Política
Las democracias de América Latina se vacían por dentro
El primer Informe Regional sobre Democracia que el PNUD publica en 22 años describe una región donde la democracia perdura pero la promesa material está rota. Lectura desde la diáspora hispana en EE.UU.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el lunes 11 de mayo de 2026 su primer Informe Regional sobre Democracia en 22 años. La conclusión es severa: la región sigue siendo la más democrática del mundo en desarrollo, pero menos de la mitad de sus ciudadanos se declara satisfecha con cómo funciona y siete de cada diez perciben que el Estado responde a intereses particulares. La democracia perdura. La promesa, no. —
Veintidós años de silencio editorial
Cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el lunes 11 de mayo de 2026 su nuevo Informe Regional sobre Democracia y Desarrollo, lo hizo después de 22 años de silencio editorial sobre el tema. El último diagnóstico integral del organismo sobre la democracia latinoamericana, «La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos», se publicó en 2004.
Entre aquel informe y este pasaron Hugo Chávez, Lula, los Kirchner, Calderón, Zelaya, Piñera, Correa, Morales, Macri, López Obrador, Bolsonaro, Boric, Milei, Arévalo, Sheinbaum y Nicolás Maduro. Y la captura de este último, el 3 de enero de 2026 en Caracas.
Veintidós años de actividad democrática intensa. El informe los resume en una frase que vale la pena leer despacio: las democracias de América Latina y el Caribe son las más democráticas del mundo en desarrollo, pero «están bajo creciente presión». Más de cuatro de cada cinco ciudadanos de la región viven bajo regímenes electos. Y menos de la mitad de ellos está satisfecho con cómo funciona ese régimen.
El número que mejor concentra el diagnóstico no es un porcentaje de pobreza ni una tasa de crecimiento. Es este: más del 70% de los latinoamericanos percibe que los gobiernos responden a intereses particulares y no al interés general. Siete de cada diez. En la región más democrática del mundo en desarrollo, siete de cada diez personas creen que el Estado está capturado.
Para los 62 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, esta cifra no es una abstracción técnica. Es la condición previa de su llegada al país. Es la respuesta a por qué se fueron.
El triángulo que no cierra
El informe organiza su diagnóstico alrededor de un concepto que probablemente sobreviva al propio documento: el triángulo democracia-desarrollo humano-Estado. Tres vértices que deberían reforzarse mutuamente y que en América Latina y el Caribe no lo hacen.
La democracia, según el informe, es el régimen político en el que los gobiernos se forman mediante elecciones competitivas, ejercen el poder conforme a reglas preestablecidas, respetan el pluralismo y garantizan libertades fundamentales. Bajo esa definición técnica, América Latina aprobó. Las elecciones existen. Los gobiernos cambian. Los procesos electorales no se interrumpen.
El desarrollo humano también muestra avances. El Índice de Desarrollo Humano regional pasó de 0,648 en 1990 a 0,783 en 2023. La pobreza urbana se redujo, los años de escolarización aumentaron, la salud pública mejoró.
El Estado es el vértice del triángulo donde el informe es más severo. Reconoce capacidades institucionales pero las describe como «combinadas con dinámicas clientelares y una capacidad funcional y presencia territorial heterogéneas». En lenguaje editorial: el Estado latinoamericano hace cosas, pero no las hace para todos, no las hace bien en todo el territorio y muchas veces las hace para los que ya tienen.
El triángulo, dice el informe, debería cerrar. En América Latina, los tres vértices fallan al mismo tiempo. Y se contagian.
La gráfica más incómoda
Hay una gráfica en el informe que merece estar en la mesa de cualquier conversación política seria sobre la región. Cruza dos series de Latinobarómetro de 1995 a 2024. En la primera, las personas que se declaran «satisfechas con la democracia» pasan del 38,4% en 1995 al 32,6% en 2024. En la segunda, las personas que dicen que «da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático» pasan del 15,8% en 1995 al 25,2% en 2024.
Uno de cada cuatro latinoamericanos cree, hoy, que no importa si el sistema que lo gobierna es democrático o no. Es un dato más severo que cualquier porcentaje de aprobación presidencial. Significa que el contrato implícito según el cual la democracia ofrece algo a cambio de la legitimidad que recibe está roto para una porción amplia y creciente de la población.
La amenaza ya no es el golpe
Una de las contribuciones más importantes del informe es señalar que la amenaza para la democracia latinoamericana ya no es el golpe de Estado. La amenaza es la erosión.
