Política
Oropeza llama a construir una fuerza disuasiva que rete la exclusividad del Rodrigato
Ángel Oropeza asegura que Venezuela vive una «estabilización autoritaria». Advierte que los procesos de transición por continuidad, como el que se desarrolla bajo el Rodrigato tienen un 50% de probabilidad de fracaso. Dice que la única vía para evitarlo es construir una fuerza disuasiva que rete la exclusividad del proceso.
Sofía C. Torres
Especial para INCISOS
Ángel Oropeza, psicólogo y doctor en Ciencia Política, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y exsecretario político de la Mesa de la Unidad Democrática, asegura que Venezuela vive una «estabilización autoritaria». Advierte que los procesos de transición por continuidad, como el que se desarrolla bajo el Rodrigato tienen un 50% de probabilidad de fracaso. Dice que la única vía para evitarlo es construir una fuerza disuasiva que rete la exclusividad del proceso, hoy reservado a dos actores: el Rodrigato a lo interno y Washington como tutor externo.
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¿Comenzó la transición en Venezuela? La respuesta depende del cristal con el que se le mire. Eso es lo que intenta explicar Ángel Oropeza, psicólogo de profesión y doctor en Ciencia Política, actualmente director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
Oropeza, recordado por su vocería como secretario político de la extinta Mesa de la Unidad Democrática en 2017, conversó con INCÍSOS y apuntó sin vacilaciones que el país está en una etapa de estabilización autoritaria, que se mantendrá hasta tanto se consolide una fuerza disuasiva —que por ahora no se vislumbra en el panorama— capaz de romper con la condena de esperar por los designios del gobierno encargado y de Washington.
Para el especialista, tras los sucesos del 3 de enero hubo un cambio de presidente pero no de régimen, y eso conlleva insertar el proceso en lo que la literatura politológica ha definido como transición por continuidad. La mala noticia, alerta, es que esta modalidad registra el más alto porcentaje de reversión autoritaria —50%— de acuerdo con estudios que han examinado más de 140 casos en el mundo.
El desafío para no caer en la estadística del fracaso radica, según Oropeza, en la construcción de una fuerza disuasiva y articuladora que rete la exclusividad de la transición venezolana, hoy reservada a solo dos actores: el que dirige a lo interno —el Rodrigato— y el que externamente tutela, Washington. Esa fuerza, insiste, debe ir más allá de los partidos políticos y tener capacidad de plantear propuestas, exigencias y elevar costos al gobierno.
¿Nuevo momento político o transición?
Actualmente se han posicionado en la agenda pública dos definiciones, «nuevo momento político» y «transición». Ambas denotan cambios. ¿Cómo define el tiempo en el que está Venezuela?
Las dos cosas pueden ser verdad en el sentido de que es un nuevo momento político. De hecho, no está el presidente que estaba en diciembre. Hay una situación irregular que nadie pensaba que iba a ocurrir en diciembre, o sea, hay un nuevo momento político. Lo que pasa es que ese término, que es el que utiliza la presidencia encargada para no hablar de transición, tiene un interés, por supuesto, oculto.
Transición se apega a la definición etimológica de la palabra, que es transitio, pasar de un estado a otro. Estamos en otro estado, pero desde el punto de vista politológico ciertamente no estamos en transición, un proceso que implica una serie de condiciones que ahora no existen, por ejemplo, la sumisión del poder militar al poder civil, instituciones escogidas democráticamente por voto libre y vigiladas. Entonces, lo más que podemos decir es que estamos en una situación que podría desembocar en una transición o no.
Por eso, aquí en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB usamos la palabra hipótesis: la transición es una hipótesis que puede llegar a materializarse o no. Desde el punto de vista politológico estricto, estamos en una situación de normalización autoritaria.
La transición exige las tres fases establecidas por el gobierno de Trump: estabilización, recuperación y transición política. La primera está asociada para ellos —Estados Unidos— con ausencia de desorden, una paz social y cierta estabilidad política; dicen que esta fase ya se cumplió, algo discutible. La segunda es en la que en teoría estaríamos ahora, una recuperación macro que toca a las grandes empresas, pero la realidad de la gente es otra. Y la última, como ha dicho el mismo Trump, JD Vance y Rubio, algún día será.
Autoritarismo y el riesgo de la continuidad
Oropeza asegura que Venezuela se encuentra en una etapa de estabilización, pero autoritaria, porque no ha habido cambio de modelo. En ese sentido, repasa las teorías de las transiciones y las clasificaciones que propone la literatura politológica:
«Las transiciones cooperativas, típicamente las transiciones, ocurren porque hay un acuerdo entre el régimen gobernante y quien aspira a sucederlo. Se ve en los casos más conocidos, el español y el chileno, y entre los más exitosos está el venezolano con el Pacto de Puntofijo —muy demonizado por el chavismo—, uno de los ejemplos de ingeniería política cuando se estudia Ciencia Política en el exterior».
«Hay transiciones por continuidad, sale el presidente pero permanece en el poder gente de su régimen. Esa es la que vivimos hoy en Venezuela con el Rodrigato. No es un cambio de modelo, es un cambio de personas».
