Política
La Constituyente de 2017 legisló sin tener poder para hacerlo
Tres años, cuatro meses y ninguna constitución. Lo que dejó la Constituyente de 2017 sigue rigiendo en Venezuela.
Convocada por decreto y sin consulta popular, la Asamblea de 2017 funcionó tres años y cuatro meses, no redactó constitución y dejó un cuerpo de leyes que se atribuyó un rango que nadie le dio.
| Qué | Una asamblea convocada para redactar una constitución se dedicó a legislar y a sustituir al Parlamento. |
|---|---|
| Quién | La ANC presidida por Delcy Rodríguez y luego por Diosdado Cabello; la Asamblea Nacional electa en 2015. |
| Cuándo | Del 4 de agosto de 2017 al 18 de diciembre de 2020. |
| Dónde | Palacio Federal Legislativo, Caracas. |
| Por qué | Sus actos siguen vigentes y se reforman con las reglas que ella misma dejó. |
| Cómo | Por decreto presidencial, sin referendo consultivo y con bases comiciales sectoriales. |
El 18 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente cerró sus sesiones después de tres años y cuatro meses de funcionamiento. No entregó el proyecto de constitución para el que, según su propio decreto de convocatoria, había sido creada. Antes de irse aprobó una última norma: una «ley constitucional» que ordenaba que todo lo que había dictado conservara «plena vigencia» después de su disolución, y que solo pudiera modificarse por un procedimiento especial diseñado por ella misma.
Casi seis años después, esa última ley está en uso. El 29 de septiembre de 2026, cuando la Asamblea Nacional recibió la solicitud de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para reformar la ley contra el odio, su presidente, Jorge Rodríguez, invocó el artículo 3 de aquella ley de vigencia para fijar el trámite: control previo de la Sala Constitucional, aprobación con dos tercios de los diputados y procedimiento de ley orgánica. La obra de la Constituyente no es historia: es el marco con el que se discute la transición.
Una convocatoria sin el pueblo
El artículo 347 de la Constitución de 1999 establece que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y que, en ejercicio de ese poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente «con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». El artículo 348 enumera quiénes pueden tomar la iniciativa de esa convocatoria, entre ellos el presidente de la República en Consejo de Ministros.
La diferencia entre iniciativa y convocatoria es el centro del problema. En 1999, el proceso que produjo la Constitución vigente comenzó con un referendo, celebrado el 25 de abril de ese año, en el que los electores aprobaron convocar la asamblea. En 2017 no hubo consulta. Nicolás Maduro firmó el decreto 2.830, publicado el 1 de mayo de 2017, que convocaba la Constituyente y fijaba sus bases comiciales. La Sala Constitucional, en su sentencia 378 de ese año, avaló el atajo: sostuvo que el referendo consultivo previo no era «necesario ni constitucionalmente obligante» porque ninguna norma lo exigía expresamente.
La fiscal general de entonces, Luisa Ortega Díaz, recurrió la decisión con el argumento de que solo el pueblo podía convocar. La Sala Electoral declaró inadmisible su recurso. Los colegios de abogados de 21 estados y la Federación Nacional de Colegios de Abogados objetaron además las bases comiciales: la elección combinaba representantes territoriales, que daban el mismo peso a municipios de población muy distinta, con representantes sectoriales escogidos en registros controlados por el Estado. El resultado, según esos críticos, rompía el principio del voto universal e igual del artículo 63.
El Parlamento paralelo
La elección se realizó el 30 de julio de 2017 sin participación de la oposición. El 4 de agosto se instalaron 545 constituyentes en el Palacio Federal Legislativo, el mismo edificio donde sesionaba la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 con mayoría opositora. Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta de la Constituyente; en 2018 la sucedió Diosdado Cabello.
Al día siguiente de instalarse, la Constituyente destituyó a la fiscal general. Dos semanas después asumió las competencias legislativas del Parlamento, al que el Tribunal Supremo mantenía en «desacato». Desde entonces funcionó como un poder legislativo paralelo: aprobó los presupuestos nacionales y los del Banco Central de 2018 a 2021, reformó el Código Orgánico Tributario, la ley del IVA y la del impuesto sobre la renta, suprimió por decreto las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, ordenó adelantar la elección presidencial, que terminó celebrándose el 20 de mayo de 2018, y autorizó el enjuiciamiento de diputados de la Asamblea electa.
