Política
El votante latinoamericano dejó de votar y empezó a comentar
El informe regional del PNUD describe una transformación estructural del espacio público latinoamericano que afecta directamente cómo la diáspora se informa.
El primer informe regional del PNUD en 22 años dedica dos capítulos a las dos presiones más nuevas sobre la democracia latinoamericana: la polarización política y la transformación digital del espacio público. El cruce entre ambas produce el dato más severo del informe. Más del 60% de los ciudadanos desconfía de las redes sociales y, al mismo tiempo, más del 60% las usa como fuente principal de noticias. —
El dato que no se sostiene en su contradicción
El dato que el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD entrega sobre la relación entre los latinoamericanos y las redes sociales es de los que se quedan. En países como Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile y Perú, más del 60% de los ciudadanos desconfía de las redes sociales, y al mismo tiempo entre el 57% y el 66% de ellos las usa como fuente principal de noticias.
Seis de cada diez personas no creen en lo que ven en redes. Y seis de cada diez personas lo usan como su forma principal de informarse. Conviven, en el mismo ciudadano, la desconfianza explícita y la dependencia funcional. Es uno de los datos más raros de las ciencias sociales contemporáneas. Y es también el sustrato sobre el que opera ahora la política regional.
El informe del PNUD, publicado el lunes 11 de mayo de 2026, dedica el capítulo cinco completo a lo que llama «democracias bajo presión digital». Y el capítulo cuatro a la polarización política. Leídos juntos, esos dos capítulos describen una transformación del espacio público latinoamericano que no es coyuntural. Es estructural. Y afecta directamente la forma en que los 62 millones de hispanos en Estados Unidos consumen información sobre sus países de origen.
De ciudadano a espectador
La frase más severa del informe sobre la salud del votante regional es esta, en el capítulo dos: en ausencia de organizaciones partidistas sólidas, «el votante tiende a convertirse más en un espectador o un comentarista que en un ciudadano con capacidad efectiva de incidir en los resultados políticos».
La frase es de un organismo de la ONU. No de un columnista. No es exageración retórica. Es diagnóstico.
Lo que el informe describe es una transformación profunda de la representación política. Los partidos políticos regionales perdieron sus raíces sociales. Dejaron de ser organizaciones con presencia territorial, militancia activa y plataformas programáticas estables. Se volvieron etiquetas electorales. Vehículos de candidatos personalistas. Estructuras que se arman para la elección y se desactivan después.
En ese hueco, las plataformas digitales tomaron el espacio. Los líderes políticos hablan directamente a sus seguidores sin mediación partidaria. Los seguidores responden sin mediación organizativa. La política se vuelve una conversación de muchos a uno y de uno a muchos, con poca o ninguna deliberación entre pares. El ciudadano que antes participaba en una asamblea de partido o en una reunión de base, hoy comenta un video.
La polarización como producto
El informe define la polarización política con cuidado. No es desacuerdo. El desacuerdo es saludable y propio de cualquier democracia. La polarización es algo distinto: es cuando el desacuerdo se vuelve identitario. Cuando el otro no es alguien con quien se discrepa sino alguien que pone en riesgo lo que uno es.
En lenguaje técnico, el informe la llama «polos de identificación y alienación». En lenguaje cotidiano, es la conversación familiar que se rompe en Navidad por un tema político. Es el grupo de mensajería donde se dejan de hablar primos que crecieron juntos. Es la cuñada que ya no llama. Y al final, en algunos países, es la violencia política que aumenta.
Los datos son contundentes. El índice regional de polarización pasó de 2,4 en el año 2000 a 3,4 en 2024 en una escala de 4. América Latina y el Caribe registran el nivel más alto de polarización política del mundo. Cuatro de los diez países con mayor nivel de violencia política del planeta están en la región.
Cómo opera la presión digital
El informe identifica con precisión el papel de las plataformas. No se queda en la queja superficial sobre redes sociales. Hace un diagnóstico técnico de cómo opera la presión digital sobre la democracia.
