Política
El economista, los bonos y Citgo
Francisco Rodríguez, Torino Capital y el bono PDVSA 2020: el papel de un economista en la operación financiera que pone en riesgo el mayor activo venezolano en el exterior. Cronología documentada con fuentes primarias.
REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN · PULSO ESTRATÉGICO
Francisco Rodríguez, Torino Capital y el bono PDVSA 2020: el papel de un economista en la operación financiera que pone en riesgo el mayor activo venezolano en el exterior. Esta es la cronología documentada de cómo se construyó la cobertura técnica para una emisión de deuda que la Asamblea Nacional rechazó y que, una década después, sigue colocando a Citgo en el centro del conflicto.
| Qué | Análisis documentado del papel del economista Francisco Rodríguez, como economista jefe de Torino Capital, en la operación de canje de los bonos PDVSA 2020 emitidos en octubre de 2016 con Citgo como garantía. |
| Quién | Francisco Rodríguez (Torino Capital), PDVSA, Asamblea Nacional de Venezuela, Ashmore Group (Xin Xu), MUFG Union Bank, jueza Katherine Polk Failla (SDNY), OFAC, gobierno interino de Venezuela. |
| Cuándo | El canje se ejecutó el 6 de octubre de 2016. La cronología documentada abarca desde 2007 hasta mayo de 2026 (últimas licencias OFAC y apelación en curso). |
| Dónde | Caracas (PDVSA, Asamblea Nacional), Nueva York (Torino Capital, tribunales federales), Delaware (Citgo Holding Inc.), refinerías en Illinois, Louisiana y Texas. |
| Por qué | La operación pignoró el 50,1% de las acciones de Citgo —el mayor activo venezolano en el exterior— sin aprobación parlamentaria, en aparente violación del artículo 150 de la Constitución. Casi una década después, el riesgo de perder Citgo sigue activo. |
| Cómo | PDVSA estructuró el canje bajo la Sección 3(a)(9) del Securities Act estadounidense, sin contratar bancos como dealer managers. El informe de Torino Capital de septiembre de 2016 funcionó como garantía técnica ante el mercado. |
I. EL ESCENARIO: QUÉ SON LOS BONOS PDVSA 2020
En octubre de 2016, en medio de una crisis económica sin precedentes para Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó una de las operaciones financieras más polémicas de su historia: emitió los llamados bonos PDVSA 2020, instrumentos de deuda que ofrecían como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc., la principal empresa refinadora de petróleo del Estado venezolano en el territorio de los Estados Unidos. La operación se realizó sin la aprobación de la Asamblea Nacional, en aparente violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el centro de ese proceso —como analista, como vocero en Wall Street y como actor que contribuyó a generar confianza entre los inversores internacionales— figuró el economista venezolano Francisco Rodríguez, en su calidad de economista jefe de la firma de inversión Torino Capital.
El 6 de octubre de 2016, la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) anunció un canje de deuda: los tenedores de los bonos PDVSA con vencimiento en 2017 podían intercambiarlos por nuevos instrumentos con vencimiento en 2020, con una tasa de interés del 8,5% anual. El monto total de la operación ascendió a aproximadamente 3.400 millones de dólares. El incentivo central para aceptar el canje era una garantía inusual: el 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc., subsidiaria de PDVSA radicada en Delaware.
Citgo es el activo más valioso de Venezuela fuera de sus fronteras. Al momento de la emisión, operaba refinerías en Illinois, Louisiana y Texas con una capacidad combinada de procesamiento superior a 769.000 barriles diarios, además de más de 4.000 estaciones de servicio en la costa este de los Estados Unidos. Su valor estimado oscilaba, según distintas fuentes, entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.
La operación implicaba que, en caso de incumplimiento de pago, los tenedores de los bonos adquirirían el control mayoritario —y por tanto la gestión efectiva— de la empresa más valiosa del Estado venezolano en el extranjero.
Las agencias de calificación de riesgo reaccionaron de inmediato. Standard & Poor’s rebajó la calificación de PDVSA a CC desde CCC, calificando la operación como un «intercambio en condiciones de dificultad» (distressed exchange), y señaló que los bonistas serían «coaccionados» para aceptar el canje. Moody’s siguió la misma línea. En los mercados, la operación era ampliamente interpretada como un paso previo al default.
Fuentes: Reuters, «S&P says PDVSA bond swap offer tantamount to default», septiembre 2016; venezuelanalysis.com, noviembre 2024; Cleary Gottlieb, análisis del caso PDVSA v. MUFG, septiembre 2025.
II. EL ANDAMIAJE JURÍDICO ROTO: LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN
La operación presentaba, desde su concepción, dos problemas constitucionales de fondo que la oposición venezolana y juristas independientes identificaron en ese momento y que los tribunales norteamericanos eventualmente tendrían que resolver.
El primero y más directo: el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece sin ambigüedad que
«La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.»
Art. 150, CRBV (1999). Énfasis añadido.
El contrato de emisión del bono PDVSA 2020 fue suscrito el 28 de octubre de 2016 con entidades financieras extranjeras no domiciliadas en Venezuela —MUFG Union Bank, N.A. y GLAS Americas, LLC— en su calidad de fiduciario y agente de garantías. La Asamblea Nacional —controlada por la oposición desde diciembre de 2015— nunca otorgó esa aprobación. De hecho, emitió varias resoluciones oponiéndose expresamente al canje mientras las negociaciones estaban en curso.
«el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional.»
Acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, publicado en asambleanacionalvenezuela.org.
El segundo problema constitucional derivaba del artículo 303 de la misma Constitución, que prescribe que el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA. Al pignorar el 50,1% de las acciones de Citgo, PDVSA colocaba al Estado venezolano en posición de accionista minoritario de facto en su propio activo estratégico en caso de default.
«Al pignorar el 50,1% de Citgo, el Estado venezolano se colocó, en caso de default, en posición de accionista minoritario de su propio activo estratégico.»
III. TORINO CAPITAL Y EL ROL DE FRANCISCO RODRÍGUEZ
Francisco Rodríguez es un economista venezolano con credenciales académicas sólidas: obtuvo su doctorado en Harvard y fue, entre 2000 y 2004, jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela. En 2016, se incorporó a Torino Economics —el brazo de análisis económico de Torino Capital, una firma de inversión con sede en Nueva York especializada en deuda venezolana—, donde ejerció como economista jefe hasta 2018 o 2019.