«Hay la modalidad de invasión extranjera, lo que sucedió en Irak. Y están las que inician por colapso, hay una revuelta popular, un quiebre en la cúpula gobernante o cualquier situación que da al traste con el gobierno, muy rápido, por lo demás».
«Se han estudiado, el número varía un poco y depende del investigador, entre 140 y 150 casos en el mundo. Cerca de 50 son transiciones por continuidad. ¿Por qué el dato es importante? Porque esa es la modalidad de transición que se registra en Venezuela en 2026, y tiene el porcentaje más alto de fallas o de regresión autoritaria, un 50%. ¿Por qué ese porcentaje? Porque la cúpula gobernante, que es la misma que estaba antes, siente que las presiones empiezan a descender, la fuerza externa cede un poco en su beligerancia, la gente comienza a acostumbrarse, y la tentación de volver a las prácticas habituales autoritarias es muy grande».
La tercera pata de la mesa
¿Y cómo se evita esa reversión en una transición por continuidad en Venezuela?
Es urgente que aparezcan actores que reten la exclusividad de la transición. ¿Cuál es el problema con la transición por continuidad? En Venezuela hay solamente dos actores, el que dirige a lo interno y el que externamente tutela, pero el actor interno no tiene dialogante interno, o sea, el Rodrigato no tiene con quién discutir la transición internamente.
Los partidos políticos están muy debilitados y divididos, y la sociedad civil muy desconectada. Todos quieren lo mismo, pero cada quien por su lado. No hay una fuerza para hacer la caja de resonancia o contraparte del gobierno. No es lo mismo 50 enanos uno al lado del otro que los enanos puestos uno encima del otro construyendo un gigante.
Para no caer en la estadística de la reversión debe aparecer un actor dialogante con fuerza capaz de elevar los costos al gobierno. Por ejemplo, si se retoman los mecanismos de represión y el costo es bajo porque no hay quien pase la factura, ni siquiera el tutor externo, esos mecanismos se repetirán cada vez más. Entonces veremos una regresión autoritaria lenta.
El liderazgo de Machado, sus límites reales
Se reconoce un liderazgo legítimo, reafirmado el 28 de julio de 2024, pero no detenta un poder real. ¿Qué papel juega ese liderazgo en la etapa que atraviesa el país?
Sí, el liderazgo existe en la persona de María Corina Machado, que está haciendo un trabajo encomiable, mantener vivo el tema venezolano en foros internacionales, así como la necesidad de una elección presidencial tan pronto como se pueda. Lo que pasa es que, primero, no está en el país. Segundo, el actor externo pareciera que no la reconoce como el actor pivote de la transición, y el actor interno no le da legitimidad.
Su influencia en términos de eficacia política real es limitada. Limitada para ejercer ese liderazgo con su partido y con sus aliados para reactivar la movilización, entre otras cosas. Mientras esté fuera y mientras el actor externo no le dé el rol que no se lo está dando en este momento, el rol central en la transición, ese papel va a ser siempre acotado.
¿Es preferible tener el liderazgo de María Corina Machado que no tenerlo? Es preferible tenerlo, por supuesto. Lo que no se puede es confundir el liderazgo de Machado con la necesidad de un actor interno articulado que no tenemos, ese que incluya partidos políticos integrados con la sociedad civil organizada, empresarios, sindicatos, estudiantes, ONG, iglesias, universidades.
Es lo que hemos llamado la ausencia de la tercera pata de la mesa. Para que una transición se dé, tiene que contar por lo menos con un trípode. Una mesa de dos patas se cae. Una pata es una parte del gobierno en el poder que acepta cambiar por la fuerza o por convicción, en nuestro caso por la fuerza. La segunda pata es una fuerza externa, que también la tenemos, Estados Unidos, que incide en que el cambio ocurra. Y una tercera pata, dice la literatura, es una población organizada que es la que legitima o no, apoya u obstruye, colabora o se opone a lo que estos actores proponen.
Es urgente que se construya la tercera pata, porque si no, la población quedará entonces a merced de la buena fe o la suerte de lo que decidan los otros dos actores.
El reto de la oposición y la reconexión con la base
¿Cuál es el reto entonces de la oposición en este caso para constituirse como ese dialogante interno articulador?
No solamente la oposición en términos de partidos políticos, es el país organizado. Creo que la oposición, percibida como la dirigencia, reconoce que está muy debilitada. No todo es su culpa. Mucha gente, a veces, por comodidad se la adjudica. Si una profesión es peligrosa en Venezuela es la política, es más peligrosa que el narcotráfico. El dirigente político ha sido perseguido, criminalizado, exiliado y muchos, asesinados.
Todo ello ha provocado un distanciamiento con la gente, entre la cúpula de los partidos y la base que dicen representar. El reto, y ellos lo saben, es comenzar a reconectar con eso. Algunos lo están haciendo, y me consta, Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, lo está haciendo muy bien, creo que es quizás el que mejor o el que más lo hace. También están Andrés Velázquez y Delsa Solórzano. No conozco a muchos en ese plan.
¿Están girando el país? Sí, sin grandes concentraciones, pero sí reuniéndose con sus bases, sus equipos. Por ahí hay que empezar. Creo que no estamos arrancando de cero, estamos montados en la dirección correcta. Eso sí, falta mucho.