Acceso a la Justicia contabilizó una treintena de leyes dictadas o reformadas por la Constituyente. A un grupo de ellas les dio un nombre propio, sin antecedente en la Constitución que decía desarrollar: «leyes constitucionales».
Lo que no hizo
La Constituyente fijó primero su propia duración en dos años. El 21 de mayo de 2019 la extendió hasta el 31 de diciembre de 2020. Ningún proyecto de constitución fue presentado, discutido ni sometido a referendo. En una entrevista con Venezolana de Televisión citada por Acceso a la Justicia en diciembre de 2020, Cabello lo explicó así: redactar una constitución era una de las «premisas» posibles, pero no la única, y la asamblea había cumplido con «generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado».
Esa frase resume el desplazamiento. El artículo 347 enumera tres fines: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento y redactar una constitución. La Constituyente de 2017 tomó el segundo como licencia para legislar en lugar del Parlamento y renunció al tercero, que es el que justifica la existencia misma de un poder constituyente. Una asamblea que no redacta constitución no ejerce poder constituyente: ejerce poder legislativo con otro nombre.
Por qué importa en 2026
La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 abrió la transición que encabeza el gobierno encargado. La Asamblea electa en 2015 volvió a la escena pública y la mesa de negociación de Caracas discute reglas, plazos y garantías. En ese contexto, el andamiaje normativo de la Constituyente sigue en pie. La Ley Antibloqueo de 2020, que permite al Ejecutivo celebrar contratos sin control parlamentario, continúa vigente. La ley de la Fuerza Armada que dictó la Constituyente fue interpretada por la Sala Constitucional en una sentencia publicada en la Gaceta Oficial del 14 de agosto de 2026. La ley contra el odio, con la que se procesó a 927 personas desde 2017 según Foro Penal, está en reforma.
La pregunta que este especial intenta responder es concreta: ¿qué validez tienen las normas que dictó una asamblea convocada sin el pueblo, que no redactó constitución y que se otorgó a sí misma un rango que la Constitución no contempla? Y una segunda, más urgente: ¿qué significa que el país en transición las corrija usando las reglas que esa misma asamblea dejó escritas?
Las respuestas no son académicas. Dependen de ellas el alcance de la reforma de la ley contra el odio, la suerte de los procesados bajo esa norma, el margen del Ejecutivo para firmar contratos petroleros sin control y la arquitectura legal con la que se negocia la salida. Las piezas de este especial recorren el inventario de esas leyes, el argumento constitucional contra su rango y las tres salidas posibles para desmontarlas.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal.
Fuentes principales
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), artículos 63, 347, 348 y 349.
- Decreto 2.830 de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Oficial 6.295 Extraordinario, 1 de mayo de 2017.
- Acceso a la Justicia, «Balance de la Constituyente de Maduro: un fraude constitucional de principio a fin», 9 de diciembre de 2020 — accesoalajusticia.org
- Acceso a la Justicia, «Ley Constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la ANC», 10 de julio de 2021 — accesoalajusticia.org
- Asamblea Nacional, «AN crea Comisión Especial para Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio», 29 de septiembre de 2026 — asambleanacional.gob.ve
- Foro Penal, cifras de imputados por instigación al odio, citadas por El Nacional y La Patilla, octubre de 2026.
Alfredo Yánez
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Política
Figuera reveló que las sanciones se cruzan en la mesa de garantías
Dinorah Figuera admitió que la mesa de garantías es la más difícil porque el chavismo pide cosas que la AN-2015 no puede conceder, como levantar sanciones. La revelación cambia la lectura de lo que se negocia en Caracas.
Fuera del comunicado, la jefa de la delegación de la AN-2015 dejó ver el nudo de la negociación: el chavismo cobra las garantías políticas en una moneda que solo emite Washington.
| Qué | Figuera admitió que el chavismo pide en la mesa de garantías concesiones que la AN-2015 no puede dar, como levantar sanciones. |
|---|---|
| Quién | Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la AN-2015; Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista. |
| Cuándo | Declaraciones del martes 20 al jueves 22 de octubre de 2026, alrededor del cierre del tercer ciclo. |
| Dónde | Entrevistas y ruedas de prensa en Caracas, entre ellas una entrevista de Figuera con El Nacional. |
| Por qué | Las garantías políticas, incluidas las inhabilitaciones, son el punto donde la mesa se traba. |
| Cómo | El oficialismo vincula garantías internas con alivio de sanciones que depende de EE.UU., no de la mesa. |
Lo que dijo Figuera fuera del comunicado
Los comunicados de la mesa de Caracas están escritos para no revelar dónde se traba la negociación. Las entrevistas, a veces, sí. En su recorrido de medios alrededor del cierre del tercer ciclo, el miércoles 21 de octubre de 2026, Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015), dijo tres cosas que el texto oficial no recoge.
