Política
El economista, los bonos y Citgo
Francisco Rodríguez, Torino Capital y el bono PDVSA 2020: el papel de un economista en la operación financiera que pone en riesgo el mayor activo venezolano en el exterior. Cronología documentada con fuentes primarias.
REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN · PULSO ESTRATÉGICO
Francisco Rodríguez, Torino Capital y el bono PDVSA 2020: el papel de un economista en la operación financiera que pone en riesgo el mayor activo venezolano en el exterior. Esta es la cronología documentada de cómo se construyó la cobertura técnica para una emisión de deuda que la Asamblea Nacional rechazó y que, una década después, sigue colocando a Citgo en el centro del conflicto.
| Qué | Análisis documentado del papel del economista Francisco Rodríguez, como economista jefe de Torino Capital, en la operación de canje de los bonos PDVSA 2020 emitidos en octubre de 2016 con Citgo como garantía. |
| Quién | Francisco Rodríguez (Torino Capital), PDVSA, Asamblea Nacional de Venezuela, Ashmore Group (Xin Xu), MUFG Union Bank, jueza Katherine Polk Failla (SDNY), OFAC, gobierno interino de Venezuela. |
| Cuándo | El canje se ejecutó el 6 de octubre de 2016. La cronología documentada abarca desde 2007 hasta mayo de 2026 (últimas licencias OFAC y apelación en curso). |
| Dónde | Caracas (PDVSA, Asamblea Nacional), Nueva York (Torino Capital, tribunales federales), Delaware (Citgo Holding Inc.), refinerías en Illinois, Louisiana y Texas. |
| Por qué | La operación pignoró el 50,1% de las acciones de Citgo —el mayor activo venezolano en el exterior— sin aprobación parlamentaria, en aparente violación del artículo 150 de la Constitución. Casi una década después, el riesgo de perder Citgo sigue activo. |
| Cómo | PDVSA estructuró el canje bajo la Sección 3(a)(9) del Securities Act estadounidense, sin contratar bancos como dealer managers. El informe de Torino Capital de septiembre de 2016 funcionó como garantía técnica ante el mercado. |
I. EL ESCENARIO: QUÉ SON LOS BONOS PDVSA 2020
En octubre de 2016, en medio de una crisis económica sin precedentes para Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó una de las operaciones financieras más polémicas de su historia: emitió los llamados bonos PDVSA 2020, instrumentos de deuda que ofrecían como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc., la principal empresa refinadora de petróleo del Estado venezolano en el territorio de los Estados Unidos. La operación se realizó sin la aprobación de la Asamblea Nacional, en aparente violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el centro de ese proceso —como analista, como vocero en Wall Street y como actor que contribuyó a generar confianza entre los inversores internacionales— figuró el economista venezolano Francisco Rodríguez, en su calidad de economista jefe de la firma de inversión Torino Capital.
El 6 de octubre de 2016, la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) anunció un canje de deuda: los tenedores de los bonos PDVSA con vencimiento en 2017 podían intercambiarlos por nuevos instrumentos con vencimiento en 2020, con una tasa de interés del 8,5% anual. El monto total de la operación ascendió a aproximadamente 3.400 millones de dólares. El incentivo central para aceptar el canje era una garantía inusual: el 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc., subsidiaria de PDVSA radicada en Delaware.
Citgo es el activo más valioso de Venezuela fuera de sus fronteras. Al momento de la emisión, operaba refinerías en Illinois, Louisiana y Texas con una capacidad combinada de procesamiento superior a 769.000 barriles diarios, además de más de 4.000 estaciones de servicio en la costa este de los Estados Unidos. Su valor estimado oscilaba, según distintas fuentes, entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.
La operación implicaba que, en caso de incumplimiento de pago, los tenedores de los bonos adquirirían el control mayoritario —y por tanto la gestión efectiva— de la empresa más valiosa del Estado venezolano en el extranjero.
Las agencias de calificación de riesgo reaccionaron de inmediato. Standard & Poor’s rebajó la calificación de PDVSA a CC desde CCC, calificando la operación como un «intercambio en condiciones de dificultad» (distressed exchange), y señaló que los bonistas serían «coaccionados» para aceptar el canje. Moody’s siguió la misma línea. En los mercados, la operación era ampliamente interpretada como un paso previo al default.
Fuentes: Reuters, «S&P says PDVSA bond swap offer tantamount to default», septiembre 2016; venezuelanalysis.com, noviembre 2024; Cleary Gottlieb, análisis del caso PDVSA v. MUFG, septiembre 2025.
