INCISO

Durante diez meses, la transición venezolana se decidió entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y Miraflores, sin nadie que preguntara. Desde enero, un Congreso demócrata tendrá las llaves de las citaciones y del presupuesto. No es una buena ni una mala noticia. Es una oportunidad, y un riesgo.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay una palabra que en Venezuela se evita y que, sin embargo, describe mejor que ninguna lo que vivimos desde el 3 de enero: tutela. El país tiene una presidenta encargada que gobierna con el visto bueno de Washington, un plan de tres fases escrito en el Departamento de Estado, un acuerdo petrolero en el que el Pentágono es socio y una hoja de ruta que fija el orden de las instituciones antes que la fecha de la elección. Se puede discutir si esa tutela es necesaria, conveniente o temporal. Lo que no se puede es negar que existe.

Hasta el martes, esa tutela tenía un solo supervisor: la Casa Blanca. Desde el 3 de enero tendrá dos.

El circuito cerrado

Durante diez meses, las decisiones sobre Venezuela se tomaron en un circuito estrecho. El presidente fijó el plan, el secretario de Estado lo explicó por partes, el secretario del Tesoro promete ahora reconectar las finanzas, y en Miraflores se negoció con todos ellos. El Congreso, con mayoría republicana, miró poco. Cuando los demócratas preguntaron por el contrato de NABEP, nadie les respondió en público. Cuando preguntaron con qué autorización se atacan lanchas en el Caribe, tampoco.

Ese silencio tuvo una consecuencia que los venezolanos conocemos bien: nos enteramos de las decisiones sobre nuestro país por comunicados escuetos, por fuentes anónimas o por lo que publica un diario de Nueva York. Así supimos que el ataque en Apure tuvo drones e inteligencia estadounidenses.

Lo que cambia

Un Congreso con mayoría propia puede citar a quienes firmaron, pedir los documentos y condicionar el dinero. Puede preguntar qué dice el contrato de NABEP, por qué el Pentágono tiene el 35 %, qué plazos tiene el plan de tres fases y con qué base legal se usa la fuerza en territorio venezolano. Puede, también, legislar sobre el TPS, que hoy se decide semana a semana en los tribunales.

Nada de eso garantiza nada. Pero obliga a explicar. Y explicar es el primer paso para que lo pactado a puerta cerrada se vuelva público.

El riesgo

El peligro es el contrario. Que Venezuela deje de ser un asunto de política exterior y se convierta en munición de la pelea entre Trump y los demócratas. Que la transición se vuelva rehén de una investigación, de un veto o de una campaña presidencial que empieza dentro de un año. Los venezolanos ya vivimos lo que es que nuestra suerte dependa de la política interna de otros. No conviene repetirlo con otro nombre.

Hay también un riesgo para Caracas, y conviene decirlo con claridad. Un Washington dividido puede leerse en Miraflores como un Washington distraído. Sería un error de cálculo. Un Congreso que pregunta es menos predecible que un presidente que negocia, y no se compra con barriles.

Lo que nos toca

A los venezolanos, adentro y afuera, nos toca usar la oportunidad. Pedir que el contrato de NABEP se publique. Pedir que el plan de tres fases tenga fechas. Pedir que los presos políticos tengan nombres y que su liberación se pueda contar. Pedir que el TPS deje de depender de un panel de jueces. Ninguna de esas exigencias es de un partido estadounidense. Son nuestras.

La tutela no terminó el martes. Cambió de supervisor. Lo que hagamos con eso depende menos de Washington que de nosotros.

Fuentes principales: Notas de INCÍSOS citadas en el texto; resultados de las elecciones de medio término (3 de noviembre de 2026).

INCISO

La presidenta encargada anunció que el Estado se desprenderá de lo «no esencial». Tiene razón en algo: en Venezuela siempre ha habido una línea entre lo esencial y lo que no. Lo que nunca se ha dicho es quién la traza, ni qué queda del lado de lo que no se suelta.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay palabras que un gobierno escoge con más cuidado que otras. El jueves 29 de octubre, en su alocución desde Miraflores, Delcy Rodríguez escogió una que merece detenerse: «no esenciales». Dijo que el Estado valorará sus activos no esenciales para venderlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos dueños. La frase se leyó como el fin de la estatización chavista. Yo la leo como otra cosa: como una confesión involuntaria de cómo se ha gobernado Venezuela durante veinte años.

