Usted es hoy una fuente obligada de ONG y de periodistas para hablar de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero entre 2014 y 2017 estuvo en la cúspide del Ministerio Público; hay quien dice que fue el número tres del aparato que ejecutó buena parte de esas violaciones. ¿Por qué deberíamos creerle hoy a Zair Mundaray?

Esa pregunta nace de una ignorancia que, debo decirlo, en parte creó el propio modelo de Estado, y en parte el propio Ministerio Público, que nunca explicó bien lo que hacía. De los cargos que tuve, solo uno —Actuación Procesal— era de alta responsabilidad política; los demás eran funciones de apoyo a los fiscales, a la función pública. Pero lo importante es lo que hicimos desde el área de investigación.

Cuando llegué a la Dirección de Investigaciones inauguramos algo único en el mundo: la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Una unidad de criminalistas, forenses e investigadores —con telefonía, con experticia informática— dedicada solo a investigar casos de derechos humanos. Vinieron de Argentina, de Ecuador, de República Dominicana a ver el modelo. ¿Por qué la creamos? Porque nos dimos cuenta de una realidad: no era posible investigar a un aparato que se investigaba a sí mismo. Si el CICPC mataba a alguien en un supuesto enfrentamiento, los actos de investigación los hacía el propio CICPC. ¿Usted cree que iba a haber investigación? Evidentemente no. Esta unidad tenía la capacidad de deslastrarse de los resultados oficiales. Esa es la diferencia.

Usted dice que esa unidad llegó a contradecir al propio poder.

El Día de la Juventud, cuando matan a Bassil Da Costa, salimos a la calle en paralelo: el CICPC por un lado y nuestra unidad por el otro. A los pocos días ya sabíamos que lo que había dicho Nicolás Maduro no era cierto. Buscamos más de 150 horas de video y determinamos que los únicos tiradores en el momento del disparo eran cuatro funcionarios del Sebin y el escolta personal de Rodríguez Torres: cinco personas armadas disparando en la misma dirección. El proyectil era ojival, de cañón rayado convencional; el del escolta de Rodríguez Torres tenía otra característica. Hicimos la comparación balística y ahí estaban los responsables. Tan incómodo fue, que destituyeron al director del SEBIN después de que me entregó las armas. Un funcionario del Sebin fue condenado a 30 años. ¿Quién lo demostró? La ciencia. Esa ciencia que después Tarek William Saab desmanteló cuando llegó.

Su cronología se pasea por casos emblemáticos.

¿Quién le dijo al país que en Tumeremo hubo una masacre, cuando habían quitado los cadáveres? La criminalística. Lo mismo en Barlovento: los muertos los conseguí yo, con ayuda de funcionarios que todavía están en Venezuela y por eso no nombro. En las OLP me paré en una reunión del Consejo General de Policía, en 2015, y le dije al ministro en su cara: «Las OLP son asesinatos en masa». Porque las estábamos investigando, y no nos dábamos abasto de tantas muertes. En los casos que pudimos procesar, las personas no eran delincuentes, no tenían registro, se las llevaban vivas de sus casas y las asesinaban; no hubo tal enfrentamiento.

¿Cómo lo determinaron técnicamente?

Acumulamos cerca de cien casos con protocolos de autopsia. Aparecía un patrón: dos disparos lineales, uno al lado del otro, en la parte superior del tórax. Eso no ocurre en un enfrentamiento real. En un enfrentamiento real hay tiros en la mano, rasantes en el pie, en cualquier parte, porque el cuerpo está en movimiento, cae y dispara. Estos eran tiros limpios y de frente. Conseguimos el video de San Vicente: un policía sujetaba a la persona por un brazo, otro por el otro, y un tercero disparaba de frente. Creían que si el tiro era frontal podían simular un enfrentamiento. Lo que dejaron fue un patrón de asesinato. Ese «doble tap» está hoy en la Corte Penal Internacional. Lo halló mi equipo. ¿Y quién dio la cara? Yo. Por eso me han perseguido tanto tiempo: porque yo no tenía compromiso.

No todo fue confrontación política. Usted invoca también un caso que marcó al país: el del psiquiatra Edmundo Chirinos.