La primera, en entrevista con El Nacional: «La mesa de garantías políticas ha sido la más difícil que hemos tenido». La segunda explica por qué. Según Figuera, la otra parte pide cosas que la delegación opositora no puede hacer, y lo resumió en una frase: «nosotros no levantamos sanciones». La tercera fue un objetivo que no aparece entre los acuerdos: lograr reformas como la derogación de la Ley contra el Odio.
La segunda frase es la que importa. Dice, en esencia, que en la mesa donde se discuten las inhabilitaciones, la autonomía de los partidos y la protección de dirigentes, el oficialismo pone sobre la mesa el alivio de las sanciones internacionales. Y la AN-2015 no tiene esa llave.
Una moneda que emite Washington
Las sanciones a funcionarios e instituciones venezolanas las impone y las levanta el gobierno de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. La delegación de Figuera puede pedir, gestionar o recomendar; no puede decidir. Si el oficialismo condiciona garantías políticas a un alivio que solo Washington concede, la negociación real no es bilateral: tiene un tercer actor que no se sienta en la sala.
El calendario de las últimas semanas lo sugiere. El viernes 9 de octubre de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con Figuera en Washington. El miércoles 14 de octubre de 2026, la OFAC retiró de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, justo cuando empezaba el tercer ciclo. Y un alto funcionario de EE.UU. dijo en Caracas, en la víspera del cierre, que la transición debe ser «deliberada y reflexiva» y sin «fechas fijas».
Ese levantamiento muestra que el alivio de sanciones sí se está moviendo, pero por un carril distinto al de la mesa y a un ritmo que la AN-2015 no controla. El problema para la delegación opositora es de asimetría: el oficialismo recibe concesiones directamente de Washington, mientras las garantías que la oposición necesita dependen de que el oficialismo acceda en la mesa. Cada sanción levantada fuera de la sala es una ficha que el oficialismo cobra sin tener que pagarla dentro.
Dos fechas que no son la misma
La segunda revelación del recorrido de medios fue un número. Figuera dijo esperar que las elecciones lleguen «más temprano que tarde» y, en la entrevista con El Nacional, situó su estimación entre finales de 2027 e inicios de 2028, condicionada a depurar el registro electoral, revisar el sistema de votación y renovar el TSJ. Aclaró que era una opinión personal y que la fecha corresponde al CNE.
Esa ventana no coincide con la de la otra mitad de la oposición. La coordinadora nacional de Vente Venezuela María Corina Machado propuso el 24 de julio de 2027 para la presidencial, y su partido salió a la calle el 22 de octubre de 2026 a exigir elecciones en 2027. Entre una fecha y otra hay al menos cuatro meses, y quizás más de seis, y en política venezolana ese margen no es técnico: es el tiempo en que se define si Machado llega o no habilitada.
La distancia, además, se suma a la de Washington, donde la consigna es no fijar fechas. Con la jefa negociadora de la oposición hablando de 2028 como posibilidad y EE.UU. evitando compromisos de calendario, el oficialismo encuentra poco incentivo para adelantar nada.
Lo que dijo Jorge Rodríguez
Del lado oficialista, la frase más reveladora no fue sobre la mesa. Consultado por Reuters sobre si Venezuela controla sus recursos, en vista del acuerdo petrolero con EE.UU., Jorge Rodríguez respondió que ese no era un tema del diálogo y añadió: «Por supuesto que Venezuela controla sus recursos». Defendió que el acuerdo beneficia a ambos países.
La pregunta no era casual, y la respuesta tampoco. El oficialismo necesita sostener a la vez dos relatos: ante Washington, el de un socio confiable en energía; ante su base, el de la soberanía intacta. Ese doble equilibrio explica por qué el alivio de sanciones pesa tanto en la mesa de garantías: es la moneda que le permite al oficialismo mostrar resultados propios sin ceder en lo político.