Porque si hay activos no esenciales, hay activos esenciales. Y la pregunta que importa no es qué se suelta, sino qué se guarda.

Lo que se suelta

Lo que se suelta, a juzgar por lo que ya sabemos, son fábricas. Plantas de aceite, de cereales, de papel, de cauchos. Empresas que el chavismo expropió con cámaras y discursos, que dejó caer durante una década y que desde 2020, bajo la Ley Antibloqueo, venía entregando a operadores privados sin publicar un solo contrato. Lo contamos en detalle aquí. Lo nuevo no es la entrega. Es el anuncio.

También se sueltan campos petroleros. Diecisiete, a una sola empresa, con un socio que nadie eligió y una producción que hoy es poco más de una quinta parte de lo prometido, según lo que encontró Reuters en el terreno y contamos aquí. Se sueltan con generosidad, con prisa y sin licitación.

Todo eso, por lo visto, es lo no esencial. Lo que se puede negociar, ceder, devolver o regalar sin que el poder cambie de manos.

Lo que no se suelta

Lo esencial es otra lista, y no la ha leído nadie en cadena nacional.

Es esencial el calendario. La presidenta encargada puede decir cuándo entra una turbina en Macagua, cuándo llegan cuatro aumentos en 2027 y hasta cuándo dura un contrato petrolero, pero no puede decir cuándo votan los venezolanos. Eso no se negocia: se administra.

Es esencial el aparato que vigila y detiene. La Misión de la ONU dijo en septiembre que sigue intacto, y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave. El que dirigía el Sebin cuando murió Fernando Albán custodia hoy a la presidenta encargada. Lo repasamos en su perfil.

Son esenciales las leyes que permiten actuar sin rendir cuentas. La ley contra el odio, que la Constituyente que ella presidía aprobó en 2017 y que ahora admite que se aplicó «de forma abusiva», sigue vigente. La Ley Antibloqueo, cuya virtud según ella misma eran los «mecanismos de confidencialidad», también.

Y es esencial el árbitro. El nuevo TSJ se escogerá en seis semanas, con un cronograma que encoge los lapsos para que los ciudadanos objeten y el Poder Ciudadano revise, como contamos aquí. Un tribunal de doce años no se elige con prisa salvo que la prisa sirva a alguien.

La línea

Lo que el anuncio del jueves revela es que el rodrigato tiene muy clara la frontera entre lo que se entrega y lo que se conserva. Se entrega lo que produce dinero y no produce poder. Se conserva lo que produce poder, aunque no produzca nada más. Las fábricas pueden volver a sus dueños. El país, todavía no.

No digo esto para negar que haya cambios. Los hay. Hay presos que salieron, hay una ley de amnistía, hay un petróleo abierto al capital privado, hay un comité escogiendo magistrados y un Departamento de Estado que habla de vacantes y plazos. Sería deshonesto ignorarlo. Pero también sería ingenuo confundir el desprendimiento de lo accesorio con la renuncia a lo principal.

La transición venezolana se está negociando con quien sabe, mejor que nadie, qué es esencial. Esa es su fortaleza como negociadora y su límite como reformista. Quien presidió la Constituyente, supervisó el Sebin y promovió la ley del secreto no ignora qué piezas sostienen el poder. Por eso suelta las otras.

Lo esencial para los demás

Para los venezolanos, la lista es más corta y más simple. Es esencial votar en una fecha cierta, ante un árbitro que nadie escogió a escondidas. Es esencial no ir preso por una opinión. Es esencial saber qué se firmó con el petróleo y con las empresas que fueron de todos. Es esencial que quien gobierne responda por lo que hizo antes de gobernar.