El golpe es ruidoso, identificable, narrativizable. La erosión es silenciosa. Funciona por capas. El informe la describe con precisión clínica: cuestionamiento sistemático de los procesos electorales, desgaste de las autoridades electorales, concentración del poder en liderazgos personalistas, debilitamiento de los contrapesos, difusión de narrativas polarizadas.
Los datos lo confirman. La confianza en las autoridades electorales pasó del 47% en 2016 al 34% en 2024. El porcentaje de personas que considera que las elecciones en su país son fraudulentas subió del 48,5% al 60,6% en el mismo período. No fueron las elecciones las que cambiaron. Cambió la convicción ciudadana de que esas elecciones cuentan algo.
La crisis de la representación
El informe describe con detalle algo que en cualquier conversación de café latinoamericano se nombra de otra manera. El diagnóstico técnico lo formula así: en ausencia de organizaciones partidistas sólidas, el votante deja de ser ciudadano con capacidad de incidencia y se vuelve «espectador o comentarista».
La frase es del PNUD, no nuestra. La región más democrática del mundo en desarrollo tiene votantes que el organismo internacional describe como «espectadores o comentaristas». No actores. Audiencia.
Para quien siga la conversación política latinoamericana en redes sociales —y la diáspora hispana en Estados Unidos la sigue intensamente— la descripción es exacta. La política regional se consume como entretenimiento. Se opina, se reacciona, se viraliza. Se vota cada cierto tiempo, con frustración creciente. Y se migra cuando ya no se puede más.
Lo que esto significa para el hispano en EE.UU.
El informe no fue escrito para la diáspora. Pero la diáspora hispana en Estados Unidos está dentro de la fotografía. Forma parte de la consecuencia del diagnóstico.
Si se acepta el marco del informe, entonces hay que aceptar también su corolario. La gran ola migratoria hispana hacia Estados Unidos de las últimas tres décadas no fue un evento coyuntural. No fue una crisis. No fue una emergencia. Fue una falla sistémica del triángulo democracia-desarrollo humano-Estado en los países de origen. Una falla que el propio informe ahora nombra y describe con datos.
Eso cambia, o debería cambiar, la conversación sobre migración en Estados Unidos. La migración hispana no fue una invasión, fue una respuesta. No fue un capricho, fue una expulsión. No fue un fracaso individual, fue el resultado de un patrón regional que el PNUD acaba de documentar con rigor académico.
El caso venezolano
El informe trata a Venezuela como un caso más entre los 33 países cubiertos. No le dedica un capítulo monográfico. Eso es razonable para un informe regional.
Venezuela en mayo de 2026 ya no es un caso latinoamericano más. La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, la encargaduría constitucional de Delcy Rodríguez bajo el artículo 234, el Plan Rubio de tres fases que el secretario de Estado presentó ante el Congreso el 7 de enero, la transición tutelada que se desarrolla desde entonces, son fenómenos para los que el marco del informe ofrece preguntas más que respuestas.
Y sin embargo, el marco sirve. Porque lo que Venezuela vivió antes del 3 de enero de 2026 fue exactamente la trayectoria que el informe describe: erosión gradual de los contrapesos, captura del aparato judicial, cuestionamiento sistemático de los procesos electorales, concentración del poder, polarización llevada al máximo. El régimen venezolano no se construyó en un día. Se construyó capa por capa, durante 25 años.
La hoja de ruta y lo que queda fuera
Las últimas páginas del informe ofrecen una hoja de ruta. Cinco nodos críticos de intervención. Recomponer la representación política. Restringir la influencia del poder económico sobre la influencia política. Fortalecer la capacidad del Estado para contener al crimen organizado. Asegurar la integridad de la deliberación pública frente a la desinformación. Limitar la concentración del poder reforzando los contrapesos.
Es una agenda razonable. Es también una agenda donde la palabra «Estados Unidos» prácticamente no aparece. Esa ausencia es entendible —el informe es de la oficina regional del PNUD— pero también es elocuente. La región más democrática del mundo en desarrollo limita con la mayor potencia económica y militar del planeta. Esa potencia toma decisiones que afectan diariamente al triángulo democracia-desarrollo humano-Estado de la región. Aranceles, deportaciones, política migratoria, política exterior, operativos en el Caribe, captura de jefes de Estado. Esas decisiones no aparecen en la hoja de ruta del informe. Y aparecen todos los días en la vida de la gente.