II. EL ANDAMIAJE JURÍDICO ROTO: LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN
La operación presentaba, desde su concepción, dos problemas constitucionales de fondo que la oposición venezolana y juristas independientes identificaron en ese momento y que los tribunales norteamericanos eventualmente tendrían que resolver.
El primero y más directo: el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece sin ambigüedad que
«La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.»
Art. 150, CRBV (1999). Énfasis añadido.
El contrato de emisión del bono PDVSA 2020 fue suscrito el 28 de octubre de 2016 con entidades financieras extranjeras no domiciliadas en Venezuela —MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas, LLC— en su calidad de fiduciario y agente de garantías. La Asamblea Nacional —controlada por la oposición desde diciembre de 2015— nunca otorgó esa aprobación. De hecho, emitió varias resoluciones oponiéndose expresamente al canje mientras las negociaciones estaban en curso.
«el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional.»
Acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, publicado en asambleanacionalvenezuela.org.
El segundo problema constitucional derivaba del artículo 303 de la misma Constitución, que prescribe que el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA. Al pignorar el 50,1% de las acciones de Citgo, PDVSA colocaba al Estado venezolano en posición de accionista minoritario de facto en su propio activo estratégico en caso de default.
«Al pignorar el 50,1% de Citgo, el Estado venezolano se colocó, en caso de default, en posición de accionista minoritario de su propio activo estratégico.»
III. TORINO CAPITAL Y EL ROL DE FRANCISCO RODRÍGUEZ
Francisco Rodríguez es un economista venezolano con credenciales académicas sólidas: obtuvo su doctorado en Harvard y fue, entre 2000 y 2004, jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela. En 2016, se incorporó a Torino Economics —el brazo de análisis económico de Torino Capital, una firma de inversión con sede en Nueva York especializada en deuda venezolana—, donde ejerció como economista jefe hasta 2018 o 2019.
En septiembre de 2016, días antes del cierre del canje, Rodríguez publicó en nombre de Torino Capital un informe en el que concluía que la legalidad del canje de bonos de PDVSA no requería la aprobación de la Asamblea Nacional. Esa conclusión resultó fundamental para el mercado: daba cobertura técnica a los inversores que consideraban participar en la operación.
La importancia real de ese informe quedó documentada años después, cuando la disputa llegó a los tribunales federales de Nueva York. En el marco del litigio PDVSA v. MUFG Union Bank, N.A., los tenedores de los bonos presentaron una declaración jurada de Xin Xu, funcionario de Ashmore Group —uno de los principales fondos tenedores de bonos PDVSA 2020—, que constituye uno de los documentos más reveladores del caso.
Según la declaración de Xu, la decisión de Ashmore de participar en la operación de canje se basó, entre otros elementos, en las conclusiones derivadas de las opiniones favorables del economista Francisco Rodríguez (Torino Capital) y los diputados de Primero Justicia Rafael Guzmán y Julio Borges.
Fuente: Declaración jurada de Xin Xu, Ashmore Group. Citada en maibortpetit.info, agosto 2020, con referencia al expediente judicial en SDNY.
IV. LOS BONOS ORIGINALES Y UN CANJE SIN INTERMEDIARIO
Para comprender el canje de 2016, es necesario conocer la arquitectura de los instrumentos que se estaban canjeando. Las April 2017 Notes correspondían a un bono de 3.000 millones de dólares al 5,25% anual. Las November 2017 Notes sumaban originalmente 6.150 millones de dólares al 8,50% anual. Entre ambas series, el universo de deuda elegible para el canje ascendía a 7.100 millones de dólares.
PDVSA estructuró el canje amparándose en la Sección 3(a)(9) de la Ley de Valores de los Estados Unidos, que exime de registro a los canjes de valores realizados directamente por el emisor con sus propios tenedores cuando no se paga comisión alguna por solicitar adhesiones. Esto significó que ningún banco de inversión colocó su nombre, su reputación ni su responsabilidad institucional detrás de la operación.
«No tenemos ningún contrato, arreglo o entendimiento, y no pagaremos, directa ni indirectamente, ninguna comisión u otra remuneración a ningún corredor, distribuidor, agente de ventas o cualquier otra persona por solicitar adhesiones al canje.»
Fuente: PDVSA Offering Circular, Sección 3(a)(9) Securities Act, SEC Exhibit T3E, 16 de septiembre de 2016.
