Política
«La transición comenzará cuando haya cronograma electoral con fecha»
A cuatro meses de la captura de Nicolás Maduro y con un triunvirato tutelado en Miraflores, el politólogo y ex militante chavista —hoy uno de los analistas más críticos del nuevo arreglo de poder— construye una categoría para nombrarlo: delcinismo, el cruce entre el nombre de Delcy Rodríguez y el cinismo que, dice, define la fase actual del chavismo. Sobre esa base explica por qué la expectativa creada el 3 de enero se está desinflando, qué se necesita para que el país sienta el cambio y por qué él se llamó a sí mismo el último preso político de Maduro.
Nicmer Evans: «El delcinismo es la etapa de degradación máxima del chavismo»
A cuatro meses de la captura de Nicolás Maduro y con un triunvirato tutelado en Miraflores, el politólogo y ex militante chavista —hoy uno de los analistas más críticos del nuevo arreglo de poder— construye una categoría para nombrarlo: delcinismo, el cruce entre el nombre de Delcy Rodríguez y el cinismo que, dice, define la fase actual del chavismo. Sobre esa base explica por qué la expectativa creada el 3 de enero se está desinflando, qué se necesita para que el país sienta el cambio y por qué él se llamó a sí mismo el último preso político de Maduro.
Cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, Venezuela vive una transición que no termina de sentirse. Hay un gobierno tutelado por Estados Unidos, un triunvirato chavista en Miraflores —Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y Diosdado Cabello— y una expectativa social que el 3 de enero se disparó hasta el techo. Pero el supermercado sigue caro, los servicios siguen fallando, hay más de 500 presos políticos y los liderazgos opositores no han podido regresar al país.
Para entender ese estancamiento, conversamos con Nicmer Evans, politólogo, director del medio digital Punto de Corte, ex militante chavista que rompió con el madurismo en 2013 y que fue, según sus propias palabras, el último preso político de aquella etapa. Hoy es una de las voces que con más rigor está tratando de nombrar lo que ocurre en Venezuela. Y el nombre que propone tiene consecuencias.
¿Dónde estamos en este instante?
Estamos en una extensión de un gobierno autocrático, inelecto, inconstitucional, ilegal. Y ahora, a diferencia de Maduro, tutelado. Esa es la diferencia más clara con respecto al madurismo. Lo que existe hoy es lo que yo llamo el delcinismo: un gobierno conducido por los Rodríguez, complementado por Diosdado Cabello en un triunvirato. Es un arreglo conveniente para preservar la garantía que pide el gobierno de los Estados Unidos para justificar que la que era vicepresidenta de Maduro asuma el interinato sin haber sacado un solo voto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos considera que es la única manera de mantener un mínimo de estabilidad política para avanzar en los cambios y, fundamentalmente, para profundizar el control económico sobre Venezuela.
A esa situación política se le suma una situación social extremadamente compleja como consecuencia de una altísima expectativa de cambio que no terminó de darse. Una expectativa que cada vez se distancia más de la realidad cotidiana. Y una presión social inmensa por la depauperación del salario, por la imposibilidad de tener una perspectiva de cambio político real. Esos son los dos elementos que describen el cuadro.
Has mencionado el concepto del delcinismo —el juego de palabras con Delcy y cinismo—. ¿Cómo se llega a esa categoría?
Es una categoría que sirve para describir un período y una concepción de cómo se maneja el poder. El nombre tiene esa carga, sí: combina el nombre propio con el cinismo que la acompaña. Pero al final es una categoría conceptual, como todos los ismos, que generalmente acompañan a un nombre o a una idea. El delcinismo es la etapa de degradación máxima del chavismo.
Hay que entender que el chavismo ha tenido dos grandes momentos: el chavismo con Chávez y el chavismo sin Chávez. Y dentro del chavismo sin Chávez ha habido dos etapas de degradación: el madurismo y el delcinismo.
El madurismo fue la etapa más autoritaria, más autócrata, más totalitaria, más violenta de la expresión del chavismo. El delcinismo es la versión tutelada del chavismo. Y la gente, especialmente dentro del poco sector chavista que queda, está empezando a identificar estas etapas, porque las diferencias se asumen.
En tus análisis sueles citar números. ¿Cuánto pesa hoy ese delcinismo en la opinión pública?
Maduro descapitalizó al chavismo como baluarte electoral. Hace aproximadamente un año, el último estudio que vi de la UCAB ubicaba al chavismo alrededor del 12%, cuando Maduro ya estaba en 8%. Los números más recientes que he visto, de Poder y Estrategia —el estudio que dirige Ricardo Ríos—, le dan al delcinismo un apoyo de entre 8% y 10%. Si la memoria no me falla. Eso quiere decir que no tienen mucho más que el que tenía Maduro al final. Y que el chavismo terminó diluyéndose. La supuesta solidez ideológica del chavismo nunca existió. Era personalismo. Eso lo denunció Juan Carlos Monedero en un encuentro de intelectuales en 2010, y los años le dieron la razón.
