El 24 de abril de 2026 será leído, en su momento, como el día en que el arreglo entre Washington y Caracas se hizo formalmente visible. No por una declaración. Por una agenda.

En menos de veinticuatro horas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y al presidente de Colombia, Gustavo Petro —el primer jefe de Estado extranjero en visitar oficialmente a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Mientras tanto, en Washington, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, declaraba que reconocía a Rodríguez «como la persona que está a cargo» y que, si la OEA tuviera que dialogar con Caracas, «hablaría con ella». Y en paralelo, Bloomberg reportaba que el régimen interino y Estados Unidos negocian incluir a figuras de la oposición y académicos independientes en la directiva del Banco Central de Venezuela.

Cuatro movimientos en un solo día. Ninguno aislado.

La llegada de Barrett: monitoreo, no relevo

John Barrett aterrizó en Caracas el 23 de abril en su nuevo cargo como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Reemplaza a Laura Dogu, quien dirigió la reapertura de la misión diplomática a finales de marzo —tras siete años de ruptura— y que regresa a Washington para retomar su puesto como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Barrett llega de su cargo previo como encargado en Guatemala, con más de dos décadas en América Latina, dominio del español y portugués. Su primer mensaje al pisar suelo venezolano, publicado en X por la Embajada, fue inequívoco: «Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio.»

Ese plan, anunciado por Marco Rubio tras la captura de Maduro, contempla tres etapas explícitas: estabilización, recuperación económica y transición. La fase 1 —en curso— autoriza el control y venta de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano bajo supervisión estadounidense, con los fondos depositados en cuentas del Tesoro de EE.UU. La fase 2 abre el sector petrolero a empresas occidentales y reestructura PDVSA. La fase 3, la única que aún carece de fecha y cronograma público, contempla elecciones democráticas.

El 24 de abril, Barrett acudió al Palacio de Miraflores. Fuentes citadas por la prensa venezolana describen la visita como una reunión de monitoreo del cumplimiento del plan. El vicecanciller para América del Norte, Oliver Blanco, lo recibió en representación de Delcy Rodríguez. La presidenta encargada, mientras tanto, hablaba desde el estado Lara, en el marco de una peregrinación de trece días que ella misma convocó para exigir el levantamiento total de las sanciones.

«Esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo, una agenda de trabajo que debe estar basada en el respeto. Le damos la bienvenida», declaró Rodríguez, antes de añadir una frase que define el límite donde el agradecimiento se convierte en advertencia: «Que un 3 de enero no vuelva a repetirse en nuestra historia, que más nunca caigan misiles ni bombas en nuestro territorio.»

La frase tiene dos destinatarios. Hacia adentro, recuerda al chavismo de base que la operación militar estadounidense dejó víctimas mortales y que ella conduce el país en un escenario que no eligió. Hacia afuera, le dice a Barrett que la cooperación tiene un piso: nada de intervenciones militares, aunque sí petróleo, oro y banca.

Petro en Miraflores: el primero en cruzar la línea

A las 11:55 de la mañana del 24 de abril, el avión presidencial colombiano aterrizó en Caracas. Gustavo Petro se convirtió, con ese gesto, en el primer jefe de Estado extranjero en visitar oficialmente Venezuela tras la captura de Maduro.

La cita venía postergada. Había sido planificada para el 13 de marzo en Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, y se canceló por razones de seguridad. Después se anunció para el 23 y 24 de abril en Maracaibo. Tampoco ocurrió. Se materializó finalmente en el Palacio de Miraflores. La frase con la que Petro explicó su decisión, pronunciada en un foro en Barcelona la semana anterior, sintetiza el giro: «Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas.»

El marco oficial fue la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia–Venezuela, instalada en la Casa Amarilla por la canciller colombiana Rosa Villavicencio. La agenda combinó tres frentes: seguridad fronteriza —ELN, disidencias de las FARC, los 2.219 kilómetros de frontera compartida—, cooperación energética con la posible reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte y la participación colombiana en el sector eléctrico venezolano, y un componente migratorio que afecta directamente a más de dos millones de venezolanos en territorio colombiano.