El silencio del informe sobre ese factor no lo invalida. Pero sí lo deja incompleto. Para la diáspora hispana, el diagnóstico del PNUD es preciso pero parcial.
El informe que la diáspora debería leer
Para los hispanos que viven en Estados Unidos, el informe ofrece algo concreto: una explicación documentada, con datos primarios y marco académico, de por qué su país de origen los expulsó. No es una explicación que culpe a las víctimas. No es una explicación que culpe a los gobiernos. Es una explicación estructural. Y permite la conversación adulta que la región y la diáspora se deben desde hace tiempo.
Las democracias de América Latina y el Caribe perdurarán. Eso lo dice el informe con cierta seguridad. Lo que no es seguro es que esa permanencia signifique algo para la vida concreta de la gente. Si el sistema se mantiene pero la promesa se sigue rompiendo, la gente seguirá yéndose. Y los 62 millones de hispanos en Estados Unidos seguirán recibiendo a sus primos, a sus sobrinos, a sus hijos. Año tras año. Hasta que el triángulo cierre. O hasta que ya no quede nadie del otro lado.
- —
Fuentes principales
- Informe «Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en América Latina y el Caribe 2026», PNUD, 11 de mayo de 2026.
- Series históricas Latinobarómetro 1995-2024.
- Barómetro de las Américas LAPOP, datos 2023.
- Índice de Desarrollo Humano regional, PNUD, series 1990-2023.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Política
El TSJ suma 100 aspirantes en 48 horas y apunta a diciembre
Seis semanas para un tribunal de 12 años.
POLÍTICA · EL NUEVO TSJ
En las primeras 48 horas, el Comité de Postulaciones Judiciales recibió 100 candidaturas, 83 de ellas para los 32 puestos de magistrado. El cronograma oficial prevé presentar a los elegidos ante la Asamblea el 11 de diciembre, justo a tiempo para la meta de Washington. Para cumplirlo, comprime los lapsos que dan voz a los ciudadanos y al Poder Ciudadano.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El primer balance de la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura. |
|---|---|
| Quién | El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello. |
| Cuándo | Balance al jueves 29 de octubre de 2026, difundido el viernes 30. La recepción cierra el 11 o el 12 de noviembre. |
| Dónde | Sede de la Asamblea Nacional, en Caracas. |
| Por qué | La reforma de la Ley Orgánica del TSJ ordenó renovar a todos los magistrados. Es el primer paso de la hoja de ruta de la transición. |
| Cómo | Con postulaciones en persona. Después vienen la revisión, las entrevistas, las objeciones, el Poder Ciudadano y la votación en la Asamblea. |
Cien aspirantes en 48 horas. Es el primer balance del Comité de Postulaciones Judiciales, que abrió el miércoles 28 de octubre la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Al cierre del jueves 29, 83 abogados se habían postulado a magistrado, 13 a inspector general de Tribunales y 4 a director de la Escuela de la Magistratura, según el balance que el Parlamento difundió en sus redes. Se disputan 34 cargos: 32 magistrados para las siete salas, un inspector y un director de la Escuela de la Magistratura.
Infografía INCÍSOS
100 aspirantes en 48 horas
El presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, dijo que el proceso comenzó «con buen pie» y que las solicitudes aumentarán en los próximos días. Para comparar: en el proceso de mayo, que se anuló, se inscribieron 532 aspirantes para 20 vacantes, según la lista que publicó la Asamblea.
El calendario
Lo que sí tiene el proceso es un cronograma. El comité lo aprobó a finales de octubre y prevé presentar a los candidatos seleccionados ante la plenaria de la Asamblea Nacional el 11 de diciembre, según El Diario. Es la fecha que encaja con la hoja de ruta de Washington: un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el comité busca nominar a los 32 magistrados antes de mediados de diciembre, como contamos aquí.
