real. La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 obtuvo el borrón de un procedimiento que se estaba ejecutando sin ella. La delegación gubernamental obtuvo tiempo y conservó la iniciativa legislativa: la reforma de la ley la sigue tramitando la misma Asamblea Nacional de 2025.
Sobre el tamaño del tribunal hay que registrar una discrepancia sin resolverla: distintos reportes de la reforma de mayo consignan que el número de magistrados pasó de 20 a 32, mientras otros lo sitúan de 22 a 32. Las delegaciones tampoco precisaron la composición definitiva del tribunal, los plazos exactos de cada fase ni la integración del comité ampliado.
La secuencia, que es el verdadero acuerdo
El comunicado conjunto no menciona al Consejo Nacional Electoral. Tampoco contempla la liberación de presos políticos.
Sin embargo, un cronograma difundido tras el cierre del ciclo sitúa la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia en noviembre de 2026 y la renovación del Consejo Nacional Electoral en diciembre de 2026. Ese cronograma no figura en el texto del comunicado leído por las delegaciones y proviene de un solo reporte, de modo que debe leerse como indicativo y no como compromiso suscrito.
Aun así, la secuencia que insinúa coincide con la que revela el propio documento: el Poder Judicial primero, el Poder Electoral después, la fecha de una elección en ninguna parte.
Ese orden no es neutral. El Tribunal Supremo de Justicia es la instancia que resuelve las impugnaciones electorales, valida o anula candidaturas y decide sobre la legalidad de las decisiones del árbitro. Quien queda designado primero define el marco dentro del cual se designa el segundo.
Es también la razón por la cual la crítica sobre este proceso no puede ser que fue improvisado. Fue lo contrario: el orden está pensado. La pregunta legítima es a favor de quién.
Quién quedó afuera y qué está pidiendo
Tres reclamos distintos se produjeron alrededor de la mesa, y ninguno viene de donde suele suponerse.
Un grupo de 84 expresos políticos difundió un comunicado de respaldo a la negociación en el que pide la conformación de un nuevo Tribunal Supremo y de un Consejo Nacional Electoral elegidos con criterios de independencia y mérito, capaces de convocar elecciones libres. Es apoyo al proceso con exigencia de contenido.
Un grupo de sindicalistas se concentró frente al Gran Meliá para entregar un documento a la delegación opositora y exigir garantías de elecciones presidenciales dentro del año. Señalaron que Figuera es una persona impuesta por Estados Unidos para las negociaciones y que no ha escuchado a los venezolanos.
Y factores políticos de la propia Asamblea Nacional de 2025 cuestionaron su exclusión de la mesa, aunque manifestaron apostar por los resultados.
Es decir: el proceso recibe críticas simultáneas desde el chavismo parlamentario, desde el sindicalismo y desde el sector de la oposición que pasó por la cárcel. Los tres coinciden en un punto: falta el calendario electoral.
Tampoco participan en el diálogo el presidente electo Edmundo González Urrutia ni María Corina Machado. Machado anunció que no intervendrá de manera directa y manifestó que no obstaculizará los acuerdos que representen avances concretos para la transición democrática.
Dos detalles de método que conviene retener
Al leer el comunicado conjunto, tras más de seis horas de deliberaciones, no se admitieron preguntas de la prensa. Un proceso que en su marco de principios incorporó el compromiso de informar de manera oportuna a la población sobre los avances cerró su primer ciclo sin someterse a preguntas.
Y hay una discrepancia menor pero indicativa en las fuentes sobre la fecha de instalación formal: algunos reportes la sitúan el jueves 6 de agosto y otros el viernes 7 de agosto en la base aérea La Carlota. La contradicción se registra sin forzar una conclusión.
La escala del intento
Este es el decimoctavo intento de negociación entre gobierno y oposición en Venezuela en dos décadas.
Diecisiete anteriores no produjeron una transición. Eso no invalida el decimoctavo, pero establece la vara: lo que distingue a este proceso de los anteriores no será la calidad de sus comunicados, sino si el cronograma que empieza en agosto de 2026 sobrevive a septiembre.
Las delegaciones vuelven a reunirse a mediados de septiembre. Para entonces el acuerdo del 12 de agosto habrá tenido un mes para convertirse en un proyecto de ley presentado, un comité instalado y una lista publicada. O para no haberlo hecho.
Fuentes principales: Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026, leído por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera en Caracas. Reportes de EFE, Reuters, Bloomberg Línea, Efecto Cocuyo, elDiario y CNN en Español sobre el cierre del primer ciclo. Antecedentes del Comité de Postulaciones Judiciales presidido por Giuseppe Alessandrello y del proceso iniciado en mayo de 2026 por la Asamblea Nacional de 2025. Comunicado de 84 expresos políticos. Declaraciones públicas de María Corina Machado sobre su no participación.
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