En septiembre de 2016, días antes del cierre del canje, Rodríguez publicó en nombre de Torino Capital un informe en el que concluía que la legalidad del canje de bonos de PDVSA no requería la aprobación de la Asamblea Nacional. Esa conclusión resultó fundamental para el mercado: daba cobertura técnica a los inversores que consideraban participar en la operación.
La importancia real de ese informe quedó documentada años después, cuando la disputa llegó a los tribunales federales de Nueva York. En el marco del litigio PDVSA v. MUFG Union Bank, N.A., los tenedores de los bonos presentaron una declaración jurada de Xin Xu, funcionario de Ashmore Group —uno de los principales fondos tenedores de bonos PDVSA 2020—, que constituye uno de los documentos más reveladores del caso.
Según la declaración de Xu, la decisión de Ashmore de participar en la operación de canje se basó, entre otros elementos, en las conclusiones derivadas de las opiniones favorables del economista Francisco Rodríguez (Torino Capital) y los diputados de Primero Justicia Rafael Guzmán y Julio Borges.
Fuente: Declaración jurada de Xin Xu, Ashmore Group. Citada en maibortpetit.info, agosto 2020, con referencia al expediente judicial en SDNY.
IV. LOS BONOS ORIGINALES Y UN CANJE SIN INTERMEDIARIO
Para comprender el canje de 2016, es necesario conocer la arquitectura de los instrumentos que se estaban canjeando. Las April 2017 Notes correspondían a un bono de 3.000 millones de dólares al 5,25% anual. Las November 2017 Notes sumaban originalmente 6.150 millones de dólares al 8,50% anual. Entre ambas series, el universo de deuda elegible para el canje ascendía a 7.100 millones de dólares.
PDVSA estructuró el canje amparándose en la Sección 3(a)(9) de la Ley de Valores de los Estados Unidos, que exime de registro a los canjes de valores realizados directamente por el emisor con sus propios tenedores cuando no se paga comisión alguna por solicitar adhesiones. Esto significó que ningún banco de inversión colocó su nombre, su reputación ni su responsabilidad institucional detrás de la operación.
«No tenemos ningún contrato, arreglo o entendimiento, y no pagaremos, directa ni indirectamente, ninguna comisión u otra remuneración a ningún corredor, distribuidor, agente de ventas o cualquier otra persona por solicitar adhesiones al canje.»
Fuente: PDVSA Offering Circular, Sección 3(a)(9) Securities Act, SEC Exhibit T3E, 16 de septiembre de 2016.
V. UN ARGUMENTO CON CONSECUENCIAS: EL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2016
El informe de Torino Capital de septiembre de 2016 merece un análisis específico porque no era un análisis neutral: era una opinión jurídico-financiera que servía un propósito muy concreto en el contexto del canje. En ese momento, la Asamblea Nacional —institución que Rodríguez había asesorado precisamente en materia económica y financiera entre 2000 y 2004— se oponía activamente a la operación.
En ese contexto, el informe de Rodríguez —que concluía que la aprobación parlamentaria no era necesaria— funcionó como garantía técnica para el mercado: un economista con credenciales académicas, familiaridad con la institucionalidad venezolana y presencia en Wall Street afirmando que la objeción de la Asamblea Nacional carecía de fundamento.
VI. LA SALIDA DE TORINO Y EL GIRO HACIA FALCÓN
En 2018, Francisco Rodríguez dejó su cargo en Torino Capital para convertirse en asesor económico de la campaña presidencial de Henri Falcón, quien se presentaría como candidato de oposición en las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de mayo de ese año. La participación de Rodríguez en la campaña de Falcón fue ella misma controversial: sectores de la oposición venezolana cuestionaron que la candidatura de Falcón podía servir como coartada de legitimación del régimen de Maduro.
VII. OIL FOR VENEZUELA: DEL ANÁLISIS A LA ABOGACÍA POR LOS BONISTAS
Tras la experiencia electoral, Rodríguez asumió la dirección de la organización Oil for Venezuela —también referida como Petróleo para Venezuela—, desde la cual continuó interviniendo activamente en el debate público sobre el futuro de Citgo y los bonos PDVSA 2020.
En esa nueva plataforma, Rodríguez adoptó una postura que sus críticos han calificado como alineada con los intereses de los tenedores de bonos. Su argumento central era que la estrategia jurídica adoptada por el gobierno interino —impugnar la validez de los bonos ante los tribunales— era un error. En su lugar, defendía la negociación directa con los acreedores.
Para quienes seguían el litigio desde la perspectiva de los intereses del Estado venezolano, la postura de Rodríguez resultaba paradójica: había producido el informe que legitimó la operación ante el mercado; ahora criticaba el intento judicial de revertirla.
Fuentes: El Nacional, agosto 2021; Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2024; Venezuelanalysis.com, noviembre 2024.
VIII. LA BATALLA JUDICIAL: VICTORIA DE FORMA, DERROTA DE FONDO
El litigio sobre los bonos PDVSA 2020 ha recorrido un camino tortuoso por los tribunales norteamericanos. En octubre de 2019, el gobierno interino de Guaidó presentó una demanda en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitando la declaración de nulidad de los bonos y del contrato de garantía.
La jueza Katherine Polk Failla resolvió en favor de los tenedores de bonos. Su razonamiento fue esencialmente el siguiente: los contratos se firmaron en Nueva York, en dólares; el derecho aplicable es el de Nueva York; y bajo ese derecho, los bonos son válidos y ejecutables.
Paralelamente, la Administración de los Estados Unidos ha renovado en dieciséis ocasiones la Licencia General No. 5 de la OFAC, que prohíbe a personas estadounidenses participar en transacciones relacionadas con los bonos PDVSA 2020. La Licencia General 5W, emitida el 4 de mayo de 2026, extiende la prohibición hasta el 19 de junio de 2026. Un día después, el 5 de mayo, la OFAC emitió la Licencia General 58, autorizando servicios de asesoría legal y financiera para el gobierno venezolano en conexión con una posible reestructuración de la deuda de PDVSA.