V. UN ARGUMENTO CON CONSECUENCIAS: EL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2016
El informe de Torino Capital de septiembre de 2016 merece un análisis específico porque no era un análisis neutral: era una opinión jurídico-financiera que servía un propósito muy concreto en el contexto del canje. En ese momento, la Asamblea Nacional —institución que Rodríguez había asesorado precisamente en materia económica y financiera entre 2000 y 2004— se oponía activamente a la operación.
En ese contexto, el informe de Rodríguez —que concluía que la aprobación parlamentaria no era necesaria— funcionó como garantía técnica para el mercado: un economista con credenciales académicas, familiaridad con la institucionalidad venezolana y presencia en Wall Street afirmando que la objeción de la Asamblea Nacional carecía de fundamento.
VI. LA SALIDA DE TORINO Y EL GIRO HACIA FALCÓN
En 2018, Francisco Rodríguez dejó su cargo en Torino Capital para convertirse en asesor económico de la campaña presidencial de Henri Falcón, quien se presentaría como candidato de oposición en las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de mayo de ese año. La participación de Rodríguez en la campaña de Falcón fue ella misma controversial: sectores de la oposición venezolana cuestionaron que la candidatura de Falcón podía servir como coartada de legitimación del régimen de Maduro.
VII. OIL FOR VENEZUELA: DEL ANÁLISIS A LA ABOGACÍA POR LOS BONISTAS
Tras la experiencia electoral, Rodríguez asumió la dirección de la organización Oil for Venezuela —también referida como Petróleo para Venezuela—, desde la cual continuó interviniendo activamente en el debate público sobre el futuro de Citgo y los bonos PDVSA 2020.
En esa nueva plataforma, Rodríguez adoptó una postura que sus críticos han calificado como alineada con los intereses de los tenedores de bonos. Su argumento central era que la estrategia jurídica adoptada por el gobierno interino —impugnar la validez de los bonos ante los tribunales— era un error. En su lugar, defendía la negociación directa con los acreedores.
Para quienes seguían el litigio desde la perspectiva de los intereses del Estado venezolano, la postura de Rodríguez resultaba paradójica: había producido el informe que legitimó la operación ante el mercado; ahora criticaba el intento judicial de revertirla.
Fuentes: El Nacional, agosto 2021; Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2024; Venezuelanalysis.com, noviembre 2024.
VIII. LA BATALLA JUDICIAL: VICTORIA DE FORMA, DERROTA DE FONDO
El litigio sobre los bonos PDVSA 2020 ha recorrido un camino tortuoso por los tribunales norteamericanos. En octubre de 2019, el gobierno interino de Guaidó presentó una demanda en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitando la declaración de nulidad de los bonos y del contrato de garantía.
La jueza Katherine Polk Failla resolvió en favor de los tenedores de bonos. Su razonamiento fue esencialmente el siguiente: los contratos se firmaron en Nueva York, en dólares; el derecho aplicable es el de Nueva York; y bajo ese derecho, los bonos son válidos y ejecutables.
Paralelamente, la Administración de los Estados Unidos ha renovado en dieciséis ocasiones la Licencia General No. 5 de la OFAC, que prohíbe a personas estadounidenses participar en transacciones relacionadas con los bonos PDVSA 2020. La Licencia General 5W, emitida el 4 de mayo de 2026, extiende la prohibición hasta el 19 de junio de 2026. Un día después, el 5 de mayo, la OFAC emitió la Licencia General 58, autorizando servicios de asesoría legal y financiera para el gobierno venezolano en conexión con una posible reestructuración de la deuda de PDVSA.
IX. CRONOLOGÍA DOCUMENTADA
X. BALANCE: LO QUE MUESTRAN LOS HECHOS
El caso de Francisco Rodríguez y los bonos PDVSA 2020 no es simplemente el de un analista que se equivocó en sus proyecciones. Es el de un economista que, en un papel institucionalmente relevante, produjo el argumento técnico que facilitó la participación del mercado en una operación que la Asamblea Nacional —el único poder del Estado venezolano con autoridad para autorizarla— rechazaba activamente.
Los documentos judiciales muestran que ese argumento fue citado por al menos un fondo institucional de primer nivel como fundamento de su decisión de inversión. La operación resultante generó una vulnerabilidad estructural para el Estado venezolano que, casi una década después, sigue sin resolverse.