Qué falta para destrabar la mesa de garantías
Si la lectura de Figuera es correcta, la mesa de garantías no se destrabará solo con voluntad en Caracas. Hace falta que Washington explicite si alguna sanción futura queda atada a resultados verificables en derechos políticos, empezando por las inhabilitaciones, o si el alivio seguirá corriendo por un carril propio. Sin ese vínculo, la AN-2015 negocia sin la ficha que la otra parte reclama.
La nueva cuarta mesa de garantías políticas, económicas y sociales, creada en el tercer ciclo, y el cuarto ciclo previsto del 11 al 15 de noviembre de 2026 son el espacio donde esa contradicción tendrá que resolverse. La admisión de Figuera tiene, al menos, un mérito: le dice a la opinión pública dónde mirar.
Fuentes principales
- Dinorah Figuera, entrevista con El Nacional, 21 de octubre de 2026 — infobae.com, eldiario.com
- Rueda de prensa de cierre del tercer ciclo, 21 de octubre de 2026 — eldiario.com, efectococuyo.com
- Jorge Rodríguez a Reuters, octubre de 2026 — efectococuyo.com
- Levantamiento de sanciones a Jorge Rodríguez, 14 de octubre de 2026 — aljazeera.com
- CNN en Español, 22 de octubre de 2026 — kesq.com
- Cobertura del recorrido de medios de Figuera, 20 al 22 de octubre de 2026 — ntn24.com
Política
La AN suma doce civiles al filtro del nuevo TSJ
La Asamblea Nacional designó por unanimidad a los 12 representantes de la sociedad civil del Comité de Postulaciones Judiciales. Perfil de cada uno y lo que falta para que el proceso produzca un TSJ independiente.
Nueve abogados, dos médicos y un politólogo completaron el comité de 23 miembros que preseleccionará a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo. Su composición mejora la del intento de mayo, pero las reglas que harán creíble el resultado todavía no son públicas.
| Qué | Designación y juramentación de los 12 representantes civiles del Comité de Postulaciones Judiciales. |
|---|---|
| Quién | La Asamblea Nacional, por unanimidad; juramentó su presidente, Jorge Rodríguez. |
| Cuándo | Jueves 22 de octubre de 2026; instalación prevista el viernes 23 de octubre. |
| Dónde | Sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo, Caracas. |
| Por qué | La reforma de la Ley del TSJ y la mesa de Caracas ordenan renovar la totalidad del tribunal. |
| Cómo | Por unanimidad: 12 civiles se suman a 11 diputados en un comité de 23 miembros. |
La pregunta de fondo
Toda transición termina ante la misma pregunta: ¿quién decide quién juzga? En Venezuela, durante más de dos décadas, la respuesta fueron comités de postulaciones controlados por la mayoría parlamentaria, baremos que nadie conocía y magistrados elegidos por afinidad política. El resultado fue un tribunal que dejó de funcionar como contrapeso.
El comité que la Asamblea Nacional completó el jueves 22 de octubre de 2026 es la primera pieza del intento de romper ese patrón: preseleccionará a los magistrados, principales y suplentes, de un TSJ que se renovará por completo. La cuestión es si su composición, y sobre todo sus reglas, ofrecen garantías que no ofreció el comité de mayo de 2026.
Del comité de mayo al de octubre
El 20 de mayo de 2026 se instaló un primer comité, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV) e integrado por 11 diputados y 10 ciudadanos, con el encargo de cubrir 20 de las 32 plazas del tribunal: ocho por jubilación y 12 creadas por la reforma que elevó el número de magistrados de 20 a 32. Aquel proceso quedó detenido tras los sismos del 24 de junio, cuando se encontraba en la fase de credenciales e impugnaciones, y su comité fue revocado después.
La mesa de Caracas cambió el punto de partida. La reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, aprobada por unanimidad el 1 de septiembre y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 7.074 del 15 de septiembre de 2026, ordenó designar a todos los magistrados, amplió el comité de 21 a 23 miembros (12 de la sociedad civil y 11 diputados) y fijó su funcionamiento en dos años. El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, había anunciado el 30 de agosto que el proceso se reiniciaría. La delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015), encabezada por Dinorah Figuera, convocó entonces a la sociedad civil a postularse y pidió que sus representantes fueran «los ojos de Venezuela dentro del comité».
La diferencia de fondo es que esta vez la oposición negoció las reglas y aportó una instancia de control. En el comunicado de cierre del tercer ciclo de la mesa, leído el miércoles 21 de octubre de 2026, las partes acordaron un consejo de revisión de credenciales de siete juristas: cuatro propuestos por la oposición y tres por el oficialismo. Ese consejo, que según lo acordado entrará en funcionamiento tras la instalación del comité, es el contrapeso a una aritmética que sigue siendo favorable al chavismo: de los 11 diputados del comité, ocho son del PSUV y tres de partidos opositores con escaño en la AN.