IX. CRONOLOGÍA DOCUMENTADA
X. BALANCE: LO QUE MUESTRAN LOS HECHOS
El caso de Francisco Rodríguez y los bonos PDVSA 2020 no es simplemente el de un analista que se equivocó en sus proyecciones. Es el de un economista que, en un papel institucionalmente relevante, produjo el argumento técnico que facilitó la participación del mercado en una operación que la Asamblea Nacional —el único poder del Estado venezolano con autoridad para autorizarla— rechazaba activamente.
Los documentos judiciales muestran que ese argumento fue citado por al menos un fondo institucional de primer nivel como fundamento de su decisión de inversión. La operación resultante generó una vulnerabilidad estructural para el Estado venezolano que, casi una década después, sigue sin resolverse.
Rodríguez nunca ha sido imputado por cargo alguno en relación con estos hechos. Sus declaraciones y análisis representan posiciones legítimas en un debate técnico y jurídico genuinamente complejo. Sin embargo, el patrón de conducta documentado presenta rasgos que críticos y analistas han calificado como conflicto de interés estructural. Esa coherencia de posición —favorable a los intereses de los bonistas en todas las etapas— es el dato que este reportaje documenta. La valoración de ese dato corresponde al lector.
«En política y en finanzas, las credenciales no eximen del escrutinio; a menudo, lo hacen más necesario.»
XI. ESTADO ACTUAL DEL CASO
Al momento de publicación de este reportaje, el litigio sobre los bonos PDVSA 2020 continúa activo. La apelación ante el Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos está en curso. El 4 de mayo de 2026, la OFAC emitió la Licencia General 5W, extendiendo hasta el 19 de junio de 2026 la prohibición de que los bonistas ejecuten su garantía sobre Citgo. Al día siguiente, el 5 de mayo de 2026, la OFAC emitió la Licencia General 58, autorizando servicios legales, financieros y de asesoría para el gobierno venezolano en conexión con una eventual reestructuración de la deuda de PDVSA.
El gobierno venezolano ha denominado el riesgo de perder Citgo como «el robo del siglo». La Asamblea Nacional en el exilio ha reiterado la nulidad constitucional del bono. Los bonistas —fondos de inversión internacionales que adquirieron los instrumentos en el mercado secundario— mantienen sus reclamaciones activas ante los tribunales norteamericanos.
Entre tanto, la empresa que lleva años en el centro del conflicto —Citgo Petroleum Corporation— continúa operando sus refinerías en territorio estadounidense, produciendo aproximadamente 811.000 barriles diarios y generando ingresos que, dadas las sanciones, no regresan a Venezuela.
FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Arts. 150, 187(9) y 303.
- Asamblea Nacional de Venezuela, Acuerdo sobre nulidad del Bono PDVSA 2020 (asambleanacionalvenezuela.org).
- SEC/PDVSA, Offering Circular (Exhibit T3E), registrado el 16 de septiembre de 2016 (Caso No. 906424).
- Cleary Gottlieb, análisis del caso Petróleos de Venezuela S.A. v. MUFG Union Bank, N.A., SDNY, septiembre 2025.
- Declaración jurada de Xin Xu, Ashmore Group, presentada en el caso SDNY, 2020.
- Bloomberg: «PDVSA Bewilders Bond Analysts by Making $949 Million Payment» (octubre 2018); «This Wall Street Firm Has 36-Hour Guide to Caracas» (noviembre 2017).
- OFAC / U.S. Treasury, General License 5W (4 de mayo de 2026) y General License 58 (5 de mayo de 2026).
- Venezuelanalysis.com: «Venezuela: US Treasury Department Extends CITGO Protection Amid Auction Controversy», noviembre 2024.
Alfredo Yánez
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Entrevistas
Zair Mundaray: «Enfrenté al poder con ciencia»
El exfiscal venezolano habla sobre el sistema judicial, los presos políticos y lo que viene después de la transición.
Zair Mundaray: «Enfrenté al poder con ciencia»
Fue el tercero en la jerarquía del Ministerio Público entre 2014 y 2017, y hoy es fuente obligada de las ONG de derechos humanos. Esa doble condición despierta sospechas. Zair Mundaray —53 años, criminalista, exiliado— se sentó a contestarlas.
- Qué
- Un exalto fiscal del Ministerio Público responde a la pregunta que lo persigue: cómo combatió el aparato al que sirvió.
- Quién
- Zair Mundaray, criminalista de carrera y exdirector general de Actuación Procesal, hoy exiliado con orden de captura.
- Cuándo
- Su gestión clave transcurre entre 2014 y 2017; la conversación se publica el 7 de junio de 2026.
- Dónde
- Venezuela, desde la Unidad Criminalística del Ministerio Público hasta el exilio tras la ruptura de 2017.
- Por qué
- El testimonio expone desde dentro el aparato penitenciario y judicial que la transición tutelada hereda intacto.
- Cómo
- A través de evidencia forense: balística, autopsias y video que le quitaron al poder el monopolio sobre la verdad de sus crímenes.
Hay una pregunta que persigue a Zair Mundaray como una sombra: ¿cómo puede quien ocupó el tercer cargo del Ministerio Público durante los años más represivos del chavismo presentarse hoy como referente de derechos humanos? Es la pregunta correcta, y se la hicimos de entrada, sin amortiguar el golpe. Su respuesta no fue una disculpa ni un mea culpa: fue una reconstrucción minuciosa de casi dos décadas de trabajo criminalístico, articulada alrededor de una tesis que sostiene con la frialdad del forense que es. La frontera entre quien sirvió al aparato y quien lo combatió, dice, no se mide por el cargo sino por lo que cada quien hizo con él. Y lo que él hizo, afirma, fue construir una unidad científica que le quitó al poder el monopolio de la verdad sobre sus propios crímenes.
Lo que sigue es esa conversación, ordenada y depurada. INCÍSOS no avala ni desmiente la totalidad de sus afirmaciones —varias remiten a expedientes que solo un tribunal independiente podría ventilar—, pero sí verificó los hechos estructurales.
«Sin anestesia»
Usted es hoy una fuente obligada de ONG y de periodistas para hablar de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero entre 2014 y 2017 estuvo en la cúspide del Ministerio Público; hay quien dice que fue el número tres del aparato que ejecutó buena parte de esas violaciones. ¿Por qué deberíamos creerle hoy a Zair Mundaray?
Esa pregunta nace de una ignorancia que, debo decirlo, en parte creó el propio modelo de Estado, y en parte el propio Ministerio Público, que nunca explicó bien lo que hacía. De los cargos que tuve, solo uno —Actuación Procesal— era de alta responsabilidad política; los demás eran funciones de apoyo a los fiscales, a la función pública. Pero lo importante es lo que hicimos desde el área de investigación.