Rodríguez nunca ha sido imputado por cargo alguno en relación con estos hechos. Sus declaraciones y análisis representan posiciones legítimas en un debate técnico y jurídico genuinamente complejo. Sin embargo, el patrón de conducta documentado presenta rasgos que críticos y analistas han calificado como conflicto de interés estructural. Esa coherencia de posición —favorable a los intereses de los bonistas en todas las etapas— es el dato que este reportaje documenta. La valoración de ese dato corresponde al lector.
«En política y en finanzas, las credenciales no eximen del escrutinio; a menudo, lo hacen más necesario.»
XI. ESTADO ACTUAL DEL CASO
Al momento de publicación de este reportaje, el litigio sobre los bonos PDVSA 2020 continúa activo. La apelación ante el Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos está en curso. El 4 de mayo de 2026, la OFAC emitió la Licencia General 5W, extendiendo hasta el 19 de junio de 2026 la prohibición de que los bonistas ejecuten su garantía sobre Citgo. Al día siguiente, el 5 de mayo de 2026, la OFAC emitió la Licencia General 58, autorizando servicios legales, financieros y de asesoría para el gobierno venezolano en conexión con una eventual reestructuración de la deuda de PDVSA.
El gobierno venezolano ha denominado el riesgo de perder Citgo como «el robo del siglo». La Asamblea Nacional en el exilio ha reiterado la nulidad constitucional del bono. Los bonistas —fondos de inversión internacionales que adquirieron los instrumentos en el mercado secundario— mantienen sus reclamaciones activas ante los tribunales norteamericanos.
Entre tanto, la empresa que lleva años en el centro del conflicto —Citgo Petroleum Corporation— continúa operando sus refinerías en territorio estadounidense, produciendo aproximadamente 811.000 barriles diarios y generando ingresos que, dadas las sanciones, no regresan a Venezuela.
FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Arts. 150, 187(9) y 303.
- Asamblea Nacional de Venezuela, Acuerdo sobre nulidad del Bono PDVSA 2020 (asambleanacionalvenezuela.org).
- SEC/PDVSA, Offering Circular (Exhibit T3E), registrado el 16 de septiembre de 2016 (Caso No. 906424).
- Cleary Gottlieb, análisis del caso Petróleos de Venezuela S.A. v. MUFG Union Bank, N.A., SDNY, septiembre 2025.
- Declaración jurada de Xin Xu, Ashmore Group, presentada en el caso SDNY, 2020.
- Bloomberg: «PDVSA Bewilders Bond Analysts by Making $949 Million Payment» (octubre 2018); «This Wall Street Firm Has 36-Hour Guide to Caracas» (noviembre 2017).
- OFAC / U.S. Treasury, General License 5W (4 de mayo de 2026) y General License 58 (5 de mayo de 2026).
- Venezuelanalysis.com: «Venezuela: US Treasury Department Extends CITGO Protection Amid Auction Controversy», noviembre 2024.
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La hoja de ruta deja abierta la candidatura de Delcy Rodríguez
Por ahí van los tiros: la tarima de Guacara y el calendario de Washington.
EN PANTALLA · POLÍTICA
Washington describió el orden: primero el TSJ, luego el CNE y después la vacante presidencial. En El Canal de Nitu, el análisis se fue a lo que el calendario no dice. La vacante ya ocurrió según la Constitución, y quien debe declararla se subió a una tarima el mismo día. La pregunta que queda es si podrá ser candidata sin dejar el cargo.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Análisis de la hoja de ruta que describió el Departamento de Estado y del acto de Delcy Rodríguez en Guacara. |
|---|---|
| Quién | Nitu Pérez Osuna y Alfredo Yánez Mondragón, editor de INCÍSOS. |
| Cuándo | Miércoles 28 de octubre de 2026, dos días después de la sesión informativa del Departamento de Estado. |
| Dónde | INCÍSOS en El Canal de Nitu, transmisión en vivo. |
| Por qué | El calendario de Washington pone en manos de la presidenta encargada el momento de declarar la vacante, mientras ella actúa como candidata. |
| Cómo | En una conversación de casi una hora, con comentarios de la audiencia. |
Alianza editorialINCÍSOS + El Canal de Nitu
«Eso que vimos en Guacara no es sino la réplica de la campaña electoral. Por ahí van los tiros». Así leyó Alfredo Yánez Mondragón, editor de INCÍSOS, el acto de Delcy Rodríguez en Carabobo, en el programa INCÍSOS en El Canal de Nitu del miércoles 28 de octubre. Lo conectó con lo que, a su juicio, fue la noticia política de la semana: la hoja de ruta que un alto funcionario del Departamento de Estado describió el lunes 26 a periodistas. «Yo la verdad me quedé impactado con esa declaración», dijo.
