El gobierno venezolano pagará la defensa de Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Lo decidió Washington.

El viernes 24 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos emitió las licencias enmendadas que autorizan el pago, con fondos del Estado venezolano, de los abogados que defienden a Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Flores de Maduro en el proceso por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. La condición central: que los fondos provengan de recursos disponibles después del 5 de marzo de 2026, fecha del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. Para los venezolanos en Estados Unidos y para la diáspora hemisférica, la decisión cierra un capítulo jurídico y abre uno moral.

Lo que dice el documento. La carta del fiscal Jay Clayton, dirigida al juez federal Alvin K. Hellerstein el viernes 24 de abril, informa que la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió licencias enmendadas autorizando a los abogados defensores a recibir pagos del gobierno venezolano “bajo ciertas condiciones”. Las dos condiciones operativas son precisas: que los pagos se hagan con fondos disponibles para el gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026, y que esos fondos no provengan de Foreign Government Deposit Funds según los define la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026. Con esa autorización, la defensa retiró sus mociones para desestimar la acusación sustitutiva S4 11 Cr. 205 (AKH). El tribunal acordó audiencia de estado en aproximadamente sesenta días.

Lo que el documento no dice y la fecha sí. El 5 de marzo de 2026 no es una fecha técnica elegida al azar. Es el día en que Venezuela y Estados Unidos restablecieron formalmente relaciones diplomáticas, días después de que Washington levantara sanciones a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y poco antes de que reabriera la embajada venezolana en Washington. Al fijar esa fecha como umbral, la licencia de OFAC traza una línea jurídica: los fondos que financiarán la defensa de Maduro no son los recursos que el chavismo administraba antes de la operación militar de captura, son los recursos del Estado venezolano post-marzo, aquellos que están operando bajo el nuevo marco bilateral. La distinción importa, porque deja afuera del pago los Foreign Government Deposit Funds congelados desde el régimen de sanciones anterior. La distinción no consuela.

El argumento jurídico que ganó esta semana

La defensa, encabezada por Barry Pollack, sostuvo desde febrero un argumento de doble base: la Sexta Enmienda garantiza al acusado el derecho a un abogado de su elección y a la asistencia efectiva de ese abogado; la Quinta Enmienda garantiza el debido proceso. Si el gobierno de Estados Unidos, mediante un acto administrativo de OFAC, impide que el acusado pague a sus abogados con los fondos que su país de origen le proporciona — cuando la propia OFAC permite a otras personas estadounidenses transacciones comerciales con ese mismo gobierno de Venezuela —, entonces la prohibición no se sostiene como ejecución de sanciones, sino como interferencia con derechos constitucionales fundamentales del acusado en suelo estadounidense.

El juez Hellerstein, en la audiencia del 26 de marzo, interrogó duramente al gobierno sobre el bloqueo de fondos. Señaló que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela, que Maduro y Flores ya no se encuentran en territorio venezolano, y que la negativa parecía colisionar con la garantía constitucional del acusado a una defensa efectiva. No emitió fallo. Pero advirtió que la denegación podía constituir violación de la Sexta Enmienda y, si no se corregía, la corte podría considerar desestimar el caso. Esa advertencia es la que la administración Trump no quería escuchar. La autorización del viernes evita el escenario.

Lo que esta decisión protege procesalmente

El reglamento de OFAC y la práctica del Departamento del Tesoro siempre han contemplado licencias específicas para servicios legales en casos donde la defensa choca con el régimen sancionatorio. La novedad no está en que exista la figura, sino en quiénes son los acusados, qué cargos enfrentan y de dónde sale el dinero que los pagará. Maduro y Flores enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína a territorio estadounidense y delitos de armas, en una causa originalmente abierta en 2011 y ampliada con una acusación sustitutiva. Las licencias enmendadas resuelven el problema constitucional: los acusados podrán retener al abogado de su elección, sin que el costo recaiga sobre el contribuyente estadounidense vía defensoría pública. El argumento procesal de la defensa para una eventual desestimación queda neutralizado. El caso avanza.

La pieza moral, en cambio, no se resuelve

Estas dos voces reconocidas en la red X articulan en pocas líneas lo que millones de venezolanos en la diáspora venían procesando en silencio. El argumento jurídico de la Sexta Enmienda es legítimo en abstracto: cualquier acusado, hasta el peor, tiene derecho a defensa efectiva. Pero la operación concreta — fondos del Estado venezolano pagando la defensa del expresidente acusado de saquear esos mismos fondos — expone una contradicción que el sistema jurídico estadounidense puede tolerar y la conciencia del venezolano emigrado, no.