Cuando llegué a la Dirección de Investigaciones inauguramos algo único en el mundo: la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Una unidad de criminalistas, forenses e investigadores —con telefonía, con experticia informática— dedicada solo a investigar casos de derechos humanos. Vinieron de Argentina, de Ecuador, de República Dominicana a ver el modelo. ¿Por qué la creamos? Porque nos dimos cuenta de una realidad: no era posible investigar a un aparato que se investigaba a sí mismo. Si el CICPC mataba a alguien en un supuesto enfrentamiento, los actos de investigación los hacía el propio CICPC. ¿Usted cree que iba a haber investigación? Evidentemente no. Esta unidad tenía la capacidad de deslastrarse de los resultados oficiales. Esa es la diferencia.
No era posible investigar a un aparato que se investigaba a sí mismo. Si el CICPC mataba a alguien, los actos de investigación los hacía el propio CICPC.
El caso Bassil Da Costa
Usted dice que esa unidad llegó a contradecir al propio poder.
El Día de la Juventud, cuando matan a Bassil Da Costa, salimos a la calle en paralelo: el CICPC por un lado y nuestra unidad por el otro. A los pocos días ya sabíamos que lo que había dicho Nicolás Maduro no era cierto. Buscamos más de 150 horas de video y determinamos que los únicos tiradores en el momento del disparo eran cuatro funcionarios del Sebin y el escolta personal de Rodríguez Torres: cinco personas armadas disparando en la misma dirección. El proyectil era ojival, de cañón rayado convencional; el del escolta de Rodríguez Torres tenía otra característica. Hicimos la comparación balística y ahí estaban los responsables. Tan incómodo fue, que destituyeron al director del SEBIN después de que me entregó las armas. Un funcionario del Sebin fue condenado a 30 años. ¿Quién lo demostró? La ciencia. Esa ciencia que después Tarek William Saab desmanteló cuando llegó.
Tumeremo, Barlovento, las OLP
Su cronología se pasea por casos emblemáticos.
¿Quién le dijo al país que en Tumeremo hubo una masacre, cuando habían quitado los cadáveres? La criminalística. Lo mismo en Barlovento: los muertos los conseguí yo, con ayuda de funcionarios que todavía están en Venezuela y por eso no nombro. En las OLP me paré en una reunión del Consejo General de Policía, en 2015, y le dije al ministro en su cara: «Las OLP son asesinatos en masa». Porque las estábamos investigando, y no nos dábamos abasto de tantas muertes. En los casos que pudimos procesar, las personas no eran delincuentes, no tenían registro, se las llevaban vivas de sus casas y las asesinaban; no hubo tal enfrentamiento.
El «doble tap»
¿Cómo lo determinaron técnicamente?
Acumulamos cerca de cien casos con protocolos de autopsia. Aparecía un patrón: dos disparos lineales, uno al lado del otro, en la parte superior del tórax. Eso no ocurre en un enfrentamiento real. En un enfrentamiento real hay tiros en la mano, rasantes en el pie, en cualquier parte, porque el cuerpo está en movimiento, cae y dispara. Estos eran tiros limpios y de frente. Conseguimos el video de San Vicente: un policía sujetaba a la persona por un brazo, otro por el otro, y un tercero disparaba de frente. Creían que si el tiro era frontal podían simular un enfrentamiento. Lo que dejaron fue un patrón de asesinato. Ese «doble tap» está hoy en la Corte Penal Internacional. Lo halló mi equipo. ¿Y quién dio la cara? Yo. Por eso me han perseguido tanto tiempo: porque yo no tenía compromiso.
El doble tap está hoy en la Corte Penal Internacional. Lo halló mi equipo. ¿Y quién dio la cara? Yo.
El caso Chirinos
No todo fue confrontación política. Usted invoca también un caso que marcó al país: el del psiquiatra Edmundo Chirinos.
Ese fue uno de los enfrentamientos jurídicos más hermosos de mi vida, y uno de los primeros grandes choques. Chirinos era el psiquiatra de tres presidentes, exrector de la Universidad Central, excandidato presidencial. Un hombre intocable. Y era un criminal serial: violó a muchas mujeres y mató a Roxana Vargas, una estudiante de diecinueve años. Me eché encima casi a toda la Universidad Central, a buena parte del estamento político que decía que yo estaba mintiendo. Me mandaron emisarios; un consultor jurídico del partido de gobierno, que era su abogado, me dijo que en la tarde estaría destituido. Le respondí que esperaba mi resolución, pero que si me botaban iba a filtrar todos los casos de homicidio, porque ese hombre no se iba a quedar impune por tener contacto político.
Reuní todo: ADN, que en ese momento ni se trabajaba y tuve que procesar con una universidad; planimetría; trayectoria. Enfrenté en el juicio a quien fue mi maestra en la PTJ y a los mejores peritos que trajo la defensa. Después de leer el expediente, su propio equipo técnico dijo que no había nada que hacer. De las pocas veces que un fiscal agotó toda la evidencia. Lo condenaron. Por eso me extrañó tanto que después me llamaran para un caso bancario, el de Arné Chacón, donde mi primera reacción al ver los expedientes fue decirles a los fiscales: «En esta vaina no hay sangre, y sin sangre no es mi terreno». El homicidio siempre fue mi foco.
Edmundo Chirinos, exrector de la UCV y terapeuta de los presidentes Jaime Lusinchi, Rafael Caldera y Hugo Chávez, fue condenado en septiembre de 2010 a veinte años de prisión por el homicidio intencional de Roxana Vargas, estudiante de Comunicación Social de diecinueve años hallada muerta el 14 de julio de 2008 en Parque Caiza. Mundaray actuó como fiscal 48° nacional, junto al fiscal 50° del Área Metropolitana, Pedro Montes; durante seis meses de juicio presentaron entre 70 y 80 órganos de prueba. El tribunal inhabilitó a Chirinos para ejercer la psiquiatría. El caso es registro público y verifica el relato.
La cadena de mando
Volvamos a la estructura. Usted fue el tercero. Luisa Ortega Díaz era la fiscal general y traía un proyecto. ¿Cómo se vivió ese momento, entre 2016 y 2017, con la oposición ya en la Asamblea Nacional?