La siguiente fase, por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo, es la conexión con sindicatos, empresarios, ONG, comunidades organizadas, para empezar a hacer una alianza que permita construir la tercera pata que no tenemos.
Olvidé algo importante, y es que los partidos, si bien están haciendo un sano reconocimiento de sus debilidades, no aceptan recomponer una que es grave, la desunión.
El «supérenlo» de Jorge Rodríguez
El gobierno ha adoptado una narrativa que alude al perdón, habla de apertura, restablecimiento de relaciones internacionales. Pero recientemente, incluso días antes de conocer la noticia del fallecimiento de Víctor Hugo Quero en custodia del Estado, Jorge Rodríguez pronunció una frase que generó indignación, especialmente en la diáspora: «Supérenlo, perdónennos y vuelvan». ¿Cómo interpretar esa frase?
La declaración de Rodríguez es una salida inteligente, pero muy cínica y muy irresponsable, porque es un intento de reducir la complejidad de la situación política a un asunto de emociones. Y las emociones no se discuten.
La situación de la diáspora no se reduce a un asunto de mera emoción. O sea, tenemos ocho millones de venezolanos en el exterior, eso es fácilmente una cuarta parte del país. Eso nos ha convertido en el pueblo emigrante más grande del planeta. Quizás con algunos números ya superamos el caso de Siria. Es una tragedia de dimensiones gigantescas.
La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello ha hecho algunas investigaciones sobre familias deshechas, niños abandonados, y niños que sin ser abandonados, por la ausencia de los padres, desarrollan problemas de personalidad, dificultades del lenguaje, retrasos en el aprendizaje, conductas disruptivas. Es un saldo grave, no solamente para la gente que se fue, que perdió su país, sus bienes, sus seres queridos, sino para la gente que se quedó.
Rodríguez con el «supérenlo» apela a las emociones, no a los hechos, porque si habla de hechos, pierde. Rebajar la complejidad del problema a ese nivel es muy tramposo.
La gente no solamente mostró indignación por la ligereza de esa afirmación, sino que exige que el problema no se resuelva así. Porque justicia es una cosa y olvido es otra. La justicia implica reconocimiento de responsabilidades, reparación de los daños, aseguramiento de no repetición. El olvido es pasar la página, lavarse las manos.
La declaración evidencia una intención política del gobierno: llevarnos a la reconciliación. Otra cosa es la necesaria reconciliación, que debe haber, pero basada en el reconocimiento de responsabilidades y en la búsqueda de justicia.
Trump, las elecciones de medio término y la apuesta del Rodrigato
Las expectativas van en picada, tras el 3 de enero, se padecen los mismos problemas cotidianos: servicios públicos deficientes, salarios insuficientes, un dólar sin contención, la espera por un verdadero cambio político. Se ha empezado a cuestionar el tutelaje. ¿Qué decirle al venezolano frente a ello?
No basta con esperar que Trump se apiade de nosotros porque no somos prioridad en su agenda. Y en la agenda de los Rodríguez tampoco. Tenemos que construir una fuerza, a través de la unión, que no se limite a esperar y comience a exigir.
Trump no va a hacer nada distinto porque tiene una elección en noviembre, faltan pocos meses para eso, está en plena campaña electoral, y no las tiene todas consigo. Parece que va a poder conservar el Senado, la Cámara de Representantes, según las encuestas, puede perderla.
Esa es la apuesta de los Rodríguez: si Trump se debilita cerca del final del período, se le enreda el asunto con China y con Irán, y los va a dejar tranquilo. Pórtate bien hasta que la maestra se distraiga.
En este momento, Trump necesita, de cara a su audiencia interna, que es la que le interesa, vender el caso venezolano como exitoso, para convencer al votante americano de su eficiencia.
La desgracia es que en este momento estamos condenados a esperar, si él hace o no hace. Esa es una posición pasiva, dependiente y riesgosa. El reto es construir una fuerza que vaya más allá de los partidos políticos, que haga propuestas, exigencias, demandas.
No basta con pedir que haya elecciones, hay que empezar a exigir las condiciones para que las haya. ¿Cómo construyes una fuerza que pueda ser disuasiva? ¿Qué es una fuerza disuasiva? Que yo te diga, mira, aquí vamos a elecciones o puedo hacer el país difícil. Entonces, ¿esa fuerza disuasiva la tenemos? No. ¿Está construyéndose? Sí. ¿Estamos mejor que antes? Sí. ¿Falta mucho? También.
Sin elecciones a la vista en 2026
¿Son posibles unas elecciones en 2026?
No las veo posibles, por una razón muy sencilla, aquí habrá elecciones cuando el tutor quiera. Y el tutor no quiere, porque está en campaña electoral. Y si el tutor no quiere nunca, no habrá elecciones nunca.
Insisto, hay que formar una fuerza disuasiva, político-social, que las exija, no verbalmente, con comunicados, reuniones en salones y rutas teóricas, sino que eleve el costo político al gobierno de no hacerlas.
Sofía C. Torres es Periodista, editora y locutora. Asesora y estratega de Comunicación
Fuentes principales
- Entrevista presencial con Ángel Oropeza, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, realizada en mayo de 2026.