La designación
La designación, prevista para el 15 de octubre, se postergó varias veces. Alessandrello, presidente de la Comisión Preliminar, presentó la lista y aseguró que se eligió con transparencia y mérito, pero no explicó el baremo. La aprobación fue unánime: siete mujeres y cinco hombres.
Al juramentarlos, Jorge Rodríguez pidió un tribunal al servicio de «todo el pueblo de Venezuela», no de parcialidades políticas ni de grupos económicos. Por la AN-2015, el diputado Juan Miguel Matheus escribió en X: «Estamos más cerca de tener nuevos magistrados y una justicia independiente».
Lo que dicen los observadores
De los 12 designados, Transparencia Venezuela, a través de su portal Suprema Injusticia, señala a dos con vínculos con el oficialismo: Rosmely Flores Parras, que figuró en la nómina de la Asamblea Nacional, y Anthony Pérez Negrón, en la nómina de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Los otros diez no aparecen señalados en su registro, lo que no equivale a certificar su independencia: eso lo medirán sus decisiones dentro del comité.
Espacio Público pidió el 15 de octubre que se publicara el baremo, y Acceso a la Justicia presentó el 25 de septiembre una propuesta de puntuación de 1 a 100, con verificación de honorabilidad, desafiliación partidista efectiva y publicación de calificaciones. Ninguna tuvo respuesta formal.
Quiénes son: las doce fichas
Comité de Postulaciones Judiciales · Los 12 representantes civiles
| Miembro | Postulado por | Perfil | Vínculos señalados |
|---|---|---|---|
| Rosmely del Valle Flores Parras | Movimiento Azul / Mi Mundo Neurodivergente | Abogada, administradora y comunicadora social; activista por la discapacidad | Oficialismo, según Transparencia Venezuela |
| Clara Inés Casanova de Valecillos | Federación de Colegios de Abogados | Penalista; exjueza en Trujillo | Sin vínculos registrados |
| María Luisa Chacón de Aldana | Asociación de Psiquiatría Venezolana | Psiquiatra; jefa de Psiquiatría del Hospital Vargas | Sin vínculos registrados |
| Nancy Clara Castro | Iniciativa propia | Abogada penal; exfiscal del Ministerio Público | Sin vínculos registrados |
| Mairim Ruiz Ramos | Iniciativa propia | Abogada laboral; jueza de protección de niños y adolescentes | Sin vínculos partidistas; cargo en el Estado, según la veeduría ciudadana de Giuseppe Gangi |
| Yrma del Valle Pazos Grau | Atribuido a iniciativa propia o a Foro Penal | Abogada; docencia y ciencias penales | Sin vínculos registrados |
| Raquel Yadxani Sánchez Carrero | Foro Penal | Abogada; coordinadora de Foro Penal en Táchira | Sin vínculos registrados |
| Mauro Manuel Herrera Gutiérrez | Sociedad Médica Urológica San Román | Cardiólogo; integró el comité de mayo de 2026 | No figura entre los señalados por Transparencia Venezuela |
| Anthony Gerard Pérez Negrón | Legión Ucevista, Fundación Más Iguales, Fundación Educadores en Red | Abogado procesalista; profesor de la UCV; exjuez de control | Oficialismo, según Transparencia Venezuela |
| Juan Domingo Alfonzo Paradisi | Atribuido a la AVDA o al Rectorado de la UCV | Administrativista; docente | Sin vínculos registrados |
| Guillermo Tell Aveledo Coll | Iniciativa propia | Politólogo; decano en la Unimet | Sin vínculos partidistas registrados |
| Guillermo José Guzmán Mirabal | Iniciativa propia | Abogado e historiador | Sin vínculos registrados |
Fuentes: Transparencia Venezuela (Suprema Injusticia), veeduría ciudadana CPJ 2026, prensa venezolana del 22 de octubre de 2026. «Sin vínculos registrados»: ninguna fuente consultada le atribuye militancia ni vínculo político.