Petro viajó acompañado por altos mandos militares y policiales. Esa composición de la delegación es, en sí misma, un mensaje: el frente prioritario es seguridad. Pero la dimensión política es inseparable. Al sentarse con Rodríguez como interlocutora, Petro le reconoce de facto un estatus que ningún otro jefe de Estado había concedido públicamente. Y lo hace tres meses después de haberse reunido con Donald Trump para discutir, justamente, el papel de EE.UU. en la reinserción internacional de Venezuela.

En la lectura de las fuerzas democráticas venezolanas, ese reconocimiento es problemático. Para Bogotá, sin embargo, es pragmático: Colombia comparte 2.200 kilómetros de frontera con un país en transición tutelada, y necesita un interlocutor con autoridad efectiva sobre el aparato de seguridad venezolano. Ese interlocutor, hoy, es Delcy Rodríguez.

Ramdin y el reconocimiento implícito

El mismo viernes, en una entrevista publicada por varios medios hispanoamericanos, el Secretario General de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, marcó distancia explícita con la línea que sostuvo durante una década su antecesor Luis Almagro.

Ramdin reconoce a Rodríguez «como la persona que está a cargo» y describe a la cancillería venezolana y a «otros representantes de alto nivel» como sus interlocutores actuales. Aclara que aún no ha hablado directamente con ella, pero deja claro que, si lo hiciera, «hablaríamos con ella». Sí ha mantenido conversaciones con María Corina Machado y con Edmundo González, pero las enmarca en el rol de la OEA como facilitador del diálogo, no como tomador de partido.

La frase política del SG es esta: «No me corresponde a mí decidir si ella debe ser reconocida o no reconocida; eso es un asunto de los Estados miembros, que tienen una visión dividida sobre Venezuela. No todo el mundo está contento con lo que pasó. Lo que todos sabemos es que el cambio era necesario y creo que hay consenso sobre eso.»

La traducción es directa. La OEA no va a forzar la mano de los Estados miembros para definir si el gobierno interino de Rodríguez es legítimo. Pero opera con ella como si lo fuera. Y, sobre todo, no presiona por una transición acelerada. «No voy a juzgar a nadie», declaró Ramdin. Tras una década de Almagro convirtiendo a la OEA en una de las voces más activas contra el chavismo, la organización ha vuelto al papel discreto que tenía antes de 2015.

El Banco Central: el frente donde sí hay tensión

El cuadro, sin embargo, no es de armonía total. La misma jornada del 24 de abril, Bloomberg publicó un reporte —firmado por Andreina Itriago, Jorgelina Do Rosario y Fabiola Zerpa— según el cual Estados Unidos y el régimen interino están negociando incorporar a figuras de la oposición política y a académicos independientes a la directiva del Banco Central de Venezuela.

La medida sería un paso técnico-político de primer orden. El BCV es la institución que conecta —o desconecta— a Venezuela del sistema financiero internacional. La semana pasada, Washington flexibilizó parcialmente las sanciones que pesaban sobre el organismo desde 2017. Días después, la presidenta del BCV, Laura Guerra Angulo —cuñada de Maduro, designada por él en abril de 2025— renunció. Fue reemplazada por Luis Alberto Pérez González. En paralelo, el FMI y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de relaciones con Caracas tras siete años de pausa.

Una directiva del BCV con presencia opositora e independiente sería la señal definitiva de que el reparto del poder está en marcha. Sería también la prueba del compromiso de Rodríguez con la fase 3 del plan Trump-Rubio.

Por eso la noticia tuvo, ese mismo viernes, una respuesta inmediata: el gobierno venezolano desmintió formalmente el reporte de Bloomberg.