Primer mecanismo: la transformación de la esfera pública. Quién habla en política regional ya no se decide en los medios tradicionales, en los partidos ni en las redacciones. Se decide en algoritmos diseñados para maximizar tiempo de atención. Esos algoritmos premian el contenido emocional sobre el contenido informativo. Premian la indignación sobre el matiz. No por ideología. Por ingeniería.
Segundo mecanismo: la desinformación como distorsión sistémica. No es que circulen mentiras esporádicas. Es que la desinformación opera como característica estructural del ecosistema. El costo marginal de producir una noticia falsa convincente es cercano a cero, y desde 2024 con la inteligencia artificial generativa ese costo bajó a literalmente cero.
Tercer mecanismo: la presión sobre los mecanismos democráticos formales. Las autoridades electorales pierden credibilidad porque su trabajo lento y procedimental no compite bien con narrativas de fraude lanzadas en tiempo real.
La violencia digital contra mujeres en política
Hay una sección del informe que merece estar en cualquier conversación seria sobre democracia digital. Dice que en algunos países de la región hasta cuatro de cada diez interacciones digitales dirigidas a mujeres en cargos políticos son consideradas violentas. Cuatro de cada diez. No molestas. Violentas, en el sentido de amenazas directas, acoso sostenido, agresión verbal explícita o difamación organizada.
El informe documenta que América Latina y el Caribe son líderes mundiales en representación femenina en parlamentos. Esa inclusión formal «convive con barreras persistentes y con nuevas formas de exclusión, entre ellas la creciente violencia política contra las mujeres, particularmente en los espacios digitales».
El sistema admitió a las mujeres por la puerta de la representación formal, y al mismo tiempo construyó un canal digital para castigarlas.
El consumidor hispano en EE.UU.
Para los 62 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, el diagnóstico del informe tiene una traducción concreta. La forma en que se enteran de lo que pasa en sus países de origen pasa, en una proporción cada vez mayor, por las mismas plataformas que el PNUD describe como problemáticas.
Cuando un venezolano en Houston quiere saber qué pasa en Caracas, abre una red social antes que una página web. Cuando un mexicano en Los Ángeles quiere saber qué dijo Sheinbaum, lo más probable es que vea un clip antes que leer una nota. Cuando una colombiana en Miami quiere entender la coyuntura de su país, lo busca en una red social. Y todos esos contenidos, en español, están sometidos a los mismos algoritmos, los mismos sesgos amplificatorios, las mismas dinámicas de polarización y los mismos circuitos de desinformación.
A esto se suma una capa adicional. Las plataformas en español que operan para audiencia hispana en Estados Unidos suelen tener menos moderación de contenido, menos verificación factual y menos curaduría editorial que sus contrapartes en inglés. El español es mercado secundario para las grandes plataformas tecnológicas. Eso significa que la desinformación política en español tiene aún menos contrapesos que la desinformación política en inglés.
El hispano en Estados Unidos vive entonces en dos esferas públicas digitales degradadas al mismo tiempo: la de su país de origen y la del país donde vive. Y procesa con esa información sus decisiones políticas, sus opiniones sobre la diáspora, sus posiciones sobre la migración, sus votos en elecciones locales y nacionales.
Lo que el informe propone
El último capítulo del informe ofrece una agenda para la presión digital sobre las democracias. Tres líneas: agenda integrada para fortalecer las democracias en la era digital, regulación responsable de las plataformas, y educación cívica digital.
Son propuestas razonables. También son insuficientes. El informe es producto de un organismo internacional que no puede confrontar a las plataformas en su propio terreno. Puede señalarlas, puede pedirles cosas, no puede regularlas. Esa tarea queda en manos de los gobiernos nacionales, que es exactamente donde el propio informe documenta que la capacidad estatal es heterogénea y débil. El círculo se cierra.
Lo que el informe no dice pero permite leer es que la única salida sostenible es la que reconstruye desde abajo el ecosistema informativo. Medios verificados, periodismo de calidad, suscripciones directas a fuentes con criterio, alfabetización digital ciudadana, partidos políticos con presencia real, organizaciones de sociedad civil con fondos estables. Nada de eso es viral. Todo eso es trabajoso. Y es la única vía que el informe sugiere sin nombrar.