Rosmely del Valle Flores Parras. Postulada por Movimiento Azul y Mi Mundo Neurodivergente. Licenciada en Administración, comunicadora social y abogada; activista por los derechos de las personas con discapacidad y neurodivergencia. Integró el Comité de Postulaciones Electorales de 2023 y ha sido apoderada del BANAVIH. Transparencia Venezuela la ubica en la nómina de la Asamblea Nacional entre 2023 y 2025 y le atribuye vínculos con el oficialismo.
Clara Inés Casanova de Valecillos. Postulada por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, de la que es secretaria. Penalista; fue jueza en Trujillo entre 1970 y 2000, profesora de la Universidad de Los Andes entre 1990 y 2005 y dos veces presidenta del colegio de esa entidad. Sin vínculos registrados.
María Luisa Chacón de Aldana. Postulada por la Asociación de Psiquiatría Venezolana. Psiquiatra y doctora en Psicología; jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas y vicepresidenta de la Fundación Venezolana para el Avance de la Psicología y de la Salud. Sin vínculos registrados.
Nancy Clara Castro. Se postuló por iniciativa propia. Abogada especializada en ciencias penales y criminológicas, con estudios de posgrado en instituciones financieras; exfiscal del Ministerio Público y académica de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin vínculos registrados.
Mairim Ruiz Ramos. Se postuló por iniciativa propia. Abogada con especializaciones en derecho laboral, gerencia municipal y derecho procesal civil; jueza de protección de niños, niñas y adolescentes. Ninguna fuente le atribuye militancia; la veeduría ciudadana de Giuseppe Gangi la marca con «cargo en el Estado».
Yrma del Valle Pazos Grau. Abogada con formación en docencia y ciencias penales. Su postulación se atribuye en distintas fuentes a iniciativa propia o al Foro Penal. Sin vínculos registrados.
Raquel Yadxani Sánchez Carrero. Postulada por el Foro Penal, que lo confirmó en X. Abogada con maestría en Ciencias Jurídicas y coordinadora de la organización en Táchira. Sin vínculos registrados.
Mauro Manuel Herrera Gutiérrez. Postulado por la Sociedad Médica Urológica San Román. Cardiólogo y hemodinamista; jefe de Cardiología del Hospital Vargas y del Hospital Urológico San Román. Es el único de los doce que integró el comité de mayo de 2026. Transparencia Venezuela no lo incluye entre los designados con vínculos oficialistas.
Anthony Gerard Pérez Negrón. Postulado por Legión Ucevista, agrupación estudiantil de la UCV, y por las fundaciones Más Iguales y Educadores en Red. Abogado procesalista, profesor de la UCV y doctor en Derecho Procesal Constitucional; fue juez de control del Área Metropolitana de Caracas. Transparencia Venezuela lo ubica en la nómina de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura desde octubre de 2018, según el Registro Nacional de Contratistas, y le atribuye vínculos con el oficialismo; según La Verdad, no milita en el PSUV.
Juan Domingo Alfonzo Paradisi. Su postulación se atribuye en distintas fuentes a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo o al Rectorado de la UCV. Administrativista, doctor en Administración Pública, socio de Torres, Plaz & Araujo y docente. Sin vínculos registrados.
Guillermo Tell Aveledo Coll. Se postuló por iniciativa propia. Politólogo y doctor en Ciencias Políticas; decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Fue miembro suplente de la Comisión Nacional de Primaria 2022-2023 e integra el grupo de expertos del IFIT. Es hijo de Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, según las reseñas biográficas publicadas tras su designación. Sin vínculos partidistas registrados. En X agradeció a «las voces de confianza, de apoyo, de alerta y de crítica».
Guillermo José Guzmán Mirabal. Se postuló por iniciativa propia. Abogado e historiador, doctor en Historia por la UCAB y fundador de la Red Historia Venezuela. Sin vínculos registrados.
Lo que dice el perfil colectivo
Nueve de los doce son abogados, lo que da al componente civil capacidad técnica para discutir credenciales con los diputados; dos médicos del Hospital Vargas y un politólogo completan la representación. Ninguno es dirigente partidista.
Pero la composición no resuelve la aritmética: con ocho diputados del PSUV, el oficialismo necesitaría apenas cuatro votos civiles para alcanzar mayoría simple en un cuerpo de 23, si esa es la regla interna que el comité adopte; su reglamento tampoco es público. La calidad del resultado dependerá menos de quiénes son los doce que de cuánto del proceso será visible.
Qué falta, exactamente
Para que el comité produzca un TSJ independiente, y no solo renovado, faltan cuatro cosas.