Vamos al triunvirato. ¿Por qué mantener tuteladas a esas figuras concretas, si tienen una valoración popular tan baja? ¿Por qué no otro tendón, otro perfil?
Lo que ha podido recoger el partido —y lo que han dicho públicamente Marco Rubio, Christopher Landau y otros funcionarios— es que Estados Unidos necesitaba garantizar la estabilidad en Venezuela. Una estabilidad que no se garantizó en Libia, ni en Afganistán. Necesitaban gente que, sin generar una ruptura en la estructura de mando, pudiera ir flexibilizando, moldeando y preparando las condiciones para una eventual salida. Eso, por cierto, ya pasó en Panamá con Noriega. La experiencia panameña, que es mucho más homologable a Venezuela que cualquier otra, tardó un año en sustituir los mandos que quedaron encargados después de la extracción de Noriega.
Para el gobierno de Estados Unidos hay una transitoriedad de estas autoridades interinas. Y para que el arreglo funcione, los del triunvirato saben que tienen que trabajar como un equipo de supervivencia. Tanto Diosdado Cabello como los Rodríguez saben que su vida corre riesgo. De hecho, Delcy Rodríguez ha afirmado dos veces que su familia corre riesgo, justamente después de la conversación que tuvieron con la autoridad de Estados Unidos cuando fue extraído Maduro. Hay un video en el que se asegura que les dieron unos quince minutos para decidir qué hacer.
¿Cómo se reparte el poder real dentro del triunvirato?
Las posiciones de poder se distribuyeron drásticamente: la vicepresidenta asume la presidencia, el presidente de la Asamblea Nacional termina siendo su hermano, y el ministro de Interior y Justicia, que es el hombre más fuerte del partido, es Diosdado. Cabello viene de la Fuerza Armada y se ha convertido en pieza clave por el control del aparato represivo del Estado. Y hay que decirlo: es el único verdadero heredero de Chávez que queda. Los Rodríguez vienen de la última etapa degradada del chavismo, no de su origen. Ellos no estuvieron ni en el 4 de febrero ni en la primera elección. Se incorporaron por apellido, por abolengo. El triunvirato genera un equilibrio entre alguien vinculado al chavismo originario y alguien vinculado al chavismo de la última etapa: el presente y el pasado del chavismo, ejerciendo de facto el poder.
El 3 de enero hubo un salto de expectativa enorme. Hoy el venezolano siente que la transición no llega. ¿Qué falta?
Los historiadores se encargarán de decir si esta época se va a definir como transición o no. Pero el venezolano no siente una transición. No la siente porque tiene clarísimo cuál es el hito que la marcaría: una elección libre. Mientras no haya elección libre, para el venezolano no hay transición. Y aquí hay un matiz importante: estoy casi convencido de que la percepción de transición no necesita la elección en sí misma para empezar a sentirse. Va a empezar a sentirse en el momento en que cambien las autoridades del Consejo Nacional Electoral y haya un cronograma con una fecha de elección, así sea dentro de un año. Solo saber cuándo se vota cambia la expectativa.
El 3 de enero los niveles de felicidad subieron, el temor y el miedo bajaron, según las encuestas de Poder y Estrategia. Pero ahora vuelven a incrementarse el temor y el miedo, y vuelve a aumentar la infelicidad. Eso quiere decir que la expectativa creada se está separando de la expectativa satisfecha. Y la literatura sociológica describe ese momento como un punto de quiebre. Ojalá no lleguemos ahí.
¿Y la movilización social?
Por supuesto que se activó. No solamente con familiares de presos políticos. También con trabajadores, protestas por servicios, agua, electricidad. Eso está presente diariamente en el país. El problema es que hay dirigencia, pero la conducción política sigue extraviada. Por causas naturales: ocho millones de venezolanos expulsados del país, persecución al liderazgo, exterminio de las organizaciones políticas. La recomposición ha sido difícil. Y todavía no pueden regresar los liderazgos que se convirtieron en referencia, como María Corina Machado, productora de la elección del 28 de julio del 2024 junto con Edmundo González Urrutia. Hay 65 medios bloqueados, no hay acceso a tarjetas electorales, no se han recuperado las organizaciones expropiadas, y hay más de 500 presos políticos. Y ya están metiendo más.
¿Qué pasa internamente? Uno ve la pelea pública entre Mario Silva, Indira Urbaneja y otros, pero eso parece la vitrina de algo más grande.
