INCISO

Por Alfredo Yánez Mondragón

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Estuve leyendo el capítulo 4 del tratado comercial de América del Norte. No es una lectura que recomiende para el domingo. Es un texto árido, lleno de porcentajes y de anexos sectoriales, escrito por abogados para abogados.

Y sin embargo, en algún momento me di cuenta de que estaba leyendo un tratado sobre la pertenencia.

Las reglas de origen responden a una sola pregunta: ¿este producto es de aquí? No es una pregunta geográfica. Un automóvil ensamblado en Puebla puede no ser mexicano si demasiadas de sus piezas vinieron de otra parte. Un tornillo fabricado en Ohio puede no contar como estadounidense si el acero no lo era. La respuesta no depende del lugar donde está la cosa. Depende de si se puede documentar de dónde viene.

Llevaba cuarenta minutos con eso cuando levanté la vista y pensé en la otra pregunta que se hace en este país todos los días, sobre otra clase de sujeto, con la misma estructura gramatical.

¿Esta persona es de aquí?

Y la respuesta funciona igual. No depende de dónde está. No depende de cuántos años lleva, ni de dónde nacieron sus hijos, ni de si paga impuestos, ni de si su negocio sostiene una cuadra entera de la ciudad donde vive. Depende de si puede documentar de dónde viene y bajo qué condiciones llegó.

No estoy proponiendo que las personas y las mercancías sean lo mismo. Sería una frivolidad y además sería falso: a un contenedor no le duele que lo devuelvan. Lo que digo es más limitado y más incómodo. Digo que las dos preguntas se resuelven con el mismo instrumento, y que ese instrumento es el papel.

Hay una cifra que no se me quita de la cabeza desde que la leí. Entre enero y mayo de este año, México recibió más dinero en remesas que en el mismo periodo del año pasado. Dos coma ocho por ciento más. Un titular de recuperación.

Pero el número de operaciones cayó dos coma tres por ciento. Y el envío promedio de mayo subió a 404 dólares.

Menos gente. Más dinero por cabeza.

Le di vueltas a eso buscando la explicación amable —que ganan más, que les está yendo mejor— y no la encontré. La explicación que sostiene el peso es la otra: hay menos personas mandando, y las que quedan están cargando con lo que antes se repartía entre varios. Un hermano menos. Un primo menos. Un cuñado que ya no está. Y alguien en Michoacán o en Zacatecas que sigue necesitando lo mismo cada mes, y alguien aquí que hace la cuenta y manda el doble.

Eso no aparece en ningún indicador de la Reserva Federal. No hay una serie que se llame «obligaciones redistribuidas por deportación». Y sin embargo mueve el consumo de un barrio entero en Los Ángeles, mueve el flujo de divisas de un país de 130 millones de habitantes, y mueve la decisión de si un negocio en un corredor comercial abre el sábado o no abre.

Un estudio de UCLA publicado el 22 de julio le puso número al primero de esos efectos: tres coma dieciséis millones de dólares perdidos en dos semanas, en nueve calles de una sola ciudad. Un año después, el noventa y cinco por ciento de esos negocios sigue en estrés financiero.

Nadie cobró ese costo. Nadie lo pagó tampoco, en el sentido de que nadie lo asumió. Simplemente se distribuyó entre gente que no participó de la decisión que lo produjo.

Vuelvo al capítulo 4.

Lo que me interesa de las reglas de origen no es su contenido, que cambiará en septiembre y volverá a cambiar. Es su método. Para modificar el resultado económico de un tratado no hace falta subir un arancel ni anunciar nada. Basta con mover la línea que define qué está dentro. Nadie sube el impuesto: cambia quién lo evita.

Es una técnica limpísima. Produce el efecto sin producir el titular.

Y es exactamente la técnica que se está aplicando en la otra frontera, la que no está en el mapa. No hace falta cambiar una ley migratoria para reducir la población trabajadora de un sector. Basta con mover la intensidad de la aplicación de la ley que ya existe. Nadie prohibió nada: cambió quién puede quedarse.

Escribo esto desde un país que no es el mío y en el que llevo el tiempo suficiente como para que esa frase ya no sea del todo cierta. Llevo más de veinte libros escritos para explicarle a gente como yo cómo funciona este sistema, y sigo descubriendo que la parte que más importa nunca está donde uno la busca. No está en el discurso. Está en el anexo.

