Política
Las protestas en Venezuela suman 1.926 en el primer trimestre y crecen 144 por ciento frente a 2025
Salarios, apagones, agua, presos políticos. La conflictividad social tutelada bate récord. Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Salarios, apagones, agua, presos políticos. La conflictividad social tutelada bate récord. Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.926 protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2026. La cifra es 144 por ciento más alta que la del mismo período de 2025. Para el régimen actual, que apenas lleva cuatro meses al frente, el dato es peso político directo: la transición tutelada no ha desactivado la conflictividad social heredada del madurismo.
Esta pieza ordena los datos de la semana del 4 al 9 de mayo y los pone en contexto con la cifra acumulada del semestre.
Las cuatro protestas nacionales
Cuatro convocatorias nacionales se concentraron entre el 2 de abril y el 7 de mayo, todas vinculadas al ingreso laboral:
Jueves 2 de abril. Primera protesta nacional masiva contra el aumento salarial inicial de Delcy Rodríguez (alrededor de 30 dólares). Convocada por sindicatos del sector público.
Miércoles 30 de abril. Segunda protesta nacional, en víspera del 1 de mayo. Sindicatos y gremios exigieron salario base mínimo de 200 dólares mensuales. La policía dispersó a la marcha que intentó llegar hasta Miraflores.
Viernes 1 de mayo. Día Internacional del Trabajador. Más de 1.500 trabajadores marcharon cuatro kilómetros por el centro de Caracas con la consigna «bono no es salario». Manifestaciones también en San Cristóbal y Barinas, antiguo feudo del chavismo.
Jueves 7 de mayo. Trabajadores del sector público marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas. Pidieron que los fondos venezolanos congelados por sanciones sean supervisados por la administración Trump y se destinen a salarios y reparación de la infraestructura eléctrica. Liderada por el sindicalista Carlos Salazar y la maestra Emilia Torrealba.
El dato que organiza el descontento
El salario base mínimo en Venezuela está congelado en 130 bolívares mensuales desde 2022. Al cambio oficial actual, eso equivale a 27 centavos de dólar. La canasta básica familiar supera los 670 dólares mensuales según consultoras privadas.
El «ingreso mínimo integral» anunciado por Delcy Rodríguez el 30 de abril subió de 190 a 240 dólares mensuales. Es un aumento del 26 por ciento. Pero ese ingreso se compone fundamentalmente de bonos (Bono de Guerra Económica, cestaticket) que no computan para pensiones, prestaciones, vacaciones ni cotizaciones de seguridad social. Los economistas independientes (José Guerra, Asdrúbal Oliveros) lo describen como «fraude a la ley»: parece salario, pero deja al trabajador sin protección de largo plazo.
La Coalición Sindical de Anzoátegui sintetizó la respuesta el 8 de mayo en una frase: «El estómago no sabe de distracciones». El estómago tampoco sabe de bonos.
Más allá del salario
Las protestas no son solo por dinero. Los servicios fallan. En Carabobo, los apagones se intensificaron tras el período de 45 días de racionamiento. En Falcón, los pacientes temen que cierre la unidad de diálisis por falta de personal. En Jesús de Nazareth, San Juan de los Morros, llevaban tres días sin electricidad al cierre del 8 de mayo. En Barinas, los partidos opositores se reorganizan. En Mérida, en Maracaibo, en El Tigre. La protesta es geografía nacional, no fenómeno capitalino.
A esto se suma el factor que la política tutelada no ha logrado abordar: 454 personas detenidas por razones políticas según el último reporte de Foro Penal del 8 de mayo. 65 por ciento sin condena.
Por qué importa para la diáspora
Tres lecturas operativas para los venezolanos en Estados Unidos:
Una. La estabilización económica que la Encovi documenta y que el régimen celebra es real pero parcial. La pobreza monetaria bajó. El bienestar cotidiano no acompaña. La diferencia entre indicadores macro y experiencia familiar va a sostener la conflictividad por meses.
Dos. La diáspora que considera retorno debe leer las protestas como señal: el régimen actual no ha resuelto el problema básico del ingreso vital. Las decisiones de retorno familiar conviene tomarlas con esa información en mano.
Tres. El factor de presión externa (sistema interamericano, ONU, Corte Penal Internacional) es complementario al factor de presión interna. Los dos juntos son la única manera de que los plazos de la transición no se alarguen indefinidamente.
Lo que viene
Las próximas dos señales: el segundo aumento del ingreso mínimo integral previsto en el cronograma fiscal (probablemente entre julio y agosto) y la respuesta del régimen al pliego entregado el 7 de mayo en la embajada de Estados Unidos. Ambas van a marcar si la conflictividad sostiene su ritmo o se contiene.
