Política
El misterio logístico de los viajes de María Corina Machado: ¿cómo se mueve por el mundo quien tenía prohibido salir?
María Corina Machado salió clandestina de Venezuela en diciembre de 2025. Desde entonces ha viajado a Oslo, EE.UU., Chile y Panamá. Con qué documento lo hace si
María Corina Machado salió clandestina de Venezuela en diciembre de 2025. Desde entonces ha viajado a Oslo, EE.UU., Chile y Panamá. Con qué documento lo hace sigue sin aclararse. Un análisis.
En diciembre de 2025, María Corina Machado no salió de Venezuela: se fugó de ella. La reconstrucción del Wall Street Journal, recogida luego por la prensa internacional, describe una operación de extracción con apoyo estadounidense —disfraz, peluca, diez horas sorteando una decena de retenes militares y una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao— para evadir una prohibición de salida que pesaba sobre ella desde hacía una década. No hubo trámite ni permiso. Hubo huida.
Desde aquel episodio, sin embargo, la dirigente opositora ha reaparecido con una movilidad que contrasta de manera llamativa con aquel punto de partida. Ha estado en Oslo, en Estados Unidos, en Chile y en Panamá, desde donde a finales de mayo anunció que será candidata cuando haya elecciones presidenciales en Venezuela. La pregunta que casi ninguna cobertura ha formulado es elemental y, a la vez, incómoda: ¿con qué documento viaja hoy quien hasta hace pocos meses no podía cruzar legalmente una frontera?
La respuesta corta es que no se sabe. Ninguna autoridad —ni el entorno de Machado, ni los gobiernos que la han recibido, ni Caracas— ha precisado públicamente qué documento ampara sus desplazamientos. Y ese silencio, más que un detalle burocrático, es un dato político que merece ser leído como tal.
Lo que sí está documentado es la ruta inicial. Según los registros de las plataformas FlightRadar24 y FlightAware citados por la prensa, el avión que la trasladó a Oslo fue un Legacy 600 de matrícula mexicana que, en los días previos, encadenó tramos entre Querétaro, Toluca, el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka en Miami, Curazao y Bangor (Maine) antes del salto final a Oslo. El trayecto aéreo entró y salió por territorio estadounidense. Esa geografía es coherente con una hipótesis y descarta otra: encaja con el paraguas operativo de Estados Unidos —el mismo que, según la propia Machado, hoy «coordina» su eventual regreso a Venezuela— y no con un desplazamiento autorizado por las autoridades venezolanas.
A partir de ahí, el terreno se vuelve de hipótesis, y conviene tratarlas como lo que son. La primera, y la más sólida, es la del documento de viaje para refugiados previsto en la Convención de 1951: un instrumento emitido por un país de asilo, de lectura mecánica conforme a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, pensado precisamente para quien no puede usar su pasaporte nacional sin correr riesgo. Es un mecanismo real y de uso extendido; lo que no está confirmado es que Machado lo emplee. La segunda hipótesis apunta a un documento de viaje de emergencia o un estatus especial otorgado por un tercer país, posibilidad que su condición de Nobel y de figura bajo protección internacional haría plausible. La tercera, más difusa, es que su movilidad descanse enteramente en arreglos diplomáticos ad hoc, caso por caso, bajo el ala de Washington.
Hay una hipótesis que conviene nombrar para descartarla con rigor: la de que viaje con documentos emitidos o consentidos por el chavismo reconfigurado que hoy gobierna en Caracas. No existe ninguna evidencia que la sostenga, y la que hay apunta en sentido contrario. Sería, además, exactamente la insinuación que más conviene a quienes buscan presentar a Machado como una pieza negociada antes que como una opositora perseguida. Un análisis serio no puede prestarse a eso sin pruebas, y no las hay.
El inciso, entonces, no está en resolver el enigma, sino en lo que el enigma revela. Que la líder opositora más visible de Venezuela se mueva por el mundo sin que se sepa con qué documento, y que esa información se administre con el mismo sigilo que rodeó su salida, dice algo sobre la naturaleza del momento: una transición que avanza por canales que no son los del Estado venezolano, sino los de una arquitectura externa —estadounidense, sobre todo— que sostiene la logística, la seguridad y, al parecer, también el papeleo. La pregunta de con qué pasaporte viaja Machado termina siendo una versión concreta de una pregunta mayor: quién está realmente conduciendo el proceso venezolano, y desde dónde.