Yo venía de carrera: fiscal de pueblo en Caucagua, Barlovento, Guarenas; luego fiscal nacional. Nunca había trabajado con Ortega Díaz personalmente porque yo estaba en el campo, en la investigación. Todo el mundo en la institución conocía mi postura política, que no ocultaba y que compartían mayoritariamente los fiscales.
El primer indicio de que algo cambiaba fue cuando me asignaron, a mí, investigar un supuesto magnicidio contra Chávez denunciado por Iris Varela. Es el único caso de magnicidio que se sobreseyó. Presenté un informe: no había tal plan, la denuncia no era seria. Le pregunté a la diputada Varela quién estaba detrás, a quién debía procesar, y me respondió: «Barack Obama». Imagínese. Ahí entendí que, cuando de verdad querían saber la verdad, me mandaban a mí; cuando querían torcer algo, tenían otros nombres para eso.
Después me llamó Ortega Díaz: «Hay que reconducir muchas cosas; quiero que te encargues de Actuación Procesal». Le dije de frente: «¿Usted cree que va a poder trabajar conmigo? Porque lo que yo le informe muy probablemente no se corresponda con lo que usted quiere oír». Me respondió: «Eso es lo que necesito, y probablemente es lo que necesita el país en este momento». Le puse una condición: libertad para hacer lo que hubiera que hacer. Si no, que me dejaran en mi laboratorio.
Castillo y Pernalete
¿Cómo se sostiene una investigación así contra todo el aparato?
Plantándose. A Néstor Reverol le pedí que me entregara a los que mataron a Gruseny Canelón en Barquisimeto; me dijo que si lo hacía, se caía el gobierno, porque eran doce guardias nacionales. En el caso de David José Vallenilla, el estudiante de la Universidad Santa María, me pararon en la puerta de la comandancia de la Carlota y me dijeron: «Aquí no manda usted, aquí manda Maduro». Respondí: «Aquí manda la Constitución». Vallenilla no disparó a nadie; lo mató una metra de plomo, y yo tenía el cuerpo y la evidencia. Querían que el caso lo llevara la Fiscalía Militar; no lo permití. A Juan Pablo Pernalete lo investigué desde el levantamiento del cadáver. A los críticos que hoy hablan desde la tribuna los invito a que hagan lo que hice yo: pararse en el sitio del suceso, frente a cuatro generales, y pedir las órdenes de captura.
Tengo el cuerpo y tengo la evidencia. Ellos tienen la evidencia y nosotros el cuerpo.
«La mano que mece la cuna»
Se ha publicado, con base en información y desinformación, sobre presuntos esquemas de extorsión y manipulación de expedientes que involucrarían a Luisa Ortega Díaz, a Germán Ferrer y, por asociación, a usted. ¿Existió una acusación formal? ¿Funcionó así?
Le cuento de dónde viene ese señalamiento. En 2016, cuando me designan, empiezan mis choques con Gustavo González López. Hubo un caso —el de un joven, Alejandro Puglia— en el que pidieron una orden por una conducta que no encajaba en ningún delito del ordenamiento jurídico. Pedí su libertad. En otro caso, González López puso a un adolescente de quince años a declarar en televisión que le habían pagado para quemar cosas; le habían dado un parlamento y le pusieron una pistola enfrente. Lo desmontamos: conectamos con la fiscalía de menores, el niño explicó la coacción, y con su propia entrevista pedimos la libertad del acusado y del menor. Una jueza de menores —cuyo nombre no sé, pero a quien le agradezco donde esté— se atrincheró en el tribunal con el niño, llamó a la Guardia Nacional y logró sacarlo escoltado hasta su casa, frente al Sebin que quería llevárselo.
Esa noche González López me llamó, furioso: «¿Tú crees que mandas solo?». Le dije: «Yo no trabajo para ti; mi obediencia es a la Constitución». Al día siguiente Mario Silva, en su programa, leyó un informe que decía que «la mano que mece la cuna en el Ministerio Público es Zair Mundaray». A partir de ahí me mandaron los colectivos. Y pusieron a investigarme: a un general de apellido Mora, jefe de la Policía contra la Corrupción, y a un exdirector del Ministerio Público desleal. Me investigaron todo 2016 y todo 2017: una investigación patrimonial completa. ¿El resultado? Le dijeron a Saab que no encontraron nada por corrupción ni por tema patrimonial. Me inhabilitaron por no haber presentado la declaración jurada de 2017 y por no haber entregado el cargo, cosas materialmente imposibles en mi situación. Me allanaron la casa y me apuntaron.
Si ese esquema de extorsión hubiera existido, lo habría encontrado quien me investigó dos años enteros. Yo siempre dije: ¿quiere saber quién es el ladrón del Ministerio Público? Vea quién tiene qué. Yo terminé de pagar mi casa y mis carros en el exilio, por la caja de ahorros, haciendo trabajo manual.
¿Quiere saber quién es el ladrón del Ministerio Público? Vea quién tiene qué.
PDVSA-Cripto
Le ha puesto mucho énfasis al caso PDVSA-Cripto. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Es el caso de criminalidad organizada más grande que ha tenido el país, y tiene una particularidad escalofriante: los perpetradores y los investigadores se confunden. Buena parte de los presos son delincuentes, sí —Samark, Tarek y otros—, pero fueron procesados por otra organización criminal, la que dirigían González López y Tarek William Saab. Esa estructura extorsionó, se apoderó de bienes, torturó y violó todos los derechos fundamentales de los detenidos. Y hay personas presas que no tienen relación alguna con la trama: el señor de Mérida que tenía una posada, la muchacha cuyo único vínculo era sentimental.
Lo medular es esto: el daño no está cuantificado. No se sabe dónde está la plata. La Procuraduría, que debe velar por el patrimonio público y es parte del proceso, no ha podido cuantificar el daño patrimonial. Las defensas corren solas porque el Estado no tiene representación real; los venezolanos, como víctimas, no estamos representados. Es, esencialmente, un gran fraude montado para hacer un show: vestir de naranja a sesenta y tantas personas para justificar una pérdida enorme. Y mientras tanto, ¿por qué no están presos quienes hicieron exactamente lo mismo —vender petróleo como brókeres fuera de las sanciones, cambiar la identidad de los barcos— y no devolvieron el dinero? Hay quien me ataca diciendo que defiendo a estos procesados. No: defiendo el derecho de los venezolanos a saber dónde está su dinero.