Ficha técnica · 6W
| Qué | Balance de protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2026 según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La cifra acumulada llegó a 1.926 protestas, con un aumento de 144 por ciento respecto al mismo período de 2025. |
| Quién | Trabajadores del sector público y privado · sindicatos · gremios profesionales · pensionistas · familiares de presos políticos · OVCS (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) · Coalición Sindical de Anzoátegui. |
| Cuándo | Primer semestre de 2026. Datos al 8 de mayo. Cuatro protestas nacionales contra la política salarial: 2 de abril, 30 de abril, 1 de mayo, 7 de mayo. |
| Dónde | Caracas (centros, embajada de EE.UU., Miraflores) · San Cristóbal · Barinas · Anzoátegui · Carabobo · Falcón · interior del país. |
| Por qué | La política de bonos en lugar de salario base, los apagones, la falta de servicios y la cuenta pendiente de los presos políticos sostienen una conflictividad social que el régimen actual no ha podido contener. |
| Cómo | Análisis de los datos del OVCS, las cuatro protestas nacionales recientes, las respuestas del régimen y las tensiones que persisten. |
Fuentes
- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) · datos primer semestre 2026
- AFP · cobertura de las protestas del 1 y 7 de mayo
- Cadena 3 · cobertura del 7 de mayo
- El Nacional · análisis salarial del 30 de abril
- Coalición Sindical de Anzoátegui · declaración del 8 de mayo
- Foro Penal · reporte del 8 de mayo (454 presos políticos)
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Terror al baremo
Bellorín reclama que los criterios de evaluación del TSJ sean públicos antes de abrir las postulaciones y cuestiona la opacidad de las designaciones anteriores.
Sin el necesario baremo hecho público en forma previa al llamado para que el 28 de octubre de 2026 se dé inicio al proceso de postulaciones para el TSJ, ya anunciado por el diputado chavista presidente del siempre írrito Comité de Postulaciones Judiciales, la señal de un nuevo fraude a la Constitución es demasiado evidente y hay que dejar constancia previa.
Sin baremo público, el método a utilizar para la evaluación de credenciales seguirá siendo un misterio y un cheque en blanco para los «ungidos» por el régimen para encargarse de un proceso ya viciado de origen.
No debe causar sorpresa que ninguno de los involucrados, algunos pocos con algo de credibilidad, se atreva a mencionar la ausencia de dicho baremo.
Alguien podrá atreverse a afirmar que el baremo existe, pero será confidencial y solo manejado por ellos. Ese cuento es viejo y se debe recordar su utilización en boca de antiguos diputados chavistas, anteriores presidentes del secuestrado Comité de Postulaciones Judiciales, como Pedro Carreño y Saúl Ortega.
Sus declaraciones sobre la existencia de algún supuesto baremo que nunca mostraron están en las noticias de la época.
La revolución siempre le ha tenido pavor al mérito diferenciador. En cualquier nombramiento, jamás ha permitido concursos transparentes, necesarios para el escrutinio ciudadano. Por tal razón, la mediocridad acabó con Venezuela.
En lo que respecta a los anteriores nombramientos de magistrados al TSJ, es notorio que siempre ha brillado por su ausencia alguna escala valorativa de los únicos requisitos técnicos y académicos previstos a partir de los mínimos exigidos por el numeral 3 del artículo 263 constitucional.
Sin ese «baremo público», la posibilidad de títulos chimbos, de requisitos fraudulentos y de tantas «barbaridades» cometidas en nombramientos anteriores, como muchas denunciadas a lo largo de los años, es inminente. Sin baremo no hay esperanza de rectificación.
Este párrafo que aquí comparto ha sido el último ejemplo publicado en un reciente artículo sobre las confesiones públicas de una exmagistrada. Cito:
Aun con todas las concesiones anteriores a su favor, sería bueno entender cómo la abogada Bárbara César Siero (no sé si doctora), siendo jueza penal, se postuló a la Sala Político Administrativa y no a la Sala Penal, como lo ordena la Constitución.
¿Será que para esas designaciones poco importan el conocimiento y la necesaria experiencia de más de 15 años en la especialidad, como lo ordena la Constitución?
La culpa nunca será del ciego, sino de quien le da el garrote.
Fin de la cita. Artículo citado: «De barbaridades y lecciones».
Caracas, 25 de octubre de 2026.
Dr. Ángel Alberto Bellorín. Abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Política
El país salió a recibir a María Corina
El recibimiento en su recorrido desde Lara agrega una dimensión pública al regreso: su capacidad de movilización entra en el escenario de una negociación que no encabeza.
María Corina Machado regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre y reapareció en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Lara. Desde allí emprendió un recorrido por carretera hacia Caracas y fue recibida por seguidores en Chivacoa, Yaracuy, y en Morón, Carabobo, según imágenes difundidas por Vente Venezuela y reportes recopilados por CNN en Español. El mensaje «Estoy aquí. Con ustedes» acompañó un regreso que pasó a ser, de inmediato, un reencuentro público con quienes sostienen su liderazgo.