Es la punta del iceberg. Lo que hay internamente es una disputa por la preservación del poder y por la preservación de espacios económicos. Esa es la diferencia central con el chavismo original: ya no hay siquiera una pretensión de discusión ideológica. El propio caso de Mario Silva lo ilustra: defendió siempre sus posiciones como elementos ideológicos, pero le quitaron los recursos, le quitaron el financiamiento del medio, le quitaron La Hojilla. Él mismo dice que está raspando la olla. Cuando se le quita la sustentación económica al que se reclamaba ideólogo, queda desnudo. Todo se reduce a un tema material: quién dentro del delcinismo mantiene acceso a recursos para preservar su vitrina, y quién quedó fuera de la olla.
La olla es cada vez más pequeña, porque el tutelaje impide el acceso arbitrario a recursos. La información es pública: hay una cuenta en Citibank donde llega el dinero, funciona como una especie de fideicomiso contra reembolso. Eso limita la posibilidad de manejo discrecional. Y genera fenómenos como el del propio Mario Silva. Esos personajes son superficiales, pero reflejan una realidad mucho más compleja debajo. También se mantiene una disputa por preservar al sector de la población que todavía se define como chavista, y para ese sector el centro del debate es quiénes son los traidores. Porque al final, dentro del chavismo, el único designado por Chávez para continuar el legado fue Maduro. Y Chávez sigue estando un poco por encima de todos ellos en la opinión interna del chavismo que queda.
Vamos al cierre, a algo más personal. Estuviste preso. ¿Cómo se vive eso desde dentro y cómo se regresa a la actividad pública sin que parezca que no pasó nada?
Mi situación de ruptura con el chavismo se dio en realidad en 2007, 2008, aunque se hizo pública en 2013. En los primeros años, yo apostaba por reconstruir desde dentro. Esa fue mi reflexión hasta la última detención. Y no fue una posición ingenua: yo quería quedarme en el país porque, habiendo sido en una microparte responsable de lo que estaba pasando, no podía irme sin asumir esa responsabilidad. Sigo creyendo que hay que luchar aquí dentro por el futuro de nuestros hijos.
En 2025, la última detención fue ya una situación de confrontación con la instalación del totalitarismo. Era apostarlo todo para evitar que se consolidara, dirigiendo Punto de Corte y manteniendo el programa PDC Radio Desencadenado desde el ámbito de los derechos humanos. Y bueno, fui detenido nuevamente por la lucha por la libertad de expresión. Tengo que verificarlo, pero creo que fui el último preso político de Maduro.
Después del 3 de enero uno siente que valió la pena el esfuerzo, al menos para que el tirano no se mantuviera. Ahora queda el resto: entrar en una etapa verdaderamente democrática. Mi gran consuelo es que la historia termina reivindicando que quienes traicionaron los valores fueron los que se quedaron en el poder a costa de la violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y corrupción. Los conversos son ellos. No me siento satisfecho, porque todavía falta mucho. Pero mi conciencia está tranquila porque ya hizo el aporte necesario para la reconducción del país.
No lo hago por una pretensión electoral. Fui candidato a la alcaldía de Caracas en 2017. Ese es el único cargo de elección popular al que aspiré. Lo que me importa ahora es que entremos en una etapa democrática y que haya gobernabilidad dentro de esa etapa, para no regresar nunca más a estas oleadas autoritarias que parecen cumplir un ciclo de entre 30 y 40 años en Venezuela. Ojalá podamos sentar valores democráticos que permitan que eso no se repita. Esa es la apuesta, desde el poco espacio en el que uno está.
Ficha
Nicmer Evans (Caracas, 1976) es politólogo, magíster en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales. Director del medio digital Punto de Corte y del Movimiento Democracia e Inclusión. Fue militante del chavismo hasta 2013, año en que rompió públicamente con Nicolás Maduro. Candidato a la alcaldía de Caracas en 2017. Estuvo detenido en 2020 y nuevamente en 2025, en lo que él describe como su última prisión política bajo el gobierno de Maduro.
Alfredo Yánez
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Política
Quero murió bajo custodia del Estado venezolano
El régimen reconoció el 7 de mayo que Víctor Hugo Quero Navas falleció hace nueve meses en el Hospital Militar de Caracas. Su madre lo buscó vivo durante 16 meses. La cadena de silencio expone una práctica que organismos de derechos humanos califican como desaparición forzada.
El régimen reconoció el 7 de mayo que Víctor Hugo Quero Navas falleció hace nueve meses en el Hospital Militar de Caracas. Su madre lo buscó vivo durante 16 meses. La cadena de silencio expone una práctica que organismos de derechos humanos califican como desaparición forzada.
El 7 de mayo de 2026, después de 16 meses de búsqueda, Carmen Teresa Navas recibió la notificación. Su hijo Víctor Hugo Quero Navas había muerto el 24 de julio de 2025. Tenía 51 años. Llevaba enterrado en una tumba sin identificar nueve meses y catorce días.