El votante latinoamericano, dice el informe, se volvió espectador o comentarista. Esa es la mala noticia. La buena noticia, leída entre líneas, es que ese mismo votante puede dejar de serlo. La pregunta es si la región y su diáspora van a hacer el esfuerzo de reconstruir, una a una, las condiciones para que eso ocurra. O si vamos a seguir comentando hasta que ya no quede nada que comentar.
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Fuentes principales
- Informe «Democracias bajo presión», PNUD, capítulos 4 y 5, 11 de mayo de 2026.
- Reuters Digital News Report 2023.
- Latinobarómetro 2025.
- Monitoreos sociales regionales sobre violencia política digital citados en el informe.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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FIRMAS · GUSTAVO TOVAR-ARROYO
Venezuela es una cuerda tensada entre Trump, los hermanos Rodríguez, los militares estadounidenses, el aparato represivo chavista y una sociedad exhausta de esperar. Una democracia postergada es una dictadura renovada, y la tensión necesita una salida institucional antes de que se convierta en tragedia.
Trump, el conquistador
Cuarenta y cinco minutos bastaron para desnudar treinta años de bravuconería chavista. Trump, el conquistador, convirtió la épica de Chávez en una opereta de payasos uniformados. Me hubiese fascinado que la coñamentazón que le metieron a Maduro se la hubiesen propinado a Hugo, su «amado supremo», y a su cohorte de generales de pecho inflado y de medallas infinitas que terminaron cagados la noche de las luciérnagas metálicas gringas. No se me dio: se llevaron a Maduro y a Cilia, los héroes de plástico. La humillación al chavismo fue monumental; lo sigue siendo.
La historia posee un sentido del humor particularmente cruel: los mismos que prometieron convertir Venezuela en un Vietnam tropical, once meses después, se arrodillan frente al conquistador. Lo adoran.
Tanta pólvora retórica terminó en una rendición tragicómica.
El rodrigato y la bomba de tiempo
Los hermanos Rodríguez comprendieron antes que nadie que el chavismo había dejado de ser una revolución y se había convertido en una mercancía. Su colaboración en la entrega de Maduro merece un capítulo singular en la historia de las traiciones políticas de América. No miento: agradezco la traición, pero no la confundo con «virtud» de los traidores. Fue un negocio para adueñarse del poder. Y lo hicieron. Para conservarlo, entregan al conquistador lo que le plazca: petróleo, minas, riquezas y soberanía. Todo. Incluso a ti, chavista pendejo.
Tienen un problema: la docilidad ante Washington no garantiza legitimidad en Venezuela. El pueblo esperaba una liberación, no una sustitución de gestores ni una entrega inhumana de nuestros recursos.
Trump los usa, y no entiende que Venezuela es una bomba de tiempo.
Coitus interruptus
Perdonen la analogía: la transición venezolana ha sido un coitus interruptus. Después de la captura de Maduro, Venezuela tuvo una erección moral y, pese a los avances, en el momento de mayor entusiasmo y placer se evitó la eyaculación (histórica) y, lo peor, el goce se ha desvanecido. La economía continúa exhausta, el comercio no despega y la democracia permanece atrapada en los interminables preliminares del poder. Para completar el desencanto, Washington escogió como interlocutor petrolero a Alejandro Betancourt, el «comandante bolichico», un error tan inaudito como desmoralizante.
La pregunta resulta inevitable: ¿se pretende reconstruir Venezuela o simplemente administrar sus riquezas mediante los mismos mecanismos corruptos que la destruyeron?
El placer de la libertad no admite orgasmos inconclusos. No más.