Infografía INCÍSOS
Seis semanas para un tribunal de 12 años
| Fecha | Etapa | Lo que hay que saber |
|---|---|---|
| 28 oct. – 12 nov. | Recepción de postulaciones | La convocatoria dice hasta el 11; el cronograma, hasta el 12. |
| Desde el 9 nov. | Revisión de expedientes y requisitos | Empieza antes de que cierre la recepción. |
| 16 – 27 nov. | Evaluaciones y entrevistas | Doce días para evaluar a los aspirantes de 34 cargos. |
| ¿? | Lista pública y objeciones | La ley da 15 días para que cualquier ciudadano objete. El cronograma difundido no las ubica. |
| 8 – 10 dic. | Revisión del Poder Ciudadano | Tres días. La ley le daba un lapso de 10 días continuos. |
| 11 dic. | Presentación ante la plenaria de la AN | La fecha que Washington tiene en la cabeza: «antes de mediados de diciembre». |
Lo que el calendario comprime
La reforma de septiembre fijó etapas con plazos propios. El cronograma las encaja en seis semanas, y en ese ajuste hay dos lapsos que pierden espacio:
- Las objeciones ciudadanas. La ley abre 15 días, desde que se publica la lista de aspirantes, para que cualquier ciudadano objete a un candidato con fundamento. El cronograma difundido no dice cuándo se publica la lista ni cuándo corren las objeciones. Si la recepción cierra el 12 de noviembre y las entrevistas terminan el 27, los 15 días de objeciones tendrían que correr al mismo tiempo que las evaluaciones.
- El Poder Ciudadano. La ley le da un lapso de 10 días continuos para revisar la preselección. El cronograma le asigna tres, del 8 al 10 de diciembre.
Hay además una incongruencia menor que conviene aclarar: la convocatoria dice que la recepción cierra el 11 de noviembre y el cronograma, que el 12. Y siguen abiertas las preguntas que planteamos al arrancar el proceso, como contamos aquí: si las carpetas del proceso anulado de mayo se incorporan sin una nueva postulación, si todos los miembros del comité pueden ver todos los expedientes, como reclamó la comisionada Raquel Sánchez según El Diario, y si habrá un baremo público. Ninguno de los balances difundidos hasta el viernes menciona criterios de evaluación.
Por qué importa la prisa
El nuevo TSJ será el árbitro de todo lo que viene: el nuevo CNE, las impugnaciones electorales, la vacante presidencial que Washington espera que se declare y las inhabilitaciones, incluida la de María Corina Machado. Sus magistrados estarán 12 años en el cargo. Machado pidió el jueves designar el TSJ, el CNE y la fecha electoral al mismo tiempo, como contamos aquí. El calendario del comité muestra que el TSJ va primero y con prisa.
El dato que falta del proceso
Que el proceso tenga fechas es una buena noticia en una transición que casi no las tiene. Pero un tribunal que durará 12 años no puede escogerse en seis semanas a costa de los lapsos que permiten al ciudadano objetar y al Poder Ciudadano revisar. Si el calendario no da para cumplir la ley, lo que se ajusta es el calendario, no la ley. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité publique la lista de aspirantes con sus credenciales, que fije en el cronograma los 15 días de objeciones, que respete los lapsos del Poder Ciudadano y que publique su baremo antes de entrevistar al primer candidato.
Para leer más en INCÍSOS
- Abren las postulaciones para escoger a los 32 magistrados del TSJ: los cinco pasos.
- Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos.
- Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: el TSJ en la hoja de ruta.
- El Baremo: cómo medir a los aspirantes.
Fuentes principales: Balance del Comité de Postulaciones Judiciales (30 de octubre de 2026), reseñado por El Estímulo, Contrapunto y El Nacional; El Diario, cronograma (24 de octubre); El Diario, irregularidades (28 de octubre); El Diario, proceso anulado (19 de junio); notas de INCÍSOS.
Política
Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos; estos son los suyos
Veinte años de hechos que el 3 de enero no borra.
POLÍTICA · PERFIL
La presidenta encargada se presenta como la persona con experiencia para conducir el cambio. Esa experiencia tiene un registro. Fue canciller cuando Venezuela rompió con la OEA, presidió la Constituyente que destituyó a la fiscal y aprobó la ley contra el odio, supervisó el Sebin como vicepresidenta y promovió la ley que permitió entregar empresas del Estado en secreto. El 3 de enero no borra nada de eso.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Un perfil de las decisiones y responsabilidades públicas de Delcy Rodríguez en los cargos que ocupó desde 2006. |
|---|---|
| Quién | Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde enero de 2026; antes canciller, presidenta de la Constituyente, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y de Hidrocarburos. |
| Cuándo | De 2006 a 2026. El perfil responde a la alocución del jueves 29 de octubre, en la que pidió que la midan «por los hechos». |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | Porque la presidenta encargada ya actúa como candidata y se presenta como reformista. Su historial es parte de lo que el país tiene que evaluar. |
| Cómo | Con registros públicos de cargos, decisiones de la Constituyente, informes de la Misión de la ONU, investigaciones de Transparencia Venezuela y prensa verificada. |
«Les pido que me midan por los hechos». Delcy Rodríguez lo dijo el jueves 29 de octubre desde Miraflores, en la alocución en la que prometió elecciones sin fecha y se presentó como la persona con la experiencia para conducir el cambio, como contamos aquí. Es una petición razonable. Y obliga a mirar todos los hechos, no solo los de los últimos diez meses.