Lo que describió Washington
El funcionario, que habló sin ser identificado en una sesión telefónica con periodistas, fijó una secuencia. Antes de que termine el año, con mediados de diciembre como meta, debe estar constituido el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Poco después, el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y cuando las dos piezas estén en su sitio, «Delcy tendrá que declarar una vacante en la Presidencia, una vacante permanente», lo que abriría un período de seis meses para elegir, según Martí Noticias. «Hay que crear la arquitectura para una elección creíble antes de poder convocarla o celebrarla», dijo.
El mismo funcionario agregó un detalle que cambia el papel del árbitro: el nuevo CNE se limitaría a organizar la votación, contar los votos y publicar resultados, y ya no decidiría quién puede ser candidato. Marco Rubio, en una conferencia aparte, sostuvo que los plazos acordados se han cumplido y que a la democracia no se llegará «mediante protestas callejeras», según El Observador. Lo dijo la misma semana en que una marcha sindical no pasó de una cuadra rumbo a Miraflores.
Una vacante que ya ocurrió
Para Yánez, el anuncio tiene un problema de origen: «Decir abiertamente que la señora Rodríguez va a declarar la vacante presidencial para que se convoque a elecciones año y medio después de que la vacante se produjo». La Constitución regula las faltas en sus artículos 233 y 234. Una falta temporal se cubre hasta por 90 días, prorrogables por otros 90 con la Asamblea Nacional; si pasa de ahí, la Asamblea decide si se trata como absoluta. Una falta absoluta en los primeros cuatro años del período obliga a elegir en 30 días. Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero; han pasado casi diez meses. El TSJ calificó esa ausencia como «forzosa», una figura que la Constitución no contempla, y así Rodríguez ha seguido en el cargo sin convocar elecciones.
Es lo que Yánez llamó en el programa la «Constitución a la carta»: la norma se aplica cuando conviene y se suspende cuando estorba. Nitu Pérez Osuna lo resumió con incredulidad: «Es que en enero es que van a declarar la vacante».
La pregunta que el calendario no responde
El calendario dice cuándo se declarará la vacante, pero no responde a la pregunta que dejó el acto de Guacara: si la presidenta encargada podrá ser candidata. El artículo 229 de la Constitución dice que no puede ser elegido presidente quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo, ministro, gobernador o alcalde el día de su postulación o en cualquier momento hasta la elección.
Hay un precedente que no conviene olvidar. El 8 de marzo de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, la Sala Constitucional del TSJ declaró a Maduro presidente encargado, dijo que cesaba en su cargo anterior de vicepresidente y que «no está obligado a separarse del cargo» para competir, según Diario Financiero. Con esa interpretación, Maduro fue candidato desde la Presidencia. Si se aplica el mismo criterio, Rodríguez podría hacer lo mismo.
Por eso importa quién integre la próxima Sala Constitucional. Yánez lo subrayó en el programa: quien presida esa sala y la sala plena interpretará, entre otras cosas, las reglas de la elección que viene. Y si el nuevo CNE ya no decidirá quién puede competir, como describió Washington, esa decisión queda en manos de otros poderes, también para casos como la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado.
La tarima como mensaje
El martes 27, en Guacara, Rodríguez cantó y bailó con el gobernador Rafael Lacava, prometió salarios y luz, y acusó a otros de estar «desesperados por el poder». «Menos de 24 horas antes dijeron que la política no es un show, que tiene que ser de altura», recordó Yánez. Nitu Pérez Osuna fue más directa: la presidenta encargada se subió a la tarima «como contendiente de campaña electoral».
Yánez explicó el cambio con una imagen de dominó. «El dominó se juega en pareja, con lo cual son cuatro jugadores. Hasta ahora había tres. Ahora llegó el cuarto jugador, y hay que barajar la mano». El cuarto jugador es Machado, que regresó al país el domingo 25. Su llegada, dijo, cambió el tablero hasta el punto de que el Departamento de Estado dijo en voz alta lo que no había dicho. El acto de Guacara, en esa lectura, es la respuesta del Gobierno encargado: si habrá elección, que empiece la campaña desde ahora, con el Estado detrás.
Lo que el país pide
La conversación tocó también la propuesta de Donald Trump de hacer de Venezuela el estado 51 de EE.UU. Nitu Pérez Osuna contó que la mayoría de quienes le escribieron rechazó la idea: «Nosotros queremos unas elecciones, nosotros queremos elegir». Los venezolanos saben que no pueden solos, dijo, pero quieren su país libre. Yánez cerró con la advertencia que hizo el abogado Perkins Rocha: hay que «bajarle dos a la euforia». La llegada de Machado es una realidad política, pero no resuelve por sí sola lo que está por decidirse.