El apoteósico regreso de María Corina
Nadie parecía preparado para la dimensión histórica del regreso de María Corina Machado. Ni ella. Las multitudes, los abrazos, las lágrimas, la euforia de un pueblo que reconocía en su presencia una esperanza largamente postergada. Ahora la tenía allí, y ella se tenía, a su vez, en el encantamiento popular: era ella y era el pueblo, entre todos, Venezuela; o mejor, la nueva Venezuela. Hay acontecimientos que modifican la geometría política de una nación, y este retorno ha sido uno de ellos. Washington negocia con quienes han regido —a coñazo limpio— Venezuela; ella moviliza a los millones que reclamamos recuperarla.
Unos pocos —infames— chavistas frente a millones —esperanzados— de venezolanos. Dos legitimidades distintas: una nace de la traición del poder; la otra, de la fuerza del poder popular. Confundirlas es un error histórico.
El pueblo, la mayoría, está a tiro de una rebelión popular total.
Tensión
Venezuela se ha convertido en una cuerda tensada entre fuerzas contradictorias: Trump y sus intereses estratégicos, los Rodríguez y su supervivencia política, los militares estadounidenses y su responsabilidad ante una eventual crisis, el aparato represivo chavista y una sociedad —millones— exhausta de esperar. Hay que entender que una democracia postergada es una dictadura renovada. Si María Corina se lo propusiese, encendería al país. No lo hará, claro, pero todo tiene su límite. ¿Qué harían los marines estadounidenses ante una rebelión popular? ¿Atacarían a los manifestantes o neutralizarían a los aparatos represivos del chavismo?
No estamos únicamente ante una crisis política. El deterioro económico, la frustración social y la ausencia de un horizonte democrático verificable alimentan el riesgo de un conflicto social. Está ahí, cerquita.
Venezuela vive suspendida entre la esperanza y la desesperación.
¿Votos o balas?
La tensión necesita una salida institucional antes de transformarse en tragedia. Estados Unidos y el conquistador no solo deben garantizar el tránsito hacia la recuperación económica: deben garantizar la libertad y establecer un calendario electoral creíble, o se meterán en el lío de su historia. A sus socios, los Rodríguez, les deberán buscar una salida digna lo antes posible. María Corina puede contribuir a contener las tensiones y a encauzar las demandas populares por vías pacíficas, pero no puede cargar con el peso de una transición inconclusa. Ni ella ni nadie.
Ojalá Washington comprenda que la estabilidad no consiste solamente en evitar una rebelión, sino en construir las condiciones que hagan innecesaria cualquier confrontación.
Cuando la política se niega a escuchar, la historia habla a gritos.
(Y los gritos políticos no escuchados terminan en balas).
Gustavo Tovar-Arroyo es activista de derechos humanos, abogado, director, poeta y educador. En X: @tovarr.
Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de su autor.
Política
El TSJ suma 100 aspirantes en 48 horas y apunta a diciembre
Seis semanas para un tribunal de 12 años.
POLÍTICA · EL NUEVO TSJ
En las primeras 48 horas, el Comité de Postulaciones Judiciales recibió 100 candidaturas, 83 de ellas para los 32 puestos de magistrado. El cronograma oficial prevé presentar a los elegidos ante la Asamblea el 11 de diciembre, justo a tiempo para la meta de Washington. Para cumplirlo, comprime los lapsos que dan voz a los ciudadanos y al Poder Ciudadano.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El primer balance de la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura. |
|---|---|
| Quién | El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello. |
| Cuándo | Balance al jueves 29 de octubre de 2026, difundido el viernes 30. La recepción cierra el 11 o el 12 de noviembre. |
| Dónde | Sede de la Asamblea Nacional, en Caracas. |
| Por qué | La reforma de la Ley Orgánica del TSJ ordenó renovar a todos los magistrados. Es el primer paso de la hoja de ruta de la transición. |
| Cómo | Con postulaciones en persona. Después vienen la revisión, las entrevistas, las objeciones, el Poder Ciudadano y la votación en la Asamblea. |
Cien aspirantes en 48 horas. Es el primer balance del Comité de Postulaciones Judiciales, que abrió el miércoles 28 de octubre la recepción de candidaturas para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Al cierre del jueves 29, 83 abogados se habían postulado a magistrado, 13 a inspector general de Tribunales y 4 a director de la Escuela de la Magistratura, según el balance que el Parlamento difundió en sus redes. Se disputan 34 cargos: 32 magistrados para las siete salas, un inspector y un director de la Escuela de la Magistratura.