Durante todo ese tiempo, la madre llevó comida y medicinas a la cárcel El Rodeo I, en Miranda. Cumplió la rutina que cumplen miles de familias venezolanas con presos políticos: llegar antes de que abrieran, esperar las horas que hicieran falta, dejar el paquete, irse sin haber visto a su hijo. La rutina tiene una dignidad que solo entiende quien la ha cumplido. Y un costo psicológico devastador cuando se descubre, como descubrió Carmen Teresa, que no había nadie del otro lado a quien ese paquete le llegara.
La cronología que el Estado intenta cerrar
El Ministerio del Servicio Penitenciario emitió un comunicado el 7 de mayo. La versión oficial es que Quero murió por insuficiencia respiratoria luego de ser trasladado al Hospital Militar de Caracas tras presentar una hemorragia digestiva superior y un síndrome febril agudo. El comunicado afirma que las autoridades se enteraron de la denuncia pública de la madre apenas en marzo de 2026, ocho meses después de la muerte. Y se ofrece una explicación administrativa para la inhumación sin notificación familiar: ausencia de familiares.
Carmen Teresa Navas tiene 82 años. Lleva por lo menos un año recorriendo tribunales, comisiones, ministerios, consultando organismos de derechos humanos, llegando hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La frase ausencia de familiares no resiste el contraste con la trayectoria pública de la búsqueda.
Cofavic emitió un comunicado de solidaridad ese mismo 7 de mayo. La organización calificó como revictimización inaceptable la versión oficial. El caso, dijo Cofavic, reúne los elementos jurídicos de una desaparición forzada: privación de libertad, intervención del Estado y negativa a revelar el paradero. Esos tres elementos bastan, en derecho internacional, para configurar el delito.
La exhumación
El 8 de mayo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al Cementerio Parque Jardín La Puerta, en el sureste de Caracas. Una camioneta del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses entró al camposanto. Carmen Teresa Navas estuvo presente. Pidió que se practicara una prueba de ADN para confirmar la identidad. Martha Tinedo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), declaró a la agencia EFE que la madre estaba acompañada durante el procedimiento.
El abogado de derechos humanos Joel García pidió en redes sociales que la exhumación no fuera realizada únicamente por funcionarios del mismo Estado que falló como garante. Insistió en la presencia de observadores internacionales y la aplicación del Protocolo de Minnesota, la guía de Naciones Unidas para investigar muertes potencialmente ilícitas. Su preocupación tiene fundamento técnico: si el cuerpo presenta lesiones que indiquen tortura o causa de muerte distinta a la versión oficial, una autopsia hecha por la misma cadena de mando que tuvo a la víctima bajo custodia tiene un evidente conflicto de intereses.
Lo que dijeron las voces oposición
María Corina Machado escribió en redes sociales que el régimen detuvo a Quero el 3 de enero de 2025, lo desapareció, lo torturó y lo asesinó. La líder opositora destacó la búsqueda de Carmen durante 16 meses y resumió la respuesta del Estado: la burla y el silencio.
Foro Penal, organización de referencia en presos políticos, contabilizaba al 30 de abril de 2026 al menos 454 personas en esa condición. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón eleva la cifra hasta 667. Cofavic estima en aproximadamente 200 las personas que continúan en situación de desaparición forzada. Los números varían según metodología, pero coinciden en algo: la dimensión del problema no se mide por casos individuales sino por patrón sistémico.
El momento político de Delcy Rodríguez
El reconocimiento de la muerte llega en un momento incómodo para el gobierno de transición. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas especiales estadounidenses. Su mandato, tutelado por Washington, prometió un nuevo momento político y una Ley de Amnistía que ya generó más protestas que soluciones, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
El caso Quero pone a la transición ante una prueba específica. La narrativa oficial dice que la era Maduro terminó. La realidad operativa dice que el aparato penitenciario y la lógica de opacidad que produjo la muerte y el ocultamiento de Quero siguen funcionando bajo el mismo personal, los mismos procedimientos y, en muchos casos, los mismos centros de reclusión. El propio Diosdado Cabello, hasta hace meses ministro del Interior bajo Maduro, sigue en el gabinete.
El Ministerio Público anunció una investigación penal sobre la muerte de Quero. Pero la pregunta que cualquier observador con experiencia en derechos humanos se hace es operativa: ¿qué fiscal? ¿con qué autonomía? ¿con qué capacidad real de incomodar al sistema penitenciario que aún mantiene 454 a 667 personas en condición similar a la que tenía Quero?
Lo que viene
El Cicpc tiene que entregar el informe forense. La defensa de la familia y los organismos de derechos humanos van a exigir que el procedimiento se ajuste al Protocolo de Minnesota. Si el cuerpo presenta evidencia de tortura, el caso va a escalar de muerte negligente a posible ejecución extrajudicial.