Criterio INCÍSOS
El calendario de Washington tiene una virtud: por primera vez hay un orden público de pasos. Pero pone la llave de la elección en manos de quien gobierna sin haber sido electa, y deja sin responder si podrá competir desde el cargo. Esa regla tiene que estar clara antes de declarar la vacante, no después, y no debería depender de una interpretación hecha a la medida de un candidato, como la de 2013. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la regla del artículo 229 se diga en voz alta, y que quien quiera ser candidata deje el cargo para competir en igualdad de condiciones.
Para leer más en INCÍSOS
- Delcy Rodríguez hace campaña sin haber fijado la fecha de elecciones: la tarima de Guacara.
- Desesperados por el poder: el Inciso sobre la frase.
- Rubio dice que hay plazos acordados que nadie ha publicado: los plazos que Rubio dice que se cumplen.
- La Constitución no rige, pero no ha perdido su vigencia: la vacante y los artículos 333 y 350.
- Trump propone hacer de Venezuela el estado 51 de EE.UU.: la otra voz de Washington.
Fuentes principales: INCÍSOS en El Canal de Nitu, programa del 28 de octubre de 2026; Martí Noticias y El Observador, sobre la sesión informativa del Departamento de Estado (26 y 27 de octubre); Constitución, título V, capítulo II; Diario Financiero, sobre la sentencia del 8 de marzo de 2013.
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Una carpeta no es candidatura, responde el comité del TSJ
«Carpeta no es candidatura»: el comité responde y aprueba su baremo.
EN PANTALLA · JUSTICIA
Un día después de la denuncia de Raquel Sánchez, el Comité de Postulaciones Judiciales negó que haya postulaciones guardadas del proceso anulado y aprobó por unanimidad su baremo, que todavía no es público. En El Canal de Nitu se discutió dónde está la línea: aspirar otra vez no es falta, y los filtros existen para lo demás.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La respuesta del Comité de Postulaciones Judiciales a la denuncia sobre las carpetas del proceso anulado y la aprobación de su baremo. |
|---|---|
| Quién | Giuseppe Alessandrello, presidente del comité; Guillermo Tell Aveledo y Raquel Sánchez, miembros; Nitu Pérez Osuna y Alfredo Yánez Mondragón. |
| Cuándo | Miércoles 28 de octubre de 2026, primer día de postulaciones. |
| Dónde | Asamblea Nacional, en Caracas, e INCÍSOS en El Canal de Nitu. |
| Por qué | El comité escogerá a los aspirantes a 32 puestos del nuevo TSJ y también a cargos que forman y vigilan a los jueces. |
| Cómo | Con declaraciones a la prensa y una votación unánime de los 23 miembros sobre el baremo. |
Alianza editorialINCÍSOS + El Canal de Nitu
«Carpeta no es candidatura». Con esa frase, Guillermo Tell Aveledo, miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, respondió el miércoles 28 de octubre a la polémica que abrió el proceso para escoger el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Quienes entregaron documentos en el proceso anulado en mayo, explicó, «solo tienen la posibilidad de ratificar su intención», según 2001. Esa misma noche, en INCÍSOS en El Canal de Nitu, Alfredo Yánez Mondragón, editor de INCÍSOS, había defendido una posición parecida.
Lo que respondió el comité
La denuncia la hizo Raquel Sánchez, coordinadora de Foro Penal en el Táchira y una de los 12 representantes de la sociedad civil en el comité: se propuso incorporar las postulaciones del proceso anulado, y se rechazó un sistema digital para que todos los miembros vieran los expedientes, según La Patilla. El presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, lo llamó un «malentendido». «Hago hincapié, no existen postulaciones guardadas. Lo que existen son documentos que reposan en custodia», dijo, según TalCual. Esos documentos están en la Asamblea Nacional, y quien se postuló en mayo solo debe consignar una carta para manifestar que quiere volver a intentarlo.
El comité aprobó ese mismo día su baremo técnico, la tabla para medir a los aspirantes. «Todas las decisiones y los aspectos técnicos del baremo se han aprobado de manera unánime», dijo Alessandrello. Según Aveledo, el baremo jerarquiza a los candidatos por su carrera académica, profesional, judicial y de servicio público, «a partir de los requisitos de ley básicos». Falta la ponderación, es decir, cuánto vale cada rubro, según 2001. Alessandrello había dicho que, una vez aprobado, se haría público. Al cierre de esta nota no se había publicado.