El desmentido es revelador. Indica que dentro del aparato chavista hay sectores que no aceptan ese reparto del poder, y que Rodríguez —al menos públicamente— no puede confirmar negociaciones que la base partidaria leerá como capitulación. Es la grieta del arreglo: el costo político interno de la apertura.

Bloomberg recordó, además, que la Asamblea Nacional venezolana —presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada— tiene la atribución de ratificar a los directores del BCV. Y esa misma Asamblea ya frustró el nombramiento de una figura opositora como defensor del pueblo: el cargo terminó recayendo en Eglée González, identificada por analistas como ficha de confianza de Delcy. Lo mismo pasó con Larry Devoe, juramentado el 9 de abril como fiscal general.

El reparto, en otras palabras, todavía no se ha hecho.

Lo que revela la jornada

Veinticuatro horas, cuatro movimientos. La lectura combinada produce un cuadro que vale más que sus partes.

Primero, el régimen interino tiene hoy más interlocución internacional efectiva que cualquier gobierno chavista en los últimos diez años. Washington con Embajada activa y encargado dedicado. Bogotá sentada en Miraflores. La OEA dispuesta a hablar. El FMI y el Banco Mundial reanudando relaciones. Es un cambio cualitativo, no cosmético.

Segundo, ese reconocimiento es funcional, no normativo. Nadie de los actores de este viernes —ni Petro, ni Barrett, ni Ramdin— ha declarado que Delcy Rodríguez sea la presidenta legítima de Venezuela. Lo que han hecho es operar con ella como si lo fuera. La diferencia importa: significa que el reconocimiento puede retirarse sin necesidad de revocarlo formalmente. Puede simplemente dejar de practicarse.

Tercero, el límite del arreglo es interno, no externo. Lo demuestra el desmentido del BCV. Cualquier gesto que la base chavista lea como capitulación —incluir opositores en una institución sensible, abrir el Defensor del Pueblo o la Fiscalía a figuras independientes— activa resistencias dentro del propio aparato. Rodríguez gobierna entre la presión externa por avanzar y la presión interna por no avanzar demasiado rápido.

Cuarto, María Corina Machado sigue afuera del cuadro. Su gira internacional —Países Bajos, Francia, Italia, España, Portugal— ha consolidado un respaldo simbólico de primera magnitud: Macron, Meloni, la Llave de Oro de Madrid, miles de venezolanos en la Puerta del Sol. Pero la agenda institucional de este viernes ocurrió en Miraflores. Ramdin habla con ella, pero también opera con Delcy. Petro la cita públicamente como referente democrático, pero se sienta a negociar con la presidenta encargada. Trump dice respetarla, pero su Embajada está implementando el plan con Rodríguez, no con Machado.

Hay dos relojes corriendo en paralelo. Uno marca el tiempo del arreglo institucional —avanza, consolida posiciones, integra a Caracas en circuitos comerciales y financieros internacionales—. El otro marca el tiempo de la presión democrática —se nutre de respaldos europeos, de la diáspora, del Premio Nobel, de la espera de un regreso a Venezuela aún sin fecha—. Ambos relojes son reales. Ambos son insuficientes para definir, por sí solos, el desenlace.

Cien días y contando

Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Maduro, por designación del Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución venezolana, sin embargo, establece que un vicepresidente no puede ocupar la presidencia encargada por más de 180 días en caso de ausencia temporal del titular. Ese plazo se cumple a comienzos de julio.

Antes de esa fecha, el régimen tendrá que decidir si convoca elecciones, si declara la falta absoluta del cargo —reconociendo formalmente que Maduro no volverá—, o si fuerza una interpretación constitucional que extienda el interinato. Cada opción tiene un costo distinto, y todas pasan por Washington.

Lo ocurrido el 24 de abril es la fotografía más nítida hasta ahora del marco en el que esa decisión se tomará. Miraflores no está aislado. Miraflores está negociando, recibiendo, calculando. Y la transición democrática —la fase 3 del plan, la única que sigue sin fecha— sigue siendo el capítulo que ningún visitante exigió ese viernes en voz alta.