El propio Departamento de Justicia argumentó en marzo, ante el juez Hellerstein, que Maduro había “saqueado la riqueza de Venezuela” y que, por tanto, no debería poder utilizar el dinero de la nación para cubrir sus honorarios legales. Cuatro semanas después, el mismo Departamento de Justicia firma una carta al juez informándole que esos fondos pueden ser utilizados, siempre que sean posteriores al restablecimiento diplomático. La distinción técnica no borra la afirmación previa. La afirmación previa fue que los recursos del Estado venezolano son producto de saqueo. La autorización actual permite que recursos del mismo Estado, aunque sean posteriores, financien la defensa.

La fecha del 5 de marzo y el problema de fondo

Restablecer relaciones diplomáticas el 5 de marzo de 2026 no produjo, en ese instante, recursos nuevos al Estado venezolano. Los flujos petroleros, las licencias bancarias y las operaciones financieras que se reactivaron en marzo y abril son los mismos flujos que el chavismo administraba antes, ahora bajo otro paraguas legal. El 14 de abril, OFAC emitió la Licencia General 57, que autoriza transacciones de servicios financieros con ciertos bancos venezolanos y con individuos del gobierno de Venezuela, y la Licencia General 56, que habilita la negociación de contratos contingentes comerciales con el Estado venezolano. El 21 de abril, Halliburton anunció conversaciones para volver a operar en el país. Chevron ya estaba dentro. La maquinaria que estuvo en pausa siete años está volviendo a girar. Esa maquinaria es la que va a producir los recursos disponibles para pagar a los abogados de Pollack y al equipo de defensa.

La cláusula “después del 5 de marzo” es protección legal para Washington. No es protección moral para el venezolano que envía remesas, paga impuestos en Estados Unidos y sostiene económicamente a familias en Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. La cuenta del banco que va a girar la transferencia hacia el bufete de la defensa lleva el sello del mismo Estado del que esa familia se sigue resguardando.

Lo que viene en los próximos sesenta días

La carta del fiscal Clayton solicita audiencia de estado dentro de aproximadamente sesenta días, con exclusión de tiempo bajo la Speedy Trial Act. Esa exclusión — 18 U.S.C. § 3161(h)(7)(A) — da margen al gobierno para entregar discovery, a la defensa para revisarlo, y a ambas partes para preparar mociones previas al juicio. En la práctica, significa que el caso entra en una fase técnica larga, sin riesgo inmediato de desestimación procesal. El próximo gran momento público probablemente no llegue antes de finales de junio.

Pero la decisión del 24 de abril ya cambió tres cosas que no esperarán a junio. Primero: cualquier acuerdo de cooperación o reducción de cargos que la fiscalía hubiera querido negociar contra Maduro pierde su palanca principal, que era la amenaza de un juicio sin defensa robusta. Segundo: el incentivo del gobierno venezolano para preservar la integridad del proceso aumenta, porque ahora tiene representación legal pagada y motivada. Tercero: el espacio simbólico que María Corina Machado y otros líderes de las fuerzas democráticas venezolanas ocupan ante la diáspora se reconfigura. La premio Nobel ha pedido públicamente acelerar el cronograma electoral. Frente a la decisión del viernes, su mensaje técnico se vuelve también un mensaje moral: si los recursos del Estado se están utilizando para defender a Maduro mientras la apertura política sigue siendo tutelada, la urgencia de las elecciones libres cambia de naturaleza.

Lo que esta decisión deja para el venezolano en Estados Unidos

Para los más de 600.000 venezolanos con TPS y para la diáspora amplia, la pregunta del fin de semana no es jurídica. Es identitaria. Una persona que huyó del país por persecución política, por colapso económico o por desesperación familiar, y que rehace su vida pagando impuestos en Florida, Texas, Nueva York o Illinois, se entera el sábado por la mañana de que el Estado del que escapó — ahora bajo nueva conducción pero con la misma estructura de poder — va a pagar legalmente, con licencia del país que la acogió, los honorarios de quienes representan al líder que ella considera responsable de su huida.

La conciencia del venezolano emigrado no necesita argumento jurídico para procesar esto. Lo procesa con dolor, con rabia o con resignación, según cada historia. Pero lo procesa. Y de ese procesamiento colectivo depende, más de lo que aparenta, la cohesión política que la diáspora venezolana mantenga durante los próximos meses. La advertencia de María Corina Machado en abril — que si los venezolanos perciben que esto es un negocio y no un proceso, el cauce que ella misma describió como imparable puede desbordar antes de que llegue a las urnas — esta semana ganó un capítulo nuevo.

Por primera vez, para el récord Guinness al que apela Magdalena Boersner, Estados Unidos autorizó que la víctima pague la defensa de su victimario. La fórmula procesal es impecable. La fórmula moral exige que alguien la pronuncie en voz alta.

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