El martes se cumplen dos años del 28 de julio venezolano. Una elección cuyos resultados desagregados nunca se publicaron. Otra vez el papel: no la discusión sobre quién ganó, sino la ausencia del documento que permitiría comprobarlo.

Y el viernes pasado, el presidente de Estados Unidos dijo que Venezuela todavía no está lista para votar.

Tres cosas distintas, en tres lugares distintos, con la misma arquitectura: un porcentaje de contenido regional, una prueba de residencia legal, un acta electoral. En los tres casos, alguien con poder decide dónde va la línea y alguien sin poder descubre después de qué lado quedó.

No tengo un cierre luminoso para esto. Lo que tengo es una recomendación práctica, que es lo único que sé ofrecer.

Aprendan a leer los anexos. En serio. La política que va a cambiarles la vida no se anuncia en una conferencia de prensa: se publica en un documento técnico que nadie cubre porque es aburrido. El porcentaje de contenido regional del capítulo 4. La fecha de la cuarta ronda. El requisito de documentación del programa de asistencia energética. La diferencia entre estar consultado y estar sentado.

Ahí es donde se mueve la línea.

Y saber dónde está la línea no es lo mismo que poder moverla. Pero es la única condición para intentarlo.

Por Alfredo Yánez Mondragón

El viernes 24 de julio de 2026, un periodista le preguntó al presidente de Estados Unidos por las elecciones en Venezuela. La respuesta cabe en dos palabras: todavía no.

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Hubo más, por supuesto. Que se ha avanzado mucho. Que Delcy está haciendo un trabajo fantástico. Que el petróleo fluye y que las refinerías estadounidenses lo agradecen. Pero el contenido político de la intervención está en esas dos palabras, y conviene detenerse en ellas porque son más precisas de lo que parecen.

«Todavía no» no es «no». Es una promesa formulada de manera que no se pueda incumplir. Quien dice «no» asume el costo de haberlo dicho. Quien dice «todavía no» conserva intacta la posibilidad de decir lo mismo dentro de seis meses, y dentro de un año, sin haber faltado a nada. La fórmula es reversible por diseño. Ese es su mérito y ese es su problema.

He seguido este proceso desde enero, cuando la captura de un usurpador en Caracas abrió una puerta que nadie sabía dónde daba. Desde entonces he escrito sobre fases, sobre planes, sobre mesas técnicas y sobre hojas de ruta. Y hay una cosa que se repite con una constancia que ya no puede atribuirse al azar: todo tiene arquitectura y nada tiene fecha.

El plan de tres fases que el secretario de Estado expuso ante el Congreso el 7 de enero está bien construido. Estabilizar, recuperar, transitar. Es difícil objetar la secuencia. Lo que se puede objetar, y hay que seguir objetándolo, es que ninguna de las tres fases diga cuándo termina. Una fase sin fecha de cierre no es una etapa: es un estado.

El martes 28 de julio se cumplen dos años de aquella elección. Dos años de un resultado que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó desagregado. Dos años de actas que unos guardaron y otros nunca mostraron. Dos años en los que millones de venezolanos aprendieron que un voto puede contarse, defenderse, documentarse y aun así no servir para nada, si quien debe reconocerlo decide no hacerlo.

Y la efeméride llega con esta noticia: todavía no.

No escribo esto para reclamarle a Washington una fecha. Sería ingenuo y, además, sería equivocado el destinatario. Estados Unidos administra su interés, como lo administra cualquier país, y lo hace sin disimulo: el jueves 23, en un acto público, el mismo presidente dijo que su secretario de Energía está dirigiendo Venezuela. No hay hipocresía ahí. Hay una jerarquía enunciada en voz alta, y en la jerarquía enunciada el barril va delante de la urna.

Lo escribo por otra razón. Porque tengo la impresión de que dentro de Venezuela, y sobre todo en la diáspora que sostiene a Venezuela desde Texas, desde Florida, desde Nueva York, empieza a normalizarse una idea peligrosa: que votar es un lujo que se pospone hasta que la casa esté reparada.

Es al revés. Y la evidencia de lo ocurrido desde el 24 de junio lo demuestra con una crudeza que no admite discusión.

Cuando la tierra se movió el 24 de junio, un algoritmo del Servicio Geológico de Estados Unidos calculó en minutos que podía haber decenas de miles de muertos. La información estuvo ahí, gratis, disponible para cualquiera con conexión a internet. Lo que no estuvo fue el Estado. Doce coma seis por ciento del despliegue a las veinticuatro horas. La gente se salvó sola o la salvaron rescatistas que vinieron de veintinueve países. La capacidad quirúrgica crítica llegó de India, a catorce mil kilómetros.