El Departamento de Estado recibe a Dinorah Figuera semanas después de que Marco Rubio y Donald Trump hayan recibido a María Corina Machado en la sede de la Secretaría de Estado y en la propia Casa Blanca. Mientras tanto, Delcy Rodríguez sigue administrando el país desde Caracas. Tres interlocutores, un solo expediente y un dato incómodo: la Asamblea de 2015 cumplió su período constitucional hace más de cinco años.

El tuit que no se lee solo

Dice el mensaje oficial, publicado este miércoles desde la cuenta del Bureau of Western Hemisphere Affairs: reunión bienvenida con la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 para discutir vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada. Los días de la retórica combativa han terminado, cierra el comunicado, es hora de tender puentes y abrir un nuevo capítulo para todos los venezolanos.

Leído en frío, parece una nota de protocolo. Leído con memoria, es un documento extraordinario. Extraordinario porque la institución a la que Estados Unidos sigue reconociendo como gobierno de Venezuela fue electa hace más de diez años, en diciembre de 2015, para un período que venció constitucionalmente en enero de 2021. Extraordinario porque llega en las mismas semanas en que María Corina Machado ha sido recibida por el secretario Marco Rubio en la sede del Departamento de Estado y por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Y extraordinario porque convive, sin resolverse, con el hecho de que Washington restableció canales operativos con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió el poder de facto cuando Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero pasado en la operación militar ordenada por Trump.

Tres interlocutores, un solo expediente. El Departamento de Estado hablando con tres Venezuelas distintas al mismo tiempo, como si las tres tuvieran el mismo peso constitucional. No lo tienen. Y esa es la nota.

La ficción jurídica que sostiene todo

Para entender por qué importa esta reunión hay que volver a una pieza de arquitectura legal que pocos medios explican bien. La Asamblea Nacional de Venezuela electa el 6 de diciembre de 2015 fue la última institución democráticamente electa en el país antes del colapso del sistema electoral. El chavismo, entonces aún dirigido por Maduro, intentó desmontarla por todas las vías imaginables: el Tribunal Supremo de Justicia afín al régimen la declaró en desacato, le quitó competencias, y en 2017 convocó una Asamblea Nacional Constituyente paralela para anularla.

Esa Asamblea de 2015 se convirtió entonces en el soporte jurídico de la presidencia interina de Juan Guaidó entre 2019 y 2022, reconocida por Estados Unidos y más de cincuenta países. Cuando Guaidó fue desplazado por su propia coalición en diciembre de 2022 —con 72 votos a favor de disolver el gobierno interino—, la estructura legal no desapareció. El 5 de enero de 2023 la misma AN eligió a Dinorah Figuera como presidenta, con tres objetivos que ella misma fijó: preservar los activos venezolanos en el exterior, acompañar la ruta electoral, y defender los derechos humanos.

El período constitucional original de esa Asamblea venció el 4 de enero de 2021. Los diputados opositores votaron extenderlo. Ningún tribunal venezolano con control territorial lo reconoce. El régimen de Maduro celebró sus propias elecciones parlamentarias en diciembre de 2020, instaló una AN paralela en enero de 2021, y desde entonces es ese parlamento —presidido actualmente por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy— el que ejerce funciones dentro del aparato de Estado venezolano.

Hay, entonces, dos asambleas nacionales en Venezuela. Una con control territorial y cero reconocimiento de Washington. Otra sin control territorial, con mandato vencido desde hace cinco años, y reconocida por Estados Unidos como el único poder público constitucional del país. Es un exabrupto jurídico. Nadie lo llama por su nombre, probablemente porque nombrarlo obliga a resolverlo, y resolverlo cuesta miles de millones de dólares en activos.