Ese fue uno de los enfrentamientos jurídicos más hermosos de mi vida, y uno de los primeros grandes choques. Chirinos era el psiquiatra de tres presidentes, exrector de la Universidad Central, excandidato presidencial. Un hombre intocable. Y era un criminal serial: violó a muchas mujeres y mató a Roxana Vargas, una estudiante de diecinueve años. Me eché encima casi a toda la Universidad Central, a buena parte del estamento político que decía que yo estaba mintiendo. Me mandaron emisarios; un consultor jurídico del partido de gobierno, que era su abogado, me dijo que en la tarde estaría destituido. Le respondí que esperaba mi resolución, pero que si me botaban iba a filtrar todos los casos de homicidio, porque ese hombre no se iba a quedar impune por tener contacto político.

Reuní todo: ADN, que en ese momento ni se trabajaba y tuve que procesar con una universidad; planimetría; trayectoria. Enfrenté en el juicio a quien fue mi maestra en la PTJ y a los mejores peritos que trajo la defensa. Después de leer el expediente, su propio equipo técnico dijo que no había nada que hacer. De las pocas veces que un fiscal agotó toda la evidencia. Lo condenaron. Por eso me extrañó tanto que después me llamaran para un caso bancario, el de Arné Chacón, donde mi primera reacción al ver los expedientes fue decirles a los fiscales: «En esta vaina no hay sangre, y sin sangre no es mi terreno». El homicidio siempre fue mi foco.

Volvamos a la estructura. Usted fue el tercero. Luisa Ortega Díaz era la fiscal general y traía un proyecto. ¿Cómo se vivió ese momento, entre 2016 y 2017, con la oposición ya en la Asamblea Nacional?

Yo venía de carrera: fiscal de pueblo en Caucagua, Barlovento, Guarenas; luego fiscal nacional. Nunca había trabajado con Ortega Díaz personalmente porque yo estaba en el campo, en la investigación. Todo el mundo en la institución conocía mi postura política, que no ocultaba y que compartían mayoritariamente los fiscales.

El primer indicio de que algo cambiaba fue cuando me asignaron, a mí, investigar un supuesto magnicidio contra Chávez denunciado por Iris Varela. Es el único caso de magnicidio que se sobreseyó. Presenté un informe: no había tal plan, la denuncia no era seria. Le pregunté a la diputada Varela quién estaba detrás, a quién debía procesar, y me respondió: «Barack Obama». Imagínese. Ahí entendí que, cuando de verdad querían saber la verdad, me mandaban a mí; cuando querían torcer algo, tenían otros nombres para eso.

Después me llamó Ortega Díaz: «Hay que reconducir muchas cosas; quiero que te encargues de Actuación Procesal». Le dije de frente: «¿Usted cree que va a poder trabajar conmigo? Porque lo que yo le informe muy probablemente no se corresponda con lo que usted quiere oír». Me respondió: «Eso es lo que necesito, y probablemente es lo que necesita el país en este momento». Le puse una condición: libertad para hacer lo que hubiera que hacer. Si no, que me dejaran en mi laboratorio.

¿Cómo se sostiene una investigación así contra todo el aparato?

Plantándose. A Néstor Reverol le pedí que me entregara a los que mataron a Gruseny Canelón en Barquisimeto; me dijo que si lo hacía, se caía el gobierno, porque eran doce guardias nacionales. En el caso de David José Vallenilla, el estudiante de la Universidad Santa María, me pararon en la puerta de la comandancia de la Carlota y me dijeron: «Aquí no manda usted, aquí manda Maduro». Respondí: «Aquí manda la Constitución». Vallenilla no disparó a nadie; lo mató una metra de plomo, y yo tenía el cuerpo y la evidencia. Querían que el caso lo llevara la Fiscalía Militar; no lo permití. A Juan Pablo Pernalete lo investigué desde el levantamiento del cadáver. A los críticos que hoy hablan desde la tribuna los invito a que hagan lo que hice yo: pararse en el sitio del suceso, frente a cuatro generales, y pedir las órdenes de captura.

Se ha publicado, con base en información y desinformación, sobre presuntos esquemas de extorsión y manipulación de expedientes que involucrarían a Luisa Ortega Díaz, a Germán Ferrer y, por asociación, a usted. ¿Existió una acusación formal? ¿Funcionó así?