Delcy Rodríguez no empezó a gobernar el 3 de enero de 2026. Lleva dos décadas en el poder, en cargos que dejaron decisiones con fecha, firma y consecuencias. Este perfil las ordena. No es un juicio penal, porque ningún tribunal la ha condenado, ni una lista de acusaciones sin pruebas. Es el registro público de lo que hizo quien hoy pide confianza para conducir la transición.
Infografía INCÍSOS
Veinte años dentro
| Años | Cargo | Lo que dejó |
|---|---|---|
| 2006 | Ministra del Despacho de la Presidencia | Seis meses con Hugo Chávez. |
| 2013-2014 | Ministra de Comunicación e Información | La voz del gobierno de Nicolás Maduro en su primer año. |
| 2014-2017 | Canciller | Suspensión de Venezuela en Mercosur (diciembre de 2016) y anuncio del retiro de la OEA (abril de 2017). Directiva de PDVSA (2015-2017). |
| 2017-2018 | Presidenta de la Constituyente | Destitución de la fiscal, ley contra el odio, adelanto de las presidenciales de 2018. |
| 2018-2026 | Vicepresidenta ejecutiva | Supervisión legal del Sebin. Muerte de Fernando Albán bajo custodia del Sebin (octubre de 2018). |
| 2020 | Vicepresidenta | Promueve la Ley Antibloqueo y sus «mecanismos de confidencialidad». |
| 2020-2024 | Ministra de Economía y Finanzas | Gestión de la economía tras la hiperinflación; transferencias opacas de empresas del Estado. |
| 2024-2026 | Ministra de Hidrocarburos | Contratos petroleros sin licitación pública, según Transparencia Venezuela. |
| 2026 | Presidenta encargada | Amnistía, reforma petrolera, salida de la lista de sancionados de EE.UU. El aparato represivo sigue intacto, según la ONU. |
La canciller que sacó a Venezuela de la OEA
Fue la primera mujer al frente de la Cancillería, desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. En esos años, Venezuela fue suspendida de Mercosur, en diciembre de 2016, y ella misma anunció, el 26 de abril de 2017, el inicio del proceso para retirar al país de la Organización de los Estados Americanos. Fue en plena ola de protestas de ese año, cuando la OEA se disponía a discutir la crisis venezolana.
En esos mismos años integró la directiva de PDVSA como vicepresidenta de Asuntos Internacionales, entre 2015 y 2017, según Transparencia Venezuela. Esa organización recoge que en 2017 se ordenó a Citgo firmar un contrato de 50 millones de dólares con una consultora vinculada al excongresista estadounidense David Rivera, cuya acusación en EE.UU. menciona una reunión con ella en Nueva York el 2 de abril de ese año. Rodríguez no ha sido acusada en ese caso.
La Constituyente: la fiscal, la ley contra el odio y la elección de 2018
El 4 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo electo sin la participación de la oposición y que se declaró por encima de todos los poderes. En los diez meses que la presidió, la Constituyente tomó estas decisiones, según el registro de sus actos y la Revista SIC:
- 5 de agosto de 2017: destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que había denunciado la ruptura del orden constitucional, y nombró a Tarek William Saab.
- 8 de agosto: decretó que todos los poderes públicos quedaban subordinados a la Constituyente.
- 16 de agosto: instaló una Comisión de la Verdad presidida por ella misma.
- 6 de noviembre: quitó la inmunidad al diputado opositor Freddy Guevara.
- 8 de noviembre: aprobó por unanimidad la ley contra el odio, con penas de hasta 20 años de cárcel.
- 20 de diciembre: obligó a los partidos que no participaron en las municipales a volver a inscribirse y eliminó la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
- 23 de enero de 2018: ordenó adelantar la elección presidencial para antes del 30 de abril.
Esa última decisión produjo la elección del 20 de mayo de 2018, que buena parte de la comunidad internacional no reconoció y que abrió la crisis de legitimidad de 2019. Y la ley contra el odio es la misma que la presidenta encargada reconoció el 29 de octubre que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. No dijo que la aprobó la Constituyente que ella presidía.