Las imágenes y reportes disponibles documentan recibimientos en Lara, Yaracuy y Carabobo. Vente Venezuela informó además paradas previstas en Guacara y Palo Negro y convocó a sus simpatizantes a Valle-Coche. Esas convocatorias describen la ruta prevista; a la hora de cierre de esta edición no prueban por sí mismas una llegada ni una intervención en Caracas.
Ese recibimiento importa por el momento político en que se produce. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la representación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 participan en un diálogo respaldado por Washington. Machado conserva un liderazgo propio y ha reclamado una fecha electoral, pero no conduce esa mesa. Su presencia dentro del país introduce una capacidad de intervención que no se mide solamente por el acceso a las reuniones.
La calle ofrece una expresión visible de respaldo. No permite contar automáticamente a todo el electorado ni anticipar una elección, pero sí muestra organización, disposición a movilizarse y expectativas dirigidas a una persona concreta. Esas expectativas tendrán que encontrarse con los tiempos y resultados de la negociación.
El siguiente dato sustantivo será el mensaje que Machado dirija al país desde esta nueva posición: qué prioridades fija, cómo se relaciona con el diálogo y qué propone para canalizar el respaldo que la recibe. El regreso es un hecho; sus efectos sobre el proceso se construyen a partir de las decisiones que siguen.
El especial de INCÍSOS «Vuelta a la patria» reúne los antecedentes del retorno, el recibimiento y la escena institucional que rodea su regreso.
Fuentes y documentos
Política
Desde Panamá, la agenda que Machado llevó de vuelta a Venezuela
En sus entrevistas de octubre desde Panamá, María Corina Machado articuló una agenda de elecciones, institucionalidad, seguridad y energía. El regreso ya consumado transforma esas definiciones en un programa que ahora deberá contrastarse con su acción política dentro del país.
Machado concedió desde Panamá entrevistas a medios nacionales e internacionales durante octubre y allí habló de elecciones, transición institucional, seguridad fronteriza y recuperación energética. La conversación más extensa disponible, publicada por el Grupo de Diarios América en El Nacional el 19 de octubre, permite seguir los contornos de esa agenda y distinguir entre lo que propuso y lo que ya tiene forma institucional.
Panamá no apareció solo como escenario de entrevistas. En el diálogo con el GDA, Machado dijo que el país alberga las actas electorales de 2024 y agradeció al presidente José Raúl Mulino, a la Asamblea y a las instituciones panameñas por acoger a la oposición venezolana. Esa referencia sitúa su exposición pública fuera de Venezuela dentro de una disputa política que seguía reclamando presencia y representación en el país.
Entonces presentó el retorno como parte de un esfuerzo para completar el mandato que atribuye a la elección del 28 de julio de 2024. No ofreció una fecha concreta: dijo que las condiciones cambiaban diariamente y que trabajaba para volver junto con los venezolanos. El 25 de octubre, su aparición pública en Barquisimeto convirtió esa promesa en un hecho. La agenda expuesta desde Panamá queda ahora como un conjunto de prioridades que deberá trasladar al terreno político venezolano.
En esas intervenciones, el retorno no se planteaba como un hecho aislado ni como un desenlace suficiente. Machado lo vinculaba con una elección presidencial, instituciones independientes, reglas para la inversión y una redefinición de la seguridad. Reúne compromisos de campaña, exigencias a otros actores y una visión de transición; ninguna de esas piezas es, por ahora, un acuerdo institucional adoptado.
Una fecha electoral como punto de partida
El eje más reiterado de Machado es la convocatoria de elecciones presidenciales. En la entrevista con el GDA sostuvo que “la fecha electoral es la fecha de la liberación” y pidió que se fijara un calendario. También afirmó que no había una fecha concreta acordada en las conversaciones. Las dos ideas importan por igual: la dirigente establece la elección como prioridad, pero el planteamiento no documenta que exista un cronograma definido.
Machado mencionó como propuesta del senador Bernie Moreno el 24 de julio de 2027, aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Esa mención permite registrar que la fecha fue parte de la conversación, no que tenga respaldo institucional o esté incorporada a una negociación. En otra entrevista, el Financial Times —resumido por Reuters el 9 de octubre— reportó que Machado pidió elecciones en 2027 y sostuvo que había tiempo suficiente para prepararlas antes de julio.
La entrevista audiovisual que EL TIEMPO fechó el 18 de octubre también giró en torno a la urgencia de convocar elecciones y a su disposición a ser candidata en un escenario de comicios limpios y libres. La formulación se presenta aquí como parte de la agenda política atribuida a Machado, no como una decisión electoral vigente.