Infografía INCÍSOS
100 aspirantes en 48 horas
El presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, dijo que el proceso comenzó «con buen pie» y que las solicitudes aumentarán en los próximos días. Para comparar: en el proceso de mayo, que se anuló, se inscribieron 532 aspirantes para 20 vacantes, según la lista que publicó la Asamblea.
El calendario
Lo que sí tiene el proceso es un cronograma. El comité lo aprobó a finales de octubre y prevé presentar a los candidatos seleccionados ante la plenaria de la Asamblea Nacional el 11 de diciembre, según El Diario. Es la fecha que encaja con la hoja de ruta de Washington: un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el comité busca nominar a los 32 magistrados antes de mediados de diciembre, como contamos aquí.
Infografía INCÍSOS
Seis semanas para un tribunal de 12 años
| Fecha | Etapa | Lo que hay que saber |
|---|---|---|
| 28 oct. – 12 nov. | Recepción de postulaciones | La convocatoria dice hasta el 11; el cronograma, hasta el 12. |
| Desde el 9 nov. | Revisión de expedientes y requisitos | Empieza antes de que cierre la recepción. |
| 16 – 27 nov. | Evaluaciones y entrevistas | Doce días para evaluar a los aspirantes de 34 cargos. |
| ¿? | Lista pública y objeciones | La ley da 15 días para que cualquier ciudadano objete. El cronograma difundido no las ubica. |
| 8 – 10 dic. | Revisión del Poder Ciudadano | Tres días. La ley le daba un lapso de 10 días continuos. |
| 11 dic. | Presentación ante la plenaria de la AN | La fecha que Washington tiene en la cabeza: «antes de mediados de diciembre». |
Lo que el calendario comprime
La reforma de septiembre fijó etapas con plazos propios. El cronograma las encaja en seis semanas, y en ese ajuste hay dos lapsos que pierden espacio:
- Las objeciones ciudadanas. La ley abre 15 días, desde que se publica la lista de aspirantes, para que cualquier ciudadano objete a un candidato con fundamento. El cronograma difundido no dice cuándo se publica la lista ni cuándo corren las objeciones. Si la recepción cierra el 12 de noviembre y las entrevistas terminan el 27, los 15 días de objeciones tendrían que correr al mismo tiempo que las evaluaciones.
- El Poder Ciudadano. La ley le da un lapso de 10 días continuos para revisar la preselección. El cronograma le asigna tres, del 8 al 10 de diciembre.
Hay además una incongruencia menor que conviene aclarar: la convocatoria dice que la recepción cierra el 11 de noviembre y el cronograma, que el 12. Y siguen abiertas las preguntas que planteamos al arrancar el proceso, como contamos aquí: si las carpetas del proceso anulado de mayo se incorporan sin una nueva postulación, si todos los miembros del comité pueden ver todos los expedientes, como reclamó la comisionada Raquel Sánchez según El Diario, y si habrá un baremo público. Ninguno de los balances difundidos hasta el viernes menciona criterios de evaluación.
Por qué importa la prisa
El nuevo TSJ será el árbitro de todo lo que viene: el nuevo CNE, las impugnaciones electorales, la vacante presidencial que Washington espera que se declare y las inhabilitaciones, incluida la de María Corina Machado. Sus magistrados estarán 12 años en el cargo. Machado pidió el jueves designar el TSJ, el CNE y la fecha electoral al mismo tiempo, como contamos aquí. El calendario del comité muestra que el TSJ va primero y con prisa.
El dato que falta del proceso
Que el proceso tenga fechas es una buena noticia en una transición que casi no las tiene. Pero un tribunal que durará 12 años no puede escogerse en seis semanas a costa de los lapsos que permiten al ciudadano objetar y al Poder Ciudadano revisar. Si el calendario no da para cumplir la ley, lo que se ajusta es el calendario, no la ley. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité publique la lista de aspirantes con sus credenciales, que fije en el cronograma los 15 días de objeciones, que respete los lapsos del Poder Ciudadano y que publique su baremo antes de entrevistar al primer candidato.