La primera es el baremo. Sin una tabla de puntuación pública y previa, cualquier preselección será discrecional.
La segunda son los plazos. La reforma fija hasta 30 días continuos para recibir postulaciones, un lapso de impugnaciones y 10 días para que el Poder Ciudadano haga una segunda preselección, pero el comité no ha publicado su cronograma. Alessandrello habló de tener el listado final la primera semana de diciembre; Acceso a la Justicia advirtió el 25 de septiembre que, si continuaban los retrasos, «no habrá nuevo TSJ en diciembre», y desde entonces la designación de los civiles se postergó al menos una semana.
La tercera son las impugnaciones. La ley obliga a publicar la lista de aspirantes y abrir un lapso para objetarlos; ahí la sociedad civil podrá documentar vínculos y antecedentes. El consejo de revisión de credenciales de siete juristas debe tener reglas conocidas y poder real de exclusión.
La cuarta es la lista misma. La preselección debe incluir al menos el triple de los cargos por cubrir, y la elección final exige dos tercios de la Asamblea Nacional. La reforma, sin embargo, permite que tras tres sesiones sin acuerdo una cuarta decida por mayoría simple. Si esa válvula se usa, el tribunal volverá a depender de la mayoría parlamentaria.
La instalación, prevista para el viernes 23 de octubre de 2026, debe aclarar quién presidirá el comité. En mayo lo dirigió Alessandrello. Si la presidencia vuelve al mismo partido, el consejo de credenciales y un baremo público serán las únicas garantías verificables que distingan este comité del anterior.
Este reportaje describe un proceso institucional y no constituye asesoría jurídica.
Fuentes principales
- Transparencia Venezuela, Suprema Injusticia, octubre de 2026 — transparencia.org.ve
- Veeduría ciudadana CPJ 2026 (Giuseppe Gangi) — cpj.macedoniadelnorte.com
- Comité de Postulaciones Judiciales: designación, 22 oct 2026 — cronica.uno, talcualdigital.com, elnacional.com, elestimulo.com, laverdad.com
- Reforma de la Ley Orgánica del TSJ, Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 7.074, 15 sep 2026 — eldiario.com, finanzasdigital.com
- Comité de mayo de 2026, 20 may 2026 — eldiario.com
- Propuesta de baremo de Acceso a la Justicia, 26 sep 2026 — eldiario.com
- Comunicado del tercer ciclo de la mesa de Caracas, 21 oct 2026 — efectococuyo.com, elnacional.com
Política
La prensa sufrió restricciones del poder y agresiones en la tarima opositora
El 22 de octubre de 2026 dejó dos denuncias contra la prensa: restricciones a Televen y Venevisión en el hemiciclo y la agresión a un periodista de Efecto Cocuyo en la tarima opositora, según el SNTP. Ninguna tuvo respuesta.
El mismo día, la prensa fue restringida dentro del Parlamento y agredida, según la denuncia del SNTP, en la tarima de la oposición. Si la libertad de expresión está en la agenda de la mesa, la vara tiene que ser la misma para los dos.
| Qué | Dos denuncias del SNTP: equipos de TV impedidos de transmitir en la AN y un reportero de Efecto Cocuyo agredido en la tarima opositora. |
|---|---|
| Quién | Televen, Venevisión y Reynaldo Mozo (Efecto Cocuyo); el SNTP señala al político opositor Richard Blanco (hijo). |
| Cuándo | Jueves 22 de octubre de 2026, durante la sesión de la AN y la movilización opositora. |
| Dónde | Balcón de prensa del hemiciclo de la AN y tarima de dirigentes opositores en Caracas. |
| Por qué | La AN alegó criterios de seguridad; en la tarima, según el SNTP, acusaron al reportero de infiltrado. |
| Cómo | Funcionarios impidieron pases en directo; en la tarima, según Mozo al SNTP, lo bajaron a la fuerza. |
Restricción en el hemiciclo
El jueves 22 de octubre de 2026, mientras la Asamblea Nacional designaba y juramentaba el Comité de Postulaciones Judiciales que elegirá al nuevo TSJ, funcionarios de seguridad impidieron a los equipos de Televen y Venevisión grabar avances informativos y hacer pases en directo desde el balcón de prensa del hemiciclo, el lugar desde el que habitualmente cubren las sesiones. Según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en X, los funcionarios alegaron «criterios de seguridad y privacidad» en el salón de sesiones.