- Centro de Estudios Políticos y de Gobierno UCAB, marco analítico sobre transiciones democráticas y autoritarismo competitivo.
- Plan Rubio de tres fases anunciado el 7 de enero de 2026 ante el Congreso de Estados Unidos.
- Plataforma R4V (Response for Venezuelans), Naciones Unidas, datos acumulados de la diáspora venezolana.
- Investigaciones de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello sobre impacto familiar de la migración venezolana.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Política
El TSJ suma 100 aspirantes en 48 horas y apunta a diciembre
Seis semanas para un tribunal de 12 años.
POLÍTICA · EL NUEVO TSJ
En las primeras 48 horas, el Comité de Postulaciones Judiciales recibió 100 candidaturas, 83 de ellas para los 32 puestos de magistrado. El cronograma oficial prevé presentar a los elegidos ante la Asamblea el 11 de diciembre, justo a tiempo para la meta de Washington. Para cumplirlo, comprime los lapsos que dan voz a los ciudadanos y al Poder Ciudadano.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El primer balance de la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura. |
|---|---|
| Quién | El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello. |
| Cuándo | Balance al jueves 29 de octubre de 2026, difundido el viernes 30. La recepción cierra el 11 o el 12 de noviembre. |
| Dónde | Sede de la Asamblea Nacional, en Caracas. |
| Por qué | La reforma de la Ley Orgánica del TSJ ordenó renovar a todos los magistrados. Es el primer paso de la hoja de ruta de la transición. |
| Cómo | Con postulaciones en persona. Después vienen la revisión, las entrevistas, las objeciones, el Poder Ciudadano y la votación en la Asamblea. |
Cien aspirantes en 48 horas. Es el primer balance del Comité de Postulaciones Judiciales, que abrió el miércoles 28 de octubre la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Al cierre del jueves 29, 83 abogados se habían postulado a magistrado, 13 a inspector general de Tribunales y 4 a director de la Escuela de la Magistratura, según el balance que el Parlamento difundió en sus redes. Se disputan 34 cargos: 32 magistrados para las siete salas, un inspector y un director de la Escuela de la Magistratura.
Infografía INCÍSOS
100 aspirantes en 48 horas
El presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, dijo que el proceso comenzó «con buen pie» y que las solicitudes aumentarán en los próximos días. Para comparar: en el proceso de mayo, que se anuló, se inscribieron 532 aspirantes para 20 vacantes, según la lista que publicó la Asamblea.
El calendario
Lo que sí tiene el proceso es un cronograma. El comité lo aprobó a finales de octubre y prevé presentar a los candidatos seleccionados ante la plenaria de la Asamblea Nacional el 11 de diciembre, según El Diario. Es la fecha que encaja con la hoja de ruta de Washington: un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el comité busca nominar a los 32 magistrados antes de mediados de diciembre, como contamos aquí.
Infografía INCÍSOS
Seis semanas para un tribunal de 12 años
| Fecha | Etapa | Lo que hay que saber |
|---|---|---|
| 28 oct. – 12 nov. | Recepción de postulaciones | La convocatoria dice hasta el 11; el cronograma, hasta el 12. |
| Desde el 9 nov. | Revisión de expedientes y requisitos | Empieza antes de que cierre la recepción. |
| 16 – 27 nov. | Evaluaciones y entrevistas | Doce días para evaluar a los aspirantes de 34 cargos. |
| ¿? | Lista pública y objeciones | La ley da 15 días para que cualquier ciudadano objete. El cronograma difundido no las ubica. |
| 8 – 10 dic. | Revisión del Poder Ciudadano | Tres días. La ley le daba un lapso de 10 días continuos. |
| 11 dic. | Presentación ante la plenaria de la AN | La fecha que Washington tiene en la cabeza: «antes de mediados de diciembre». |
Lo que el calendario comprime
La reforma de septiembre fijó etapas con plazos propios. El cronograma las encaja en seis semanas, y en ese ajuste hay dos lapsos que pierden espacio:
- Las objeciones ciudadanas. La ley abre 15 días, desde que se publica la lista de aspirantes, para que cualquier ciudadano objete a un candidato con fundamento. El cronograma difundido no dice cuándo se publica la lista ni cuándo corren las objeciones. Si la recepción cierra el 12 de noviembre y las entrevistas terminan el 27, los 15 días de objeciones tendrían que correr al mismo tiempo que las evaluaciones.
- El Poder Ciudadano. La ley le da un lapso de 10 días continuos para revisar la preselección. El cronograma le asigna tres, del 8 al 10 de diciembre.
Hay además una incongruencia menor que conviene aclarar: la convocatoria dice que la recepción cierra el 11 de noviembre y el cronograma, que el 12. Y siguen abiertas las preguntas que planteamos al arrancar el proceso, como contamos aquí: si las carpetas del proceso anulado de mayo se incorporan sin una nueva postulación, si todos los miembros del comité pueden ver todos los expedientes, como reclamó la comisionada Raquel Sánchez según El Diario, y si habrá un baremo público. Ninguno de los balances difundidos hasta el viernes menciona criterios de evaluación.