Un mes después, en lugar de una comisión de investigación, hubo una reconstrucción documental de los primeros minutos, difundida por la radio del Estado, sin nadie que preguntara nada.

Eso no es un problema de gestión de emergencias. Es lo que ocurre cuando quien administra el poder no le debe el puesto a nadie que pueda quitárselo. Un gobierno que se somete a elecciones responde mal a un terremoto y lo paga en las urnas. Un gobierno que no se somete a elecciones responde mal a un terremoto y presenta un archivo.

Por eso la elección no es lo que viene después de la reconstrucción. Es la condición para que la reconstrucción se haga bien.

Sé lo que se responde a esto, porque me lo han respondido: que no hay condiciones, que el registro está desactualizado, que el árbitro no existe, que hace falta tiempo. Es cierto todo. Y también es cierto que ninguna de esas cosas se arregla sola con el paso del tiempo. Se arreglan porque alguien fija una fecha y trabaja hacia atrás desde ella. Un cronograma no es un capricho de la oposición: es la herramienta técnica que convierte una lista de tareas en un proceso.

El 1 de agosto se instala una mesa. Se sentarán delegados de dos bandos que no se reconocen del todo, a discutir quién arbitra un juego cuya fecha nadie ha puesto. Que ni María Corina Machado ni Delcy Rodríguez estén en esa sala me parece correcto: los que compiten no eligen al árbitro. Lo que no me parece correcto es que la sala se instale sin un calendario en la pared.

Dos años. Dos palabras.

Yo no sé cuándo votará Venezuela. Nadie lo sabe, y quien diga lo contrario está vendiendo algo. Lo que sí sé es que la diferencia entre un país que espera y un país que se resigna cabe en una sola cosa: seguir preguntando la fecha.

Preguntarla el 28 de julio. Preguntarla en agosto. Preguntarla cada vez que alguien con poder responda «todavía no» y esperando que la pregunta no vuelva.

Ese es, hasta que haya urnas, el único ejercicio de ciudadanía disponible.

Se cumple un mes del doble terremoto que fracturó el centro-norte de Venezuela. Durante treinta días hemos documentado el dolor de la pérdida, la heroica respuesta de rescatistas y voluntarios, y la indispensable mano tendida de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos.

Pero a medida que el polvo se asienta, emerge la aritmética de la tragedia.

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Las estimaciones más conservadoras indican que los daños físicos directos superan los 6.700 millones de dólares. Si sumamos las pérdidas económicas indirectas y la inversión necesaria para una reconstrucción real, la factura oscila entre los 12.000 y los 15.000 millones de dólares. Eso equivale a casi el 80% de los ingresos anuales esperados por el Estado venezolano.

El gobierno de transición no tiene la capacidad fiscal para asumir este costo en solitario. La economía doméstica, que venía mostrando tenues signos de recuperación, ha recibido un golpe directo en sus proyecciones de consumo. El tipo de cambio oficial acaba de cruzar la barrera de los 700 bolívares, y aunque la inyección de dólares en efectivo y las remesas han logrado reducir la brecha con el mercado paralelo, el poder adquisitivo del ciudadano común sigue destruido.

En este escenario, pretender financiar la reconstrucción imprimiendo bolívares sin respaldo sería firmar una sentencia de hiperinflación.

La única vía viable para levantar al país requiere de cuatro pilares: cooperación internacional, financiamiento multilateral, inversión privada y supervisión de la sociedad civil organizada. Y ninguno de esos pilares se sostiene sin confianza.

Como bien señaló hoy la Asamblea Nacional de 2015 en su comunicado a un mes de la tragedia, no basta con recuperar viviendas e infraestructura. Es imperativo reconstruir instituciones capaces de administrar recursos con absoluta transparencia.

El mundo está dispuesto a ayudar a Venezuela, y el sector privado está dispuesto a invertir en su recuperación. Pero esos capitales exigen reglas claras, auditorías independientes y un marco jurídico que garantice que cada dólar destinado a levantar una escuela o un hospital llegue a su destino.

La reconstrucción será el mayor desafío logístico y financiero de nuestra historia contemporánea. Su éxito no dependerá solo de cuántos recursos logremos movilizar, sino de la integridad institucional con la que seamos capaces de administrarlos.