Para los que vivimos fuera, hay algo más. Desde aquí se mira la transición con una pregunta doble: si podemos quedarnos donde estamos y si algún día podremos volver. Ninguna de las dos se responde con fábricas devueltas. Se responden con reglas, con fechas y con instituciones que no dependan de una sola persona.

Delcy Rodríguez pidió que la midan por los hechos. Midámosla, entonces, por lo que decide guardar. Mientras lo esencial siga del lado de lo que no se suelta, todo lo demás, por mucho que se anuncie, será exactamente eso: lo no esencial.

Fuentes principales: Alocución de Delcy Rodríguez (29 de octubre de 2026); notas de INCÍSOS citadas en el texto.

INCISO

En Venezuela funciona un ordenamiento que invoca la Constitución cuando le conviene y la ignora cuando estorba. La propia Carta previó ese momento. Dos artículos, el 333 y el 350, dicen qué hacer: no reconocer lo que la contraría y trabajar, cada uno desde su lugar, para que vuelva a regir.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, porque la respuesta incomoda a todos los que hoy se sientan a negociar: ¿está vigente la Constitución de Venezuela? Se la cita en los comunicados, se la invoca en los tribunales, se jura sobre ella. Pero si uno la abre y la compara con lo que ocurre, la respuesta honesta es que no rige. Lo que funciona en el país es otra cosa: un ordenamiento hecho de excepciones, que toma de la Carta de 1999 lo que le sirve y cierra los ojos ante lo que le estorba.

La buena noticia es que la Constitución previó exactamente este momento. Lo hizo en dos artículos que conviene leer completos, sin recortes ni consignas.

Lo que dicen

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

El 350 es el de la desobediencia: autoriza a no reconocer lo que contraría la democracia. El 333 es el de la reconstrucción: dice que la Constitución no muere porque se la deje de cumplir, y convierte en deber de todos, con cargo o sin él, el trabajo de devolverle su vigencia efectiva. Uno es la negativa; el otro, la obligación. Leídos juntos, no son un llamado al desorden. Son una hoja de ruta.

Los indicios

Decir que la Constitución no rige no es una frase. Es un inventario.

El poder ejecutivo. El 3 de enero, la Sala Constitucional declaró la «ausencia forzosa» de Nicolás Maduro y ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como presidenta encargada, según Runrunes. La figura no existe en la Carta. El artículo 233 regula la falta absoluta: si ocurre en los primeros cuatro años del período, se elige un nuevo presidente en los treinta días siguientes. El 234 regula la falta temporal: noventa días, prorrogables por otros noventa con la Asamblea Nacional. Han pasado casi diez meses. Cualquiera que sea la figura que se invoque, los plazos están vencidos, como recuerda Acceso a la Justicia citado por TalCual. Y la hoja de ruta que describe Washington habla de declarar la vacante cuando estén listos el nuevo TSJ y el nuevo CNE, y de seis meses para elegir. Seis meses no son treinta días.

Dos parlamentos. La Asamblea Nacional electa en 2015 tiene una delegación sentada en la mesa de Caracas, firma acuerdos y negocia garantías como si fuera un poder del Estado, aunque su período constitucional de cinco años terminó en 2021. Al mismo tiempo, la Asamblea electa en 2025, bajo un Consejo Nacional Electoral cuyas reglas y garantías nunca quedaron claras, legisla, reforma la Ley de Hidrocarburos y escoge a quienes filtrarán al nuevo Tribunal Supremo. Las dos se reconocen cuando hace falta y se ignoran cuando conviene. La Constitución prevé una sola.

Leyes que no existen. Siguen en vigor al menos doce «leyes constitucionales» dictadas por la Constituyente de 2017, una categoría que no aparece en ninguno de los 350 artículos de la Carta. La ley contra el odio es una de ellas, y se reforma con las reglas que dejó escritas la propia Constituyente. Lo documentamos en el especial Leyes sin rango.

Derechos políticos suspendidos sin juez. El artículo 42 dice que los derechos políticos solo se suspenden por sentencia judicial firme, y el 65 limita la inhabilitación a quienes hayan sido condenados. María Corina Machado fue ratificada como candidata por la Plataforma Unitaria, pero la inhabilitación administrativa sigue en pie.