Por qué importa la prisa
El nuevo TSJ será el árbitro de todo lo que viene: el nuevo CNE, las impugnaciones electorales, la vacante presidencial que Washington espera que se declare y las inhabilitaciones, incluida la de María Corina Machado. Sus magistrados estarán 12 años en el cargo. Machado pidió el jueves designar el TSJ, el CNE y la fecha electoral al mismo tiempo, como contamos aquí. El calendario del comité muestra que el TSJ va primero y con prisa.
El dato que falta del proceso
Que el proceso tenga fechas es una buena noticia en una transición que casi no las tiene. Pero un tribunal que durará 12 años no puede escogerse en seis semanas a costa de los lapsos que permiten al ciudadano objetar y al Poder Ciudadano revisar. Si el calendario no da para cumplir la ley, lo que se ajusta es el calendario, no la ley. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité publique la lista de aspirantes con sus credenciales, que fije en el cronograma los 15 días de objeciones, que respete los lapsos del Poder Ciudadano y que publique su baremo antes de entrevistar al primer candidato.
Para leer más en INCÍSOS
- Abren las postulaciones para escoger a los 32 magistrados del TSJ: los cinco pasos.
- Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos.
- Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: el TSJ en la hoja de ruta.
- El Baremo: cómo medir a los aspirantes.
Fuentes principales: Balance del Comité de Postulaciones Judiciales (30 de octubre de 2026), reseñado por El Estímulo, Contrapunto y El Nacional; El Diario, cronograma (24 de octubre); El Diario, irregularidades (28 de octubre); El Diario, proceso anulado (19 de junio); notas de INCÍSOS.
Política
Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos; estos son los suyos
Veinte años de hechos que el 3 de enero no borra.
POLÍTICA · PERFIL
La presidenta encargada se presenta como la persona con experiencia para conducir el cambio. Esa experiencia tiene un registro. Fue canciller cuando Venezuela rompió con la OEA, presidió la Constituyente que destituyó a la fiscal y aprobó la ley contra el odio, supervisó el Sebin como vicepresidenta y promovió la ley que permitió entregar empresas del Estado en secreto. El 3 de enero no borra nada de eso.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Un perfil de las decisiones y responsabilidades públicas de Delcy Rodríguez en los cargos que ocupó desde 2006. |
|---|---|
| Quién | Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde enero de 2026; antes canciller, presidenta de la Constituyente, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y de Hidrocarburos. |
| Cuándo | De 2006 a 2026. El perfil responde a la alocución del jueves 29 de octubre, en la que pidió que la midan «por los hechos». |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | Porque la presidenta encargada ya actúa como candidata y se presenta como reformista. Su historial es parte de lo que el país tiene que evaluar. |
| Cómo | Con registros públicos de cargos, decisiones de la Constituyente, informes de la Misión de la ONU, investigaciones de Transparencia Venezuela y prensa verificada. |
«Les pido que me midan por los hechos». Delcy Rodríguez lo dijo el jueves 29 de octubre desde Miraflores, en la alocución en la que prometió elecciones sin fecha y se presentó como la persona con la experiencia para conducir el cambio, como contamos aquí. Es una petición razonable. Y obliga a mirar todos los hechos, no solo los de los últimos diez meses.
Delcy Rodríguez no empezó a gobernar el 3 de enero de 2026. Lleva dos décadas en el poder, en cargos que dejaron decisiones con fecha, firma y consecuencias. Este perfil las ordena. No es un juicio penal, porque ningún tribunal la ha condenado, ni una lista de acusaciones sin pruebas. Es el registro público de lo que hizo quien hoy pide confianza para conducir la transición.
Infografía INCÍSOS
Veinte años dentro
| Años | Cargo | Lo que dejó |
|---|---|---|
| 2006 | Ministra del Despacho de la Presidencia | Seis meses con Hugo Chávez. |
| 2013-2014 | Ministra de Comunicación e Información | La voz del gobierno de Nicolás Maduro en su primer año. |
| 2014-2017 | Canciller | Suspensión de Venezuela en Mercosur (diciembre de 2016) y anuncio del retiro de la OEA (abril de 2017). Directiva de PDVSA (2015-2017). |
| 2017-2018 | Presidenta de la Constituyente | Destitución de la fiscal, ley contra el odio, adelanto de las presidenciales de 2018. |
| 2018-2026 | Vicepresidenta ejecutiva | Supervisión legal del Sebin. Muerte de Fernando Albán bajo custodia del Sebin (octubre de 2018). |
| 2020 | Vicepresidenta | Promueve la Ley Antibloqueo y sus «mecanismos de confidencialidad». |
| 2020-2024 | Ministra de Economía y Finanzas | Gestión de la economía tras la hiperinflación; transferencias opacas de empresas del Estado. |
| 2024-2026 | Ministra de Hidrocarburos | Contratos petroleros sin licitación pública, según Transparencia Venezuela. |
| 2026 | Presidenta encargada | Amnistía, reforma petrolera, salida de la lista de sancionados de EE.UU. El aparato represivo sigue intacto, según la ONU. |
La canciller que sacó a Venezuela de la OEA
Fue la primera mujer al frente de la Cancillería, desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. En esos años, Venezuela fue suspendida de Mercosur, en diciembre de 2016, y ella misma anunció, el 26 de abril de 2017, el inicio del proceso para retirar al país de la Organización de los Estados Americanos. Fue en plena ola de protestas de ese año, cuando la OEA se disponía a discutir la crisis venezolana.