El juicio PDVSA-Cripto, con 64 acusados, atraviesa su audiencia número quince. El 1 de junio de 2026, seis detenidos iniciaron una huelga de hambre en protesta por las audiencias telemáticas; las defensas denuncian que el expediente original no está disponible en sala y han pedido la nulidad del proceso y la presencia de observadores internacionales. Reportes de TalCual coinciden con el diagnóstico de Mundaray: el juicio no esclarece el desfalco ni el paradero del dinero.
Los fiscales invisibles
Una última reflexión.
Lo que me duele como ser humano son los fiscales. Hablé hace poco con uno que fue fiscal superior, que mandaba en todo un estado, y hoy hace delivery en moto en Chile; tiene cuarenta y un años y me dice que le da pena con su madre. Tengo una colega que fue la fiscal nacional de menores, de las más preparadas del país, manejando un montacargas en un depósito. Otra vende tortas; otra hace soldadura de noche. Hay más de cuatrocientos o quinientos fiscales que, por haber enfrentado al poder en 2017, están exiliados, perseguidos, con órdenes de captura. Es una población invisible. Y cuando salen a decir algo, les cae encima una parte de la población que solo recuerda que fueron fiscales en aquella época. ¿Quién nos repone lo que arriesgamos? ¿Quién le repone los años de sufrimiento a la juez Mariela Casado, cuya hermana fue asesinada por error, en un atentado dirigido contra ella?
Hay más de cuatrocientos fiscales exiliados y perseguidos. Es una población invisible.
Ficha del entrevistado
Zair Mundaray Rodríguez. 53 años. Abogado por la Universidad Central de Venezuela. Especialista en criminalística y en derecho penal; magíster en criminología y victimología por la Universidad de Valencia; doctorado en Derecho Constitucional inconcluso por la persecución, según su testimonio. Fiscal de carrera durante cerca de dos décadas, recorrió cargos en Miranda hasta llegar a fiscal nacional. Dirigió la Dirección de Investigaciones y la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, y fue Director General de Actuación Procesal hasta 2017. En el exilio desde ese año, con inhabilitación y órdenes de captura dictadas por el chavismo. Es fuente recurrente de organizaciones de derechos humanos.
Entrevista editada para publicación a partir de una conversación grabada. Las afirmaciones sobre conversaciones privadas corresponden al testimonio del entrevistado. Los hechos estructurales y los casos citados fueron verificados con fuentes públicas (Provea, Fiscales.gob.ar, El Nacional, El Universal, TalCual, La Patilla). · Contexto, análisis y criterio.
Política
El coronel que le hace juicio constitucional al poder
El caso Bellorín revela cómo el régimen usa el poder constituyente como instrumento de control.
El coronel que le hace juicio constitucional al poder
Ángel Alberto Bellorín desconfió de Chávez, enfrentó a Maduro y hoy vigila a la transición. Su arma sigue siendo la misma: la Constitución. Aun cuando la fuerza resolvió lo que la norma no pudo, él no suelta el expediente.
- Qué
- El pensamiento y las propuestas de un jurista militar que litiga, desde hace tres décadas, por el mérito constitucional.
- Quién
- El coronel retirado Ángel Alberto Bellorín, doctor en Derecho Constitucional y abogado magna cum laude.
- Cuándo
- De un reclamo de ascenso en 1992 a sus análisis sobre la transición tutelada de 2026.
- Dónde
- Venezuela: del cuartel y los tribunales a la tribuna de opinión pública.
- Por qué
- Su voz activa ilustra el choque entre el argumento jurídico y el realismo político en la crisis venezolana.
- Cómo
- Agotando la vía administrativa, luego la judicial y, cuando ambas fallan, escribiendo con fecha y artículo exactos.
Hay una manera venezolana de pelear contra el poder que no usa armas ni multitudes, sino artículos, expedientes y fechas. El coronel retirado Ángel Alberto Bellorín la encarna mejor que casi nadie: oficial del Ejército convertido en abogado magna cum laude y doctor en Ciencias Jurídicas mención Derecho Constitucional, lleva más de tres décadas litigando una idea obstinada: que el mérito existe, que está escrito en la Constitución, y que el Estado venezolano lleva años fingiendo que no.
Su historia no es la de un converso. Es la de algo más raro y más difícil: la de alguien cuya desconfianza ha sido siempre pareja, y lo sigue siendo. Desconfió de Chávez cuando aún gobernaba, enfrentó a Maduro hasta pedirle la renuncia, y hoy desconfía de la transición tutelada que llegó después. Y sigue activo: litiga, escribe y publica con la misma constancia. Su coherencia no está en la respuesta —que cambia con los hechos—, sino en la pregunta, que es siempre la misma: ¿quién responde por las instituciones destruidas?
El origen: un fraude de cinco puntos
Su biografía pública nace, según su propio relato, de un agravio concreto y medible. En abril de 1992, siendo mayor que aspiraba al grado de teniente coronel, Bellorín descubrió que en su calificación de servicios se había colocado una nota de 94,959 cuando, dice, correspondía 99,960: le habían asignado cero puntos en el examen físico —cuya planilla afirma haber entregado con recibo—, restándole cinco puntos y desplazándolo en el orden de ascenso.
Lo que para muchos habría sido una pataleta de cuartel, en él se volvió método. Cuenta que la Inspectoría le dio la razón y recomendó su ascenso en un expediente de julio de 1992, pero no fue ascendido a teniente coronel sino hasta julio de 1993, sin reconocimiento de antigüedad y con la sugerencia de que se quedara tranquilo. No se quedó tranquilo. Esa decisión marcó el patrón que mantiene hasta hoy: agotar la vía administrativa, después la judicial, y cuando ambas fallan, escribir.
La cruzada por el artículo 331
El núcleo doctrinal de Bellorín es un solo artículo de la Constitución de 1999. El artículo 331 establece que los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Para él, esas tres palabras son principios jurídicos vinculantes, no adornos retóricos, y el Estado nunca dictó la ley que debía desarrollarlas.