Por su papel en la Constituyente y en la crisis constitucional, Canadá la sancionó en septiembre de 2017; la Unión Europea, Suiza y el Senado de México, en 2018, y EE.UU. la incluyó en su lista de sancionados en septiembre de ese año, según su ficha biográfica.
La vicepresidenta y el Sebin
En junio de 2018 se convirtió en vicepresidenta ejecutiva, el cargo que ocupó hasta enero de 2026. La Vicepresidencia es el órgano rector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según Transparencia Venezuela. En su informe de septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU la incluye entre las figuras clave de la infraestructura de control y señala que, como vicepresidenta, ejercía la supervisión legal del Sebin «conociendo o debiendo conocer» las torturas y violaciones cometidas, sin actuar para prevenirlas ni castigarlas, según el resumen de El Nacional.
Cuatro meses después de su llegada a la Vicepresidencia, el 8 de octubre de 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió bajo custodia del Sebin en su sede de Plaza Venezuela. La versión oficial fue un suicidio. Su familia y el Foro Penal lo rechazan, y ocho años después el caso sigue sin esclarecerse, según El Diario. Durante su vicepresidencia, la misma Misión de la ONU concluyó que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad en la represión que siguió a la elección de julio de 2024, según Efecto Cocuyo.
El director del Sebin en esos años fue Gustavo González López, al frente del servicio de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. La Misión de la ONU concluyó en 2022 que tuvo conocimiento, participó y contribuyó en graves violaciones de derechos humanos. En enero de 2026, ya como presidenta encargada, Delcy Rodríguez lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El informe de la ONU de septiembre lo ubica hoy como ministro de la Defensa.
La ley que permitió entregar empresas en secreto
En octubre de 2020, la Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo a pedido de Maduro. Delcy Rodríguez fue una de sus principales promotoras. «La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información», explicó el 18 de octubre de 2020, cuando anunció que Venezuela recibiría inversiones sin revelar su procedencia. En noviembre la presentó en Moscú como «un salto estratégico» para proteger las inversiones rusas. Según la Voz de América, la ley permitía contratos confidenciales, desaplicar normas vigentes y disponer de activos estratégicos sin control de la Asamblea Nacional.
Con ella nació el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia. Bajo ese esquema, plantas expropiadas como Industrias Diana, Kellogg’s, Kimberly-Clark o Goodyear pasaron a ser operadas por privados mediante acuerdos que no se publicaron, en lo que una investigación de El Nacional llama una «privatización subrepticia». Entre 2020 y 2024, Rodríguez fue además ministra de Economía y Finanzas, y Transparencia Venezuela calcula que controlaba cerca del 40 % del presupuesto de 2024.
La ministra del petróleo
De agosto de 2024 a marzo de 2026 fue ministra de Hidrocarburos, sin dejar la Vicepresidencia. En ese periodo se firmaron Contratos de Participación Productiva con socios privados sin licitación pública ni control legislativo, según Transparencia Venezuela, que advierte que redujeron la participación de PDVSA. Es el mismo modelo de asociación con privados que, ya como presidenta encargada, amplió con la reforma de la Ley de Hidrocarburos de enero de 2026.
Lo que cambió desde el 3 de enero
Desde que asumió la presidencia encargada, Delcy Rodríguez firmó una ley de amnistía, abrió el petróleo al capital privado, excarceló presos políticos, aceptó la hoja de ruta de Washington y prometió elecciones. EE.UU. la sacó de su lista de sancionados el 1 de abril de 2026. Son hechos, y también cuentan.
Pero la Misión de la ONU concluyó en septiembre que el aparato represivo sigue intacto bajo su gestión, sin una ruptura real en los cuerpos de seguridad e inteligencia, según El Nacional. Y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave.
Lo que el cambio no borra
Las transiciones a menudo se negocian con quienes formaron parte del régimen anterior. Venezuela no será la excepción, y Washington ya decidió negociar con ella. Pero negociar con alguien no equivale a absolverlo. Que Delcy Rodríguez sea hoy una pieza necesaria de la transición no la convierte en la reformista que dice ser, ni la exime de responder por lo que hizo antes.
La alocución del 29 de octubre tiene en ese sentido una lógica clara. Admite el abuso de una ley, pero no que la aprobó su Constituyente. Ofrece devolver empresas, pero no explica las que se entregaron en secreto bajo la ley que ella promovió. Pide que la midan por los hechos, pero solo por los que empiezan en 2026.