La presión internacional sobre el gobierno de transición se va a intensificar. La Unión Europea, países latinoamericanos, organismos multilaterales y la Casa Blanca tienen interés político en que la era Maduro no se prolongue solo cambiando de nombre. El caso Quero es ahora referencia.
Para los venezolanos en la diáspora, especialmente los que tienen familiares en cárceles venezolanas, el caso confirma lo que sospechaban. La transición no es retorno a la normalidad. La transición es un proceso largo donde lo que cambia no es lo que el régimen dice, sino lo que la sociedad civil organizada logra arrancar caso por caso.
Para los hispanos en Estados Unidos que siguen Venezuela como tema personal y no solo geopolítico, este caso importa por algo más. Carmen Teresa Navas es la imagen de una madre que llevó comida durante 16 meses a un hijo que ya estaba muerto. Esa imagen, con todo su dolor, no se puede consumir como noticia de una semana. Es la dimensión real de lo que significa el sistema penitenciario heredado.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas no es excepcional. Es ejemplar. La diferencia es que este caso, a diferencia de los otros 199 que estima Cofavic, tuvo la suerte amarga de salir del silencio porque el régimen ya no podía sostenerlo más. La verdadera medida de la transición venezolana no es lo que el régimen dice sobre Quero esta semana, sino cuántos casos similares quedan todavía sin reconocer. Y cuántas Carmen Teresas siguen llevando paquetes a cárceles donde no hay nadie esperándolos.
Ficha técnica · 6W
| Qué | El Estado venezolano confirmó la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida el 24 de julio de 2025. La familia no fue notificada hasta el 7 de mayo de 2026. La exhumación se realizó al día siguiente. |
| Quién | Víctor Hugo Quero Navas (51 años al morir), preso político detenido el 3 de enero de 2025; Carmen Teresa Navas, su madre (82 años), quien lo buscó durante 16 meses; Ministerio del Servicio Penitenciario; Cofavic, OVP, Foro Penal, JEP; María Corina Machado. |
| Cuándo | Detenido: 3 enero 2025. Murió: 24 julio 2025. Estado lo reconoció: 7 mayo 2026. Exhumación: 8 mayo 2026. |
| Dónde | Cárcel El Rodeo I (Miranda); Hospital Militar de Caracas; Cementerio Parque Jardín La Puerta (Miranda). |
| Por qué | El caso evidencia el patrón de desaparición forzada que organismos de derechos humanos atribuyen al sistema penitenciario heredado de la era Maduro. Aproximadamente 200 personas siguen en desaparición forzada en Venezuela según activistas. |
| Cómo | Datos verificados con Cofavic, Observatorio Venezolano de Prisiones, Justicia Encuentro y Perdón, Foro Penal, comunicados del Ministerio del Servicio Penitenciario y declaraciones de María Corina Machado y Martha Tinedo (JEP). |
Fuentes
- Comunicado Ministerio del Servicio Penitenciario · 7 mayo 2026
- Cofavic · comunicado de solidaridad · 7 mayo 2026
- Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
- Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) · declaraciones de Martha Tinedo a EFE
- Foro Penal · cifras al 30 abril 2026 · 454 presos políticos
- Declaraciones de María Corina Machado en redes sociales
- Reporte de Oliver Fernández (@oliverandresfz) · cobertura en sitio del Cicpc
- El Nacional, Infobae, La Patilla, Cactus24, La Nación · cobertura del 8-9 mayo 2026
Política
Cuatro meses del rodrigato: lo que cambió, lo que no, y lo que se pospuso
El 5 de enero Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada. El 5 de mayo se cumplieron cuatro meses. El balance no es lineal: hay liberaciones, hay protestas en aumento, hay opacidad fiscal, hay un sistema penitenciario que sigue produciendo casos como el de Víctor Quero. Una radiografía del momento, con cifras.
El 5 de enero Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada. El 5 de mayo se cumplieron cuatro meses. El balance no es lineal: hay liberaciones, hay protestas en aumento, hay opacidad fiscal, hay un sistema penitenciario que sigue produciendo casos como el de Víctor Quero. Una radiografía del momento, con cifras.
El 5 de enero de 2026, dos días después de la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada. Tenía 56 años, una trayectoria de 12 años en cargos clave del chavismo, y la tarea de gestionar una transición sin manual.
Cuatro meses después, hay datos suficientes para hacer balance. No para concluir, porque la transición está abierta. Sí para identificar tendencias, fricciones, continuidades y rupturas con suficiente nitidez.
Lo que cambió
Hay seis cambios verificables en los primeros cuatro meses.
Primero, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero. Liberó a varios cientos de presos políticos, aunque el número exacto está en disputa entre fuentes. La ley generó expectativa pero también críticas estructurales: el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó que la aplicación tuvo exclusiones significativas, y produjo más protestas que soluciones concretas en términos de derechos plenos.