En esos mismos años integró la directiva de PDVSA como vicepresidenta de Asuntos Internacionales, entre 2015 y 2017, según Transparencia Venezuela. Esa organización recoge que en 2017 se ordenó a Citgo firmar un contrato de 50 millones de dólares con una consultora vinculada al excongresista estadounidense David Rivera, cuya acusación en EE.UU. menciona una reunión con ella en Nueva York el 2 de abril de ese año. Rodríguez no ha sido acusada en ese caso.
La Constituyente: la fiscal, la ley contra el odio y la elección de 2018
El 4 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo electo sin la participación de la oposición y que se declaró por encima de todos los poderes. En los diez meses que la presidió, la Constituyente tomó estas decisiones, según el registro de sus actos y la Revista SIC:
- 5 de agosto de 2017: destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que había denunciado la ruptura del orden constitucional, y nombró a Tarek William Saab.
- 8 de agosto: decretó que todos los poderes públicos quedaban subordinados a la Constituyente.
- 16 de agosto: instaló una Comisión de la Verdad presidida por ella misma.
- 6 de noviembre: quitó la inmunidad al diputado opositor Freddy Guevara.
- 8 de noviembre: aprobó por unanimidad la ley contra el odio, con penas de hasta 20 años de cárcel.
- 20 de diciembre: obligó a los partidos que no participaron en las municipales a volver a inscribirse y eliminó la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
- 23 de enero de 2018: ordenó adelantar la elección presidencial para antes del 30 de abril.
Esa última decisión produjo la elección del 20 de mayo de 2018, que buena parte de la comunidad internacional no reconoció y que abrió la crisis de legitimidad de 2019. Y la ley contra el odio es la misma que la presidenta encargada reconoció el 29 de octubre que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. No dijo que la aprobó la Constituyente que ella presidía.
Por su papel en la Constituyente y en la crisis constitucional, Canadá la sancionó en septiembre de 2017; la Unión Europea, Suiza y el Senado de México, en 2018, y EE.UU. la incluyó en su lista de sancionados en septiembre de ese año, según su ficha biográfica.
La vicepresidenta y el Sebin
En junio de 2018 se convirtió en vicepresidenta ejecutiva, el cargo que ocupó hasta enero de 2026. La Vicepresidencia es el órgano rector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según Transparencia Venezuela. En su informe de septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU la incluye entre las figuras clave de la infraestructura de control y señala que, como vicepresidenta, ejercía la supervisión legal del Sebin «conociendo o debiendo conocer» las torturas y violaciones cometidas, sin actuar para prevenirlas ni castigarlas, según el resumen de El Nacional.
Cuatro meses después de su llegada a la Vicepresidencia, el 8 de octubre de 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió bajo custodia del Sebin en su sede de Plaza Venezuela. La versión oficial fue un suicidio. Su familia y el Foro Penal lo rechazan, y ocho años después el caso sigue sin esclarecerse, según El Diario. Durante su vicepresidencia, la misma Misión de la ONU concluyó que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad en la represión que siguió a la elección de julio de 2024, según Efecto Cocuyo.
El director del Sebin en esos años fue Gustavo González López, al frente del servicio de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. La Misión de la ONU concluyó en 2022 que tuvo conocimiento, participó y contribuyó en graves violaciones de derechos humanos. En enero de 2026, ya como presidenta encargada, Delcy Rodríguez lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El informe de la ONU de septiembre lo ubica hoy como ministro de la Defensa.
La ley que permitió entregar empresas en secreto
En octubre de 2020, la Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo a pedido de Maduro. Delcy Rodríguez fue una de sus principales promotoras. «La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información», explicó el 18 de octubre de 2020, cuando anunció que Venezuela recibiría inversiones sin revelar su procedencia. En noviembre la presentó en Moscú como «un salto estratégico» para proteger las inversiones rusas. Según la Voz de América, la ley permitía contratos confidenciales, desaplicar normas vigentes y disponer de activos estratégicos sin control de la Asamblea Nacional.
Con ella nació el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia. Bajo ese esquema, plantas expropiadas como Industrias Diana, Kellogg’s, Kimberly-Clark o Goodyear pasaron a ser operadas por privados mediante acuerdos que no se publicaron, en lo que una investigación de El Nacional llama una «privatización subrepticia». Entre 2020 y 2024, Rodríguez fue además ministra de Economía y Finanzas, y Transparencia Venezuela calcula que controlaba cerca del 40 % del presupuesto de 2024.
La ministra del petróleo
De agosto de 2024 a marzo de 2026 fue ministra de Hidrocarburos, sin dejar la Vicepresidencia. En ese periodo se firmaron Contratos de Participación Productiva con socios privados sin licitación pública ni control legislativo, según Transparencia Venezuela, que advierte que redujeron la participación de PDVSA. Es el mismo modelo de asociación con privados que, ya como presidenta encargada, amplió con la reforma de la Ley de Hidrocarburos de enero de 2026.