El 17 de abril de 2001 interpuso ante la Sala Constitucional un recurso de interpretación de ese artículo, para que el máximo tribunal fijara criterio sobre qué significan mérito, escalafón y plaza vacante. La Sala le respondió, en sentencia de octubre de 2001, que el artículo era «claro y preciso», sin ambigüedad, y que al remitir a una ley posterior no era susceptible de interpretación: declaró inadmisible el recurso. En 2005 volvió a intentarlo, pidiendo que el tribunal considerara que seis años eran suficiente omisión legislativa. Según él, se «lavó las manos» otra vez.
El desenlace de su reclamo original es casi una alegoría del país. En 2016 —según su relato, veinticuatro años después de iniciado el reclamo— la Sala Político-Administrativa anuló el acto administrativo de ascensos, pero sin asignar responsabilidades ni resarcimiento. Bellorín la calificó de sentencia «de antología»: más de cincuenta páginas que, denuncia, no mencionaban ni una vez el artículo 331 que estaban obligados a cumplir.
El enemigo doctrinal: el «factor de corrección»
Si hay un concepto que Bellorín ha perseguido con saña intelectual, es el llamado factor de corrección: una fórmula de un reglamento de 1986 que faculta a las juntas para modificar discrecionalmente las calificaciones de los oficiales, y con ellas el mérito mismo. Sostiene que la Junta de Ascenso suele estar formada por oficiales que a su vez están siendo evaluados por otras juntas, de modo que se quita mérito a quienes estorban y se otorga a los beneficiarios, todo «con el barniz de órgano colegiado». Una máquina de cooptación disfrazada de procedimiento.
De ahí su proyecto más concreto: una Ley de Ascensos Militares de 71 artículos que redactó en 2020 y que fue presentada a la Asamblea Nacional ese año. Plantea eliminar el factor de corrección y frenar la inflación de grados que ha llevado al país a tener, según su denuncia, cerca de dos mil generales, muchos de ellos ociosos. Para Bellorín, exigir la verdadera meritocracia en la Fuerza Armada es el punto de partida para sanear todas las demás instituciones, y lo sigue planteando.
Una teoría del país: la mediocridad como sistema
Lo que distingue a Bellorín de un simple litigante agraviado es que convirtió su caso en una tesis sobre Venezuela. Habla de «una mediocridad en arraigada metástasis social e institucional» que no quiere medirse de forma transparente. Y esa idea se extiende más allá del cuartel: en sus escritos recientes traslada la misma lógica al escalafón universitario y al salario mínimo, frentes —dice— de una misma guerra contra el mérito.
Su lectura es sistémica. Vincula el artículo 91, sobre el salario mínimo vital, con el 80, que ordena igualar las pensiones al salario mínimo, para denunciar que el «salario mínimo integral» anunciado por el gobierno fragmenta el ingreso en bonos y convierte el salario en dádiva y no en derecho. E insiste en que los artículos 328, 330 y 331 forman «un todo integrado»: desde ese andamiaje denuncia, por ejemplo, los ascensos a general que se otorgaron a oficiales que habían sido gobernadores y militantes del partido de gobierno, en violación —sostiene— del artículo 330, que prohíbe a los militares activos optar a cargos de elección popular.
El llamado a Maduro: rendirse para evitar la tragedia
A finales de diciembre de 2025, su pluma jurídica se volvió intervención política directa. El 23 de diciembre, Bellorín —junto al también coronel retirado y jurista Hidalgo Valero Briceño— instó públicamente a Maduro a reconocer la derrota electoral del 28 de julio de 2024 y a renunciar, calificándolo como la solución menos costosa para el país.
Su posición tuvo un matiz que conviene no perder: rechazó de plano cualquier conflicto armado. «Yo tampoco quiero guerra, y estoy seguro de que ningún venezolano de bien desea una invasión militar ni sufrir las penurias de una guerra», declaró. Le planteó a Maduro que la salida estaba en sus manos: reconocer la derrota y rendir cuentas ante la justicia internacional, donde —a diferencia del sistema venezolano— se respetaría la presunción de inocencia. Y, anticipándose a la acusación de traidor, marcó distancia de cualquier agenda externa: dijo no conocer a ningún norteamericano ni haber pisado ese país, y aseguró que lo único que conoce a la perfección es la Constitución.
Yo tampoco quiero guerra, y estoy seguro de que ningún venezolano de bien desea una invasión militar ni sufrir las penurias de una guerra.
Cuando el realismo político mató al argumento jurídico
Y entonces ocurrió lo que su arma de toda la vida no pudo lograr. El 3 de enero de 2026, comandos estadounidenses capturaron a Maduro y lo sacaron del país. El abogado constitucionalista que llenaba escritos de artículos hizo la confesión más incómoda para alguien de su formación: que la fuerza, no la norma, había resuelto lo que la norma nunca pudo.
En un texto del 4 de enero sostuvo que en Venezuela el estado de derecho había dejado de existir hacía años, y que cuando eso ocurre la política como ciencia de lo posible desplaza a lo jurídico. El antiguo litigante invocó entonces a los teóricos del poder: dijo que la dignidad y la moral de María Corina Machado, apeladas a la razón y a la norma, «nunca fue suficiente para domar a la bestia», y que en 27 años debió aprenderse que «el realismo político mata el argumento jurídico». No celebró la intervención: leyó con frialdad que las armas que sacaron a Maduro están en manos de Trump y de sus intereses.
Donde su voz se volvió más personal fue en la suerte de los soldados. Lamentó que, pasadas las primeras horas, se desconociera aún el listado de jóvenes militares caídos, «venezolanos sacrificados injustamente» por un alto mando que, dice, subordinó la Fuerza Armada a un proyecto partidista. La culpa, para él, no recae en quien disparó desde afuera, sino en quien entregó la institución.
En 27 años de destrucción populista debió aprenderse que el realismo político mata el argumento jurídico.
La misma vara para los nuevos actores
Lo notable es que sus obsesiones no desaparecieron con el régimen caído. Bajo el gobierno de transición que encabeza Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Bellorín siguió denunciando lo mismo que antes. Atacó el «salario mínimo integral» anunciado en mayo de 2026 como una falacia más, insistiendo en que ningún gobierno puede legislar por decreto por encima de la Constitución. El aplanamiento del mérito —del escalafón militar, del universitario, de la escala salarial— es, para él, una enfermedad estructural que sobrevive a los gobiernos que la encarnaron.