Segundo, el desbloqueo gradual de actividades económicas. La presidencia encargada anunció gestiones con el Fondo Monetario Internacional para liberar recursos venezolanos congelados en el exterior. Empresas estadounidenses retornaron a operaciones petroleras parciales en Venezuela. La producción petrolera se ubicó alrededor de 950.000 barriles diarios, según el Instituto de Finanzas Internacionales, con perspectivas de aumento de 250.000 a 500.000 barriles diarios en un horizonte de doce a dieciocho meses si la normalización continúa.
Tercero, la apertura parcial del espacio cívico. Las protestas, según el OVCS, aumentaron 144% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025. La represión documentada cayó 45%: solo 21 casos de represión abierta en nueve estados, frente a 38 en los primeros tres meses de 2025. Los analistas atribuyen la reducción al escrutinio internacional más que a un cambio estructural en la política represiva.
Cuarto, el reconocimiento, aunque tardío y forzado, de casos críticos de derechos humanos. El caso Quero el 7 de mayo es el más visible. El Ministerio Público anunció investigación. Es la primera vez en años que el Estado venezolano admite formalmente una muerte bajo custodia con potencial de procesar a responsables.
Quinto, el anuncio del 30 de abril de un ingreso mínimo integral de 240 dólares mensuales, compuesto por dos bonos. La medida desligó el ingreso del salario base mínimo (130 bolívares, equivalentes a 27 centavos de dólar al cambio del BCV del 11 de mayo: 500,46). Es decir: el régimen subió el ingreso del trabajador, pero no por la vía salarial sino por la vía del bono. Esa decisión tiene efectos secundarios: el bono no genera prestaciones, no se computa para utilidades, no se incluye en jubilaciones.
Sexto, la creación de dos fondos especiales: uno de protección social y otro de servicios públicos. Fondos extra-presupuestarios cuya operación, según Transparencia Venezuela en denuncia del 5 de mayo, se realiza con opacidad significativa. La ONG acusa al gobierno de Delcy Rodríguez de ocultar información clave sobre estos fondos. Esa opacidad es continuidad estructural, no ruptura.
Lo que no cambió
Hay cinco continuidades visibles.
El gabinete mantiene figuras clave del régimen anterior. Diosdado Cabello continúa en Interior. Vladimir Padrino López se mantiene en Defensa. La Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia conservan estructuras heredadas. La presidenta encargada cambió titulares en algunos ministerios económicos, pero las palancas de poder coercitivo permanecen.
El sistema penitenciario sigue operando con la lógica de la era Maduro. El caso Quero lo muestra: detención, traslado, muerte bajo custodia, entierro sin notificación, descubrimiento por presión externa. Cofavic estima unas 200 personas en condición de desaparición forzada actual. La transición no ha presentado un plan de reforma penitenciaria.
La opacidad fiscal continúa. Los fondos extra-presupuestarios anunciados como mecanismo de gestión social repiten el patrón de programas paralelos a las instituciones tradicionales que el chavismo ha usado durante 27 años.
El salario base mínimo lleva congelado en 130 bolívares desde 2022. La canasta alimentaria (Cendas-FVM) supera 645,6 USD para una familia de cinco. La canasta básica familiar oscila entre 670 y 720 USD. Sin ajuste salarial real, la dependencia del bono se vuelve estructural.
La inflación, según fuentes contrarias, se mantiene alta. Algunas estimaciones la sitúan en 475% interanual en 2025. Otras, más extremas, la elevan a 650%. Aunque el bolívar se ha estabilizado parcialmente frente al dólar, la dolarización de facto del 65% de las transacciones formales muestra que la confianza en la moneda nacional no se ha recuperado.
Lo que se pospuso
Hay tres asuntos que el rodrigato no ha enfrentado.
Una reforma estructural del aparato penitenciario. Sin ella, los casos como Quero van a seguir produciéndose, con o sin reconocimiento posterior.
Una rendición de cuentas sobre los activos del régimen anterior, dentro y fuera de Venezuela. La consigna superar de Jorge Rodríguez en mayo apunta justamente a posponer este asunto.
Un calendario electoral creíble. La Constitución venezolana establece que en ausencia del presidente debe convocarse a elecciones en un plazo determinado. La presidencia encargada ha funcionado durante cuatro meses sin que esa cláusula se haya activado en términos operativos. Washington indicó que la transición se administraría hasta que pudiera realizarse de manera segura, propia y juiciosa, en palabras del presidente Trump. Esa promesa, sin fecha, abre la posibilidad de que el rodrigato se prolongue indefinidamente.
Lo que esto significa para los hispanos en EE.UU.
Para los venezolanos en la diáspora, los cuatro meses del rodrigato dejan una lectura mixta. Hay alivio en algunos frentes: liberación parcial de presos, apertura económica gradual, reducción de represión visible. Hay continuidad en otros: opacidad, estructura coercitiva, sistema penitenciario sin reforma. Y hay postergación en lo que más importa para el regreso: justicia, transición democrática plena, calendario electoral.