Lo que cambió desde el 3 de enero
Desde que asumió la presidencia encargada, Delcy Rodríguez firmó una ley de amnistía, abrió el petróleo al capital privado, excarceló presos políticos, aceptó la hoja de ruta de Washington y prometió elecciones. EE.UU. la sacó de su lista de sancionados el 1 de abril de 2026. Son hechos, y también cuentan.
Pero la Misión de la ONU concluyó en septiembre que el aparato represivo sigue intacto bajo su gestión, sin una ruptura real en los cuerpos de seguridad e inteligencia, según El Nacional. Y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave.
Lo que el cambio no borra
Las transiciones a menudo se negocian con quienes formaron parte del régimen anterior. Venezuela no será la excepción, y Washington ya decidió negociar con ella. Pero negociar con alguien no equivale a absolverlo. Que Delcy Rodríguez sea hoy una pieza necesaria de la transición no la convierte en la reformista que dice ser, ni la exime de responder por lo que hizo antes.
La alocución del 29 de octubre tiene en ese sentido una lógica clara. Admite el abuso de una ley, pero no que la aprobó su Constituyente. Ofrece devolver empresas, pero no explica las que se entregaron en secreto bajo la ley que ella promovió. Pide que la midan por los hechos, pero solo por los que empiezan en 2026.
Lo que debe demostrar el cambio
El cambio se demuestra reconociendo lo hecho, no reescribiendo la biografía. La presidenta encargada puede ser parte de la salida, y también es parte de lo que llevó al país a necesitarla. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que sus hechos se midan completos: que se deroguen la ley contra el odio y la Ley Antibloqueo, que se publiquen los contratos firmados en secreto, que se esclarezca la muerte de Fernando Albán y que los responsables de la represión dejen de mandar.
Para leer más en INCÍSOS
- Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos y no da fecha: la alocución del 29 de octubre.
- Delcy Rodríguez admite abusos de la ley del odio y limita detenciones: lo que reconoció y lo que calló.
- La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.
Fuentes principales: Transparencia Venezuela (enero de 2026); El Nacional, informe de la Misión de la ONU (septiembre de 2026); El Nacional, investigación sobre empresas expropiadas (octubre de 2026); registro de la Constituyente de 2017; Revista SIC; EFE, vía El Día; Voz de América; El Observador; Foro Penal; El Diario; Efecto Cocuyo; El Líbero; El Diario, sanciones; ficha biográfica.
Política
El TPS de los venezolanos volvería el 6 de noviembre, por ahora
Una victoria real, pero frágil.
POLÍTICA · MIGRACIÓN
Un panel de tres jueces del Noveno Circuito rechazó el viernes la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener suspendido el fallo que declaró ilegal el fin del TPS para venezolanos. Según Bloomberg Law, la protección volvería a regir el 6 de noviembre. Es una victoria real, pero frágil: el caso sigue abierto, la Corte Suprema ya cambió las reglas y el Gobierno todavía puede volver a ella.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito negó la suspensión que pidió el Gobierno sobre la orden del tribunal de distrito que protege el TPS de los venezolanos. |
|---|---|
| Quién | Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone; la Alianza Nacional TPS y beneficiarios venezolanos, contra el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el Gobierno de EE.UU. |
| Cuándo | La orden se registró el viernes 30 de octubre de 2026. El TPS volvería a regir el viernes 6 de noviembre, según Bloomberg Law. |
| Dónde | Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco. El caso nació en el tribunal federal del distrito norte de California. |
| Por qué | Tras la decisión de la Corte Suprema del 5 de octubre, el Gobierno pidió que la orden de primera instancia siguiera congelada mientras se revisa el caso. El panel no se la concedió. |
| Cómo | Con una orden publicada del panel. El Gobierno puede pedir de nuevo la suspensión a la Corte Suprema. |
Después de un año de reveses, una decisión judicial devuelve el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en EE.UU. en lugar de quitárselo. El viernes 30 de octubre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener suspendida la orden que declaró ilegal el fin del programa. Según Bloomberg Law, citado por La Patilla y otros medios, las protecciones contra la deportación volverían a regir el 6 de noviembre.
La noticia es buena para cientos de miles de familias. También es provisional, y conviene entender por qué antes de celebrar o de tomar decisiones.
Lo que decidió el tribunal
La orden lleva la firma de los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone, y está marcada para publicación. Empieza por recordar lo que pasó el 5 de octubre: la Corte Suprema anuló la sentencia anterior del Noveno Circuito en el caso de la Alianza Nacional TPS y le devolvió el expediente para que lo revisara a la luz de Mullin v. Doe. Ese mismo día, dice la orden, el Gobierno pidió suspender la orden del tribunal de distrito mientras se resolvía la apelación, y quería que esa suspensión entrara en vigor «inmediatamente» cuando la Corte Suprema emitiera formalmente su sentencia.
El panel dijo que no. Sin una nueva suspensión, la orden del juez Edward Chen, que en septiembre de 2025 declaró ilegal la decisión de la entonces secretaria Kristi Noem de anular la extensión del TPS y terminar el programa, vuelve a tener efecto. La fecha del 6 de noviembre coincide con los 32 días que, según las reglas de la Corte Suprema, tarda en enviarse su sentencia al tribunal inferior después de una decisión como la del 5 de octubre. Ese día se acaba la suspensión que la Corte Suprema había dictado en octubre de 2025.