La AN no ofreció explicación pública. El SNTP recordó que la libertad de prensa forma parte de la agenda de la mesa de Caracas, que en su tercer ciclo se comprometió a seguir levantando medidas contra medios y a actualizar concesiones del espectro.
La paradoja es evidente: la sesión en la que el Parlamento ponía en marcha la renovación del máximo tribunal, presentada como un paso de institucionalización, fue la misma en la que dos canales de señal abierta no pudieron informar en directo. No se trata de medios críticos, sino de las dos televisoras privadas de mayor alcance. Si la restricción alcanza a ellas, el mensaje para el resto de la prensa es más claro todavía.
Agresión en la tarima opositora
Horas después, la denuncia vino del otro lado. El SNTP informó en X, a las 8:07 p. m. del 22 de octubre de 2026, que el periodista Reynaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, fue agredido durante la movilización opositora por el político opositor Richard Blanco (hijo). Según relató Mozo al sindicato, Blanco lo acusó de infiltrado y propició que lo bajaran a la fuerza de la tarima donde declaraban los dirigentes; otras personas que acompañaban a los dirigentes se sumaron a los ataques. De acuerdo con el SNTP, periodistas que defendieron a Mozo calificaron el hecho de acto racista.
El sindicato fue tajante: «condenamos este tipo de actos que promueven las agresiones y la hostilidad contra la prensa».
La denuncia consta, al cierre de esta edición, en la publicación del SNTP en X. Richard Blanco (hijo) no había respondido públicamente, y tampoco los organizadores de la movilización. Lo que se conoce es el relato del periodista ante el sindicato; falta la versión del señalado y de testigos independientes.
Una sola vara
Sería cómodo tratar los dos episodios por separado: uno como abuso del poder y otro como exceso de un militante. Pero la libertad de prensa no distingue de dónde viene la restricción. A un reportero le da igual si le impiden trabajar funcionarios de seguridad en el Parlamento o dirigentes en una tarima: en ambos casos, alguien con poder decidió que esa cobertura no debía ocurrir.
La oposición tiene, además, una carga adicional. Su discurso de la jornada fue la exigencia de libertades: elecciones libres, liberación de presos políticos, regreso de dirigentes en el exilio. Acusar de infiltrado a un periodista de un medio independiente y sacarlo de la tarima, si se confirma el relato, contradice ese discurso en el mismo acto en que se pronuncia. Y la acusación de infiltración es precisamente el argumento que durante años se usó contra la prensa desde el poder.
Para el oficialismo, el episodio de la AN es una prueba de coherencia con lo firmado en la mesa. Comprometerse a levantar medidas contra medios y, al mismo tiempo, restringir transmisiones en el propio Parlamento invita a dudar de cuánto valen esos compromisos fuera del papel. Efecto Cocuyo ha contabilizado más de 70 portales desbloqueados, pero el proceso no está completo.
Lo que falta para que ambos episodios no se repitan es simple de enunciar: que la AN explique quién dio la orden y con qué base, y que los dirigentes de la movilización se pronuncien sobre la conducta de quienes subieron a su tarima.
Siete detenidos, según Vente Venezuela
La jornada dejó una tercera denuncia, también sin respuesta oficial. La cuenta de derechos humanos de Vente Venezuela, @VenteDDHH, denunció en X el 22 de octubre de 2026 que la Policía Nacional Bolivariana «secuestró» a siete personas que estaban a cargo de los camiones de sonido de la movilización en Plaza Venezuela, y que se confiscaron tres vehículos, uno de ellos cuando el chofer llegaba a Antímano.
El partido publicó los nombres de seis de los detenidos: Rony Suárez, Yanail Castro, Daniel Colmenares, Andruws Pineda, Ramón «Alirito» Brizuela y Ronaike Suárez; la séptima persona no fue identificada. También difundió el certificado de registro de uno de los camiones. Al cierre de esta edición no había confirmación oficial de las detenciones, ni información sobre su liberación, ni respuesta de la PNB o del Ministerio de Interior.
Fuentes principales
- SNTP en X, 22 de octubre de 2026 (Televen y Venevisión; Reynaldo Mozo)
- Restricciones a medios en la AN, 22 de octubre de 2026 — elnacional.com, eldiario.com
- @VenteDDHH en X, 22 de octubre de 2026 — albertonews.com, diariolasamericas.com
- Tercer ciclo de la mesa y desbloqueo de portales, 21 de octubre de 2026 — efectococuyo.com
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