La Encovi 2025 captó esa ambivalencia. Solo el 10% de los venezolanos en el exterior tiene planes de regresar. El 74% lo descarta. El restante 16% no sabe. Los que tienen mayor disposición a volver están en Argentina (29%), seguidos por Colombia (20%), Estados Unidos (16%) y Chile (15%). La encuesta se levantó en el segundo trimestre de 2025, antes de la captura de Maduro. Una próxima edición tendrá que capturar el efecto rodrigato.
Para los hispanos en general en Estados Unidos, el rodrigato es referencia regional. Es un experimento de transición tutelada con presencia activa de Washington, en un país con 7,9 millones de migrantes en el continente. Lo que pase en Caracas en 2026 va a marcar precedente sobre cómo se gestionan futuras crisis institucionales en la región.
Cuatro meses no son un balance final. Son un punto de inflexión. La transición venezolana cruzó el momento del cambio brusco y entró en el momento del proceso. Lo que define un proceso es lo que se sostiene en el tiempo. Y lo que se sostiene depende menos del Ejecutivo encargado que de la presión que la sociedad civil, la diáspora y los actores internacionales sean capaces de ejercer.
Ficha técnica · 6W
| Qué | Balance de los primeros cuatro meses del gobierno encargado de Delcy Rodríguez (5 enero a 5 mayo de 2026), con datos verificables sobre liberaciones, protestas, ingreso mínimo, gabinete y casos críticos. |
| Quién | Delcy Rodríguez Gómez (56 años, jurista, exvicepresidenta de Maduro 2018-2026, exministra de Petróleo, exministra de Economía); el gabinete actual; los actores civiles, sindicales y de derechos humanos que documentan la transición. |
| Cuándo | Período del 5 de enero al 5 de mayo de 2026, con énfasis en hitos: 19 febrero (Ley de Amnistía), 30 abril (anuncio de ingreso mínimo de 240 USD), 1 mayo (movilizaciones del Día del Trabajador), 5-7 mayo (Encovi 2025 + caso Quero). |
| Dónde | Venezuela: agenda nacional de la presidencia encargada; impacto en deportaciones desde EE.UU.; señales para el corredor de remesas y para la diáspora. |
| Por qué | El rodrigato es el experimento de transición tutelada más relevante de América Latina en décadas. Su éxito o fracaso afecta directamente a 7,9 millones de venezolanos en la diáspora y a las relaciones EE.UU.-América Latina. |
| Cómo | Datos verificados con OVCS, Foro Penal, Encovi 2025, comunicados oficiales del Ejecutivo, Transparencia Venezuela, cobertura de medios internacionales (Bloomberg Línea, Reuters, EFE, Infobae). |
Fuentes
- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) · informe primer trimestre 2026
- Foro Penal · cifras presos políticos al 30 abril 2026
- Encovi 2025 · IIES-UCAB · presentación 7 mayo 2026
- Transparencia Venezuela · denuncia 5 mayo 2026
- Banco Central de Venezuela · tasa al 11 mayo 2026
- Cendas-FVM · canasta alimentaria febrero 2026
- Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) · proyecciones petroleras
- Bloomberg Línea, Infobae, Reuters, EFE · cobertura primer cuatrimestre 2026
- Wikipedia · gabinete actual de Venezuela
Política
Las protestas en Venezuela suman 1.926 en el primer trimestre y crecen 144 por ciento frente a 2025
Salarios, apagones, agua, presos políticos. La conflictividad social tutelada bate récord. Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Salarios, apagones, agua, presos políticos. La conflictividad social tutelada bate récord. Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.926 protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2026. La cifra es 144 por ciento más alta que la del mismo período de 2025. Para el régimen actual, que apenas lleva cuatro meses al frente, el dato es peso político directo: la transición tutelada no ha desactivado la conflictividad social heredada del madurismo.
Esta pieza ordena los datos de la semana del 4 al 9 de mayo y los pone en contexto con la cifra acumulada del semestre.
Las cuatro protestas nacionales
Cuatro convocatorias nacionales se concentraron entre el 2 de abril y el 7 de mayo, todas vinculadas al ingreso laboral:
Jueves 2 de abril. Primera protesta nacional masiva contra el aumento salarial inicial de Delcy Rodríguez (alrededor de 30 dólares). Convocada por sindicatos del sector público.
Miércoles 30 de abril. Segunda protesta nacional, en víspera del 1 de mayo. Sindicatos y gremios exigieron salario base mínimo de 200 dólares mensuales. La policía dispersó a la marcha que intentó llegar hasta Miraflores.