Para leer más en INCÍSOS
- Abren las postulaciones para escoger a los 32 magistrados del TSJ: los cinco pasos.
- Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos.
- Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: el TSJ en la hoja de ruta.
- El Baremo: cómo medir a los aspirantes.
Fuentes principales: Balance del Comité de Postulaciones Judiciales (30 de octubre de 2026), reseñado por El Estímulo, Contrapunto y El Nacional; El Diario, cronograma (24 de octubre); El Diario, irregularidades (28 de octubre); El Diario, proceso anulado (19 de junio); notas de INCÍSOS.
Política
Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos; estos son los suyos
Veinte años de hechos que el 3 de enero no borra.
POLÍTICA · PERFIL
La presidenta encargada se presenta como la persona con experiencia para conducir el cambio. Esa experiencia tiene un registro. Fue canciller cuando Venezuela rompió con la OEA, presidió la Constituyente que destituyó a la fiscal y aprobó la ley contra el odio, supervisó el Sebin como vicepresidenta y promovió la ley que permitió entregar empresas del Estado en secreto. El 3 de enero no borra nada de eso.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Un perfil de las decisiones y responsabilidades públicas de Delcy Rodríguez en los cargos que ocupó desde 2006. |
|---|---|
| Quién | Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde enero de 2026; antes canciller, presidenta de la Constituyente, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y de Hidrocarburos. |
| Cuándo | De 2006 a 2026. El perfil responde a la alocución del jueves 29 de octubre, en la que pidió que la midan «por los hechos». |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | Porque la presidenta encargada ya actúa como candidata y se presenta como reformista. Su historial es parte de lo que el país tiene que evaluar. |
| Cómo | Con registros públicos de cargos, decisiones de la Constituyente, informes de la Misión de la ONU, investigaciones de Transparencia Venezuela y prensa verificada. |
«Les pido que me midan por los hechos». Delcy Rodríguez lo dijo el jueves 29 de octubre desde Miraflores, en la alocución en la que prometió elecciones sin fecha y se presentó como la persona con la experiencia para conducir el cambio, como contamos aquí. Es una petición razonable. Y obliga a mirar todos los hechos, no solo los de los últimos diez meses.
Delcy Rodríguez no empezó a gobernar el 3 de enero de 2026. Lleva dos décadas en el poder, en cargos que dejaron decisiones con fecha, firma y consecuencias. Este perfil las ordena. No es un juicio penal, porque ningún tribunal la ha condenado, ni una lista de acusaciones sin pruebas. Es el registro público de lo que hizo quien hoy pide confianza para conducir la transición.
Infografía INCÍSOS
Veinte años dentro
| Años | Cargo | Lo que dejó |
|---|---|---|
| 2006 | Ministra del Despacho de la Presidencia | Seis meses con Hugo Chávez. |
| 2013-2014 | Ministra de Comunicación e Información | La voz del gobierno de Nicolás Maduro en su primer año. |
| 2014-2017 | Canciller | Suspensión de Venezuela en Mercosur (diciembre de 2016) y anuncio del retiro de la OEA (abril de 2017). Directiva de PDVSA (2015-2017). |
| 2017-2018 | Presidenta de la Constituyente | Destitución de la fiscal, ley contra el odio, adelanto de las presidenciales de 2018. |
| 2018-2026 | Vicepresidenta ejecutiva | Supervisión legal del Sebin. Muerte de Fernando Albán bajo custodia del Sebin (octubre de 2018). |
| 2020 | Vicepresidenta | Promueve la Ley Antibloqueo y sus «mecanismos de confidencialidad». |
| 2020-2024 | Ministra de Economía y Finanzas | Gestión de la economía tras la hiperinflación; transferencias opacas de empresas del Estado. |
| 2024-2026 | Ministra de Hidrocarburos | Contratos petroleros sin licitación pública, según Transparencia Venezuela. |
| 2026 | Presidenta encargada | Amnistía, reforma petrolera, salida de la lista de sancionados de EE.UU. El aparato represivo sigue intacto, según la ONU. |
La canciller que sacó a Venezuela de la OEA
Fue la primera mujer al frente de la Cancillería, desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. En esos años, Venezuela fue suspendida de Mercosur, en diciembre de 2016, y ella misma anunció, el 26 de abril de 2017, el inicio del proceso para retirar al país de la Organización de los Estados Americanos. Fue en plena ola de protestas de ese año, cuando la OEA se disponía a discutir la crisis venezolana.