Le cuento de dónde viene ese señalamiento. En 2016, cuando me designan, empiezan mis choques con Gustavo González López. Hubo un caso —el de un joven, Alejandro Puglia— en el que pidieron una orden por una conducta que no encajaba en ningún delito del ordenamiento jurídico. Pedí su libertad. En otro caso, González López puso a un adolescente de quince años a declarar en televisión que le habían pagado para quemar cosas; le habían dado un parlamento y le pusieron una pistola enfrente. Lo desmontamos: conectamos con la fiscalía de menores, el niño explicó la coacción, y con su propia entrevista pedimos la libertad del acusado y del menor. Una jueza de menores —cuyo nombre no sé, pero a quien le agradezco donde esté— se atrincheró en el tribunal con el niño, llamó a la Guardia Nacional y logró sacarlo escoltado hasta su casa, frente al Sebin que quería llevárselo.

Esa noche González López me llamó, furioso: «¿Tú crees que mandas solo?». Le dije: «Yo no trabajo para ti; mi obediencia es a la Constitución». Al día siguiente Mario Silva, en su programa, leyó un informe que decía que «la mano que mece la cuna en el Ministerio Público es Zair Mundaray». A partir de ahí me mandaron los colectivos. Y pusieron a investigarme: a un general de apellido Mora, jefe de la Policía contra la Corrupción, y a un exdirector del Ministerio Público desleal. Me investigaron todo 2016 y todo 2017: una investigación patrimonial completa. ¿El resultado? Le dijeron a Saab que no encontraron nada por corrupción ni por tema patrimonial. Me inhabilitaron por no haber presentado la declaración jurada de 2017 y por no haber entregado el cargo, cosas materialmente imposibles en mi situación. Me allanaron la casa y me apuntaron.

Si ese esquema de extorsión hubiera existido, lo habría encontrado quien me investigó dos años enteros. Yo siempre dije: ¿quiere saber quién es el ladrón del Ministerio Público? Vea quién tiene qué. Yo terminé de pagar mi casa y mis carros en el exilio, por la caja de ahorros, haciendo trabajo manual.

Le ha puesto mucho énfasis al caso PDVSA-Cripto. ¿Qué está ocurriendo ahí?

Es el caso de criminalidad organizada más grande que ha tenido el país, y tiene una particularidad escalofriante: los perpetradores y los investigadores se confunden. Buena parte de los presos son delincuentes, sí —Samark, Tarek y otros—, pero fueron procesados por otra organización criminal, la que dirigían González López y Tarek William Saab. Esa estructura extorsionó, se apoderó de bienes, torturó y violó todos los derechos fundamentales de los detenidos. Y hay personas presas que no tienen relación alguna con la trama: el señor de Mérida que tenía una posada, la muchacha cuyo único vínculo era sentimental.

Lo medular es esto: el daño no está cuantificado. No se sabe dónde está la plata. La Procuraduría, que debe velar por el patrimonio público y es parte del proceso, no ha podido cuantificar el daño patrimonial. Las defensas corren solas porque el Estado no tiene representación real; los venezolanos, como víctimas, no estamos representados. Es, esencialmente, un gran fraude montado para hacer un show: vestir de naranja a sesenta y tantas personas para justificar una pérdida enorme. Y mientras tanto, ¿por qué no están presos quienes hicieron exactamente lo mismo —vender petróleo como brókeres fuera de las sanciones, cambiar la identidad de los barcos— y no devolvieron el dinero? Hay quien me ataca diciendo que defiendo a estos procesados. No: defiendo el derecho de los venezolanos a saber dónde está su dinero.

Una última reflexión.

Lo que me duele como ser humano son los fiscales. Hablé hace poco con uno que fue fiscal superior, que mandaba en todo un estado, y hoy hace delivery en moto en Chile; tiene cuarenta y un años y me dice que le da pena con su madre. Tengo una colega que fue la fiscal nacional de menores, de las más preparadas del país, manejando un montacargas en un depósito. Otra vende tortas; otra hace soldadura de noche. Hay más de cuatrocientos o quinientos fiscales que, por haber enfrentado al poder en 2017, están exiliados, perseguidos, con órdenes de captura. Es una población invisible. Y cuando salen a decir algo, les cae encima una parte de la población que solo recuerda que fueron fiscales en aquella época. ¿Quién nos repone lo que arriesgamos? ¿Quién le repone los años de sufrimiento a la juez Mariela Casado, cuya hermana fue asesinada por error, en un atentado dirigido contra ella?