Instituciones, participación y límites de la transición
La agenda de Machado no se limita a un día de votación. Ante el GDA reclamó un Consejo Nacional Electoral constitucional, independiente y sin reparto de cuotas, y un Tribunal Supremo de Justicia con características similares. Propuso además participación ciudadana mediante asambleas en escuelas, fábricas y comunidades, con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para sistematizar propuestas.
Son definiciones programáticas. No equivalen a crear esos organismos, convenir cómo designarlos ni aprobar una ruta de participación. El regreso cambia el lugar desde el que Machado puede defender esas propuestas, pero no resuelve por sí solo la representación institucional, el calendario electoral ni la composición de los organismos.
En materia de justicia, Machado rechazó una amnistía para crímenes de lesa humanidad y sostuvo que no habría “revancha”. La posición fija un límite político frente a la impunidad, sin describir un diseño judicial pactado. Las afirmaciones sobre liberaciones o cambios en la represión requieren documentos y registros independientes para poder evaluarse caso por caso.
Seguridad fronteriza y cooperación internacional
La relación con Estados Unidos y los países vecinos aparece como otro componente de la agenda. En la entrevista con el GDA, Machado planteó que una futura Fuerza Armada venezolana debería servir a la Constitución y coordinarse con Colombia para que la frontera sea un espacio de legalidad y desarrollo. Añadió que militares y policías involucrados en narcotráfico, extorsión o violaciones de derechos humanos deberían salir de las instituciones.
Se trata de una propuesta de reforma y depuración institucional. La cooperación que describe es, por ahora, una orientación política; no hay en las entrevistas un acuerdo de seguridad suscrito con Colombia ni un plan operativo anunciado.
En la conversación con Rachel Campos-Duffy, difundida el 17 de octubre, Machado reafirmó en X su intención de volver a Venezuela para acompañar al pueblo y trabajar por una transición democrática “exitosa e irreversible”. La promesa se cumplió el 25 de octubre con su presencia pública en Barquisimeto. Las metas políticas que la acompañaban —elecciones libres, instituciones independientes y garantías— siguen siendo propuestas por concretar.
Petróleo, inversión y reglas
La dimensión económica de la agenda se concentra en la recuperación de Venezuela como potencia energética y en condiciones para atraer capital. Reuters reportó, al resumir una entrevista del Financial Times, que Machado pidió transparencia en la administración de los ingresos procedentes de ventas petroleras supervisadas por Washington. La agencia reprodujo su planteamiento de que una democracia estable es necesaria para que el proceso sea sostenible.
En materiales secundarios sobre la conversación con Fox News, se atribuye a Machado la promesa de respetar los acuerdos petroleros firmados conforme a la ley y la propuesta de captar inversión estadounidense con mercados abiertos, estabilidad fiscal y arbitraje internacional. Newsroom Panama también reseñó que respetaría contratos que cumplieran la legislación venezolana. Estas expresiones describen una posición de la dirigente; todavía no explican qué autoridad determinaría el cumplimiento de los contratos ni cómo se aplicaría una revisión.
El criterio que atraviesa esas intervenciones es político y jurídico: continuidad para los contratos que, según Machado, se ajusten a la ley venezolana, junto con reglas que den previsibilidad a la inversión. El regreso permite que esa agenda sea defendida desde el país, pero no sustituye las decisiones institucionales que tendrían que convertirla en política pública.
Esta nota se integra al especial Vuelta a la patria desde un ángulo específico: no vuelve a narrar la aparición en Barquisimeto ni a medir el respaldo de calle. Identifica las prioridades que Machado llevó desde Panamá y las preguntas que siguen abiertas ahora que su retorno ya ocurrió.
Qué sigue abierto
- El calendario electoral, la autoridad que lo fijaría y las garantías para unas elecciones libres y competitivas.
- La forma de integración de un CNE y un TSJ independientes, más allá de la propuesta de la dirigente.
- Los mecanismos verificables de cooperación con Colombia, Estados Unidos y otros países en seguridad y transición.
- El alcance de la revisión de contratos petroleros y las reglas que regirían una estrategia de inversión.
- La manera en que Machado articulará esa agenda con su presencia pública, la coordinación opositora y las conversaciones en curso dentro del país.
Fuentes y documentos
- Entrevista de María Corina Machado con el GDA, publicada por El Nacional el 19 de octubre de 2026.
- Entrevista exclusiva de EL TIEMPO con María Corina Machado, 18 de octubre de 2026.
- Publicación de María Corina Machado sobre la entrevista con Rachel Campos-Duffy.
- Reuters: Venezuela’s Machado calls for elections by July, FT reports, 9 de octubre de 2026.
- Newsroom Panama: entrevista y extracto de audio de Machado, 16 de octubre de 2026.
- CNN en Español: cobertura del regreso y de la aparición pública en Barquisimeto.
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