En esos mismos años integró la directiva de PDVSA como vicepresidenta de Asuntos Internacionales, entre 2015 y 2017, según Transparencia Venezuela. Esa organización recoge que en 2017 se ordenó a Citgo firmar un contrato de 50 millones de dólares con una consultora vinculada al excongresista estadounidense David Rivera, cuya acusación en EE.UU. menciona una reunión con ella en Nueva York el 2 de abril de ese año. Rodríguez no ha sido acusada en ese caso.
La Constituyente: la fiscal, la ley contra el odio y la elección de 2018
El 4 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo electo sin la participación de la oposición y que se declaró por encima de todos los poderes. En los diez meses que la presidió, la Constituyente tomó estas decisiones, según el registro de sus actos y la Revista SIC:
- 5 de agosto de 2017: destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que había denunciado la ruptura del orden constitucional, y nombró a Tarek William Saab.
- 8 de agosto: decretó que todos los poderes públicos quedaban subordinados a la Constituyente.
- 16 de agosto: instaló una Comisión de la Verdad presidida por ella misma.
- 6 de noviembre: quitó la inmunidad al diputado opositor Freddy Guevara.
- 8 de noviembre: aprobó por unanimidad la ley contra el odio, con penas de hasta 20 años de cárcel.
- 20 de diciembre: obligó a los partidos que no participaron en las municipales a volver a inscribirse y eliminó la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
- 23 de enero de 2018: ordenó adelantar la elección presidencial para antes del 30 de abril.
Esa última decisión produjo la elección del 20 de mayo de 2018, que buena parte de la comunidad internacional no reconoció y que abrió la crisis de legitimidad de 2019. Y la ley contra el odio es la misma que la presidenta encargada reconoció el 29 de octubre que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. No dijo que la aprobó la Constituyente que ella presidía.
Por su papel en la Constituyente y en la crisis constitucional, Canadá la sancionó en septiembre de 2017; la Unión Europea, Suiza y el Senado de México, en 2018, y EE.UU. la incluyó en su lista de sancionados en septiembre de ese año, según su ficha biográfica.
La vicepresidenta y el Sebin
En junio de 2018 se convirtió en vicepresidenta ejecutiva, el cargo que ocupó hasta enero de 2026. La Vicepresidencia es el órgano rector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según Transparencia Venezuela. En su informe de septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU la incluye entre las figuras clave de la infraestructura de control y señala que, como vicepresidenta, ejercía la supervisión legal del Sebin «conociendo o debiendo conocer» las torturas y violaciones cometidas, sin actuar para prevenirlas ni castigarlas, según el resumen de El Nacional.
Cuatro meses después de su llegada a la Vicepresidencia, el 8 de octubre de 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió bajo custodia del Sebin en su sede de Plaza Venezuela. La versión oficial fue un suicidio. Su familia y el Foro Penal lo rechazan, y ocho años después el caso sigue sin esclarecerse, según El Diario. Durante su vicepresidencia, la misma Misión de la ONU concluyó que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad en la represión que siguió a la elección de julio de 2024, según Efecto Cocuyo.
El director del Sebin en esos años fue Gustavo González López, al frente del servicio de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. La Misión de la ONU concluyó en 2022 que tuvo conocimiento, participó y contribuyó en graves violaciones de derechos humanos. En enero de 2026, ya como presidenta encargada, Delcy Rodríguez lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El informe de la ONU de septiembre lo ubica hoy como ministro de la Defensa.