Lo que debe demostrar el cambio
El cambio se demuestra reconociendo lo hecho, no reescribiendo la biografía. La presidenta encargada puede ser parte de la salida, y también es parte de lo que llevó al país a necesitarla. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que sus hechos se midan completos: que se deroguen la ley contra el odio y la Ley Antibloqueo, que se publiquen los contratos firmados en secreto, que se esclarezca la muerte de Fernando Albán y que los responsables de la represión dejen de mandar.
Para leer más en INCÍSOS
- Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos y no da fecha: la alocución del 29 de octubre.
- Delcy Rodríguez admite abusos de la ley del odio y limita detenciones: lo que reconoció y lo que calló.
- La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.
Fuentes principales: Transparencia Venezuela (enero de 2026); El Nacional, informe de la Misión de la ONU (septiembre de 2026); El Nacional, investigación sobre empresas expropiadas (octubre de 2026); registro de la Constituyente de 2017; Revista SIC; EFE, vía El Día; Voz de América; El Observador; Foro Penal; El Diario; Efecto Cocuyo; El Líbero; El Diario, sanciones; ficha biográfica.
Política
El TPS de los venezolanos volvería el 6 de noviembre, por ahora
Una victoria real, pero frágil.
POLÍTICA · MIGRACIÓN
Un panel de tres jueces del Noveno Circuito rechazó el viernes la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener suspendido el fallo que declaró ilegal el fin del TPS para venezolanos. Según Bloomberg Law, la protección volvería a regir el 6 de noviembre. Es una victoria real, pero frágil: el caso sigue abierto, la Corte Suprema ya cambió las reglas y el Gobierno todavía puede volver a ella.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito negó la suspensión que pidió el Gobierno sobre la orden del tribunal de distrito que protege el TPS de los venezolanos. |
|---|---|
| Quién | Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone; la Alianza Nacional TPS y beneficiarios venezolanos, contra el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el Gobierno de EE.UU. |
| Cuándo | La orden se registró el viernes 30 de octubre de 2026. El TPS volvería a regir el viernes 6 de noviembre, según Bloomberg Law. |
| Dónde | Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco. El caso nació en el tribunal federal del distrito norte de California. |
| Por qué | Tras la decisión de la Corte Suprema del 5 de octubre, el Gobierno pidió que la orden de primera instancia siguiera congelada mientras se revisa el caso. El panel no se la concedió. |
| Cómo | Con una orden publicada del panel. El Gobierno puede pedir de nuevo la suspensión a la Corte Suprema. |
Después de un año de reveses, una decisión judicial devuelve el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en EE.UU. en lugar de quitárselo. El viernes 30 de octubre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener suspendida la orden que declaró ilegal el fin del programa. Según Bloomberg Law, citado por La Patilla y otros medios, las protecciones contra la deportación volverían a regir el 6 de noviembre.
La noticia es buena para cientos de miles de familias. También es provisional, y conviene entender por qué antes de celebrar o de tomar decisiones.
Lo que decidió el tribunal
La orden lleva la firma de los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone, y está marcada para publicación. Empieza por recordar lo que pasó el 5 de octubre: la Corte Suprema anuló la sentencia anterior del Noveno Circuito en el caso de la Alianza Nacional TPS y le devolvió el expediente para que lo revisara a la luz de Mullin v. Doe. Ese mismo día, dice la orden, el Gobierno pidió suspender la orden del tribunal de distrito mientras se resolvía la apelación, y quería que esa suspensión entrara en vigor «inmediatamente» cuando la Corte Suprema emitiera formalmente su sentencia.
El panel dijo que no. Sin una nueva suspensión, la orden del juez Edward Chen, que en septiembre de 2025 declaró ilegal la decisión de la entonces secretaria Kristi Noem de anular la extensión del TPS y terminar el programa, vuelve a tener efecto. La fecha del 6 de noviembre coincide con los 32 días que, según las reglas de la Corte Suprema, tarda en enviarse su sentencia al tribunal inferior después de una decisión como la del 5 de octubre. Ese día se acaba la suspensión que la Corte Suprema había dictado en octubre de 2025.