Los árbitros. El artículo 296 dice que el CNE lo integran cinco personas no vinculadas a partidos, postuladas por la sociedad civil, las facultades de derecho y el Poder Ciudadano, y designadas por la Asamblea. El artículo 270 dice que el Comité de Postulaciones Judiciales lo integran representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Hoy el comité del nuevo TSJ lo integran diputados y doce civiles escogidos por diputados, como advirtió Ángel Alberto Bellorín en su columna, y la reforma del CNE que se discute no pasaría por la Asamblea, según el funcionario estadounidense citado por TalCual.

Los presos y el presupuesto. Foro Penal contaba 322 presos políticos al 5 de octubre, en un país cuya Constitución garantiza la libertad personal y el debido proceso. Y el presupuesto de 2027, que según los artículos 313 y 314 es la única base legal del gasto público, no se ha publicado. «Ninguna ley puede ser secreta», le recordó Transparencia Venezuela al Gobierno.

Por qué el 333 cambia la lectura

Ante ese inventario, hay dos tentaciones. La primera es dar la Constitución por muerta y empezar de cero, con otra constituyente, otro pacto, otro país. La segunda es fingir que rige y aceptar cada excepción como si fuera normal. El artículo 333 cierra las dos puertas. La Carta no ha perdido su vigencia: está suspendida de hecho, no derogada. Y si está vigente, cada acuerdo, cada ley y cada nombramiento se puede medir con una sola pregunta: ¿devuelve a la Constitución una parte de su vigencia, o la aleja un poco más?

Con esa regla, la transición deja de ser una conversación entre élites y se vuelve verificable. Un TSJ escogido como manda el 270 es un paso hacia la Constitución. Un CNE designado como manda el 296, también. La derogación de las leyes de la Constituyente, la restitución de los derechos políticos por vía judicial, la libertad de los presos políticos y una elección presidencial convocada conforme al 233 lo son. Todo lo que se haga por fuera de esas normas, aunque se presente como avance, posterga la vuelta.

El 350, por su parte, es lo que le da sentido a la calle. Cuando la gente sale a pedir una fecha, no desafía el orden: ejerce el derecho que la propia Constitución le reconoce de no aceptar como normal lo que contraría sus valores democráticos. Pero el 350 no es un cheque en blanco. Su límite está escrito en el mismo artículo: se desconoce lo que contraría la democracia y los derechos humanos, no lo que incomoda a un grupo. Por eso necesita al 333: la desobediencia sin reconstrucción se agota en la protesta.

El deber de todos

El 333 tiene una frase que conviene subrayar: el deber de colaborar en el restablecimiento de la Constitución es de «todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad». No excluye a nadie. Obliga a la presidenta encargada, que tendrá que entregar un cargo que la Carta nunca le dio por tanto tiempo. Obliga a las dos asambleas, que tendrán que dejar de comportarse como gobiernos paralelos. Obliga a los jueces, a los militares, a los negociadores de la mesa y a quienes, desde Washington, diseñan plazos que la Constitución no conoce. Y obliga a cada venezolano, dentro y fuera del país, a exigir que cada paso se mida con la Carta y no con la conveniencia.

Esta semana escribí que la desesperación por el poder no está en quien pide votar, sino en quien necesita que el día de votar no llegue. El 333 y el 350 explican por qué. Pedir una fecha no es pedir un favor: es pedir que la Constitución vuelva a regir.

Si dentro de unos meses el país tiene un TSJ, un CNE y una elección hechos como manda la Carta, habrá valido la pena aferrarse a estos dos artículos. Si no, al menos sabremos con precisión qué faltó. La Constitución no rige. Pero no ha perdido su vigencia. Esa diferencia es todo lo que tenemos, y es suficiente para empezar.

Fuentes principales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), artículos 42, 65, 233, 234, 270, 296, 313, 314, 333 y 350; Runrunes (3 de enero de 2026); TalCual, con EFE (26 de octubre de 2026); Foro Penal; Transparencia Venezuela.