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Política
La misma Asamblea aprobó el tribunal y el respaldo al contrato
El órgano que respalda el contrato es el mismo que designa a quienes decidirían sobre su validez.
La misma Asamblea aprobó el tribunal y el respaldo al contrato
Las dos decisiones se tomaron el mismo día y en el mismo lugar. Puestas una al lado de la otra, describen un circuito cerrado.
| Qué | La Asamblea sancionó la reforma que reinicia la designación de magistrados y aprobó un respaldo al convenio petrolero en la misma jornada. |
|---|---|
| Quién | Asamblea Nacional electa en 2025. |
| Cuándo | Martes 1 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | El tribunal que se designará sería competente para conocer controversias sobre el convenio. |
| Cómo | Mediante dos actos aprobados en la misma sesión parlamentaria. |
Dos decisiones del mismo día, tomadas por el mismo órgano.
La primera sanciona la reforma que reinicia la designación de la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La segunda respalda el convenio petrolero con Estados Unidos.
Puestas una al lado de la otra, describen un circuito.
El circuito
El Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de las controversias sobre contratos de interés público nacional y para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos que los autorizan.
Los magistrados de ese tribunal los designa la Asamblea Nacional, a partir de la preselección del comité que la propia reforma acaba de rediseñar.
Y el respaldo al convenio lo aprobó ese mismo cuerpo.
De modo que el órgano que respalda el contrato es el mismo que designará a quienes decidirían sobre su validez.
Por qué esto no es una acusación
Conviene decirlo con precisión, porque el señalamiento se presta a la lectura fácil.
En cualquier sistema constitucional, el Parlamento participa en la designación de los jueces del máximo tribunal. Eso ocurre en democracias consolidadas y no constituye por sí mismo una anomalía.
Lo que introduce la anomalía es la simultaneidad y el objeto.
No se trata de un Parlamento que designa magistrados en abstracto y años después legisla sobre un contrato. Se trata del mismo cuerpo aprobando, en la misma jornada, el rediseño del mecanismo de designación y el respaldo a la operación económica más grande comprometida por el país en décadas.
La consecuencia práctica
La seguridad jurídica de un contrato depende de que exista un tercero imparcial que pueda declarar su validez o su nulidad.
Si el foro competente es un tribunal cuya composición se define en el mismo acto político que respalda el contrato, ese tercero pierde la condición que lo hace útil, no necesariamente por conducta de sus integrantes sino por diseño.
Y eso perjudica también a quien invierte. Un inversionista que no puede acudir a un foro percibido como independiente exige más garantías, más cobertura y mayor retorno.
Lo que resolvería el asunto
Dos cosas, y ninguna requiere reformar nada.
El foro de controversias pactado en el contrato. Si remite a arbitraje internacional, la competencia del tribunal nacional queda acotada y el circuito se abre.
El baremo y la publicidad del proceso de designación. Si los magistrados se escogen con criterios públicos y verificables, la objeción sobre el origen pierde fuerza aunque el mecanismo siga siendo el mismo.
Las dos son verificables. Ninguna se conoce todavía.
Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 150, 187 y 266. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Política
Un acuerdo de respaldo no es la autorización que exige la Constitución
Son dos actos parlamentarios distintos, con forma, contenido y efectos distintos. Y solo uno de los dos satisface la exigencia constitucional.
Un acuerdo de respaldo no es la autorización que exige la Constitución
El Parlamento se pronunció sobre el convenio petrolero. Conviene precisar qué clase de acto aprobó, porque la diferencia decide si la exigencia constitucional quedó cubierta.
| Qué | La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de respaldo al convenio petrolero con Estados Unidos. |
|---|---|
| Quién | Asamblea Nacional electa en 2025. |
| Cuándo | Martes 1 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | El artículo 150 de la Constitución exige aprobación parlamentaria para contratos de interés público nacional con Estados extranjeros. |
| Cómo | Mediante un acuerdo, figura parlamentaria distinta de la autorización de un contrato. |
La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de respaldo al convenio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Conviene precisar qué clase de acto es ese, porque la diferencia no es formal.
Las dos figuras
Un acuerdo parlamentario es una manifestación de voluntad política. Expresa una posición del cuerpo sobre un asunto. No crea obligaciones, no habilita competencias y no aprueba documentos que no se le han sometido.
Una autorización para celebrar un contrato de interés público nacional es otra cosa. Es un acto por el cual el Parlamento examina un instrumento concreto, con su objeto, su plazo y sus condiciones, y habilita al Ejecutivo para suscribirlo.