Viernes 1 de mayo. Día Internacional del Trabajador. Más de 1.500 trabajadores marcharon cuatro kilómetros por el centro de Caracas con la consigna «bono no es salario». Manifestaciones también en San Cristóbal y Barinas, antiguo feudo del chavismo.
Jueves 7 de mayo. Trabajadores del sector público marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas. Pidieron que los fondos venezolanos congelados por sanciones sean supervisados por la administración Trump y se destinen a salarios y reparación de la infraestructura eléctrica. Liderada por el sindicalista Carlos Salazar y la maestra Emilia Torrealba.
El dato que organiza el descontento
El salario base mínimo en Venezuela está congelado en 130 bolívares mensuales desde 2022. Al cambio oficial actual, eso equivale a 27 centavos de dólar. La canasta básica familiar supera los 670 dólares mensuales según consultoras privadas.
El «ingreso mínimo integral» anunciado por Delcy Rodríguez el 30 de abril subió de 190 a 240 dólares mensuales. Es un aumento del 26 por ciento. Pero ese ingreso se compone fundamentalmente de bonos (Bono de Guerra Económica, cestaticket) que no computan para pensiones, prestaciones, vacaciones ni cotizaciones de seguridad social. Los economistas independientes (José Guerra, Asdrúbal Oliveros) lo describen como «fraude a la ley»: parece salario, pero deja al trabajador sin protección de largo plazo.
La Coalición Sindical de Anzoátegui sintetizó la respuesta el 8 de mayo en una frase: «El estómago no sabe de distracciones». El estómago tampoco sabe de bonos.
Más allá del salario
Las protestas no son solo por dinero. Los servicios fallan. En Carabobo, los apagones se intensificaron tras el período de 45 días de racionamiento. En Falcón, los pacientes temen que cierre la unidad de diálisis por falta de personal. En Jesús de Nazareth, San Juan de los Morros, llevaban tres días sin electricidad al cierre del 8 de mayo. En Barinas, los partidos opositores se reorganizan. En Mérida, en Maracaibo, en El Tigre. La protesta es geografía nacional, no fenómeno capitalino.
A esto se suma el factor que la política tutelada no ha logrado abordar: 454 personas detenidas por razones políticas según el último reporte de Foro Penal del 8 de mayo. 65 por ciento sin condena.
Por qué importa para la diáspora
Tres lecturas operativas para los venezolanos en Estados Unidos:
Una. La estabilización económica que la Encovi documenta y que el régimen celebra es real pero parcial. La pobreza monetaria bajó. El bienestar cotidiano no acompaña. La diferencia entre indicadores macro y experiencia familiar va a sostener la conflictividad por meses.
Dos. La diáspora que considera retorno debe leer las protestas como señal: el régimen actual no ha resuelto el problema básico del ingreso vital. Las decisiones de retorno familiar conviene tomarlas con esa información en mano.
Tres. El factor de presión externa (sistema interamericano, ONU, Corte Penal Internacional) es complementario al factor de presión interna. Los dos juntos son la única manera de que los plazos de la transición no se alarguen indefinidamente.
Lo que viene
Las próximas dos señales: el segundo aumento del ingreso mínimo integral previsto en el cronograma fiscal (probablemente entre julio y agosto) y la respuesta del régimen al pliego entregado el 7 de mayo en la embajada de Estados Unidos. Ambas van a marcar si la conflictividad sostiene su ritmo o se contiene.
Ficha técnica · 6W
| Qué | Balance de protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2026 según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La cifra acumulada llegó a 1.926 protestas, con un aumento de 144 por ciento respecto al mismo período de 2025. |
| Quién | Trabajadores del sector público y privado · sindicatos · gremios profesionales · pensionistas · familiares de presos políticos · OVCS (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) · Coalición Sindical de Anzoátegui. |
| Cuándo | Primer semestre de 2026. Datos al 8 de mayo. Cuatro protestas nacionales contra la política salarial: 2 de abril, 30 de abril, 1 de mayo, 7 de mayo. |
| Dónde | Caracas (centros, embajada de EE.UU., Miraflores) · San Cristóbal · Barinas · Anzoátegui · Carabobo · Falcón · interior del país. |
| Por qué | La política de bonos en lugar de salario base, los apagones, la falta de servicios y la cuenta pendiente de los presos políticos sostienen una conflictividad social que el régimen actual no ha podido contener. |
| Cómo | Análisis de los datos del OVCS, las cuatro protestas nacionales recientes, las respuestas del régimen y las tensiones que persisten. |
Fuentes
- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) · datos primer semestre 2026
- AFP · cobertura de las protestas del 1 y 7 de mayo
- Cadena 3 · cobertura del 7 de mayo
- El Nacional · análisis salarial del 30 de abril
- Coalición Sindical de Anzoátegui · declaración del 8 de mayo
- Foro Penal · reporte del 8 de mayo (454 presos políticos)
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