Cómo se llegó hasta aquí
Infografía INCÍSOS
Veinte meses de idas y vueltas
| Fecha | Qué pasó |
|---|---|
| Feb. 2025 | Kristi Noem anula la extensión del TPS de 2023 y lo da por terminado. La Alianza Nacional TPS demanda. |
| Sep. 2025 | El juez Edward Chen, en California, declara ilegal esa decisión. |
| Oct. 2025 | La Corte Suprema suspende el fallo de Chen. Termina el TPS de 2023. |
| 7 nov. 2025 | Termina también el TPS de 2021, según el aviso del DHS. |
| Ene. 2026 | El Noveno Circuito confirma que la terminación fue ilegal. |
| 25 jun. 2026 | La Corte Suprema, en Mullin v. Doe, limita la revisión judicial de las terminaciones de TPS. |
| 2 oct. 2026 | Vence el último grupo de permisos protegidos por una orden judicial, unas 5.000 personas. |
| 5 oct. 2026 | La Corte Suprema anula la sentencia del Noveno Circuito y le devuelve el caso. El Gobierno pide otra suspensión. |
| 30 oct. 2026 | El Noveno Circuito rechaza esa suspensión. |
| 6 nov. 2026 | Fecha en la que, según los reportes, el TPS volvería a estar vigente. |
El programa ha cambiado de manos tantas veces que muchos venezolanos ya no saben si tienen protección o no. La Alianza Nacional TPS calcula que la orden de Chen, si entra en vigor, restablecería el TPS para unos 600.000 venezolanos, según su comunicado del 16 de octubre. Son los beneficiarios de las designaciones de 2021 y 2023, que el Gobierno dio por terminadas en 2025.
Por qué la victoria es frágil
Hay tres razones para la prudencia. La primera es que el caso no está resuelto. El Noveno Circuito todavía tiene que revisar el fondo a la luz de Mullin v. Doe, la sentencia del 25 de junio en la que la Corte Suprema, por seis votos contra tres, dijo que la ley del TPS impide a los tribunales revisar las demandas no constitucionales contra la designación o la terminación de un país, según el resumen del caso. Ese criterio favorece al Gobierno.
La segunda es que el Gobierno puede volver a pedir la suspensión a la Corte Suprema antes del 6 de noviembre. Ya lo hizo con éxito en 2025. La tercera es el contexto: el jueves 29, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que revierte beneficios migratorios de unos 2,2 millones de personas, incluido el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo, según Moncloa. El Gobierno no está en modo de ceder.
Lo que todavía no se sabe
- Qué documentos valdrán, y hasta cuándo. La extensión que anuló Noem llegaba hasta el 2 de octubre de 2026, una fecha que ya pasó. Cómo se traduce el fallo en permisos de trabajo vigentes es algo que tendrá que aclarar el USCIS.
- Si la Corte Suprema volverá a intervenir. Una nueva suspensión dejaría todo como está hoy.
- Qué pasa con quienes ya perdieron el empleo o fueron deportados. El fallo protege hacia adelante, pero no repara lo que ya ocurrió.
Qué hacer si tienes o tuviste TPS
No tomes decisiones por un titular. Guarda tus documentos, aunque estén vencidos. Espera el aviso oficial del USCIS, que se publica en su página del TPS, antes de presentarte con un permiso a tu empleador. Consulta con un abogado de inmigración o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia, y desconfía de quien te cobre por «tramitar» el regreso del TPS antes de que haya instrucciones oficiales. Los empleadores que revisan formularios I-9 también esperarán esas instrucciones, como explica Latin Times.
La paradoja de Washington
Hay una contradicción que atraviesa este caso. El Gobierno de EE.UU. defiende en los tribunales que Venezuela ya no justifica una protección humanitaria, mientras su Departamento de Estado describe una transición que no tiene todavía fechas, como contamos aquí. La presidenta encargada le pone calendario a la luz y no a la elección, como contamos aquí. Los venezolanos que viven en EE.UU. miran las dos cosas a la vez: si pueden quedarse aquí, y cuándo podrían volver allá.
Criterio INCÍSOS
El fallo del Noveno Circuito es la mejor noticia judicial que han recibido los venezolanos con TPS en más de un año, y merece leerse como tal. Pero no es el final del caso, y vender certezas sería irresponsable. La protección depende de una fecha, de que la Corte Suprema no intervenga antes y de que el USCIS publique cómo se aplica. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que llegue el 6 de noviembre sin una nueva suspensión y que el Gobierno diga, por escrito, qué documentos valen.
Para leer más en INCÍSOS
- Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: la hoja de ruta del Departamento de Estado.
- La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.
- La luz tiene fecha; la elección, no: la apertura del viernes.
Fuentes principales: Orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en National TPS Alliance v. Mullin (30 de octubre de 2026); Bloomberg Law, citado por La Patilla (30 de octubre); La Nación; Latin Times; Alianza Nacional TPS; Mullin v. Doe; Moncloa.
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