Cómo se llegó hasta aquí
Infografía INCÍSOS
Veinte meses de idas y vueltas
| Fecha | Qué pasó |
|---|---|
| Feb. 2025 | Kristi Noem anula la extensión del TPS de 2023 y lo da por terminado. La Alianza Nacional TPS demanda. |
| Sep. 2025 | El juez Edward Chen, en California, declara ilegal esa decisión. |
| Oct. 2025 | La Corte Suprema suspende el fallo de Chen. Termina el TPS de 2023. |
| 7 nov. 2025 | Termina también el TPS de 2021, según el aviso del DHS. |
| Ene. 2026 | El Noveno Circuito confirma que la terminación fue ilegal. |
| 25 jun. 2026 | La Corte Suprema, en Mullin v. Doe, limita la revisión judicial de las terminaciones de TPS. |
| 2 oct. 2026 | Vence el último grupo de permisos protegidos por una orden judicial, unas 5.000 personas. |
| 5 oct. 2026 | La Corte Suprema anula la sentencia del Noveno Circuito y le devuelve el caso. El Gobierno pide otra suspensión. |
| 30 oct. 2026 | El Noveno Circuito rechaza esa suspensión. |
| 6 nov. 2026 | Fecha en la que, según los reportes, el TPS volvería a estar vigente. |
El programa ha cambiado de manos tantas veces que muchos venezolanos ya no saben si tienen protección o no. La Alianza Nacional TPS calcula que la orden de Chen, si entra en vigor, restablecería el TPS para unos 600.000 venezolanos, según su comunicado del 16 de octubre. Son los beneficiarios de las designaciones de 2021 y 2023, que el Gobierno dio por terminadas en 2025.
Por qué la victoria es frágil
Hay tres razones para la prudencia. La primera es que el caso no está resuelto. El Noveno Circuito todavía tiene que revisar el fondo a la luz de Mullin v. Doe, la sentencia del 25 de junio en la que la Corte Suprema, por seis votos contra tres, dijo que la ley del TPS impide a los tribunales revisar las demandas no constitucionales contra la designación o la terminación de un país, según el resumen del caso. Ese criterio favorece al Gobierno.
La segunda es que el Gobierno puede volver a pedir la suspensión a la Corte Suprema antes del 6 de noviembre. Ya lo hizo con éxito en 2025. La tercera es el contexto: el jueves 29, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que revierte beneficios migratorios de unos 2,2 millones de personas, incluido el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo, según Moncloa. El Gobierno no está en modo de ceder.
Lo que todavía no se sabe
- Qué documentos valdrán, y hasta cuándo. La extensión que anuló Noem llegaba hasta el 2 de octubre de 2026, una fecha que ya pasó. Cómo se traduce el fallo en permisos de trabajo vigentes es algo que tendrá que aclarar el USCIS.
- Si la Corte Suprema volverá a intervenir. Una nueva suspensión dejaría todo como está hoy.
- Qué pasa con quienes ya perdieron el empleo o fueron deportados. El fallo protege hacia adelante, pero no repara lo que ya ocurrió.
Qué hacer si tienes o tuviste TPS
No tomes decisiones por un titular. Guarda tus documentos, aunque estén vencidos. Espera el aviso oficial del USCIS, que se publica en su página del TPS, antes de presentarte con un permiso a tu empleador. Consulta con un abogado de inmigración o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia, y desconfía de quien te cobre por «tramitar» el regreso del TPS antes de que haya instrucciones oficiales. Los empleadores que revisan formularios I-9 también esperarán esas instrucciones, como explica Latin Times.
La paradoja de Washington
Hay una contradicción que atraviesa este caso. El Gobierno de EE.UU. defiende en los tribunales que Venezuela ya no justifica una protección humanitaria, mientras su Departamento de Estado describe una transición que no tiene todavía fechas, como contamos aquí. La presidenta encargada le pone calendario a la luz y no a la elección, como contamos aquí. Los venezolanos que viven en EE.UU. miran las dos cosas a la vez: si pueden quedarse aquí, y cuándo podrían volver allá.
Criterio INCÍSOS
El fallo del Noveno Circuito es la mejor noticia judicial que han recibido los venezolanos con TPS en más de un año, y merece leerse como tal. Pero no es el final del caso, y vender certezas sería irresponsable. La protección depende de una fecha, de que la Corte Suprema no intervenga antes y de que el USCIS publique cómo se aplica. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que llegue el 6 de noviembre sin una nueva suspensión y que el Gobierno diga, por escrito, qué documentos valen.
Para leer más en INCÍSOS
- Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: la hoja de ruta del Departamento de Estado.
- La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.
- La luz tiene fecha; la elección, no: la apertura del viernes.
Fuentes principales: Orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en National TPS Alliance v. Mullin (30 de octubre de 2026); Bloomberg Law, citado por La Patilla (30 de octubre); La Nación; Latin Times; Alianza Nacional TPS; Mullin v. Doe; Moncloa.
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