Tampoco se volvió un celebrante de la tutela extranjera. Cuando la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció sobre la vacancia presidencial, Bellorín no discutió la mecánica jurídica sino la amnesia: criticó que el comunicado pareciera omitir que la ruptura constitucional venía de antes, como si «el 3 de enero de 2026 nació la República», ignorando que el desconocimiento del resultado electoral databa del 28 de julio de 2024. Y en textos recientes, con títulos como «Protectorado gringo en el TSJ», dejó claro que su preocupación por la soberanía y por una reconstrucción auténticamente venezolana sigue viva. El realismo con que aceptó los hechos no se confunde, en él, con entusiasmo por un protectorado.
Tango, expediente y filo
Bellorín escribe como litiga: con la fecha exacta, la cita constitucional textual y una vena literaria que suele desembocar en el tango «Cambalache», que cita para retratar un país donde «es lo mismo ser derecho que traidor». Esa imagen —el aplanamiento moral como metáfora de la abolición del mérito— es su obsesión central. Y su firma lo dice todo sobre cómo quiere ser leído: «Abogado Magna Cum Laude, Doctor en Ciencias Jurídicas mención Derecho Constitucional». No firma como coronel primero. Hace tiempo que su batalla dejó el cuartel.
Su pensamiento gira sobre un eje único y coherente: el mérito como principio constitucional traicionado por el Estado, primero en los ascensos militares, luego en las universidades y los salarios, y finalmente en la propia legitimidad del poder. Su propuesta no es revolucionaria sino, paradójicamente, legalista hasta la médula: que se cumpla la Constitución que el chavismo redactó y que —según él— nunca tuvo intención de obedecer. Por eso desconfía de todos por igual. Y por eso su pregunta, la única que nunca cambia, sigue esperando respuesta — y él, sin soltar el expediente, sigue formulándola.
Su coherencia no está en la respuesta, que cambió con los hechos. Está en la pregunta: ¿quién responde por las instituciones destruidas?
Reportaje de perfil. Los hechos públicos —el llamado a Maduro a renunciar del 23 de diciembre de 2025, los recursos ante el Tribunal Supremo, el contenido del artículo 331 y la captura del 3 de enero de 2026— se verificaron en fuentes independientes (Infobae, La Patilla, repositorios del TSJ). Las afirmaciones sobre su caso personal de ascenso y las interpretaciones políticas provienen del testimonio y las columnas del propio Bellorín, y se presentan como tales. · Contexto, análisis y criterio para entender lo que pasa.
Especiales
§ I · Las guerras de afuera
Venezuela, Cuba e Irán: tres válvulas de un mismo tubo que lleva petróleo.
Las guerras de afuera
Venezuela, Cuba e Irán no son tres conflictos separados. Son tres válvulas de un mismo tubo, y el tubo lleva petróleo.
Venezuela: la victoria a medias
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en una operación nocturna en Caracas. Washington anunció que manejaría el país hasta una transición segura. Delcy Rodríguez quedó como presidenta encargada y gobierna, desde el primer día, bajo supervisión estadounidense, atada a una hoja de ruta —el plan de tres fases presentado el 7 de enero ante el Congreso— que exige avances medibles en reformas, liberación de presos y reestructuración económica.
Pero ahí termina la victoria y empieza el atolladero. El alivio de sanciones es real pero reversible. El sector petrolero está abierto a negociación, aunque opera bajo un marco legal aún no probado. Cualquier transición será disputada y prolongada. Nadie pone capital serio sobre cimientos que pueden revertirse mañana. Mientras el relato oficial habla de un pueblo que celebra, las calles lo desmienten: el salario mínimo mensual ronda cifras que no alcanzan un dólar, y en los centros comerciales de Caracas la gente entra, compara precios y sale con las manos vacías. La vitrina brilla; el bolsillo está vacío.
Hay más capas. Grupos armados todavía controlan amplias zonas del territorio. Y la propia tutelada marca distancia: Rodríguez viajó a India entre el 3 y el 7 de junio para asegurar contratos petroleros, y antes rechazó públicamente que Venezuela pudiera convertirse en un estado de la Unión. Trump tiene a Maduro preso, pero no tiene una Venezuela resuelta. El frente está avanzado. No está cerrado.
Cuba: el cerco lento
La crisis cubana de 2026 nació como efecto colateral del frente venezolano. La isla dependía del crudo de Venezuela; el corte de ese petróleo tras la caída de Maduro la dejó sin suministro. Washington tensó las sanciones, restringió los envíos de combustible e imputó al nonagenario Raúl Castro. La administración no autorizó una invasión: prefiere la asfixia a cámara lenta. El objetivo declarado es el cambio de régimen; el método es la constricción. Y la motivación tiene nombre: redención. Trump busca en Cuba el triunfo de cambio de régimen que no pudo cerrar en Irán.
Irán: el atasco
Aquí está la herida más visible. La guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero de 2026 derivó en una tregua que ambos lados violaron desde su declaración. Las negociaciones por el estrecho de Ormuz —un corredor petrolero mayor— siguen estancadas, y el tráfico marítimo, frenado de facto. Es la prueba más limpia del patrón: la fuerza para golpear estuvo; la capacidad para cerrar la guerra, no. Y el bloqueo de Ormuz es precisamente lo que ha empujado a India a comprar crudo venezolano, cerrando el círculo del primer anillo.
Trump tiene a Maduro preso, pero no tiene una Venezuela resuelta. El frente está avanzado. No está cerrado.
- Qué
- Tres frentes de poder duro —Venezuela, Cuba, Irán— avanzados por la fuerza pero sin cierre estable.
- Quién
- La administración Trump; Delcy Rodríguez como presidenta encargada; el régimen cubano; Irán.
- Cuándo
- Captura de Maduro el 3 de enero; guerra de Irán desde el 28 de febrero; crisis cubana en curso en 2026.
- Dónde
- Caracas, La Habana, Teherán y el estrecho de Ormuz; con efectos en el mercado petrolero global.
- Por qué
- Los tres frentes comparten un hilo: el petróleo y el control de su flujo hacia el mercado mundial.
- Cómo
- Operación militar, alivio de sanciones reversible y asfixia económica; tres mecanismos para tomar sin administrar.
Pieza del especial «Los frentes de Trump». Datos verificados con fuentes públicas (Emerson College Polling, NYT/Siena, AP/AAA, Texas Tribune, Brookings, Kpler). · Contexto, análisis y criterio para entender lo que pasa.
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