Al arrancar el proceso se habían recibido unas 20 postulaciones. Alessandrello dijo que el calendario es flexible y no descartó prórrogas si llegan más aspirantes.
Lo que se discutió en el programa
Para Yánez, la denuncia de Sánchez «sirve porque pone el foco en algo tan importante y tan delicado» como la selección de los 32 magistrados principales y sus suplentes. Pero distinguió entre el procedimiento y las personas. «Que hayan querido ser magistrados en abril, en mayo o en junio y mantengan su inquietud en octubre no tiene absolutamente nada de malo», dijo. «Fue anulado ese proceso, pero la intención de los señores no está anulada».
Nitu Pérez Osuna objetó: «Fue anulado, Alfredo». Su preocupación era que las carpetas ya estuvieran adentro antes de que empezara el proceso. La respuesta del comité va en la dirección de Yánez: los documentos no cuentan como postulación, y cada aspirante debe manifestar de nuevo su intención, bajo la ley nueva.
Yánez marcó otra línea, más clara: quien ya fue magistrado no puede volver a serlo. La Constitución, en su artículo 264, establece que los magistrados se eligen «por un único período de doce años». «Esa yo creo que va a ser la línea para estar o no estar», dijo.
Más que 32 magistrados
El programa insistió en lo que está en juego. «Quién va a ser el próximo encargado de la Sala Constitucional, quién va a llevar la sala plena», enumeró Yánez, y agregó el inspector general de tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura, «el próximo formador de los nuevos jueces». El baremo aprobado sirve también para esos cargos, según 2001. Por eso, dijo, «es imperativo que todos los filtros se activen, que todos los ojos se activen». Y después del TSJ viene el CNE, en la secuencia que describió el Departamento de Estado.
Criterio INCÍSOS
La respuesta del comité resuelve una parte de la denuncia: si la carpeta no es candidatura, nadie entra por la puerta de atrás. Queda la otra parte. Un baremo aprobado que no se publica no es todavía una garantía, y su valor depende de dos cosas: que se conozcan los puntajes antes de evaluar y que todos los miembros del comité puedan ver todos los expedientes. Las dos son verificables. Hasta que se cumplan, la vigilancia que pidió Sánchez sigue siendo necesaria.
Para leer más en INCÍSOS
- Abren las postulaciones para escoger a los 32 magistrados del TSJ: los cinco pasos y la alerta de Raquel Sánchez.
- Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos de la Constitución.
- El Baremo: el ejercicio de INCÍSOS para medir a los aspirantes.
- Sin un árbitro nuevo, la fecha electoral no basta: por qué el árbitro va primero.
Fuentes principales: INCÍSOS en El Canal de Nitu, programa del 28 de octubre de 2026; TalCual y 2001 (28 de octubre); La Patilla, sobre la denuncia de Raquel Sánchez; Constitución, título V, capítulo III.
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Flávio Bolsonaro denuncia fraude desde Miami sin mostrar actas
Un fraude se demuestra con actas: Venezuela lo sabe.
EN PANTALLA · INTERNACIONAL
Tres días después de perder la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro llegó a Miami y se presentó como «el verdadero presidente electo de Brasil». En El Canal de Nitu, el comunicado se leyó con la memoria de 2024. Esa memoria deja también una regla: un fraude se demuestra con actas, y Venezuela lo sabe mejor que nadie.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El comunicado en el que Flávio Bolsonaro desconoce la reelección de Lula da Silva y las felicitaciones de la región al ganador. |
|---|---|
| Quién | Flávio Bolsonaro; Luiz Inácio Lula da Silva; los presidentes Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz y Abelardo de la Espriella; Delcy Rodríguez. |
| Cuándo | Segunda vuelta el domingo 25 de octubre de 2026; comunicado el miércoles 28. |
| Dónde | Brasil y Miami, adonde llegó Bolsonaro con su familia. |
| Por qué | Bolsonaro perdió por unos 4,4 millones de votos y salió del país pese a una prohibición judicial. |
| Cómo | Con un comunicado en redes sociales, cuya primera versión fue modificada. |
Alianza editorialINCÍSOS + El Canal de Nitu
«Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil». Así empezaba el comunicado que Flávio Bolsonaro publicó el miércoles 28 de octubre, tras aterrizar esa mañana en el aeropuerto de Opa-Locka, en Miami, con su esposa y sus dos hijas, según La Nación. Nitu Pérez Osuna lo leyó en INCÍSOS en El Canal de Nitu esa misma noche. «Digamos que el resumen del comunicado es que Lula dio un golpe de Estado», dijo.