La primera se pronuncia sobre una idea. La segunda se pronuncia sobre un texto.
Lo que exige la Constitución
El artículo 150 dispone que no podrá celebrarse contrato alguno de interés público nacional con Estados o sociedades oficiales extranjeras, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. El artículo 187, en su numeral 9, atribuye al Parlamento la competencia de autorizar al Ejecutivo para celebrar contratos de interés nacional.
Ninguna de las dos normas se refiere a un respaldo. Se refieren a la aprobación de un contrato.
La pregunta que decide
¿El texto del convenio fue sometido al Parlamento antes de aprobarse el acuerdo?
Si lo fue, el acto podría tener naturaleza autorizatoria aunque se le llame acuerdo, y lo que importaría es el contenido y no el nombre.
Si no lo fue, un cuerpo legislativo respaldó un instrumento que no ha leído, y la exigencia del artículo 150 seguiría pendiente.
Esa pregunta se responde con un dato objetivo: si el texto del convenio consta como anexo en el expediente de la sesión.
Por qué el orden importa
Hay además una cuestión de secuencia.
Una autorización parlamentaria, por su naturaleza, es previa a la celebración del contrato: habilita a firmar. Un respaldo emitido antes de que exista un texto firmado, o simultáneo a él, no cumple esa función habilitante.
Si el convenio se suscribe en los próximos días, quedará por establecer si ese acto parlamentario lo autorizó o simplemente lo acompañó.
Dónde se comprueba
En el acta de la sesión y en la Gaceta Oficial. Un acuerdo se publica con su texto, y el texto dirá si hubo examen de un instrumento o una declaración de apoyo.
Es la diferencia entre un control parlamentario y un acompañamiento.
Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 150 y 187 numeral 9. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Política
La Asamblea aprobó en segunda discusión la reforma del Tribunal Supremo
Cinco días entre la primera y la segunda discusión. Se corrigió la proporción de integrantes y no se tocó la adscripción del órgano.
La Asamblea aprobó en segunda discusión la reforma del Tribunal Supremo
La reforma queda sancionada y el reloj de la designación empieza a correr. Se modificó un solo artículo, el 65, y la objeción de fondo quedó sin atender.
| Qué | La Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. |
|---|---|
| Quién | Asamblea Nacional electa en 2025, presidida por Jorge Rodríguez. |
| Cuándo | Martes 1 de septiembre de 2026. La primera discusión fue el 27 de agosto. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | La reforma reinicia el procedimiento de designación de la totalidad de la magistratura. |
| Cómo | Mediante la aprobación del texto en segunda discusión, que agota el trámite parlamentario. |
La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con ese acto se agota el trámite parlamentario y el texto queda listo para su promulgación y publicación.
Entre la primera y la segunda discusión transcurrieron cinco días.
Lo que quedó sin corregir
En ese lapso se formularon objeciones públicas de constitucionalistas, del gremio de abogados y de organizaciones de derechos humanos. Todas apuntaban al mismo punto.
La reforma modifica el artículo 65, que fija la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, y deja intacto el artículo 64, que define al comité como órgano asesor de la Asamblea Nacional, con sede en ella.
El artículo 270 de la Constitución establece que ese comité estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, y lo ubica entre los órganos de gobierno del Poder Judicial.
La reforma sancionada modificó únicamente el artículo 65. El 64 quedó intacto.
La objeción central sobre la adscripción del órgano permanece, entonces, exactamente donde estaba el 27 de agosto. Se corrigió la proporción de integrantes y no se tocó la premisa que los constitucionalistas venían señalando.
Lo que empieza ahora
Con la reforma sancionada, el procedimiento previsto en la ley puede activarse.
Eso implica la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, la convocatoria pública, el lapso de postulación, la publicación de la lista de postulados, el lapso de impugnación y la preselección.
Y implica también la obligación que la ley establece desde 2010 y que nunca se ha cumplido: la aprobación, por las dos terceras partes de los integrantes del comité, del baremo con el que se evaluará a los aspirantes.
Esa obligación no cambió con la reforma.
Los tres datos que hay que buscar
El texto en Gaceta Oficial. Fija la fecha de entrada en vigencia y, con ella, el inicio de los lapsos del procedimiento.
El acta de instalación del comité, que dirá quiénes lo integran y en qué proporción.
La fecha de aprobación del baremo, si se produce, y si ocurre antes o después de que empiece a correr el lapso de postulación.
El tercero es el que distingue una regla de una descripción de lo ya decidido.
Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículos 64, 65 y 73. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 270.
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