La ley que permitió entregar empresas en secreto
En octubre de 2020, la Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo a pedido de Maduro. Delcy Rodríguez fue una de sus principales promotoras. «La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información», explicó el 18 de octubre de 2020, cuando anunció que Venezuela recibiría inversiones sin revelar su procedencia. En noviembre la presentó en Moscú como «un salto estratégico» para proteger las inversiones rusas. Según la Voz de América, la ley permitía contratos confidenciales, desaplicar normas vigentes y disponer de activos estratégicos sin control de la Asamblea Nacional.
Con ella nació el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia. Bajo ese esquema, plantas expropiadas como Industrias Diana, Kellogg’s, Kimberly-Clark o Goodyear pasaron a ser operadas por privados mediante acuerdos que no se publicaron, en lo que una investigación de El Nacional llama una «privatización subrepticia». Entre 2020 y 2024, Rodríguez fue además ministra de Economía y Finanzas, y Transparencia Venezuela calcula que controlaba cerca del 40 % del presupuesto de 2024.
La ministra del petróleo
De agosto de 2024 a marzo de 2026 fue ministra de Hidrocarburos, sin dejar la Vicepresidencia. En ese periodo se firmaron Contratos de Participación Productiva con socios privados sin licitación pública ni control legislativo, según Transparencia Venezuela, que advierte que redujeron la participación de PDVSA. Es el mismo modelo de asociación con privados que, ya como presidenta encargada, amplió con la reforma de la Ley de Hidrocarburos de enero de 2026.
Lo que cambió desde el 3 de enero
Desde que asumió la presidencia encargada, Delcy Rodríguez firmó una ley de amnistía, abrió el petróleo al capital privado, excarceló presos políticos, aceptó la hoja de ruta de Washington y prometió elecciones. EE.UU. la sacó de su lista de sancionados el 1 de abril de 2026. Son hechos, y también cuentan.
Pero la Misión de la ONU concluyó en septiembre que el aparato represivo sigue intacto bajo su gestión, sin una ruptura real en los cuerpos de seguridad e inteligencia, según El Nacional. Y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave.
Lo que el cambio no borra
Las transiciones a menudo se negocian con quienes formaron parte del régimen anterior. Venezuela no será la excepción, y Washington ya decidió negociar con ella. Pero negociar con alguien no equivale a absolverlo. Que Delcy Rodríguez sea hoy una pieza necesaria de la transición no la convierte en la reformista que dice ser, ni la exime de responder por lo que hizo antes.
La alocución del 29 de octubre tiene en ese sentido una lógica clara. Admite el abuso de una ley, pero no que la aprobó su Constituyente. Ofrece devolver empresas, pero no explica las que se entregaron en secreto bajo la ley que ella promovió. Pide que la midan por los hechos, pero solo por los que empiezan en 2026.
Lo que debe demostrar el cambio
El cambio se demuestra reconociendo lo hecho, no reescribiendo la biografía. La presidenta encargada puede ser parte de la salida, y también es parte de lo que llevó al país a necesitarla. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que sus hechos se midan completos: que se deroguen la ley contra el odio y la Ley Antibloqueo, que se publiquen los contratos firmados en secreto, que se esclarezca la muerte de Fernando Albán y que los responsables de la represión dejen de mandar.
Para leer más en INCÍSOS
- Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos y no da fecha: la alocución del 29 de octubre.
- Delcy Rodríguez admite abusos de la ley del odio y limita detenciones: lo que reconoció y lo que calló.
- La campaña arrancó sin fecha, y los tres relojes no coinciden: el especial Candidatas en campaña.
Fuentes principales: Transparencia Venezuela (enero de 2026); El Nacional, informe de la Misión de la ONU (septiembre de 2026); El Nacional, investigación sobre empresas expropiadas (octubre de 2026); registro de la Constituyente de 2017; Revista SIC; EFE, vía El Día; Voz de América; El Observador; Foro Penal; El Diario; Efecto Cocuyo; El Líbero; El Diario, sanciones; ficha biográfica.
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