Lo que dice el comunicado
Bolsonaro llamó «fraude electoral» a su derrota y atribuyó el resultado a «la actuación ilegítima e ilegal» del exabogado de Lula, en referencia a un magistrado. Sostuvo que Lula sumó «más de 10 millones de votos» entre la primera y la segunda vuelta, algo que calificó de imposibilidad matemática, según elDiario.es. Agradeció a Javier Milei por «su coraje, su sentido de la justicia y de la legalidad», y a Donald Trump, a quien llamó «un gran defensor de la libertad de expresión». Habló de una «caza de brujas motivada políticamente» y del «manual clásico de cualquier golpe de Estado», según La Nación.
La primera versión del texto lo presentaba como «verdadero presidente electo»; una segunda versión eliminó esa frase. Bolsonaro anunció que presentará pronto «una estrategia para movilizar a la oposición» por «todos los medios pacíficos y legítimos», según elDiario.es. Los medios que reseñaron el comunicado coinciden en que no presentó pruebas del fraude.
El resultado y la salida
Lula ganó la segunda vuelta del domingo 25 con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % de Bolsonaro, según Perfil, una diferencia de unos 4,4 millones de votos. Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil y sus pasaportes cancelados. O Globo reportó que entró a EE.UU. con un pasaporte diplomático que la Policía Federal había anulado el día anterior por orden del juez Alexandre de Moraes, y Folha y Metrópoles, que la familia entró con un permiso humanitario temporal, según La Nación. Trump dijo que aprobaría la entrada. Demócratas de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes criticaron al Gobierno y a Marco Rubio: perder una elección no es motivo de asilo.
Los que felicitaron
En el programa, Yánez preguntó por qué presidentes de derecha como José Antonio Kast, de Chile, y Rodrigo Paz, de Bolivia, reconocieron tan rápido la victoria. Kast dijo que habló por teléfono con Lula: «Chile y Brasil tienen mucho futuro en común». Paz definió a los dos países como «vecinos y hermanos», según Perfil. El colombiano Abelardo de la Espriella, que había apoyado a Bolsonaro, escribió: «En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula», y agregó que «cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada», según NTN24.
El único presidente latinoamericano que Bolsonaro nombró fue Milei, que no felicitó a Lula. En Venezuela, la Cancillería reconoció el resultado en un comunicado, y Delcy Rodríguez lo felicitó en persona el lunes 26, en un acto en el Hospital Militar: «Felicito nuevamente al presidente Lula da Silva y al pueblo de Brasil», según teleSUR.
La memoria de 2024
La lectura del programa estuvo marcada por la experiencia venezolana. «Eso lo hemos visto en Venezuela», dijo Yánez. Nitu Pérez Osuna recordó que en 2024 Lula preguntó «¿dónde están las actas?» y, a su juicio, nunca quiso reconocer que el pueblo venezolano estaba decidido a cambiar. Dijo no tener dudas de que hubo manipulación en Brasil. Yánez fue crítico con Lula y con el Foro de São Paulo, al que llamó una organización para «llegar al poder a través de instrumentos democráticos para destruir la democracia». Brasil fue, en enero, uno de los gobiernos que reconoció a Rodríguez como jefa de Estado tras la captura de Maduro, según CGTN.
Criterio INCÍSOS
La desconfianza hacia Lula tiene razones en Venezuela, pero el comunicado de Bolsonaro hay que medirlo con la misma regla que Venezuela le enseñó al continente. En 2024, la oposición no se limitó a decir que hubo fraude: mostró más del 80 % de las actas, máquina por máquina, y con eso probó que Edmundo González Urrutia había ganado. Brasil también imprime un boletín de resultados por cada urna electrónica. Si hubo fraude, ahí debería verse, y presentarlo sería la mejor defensa de Bolsonaro. Mientras no lo haga, lo que hay es la denuncia de un candidato que perdió por 4,4 millones de votos y que salió de su país con los pasaportes anulados.
Fuentes principales: INCÍSOS en El Canal de Nitu, programa del 28 de octubre de 2026; La Nación y elDiario.es (28 de octubre); Perfil y NTN24 (26 de octubre); teleSUR; CGTN (4 de enero de 2026).
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