Lo que está realmente en juego: Citgo y el oro

La ratificación de este reconocimiento no es un gesto simbólico. Es la pieza que sostiene tres litigios multimillonarios: el control de Citgo Petroleum —la filial de PDVSA en territorio estadounidense, valorada en más de 13.000 millones de dólares—; el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, cerca de 2.000 millones; y la deuda soberana venezolana, que supera los 60.000 millones y está en litigio en cortes de Nueva York, Delaware y Texas.

La regla jurídica es simple y brutal. En Estados Unidos, la recognición de un gobierno extranjero es una facultad exclusiva del presidente —así lo estableció la Corte Suprema en Zivotofsky v. Kerry en 2015— y las cortes federales están obligadas a seguir esa línea. El 29 de agosto de 2025, el embajador Michael Kozak envió una carta formal al Departamento de Justicia ratificando que Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela. Esa carta se incorporó al expediente del caso Petróleos de Venezuela, S.A. v. MUFG Union Bank y a otros procesos judiciales por activos venezolanos.

Mientras ese reconocimiento se mantenga, Citgo no puede ser transferida a la administración de Delcy Rodríguez por vía operativa, aunque el Departamento del Tesoro haya abierto canales. Mientras ese reconocimiento se mantenga, el oro del Banco de Inglaterra sigue bajo la supervisión de la junta designada por la AN de 2015. La reunión de este 22 de abril, entonces, funciona también como un recordatorio dirigido a cortes y acreedores: el estatus legal no cambió.

Washington, Madrid, Caracas: tres escenarios, una misma semana

El contexto de la reunión con Figuera no es trivial. En las semanas previas, María Corina Machado fue recibida por el secretario Marco Rubio en la sede del Departamento de Estado y, en un segundo encuentro, por el propio presidente Donald Trump como anfitrión en la Casa Blanca. Esos son los canales confirmados entre la administración estadounidense y la principal figura opositora venezolana.

El 20 de abril, el diario español El Español publicó que representantes de la oposición y funcionarios estadounidenses encabezados por Rubio habrían iniciado encuentros formales en una oficina de la DEA en Chicago para discutir fechas y fases de la transición. La vocería oficial de Machado y de Edmundo González desmintió el reporte en términos categóricos: “este reporte es falso; desconocemos el origen de esa información y lo que allí se explica sobre nuestros equipos”. La negociación por la transición, al menos en los canales confirmados, ocurre en Washington y no en Chicago.

Dos días antes del desmentido, el sábado 18 de abril, Machado ofreció una conferencia de prensa de dos horas en Madrid en la que confirmó que coordina su regreso a Venezuela con el gobierno estadounidense. Allí definió a Delcy Rodríguez en tres palabras: caos, violencia y terror. Y fijó su condición innegociable: elecciones libres y limpias como único punto de llegada. Agradeció públicamente a Trump por haber puesto en riesgo la vida de ciudadanos estadounidenses “por la libertad de Venezuela”, en referencia a la operación militar que capturó a Maduro.

En paralelo, en Caracas, Delcy Rodríguez sigue despachando. Controla el gabinete, el aparato militar que no fue desmantelado, la Asamblea Nacional del chavismo que preside su hermano Jorge, y las instituciones financieras internas. El 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, envió una carta conciliatoria a Washington ofreciendo una agenda de cooperación. Marco Rubio, ante el Senado el 28 de enero, explicó sin rodeos la lógica: Rodríguez no ha sido imputada, no es aceptable en el largo plazo, pero en la fase de estabilización hay que trabajar con quien está al frente de los elementos del gobierno.

Tres escenarios simultáneos: Rodríguez como interlocutora operativa en Caracas para la fase de estabilización; Machado como referente político recibido al más alto nivel en Washington para la fase de transición; Figuera como soporte jurídico formal en Washington para la fase de reconocimiento internacional. Estados Unidos las está sosteniendo a las tres porque cada una responde a un problema distinto que la administración Trump necesita resolver.

La paradoja de las dos asambleas

Hay una contradicción que se niega a irse. Delcy Rodríguez, para legitimar internamente sus decisiones ante el aparato chavista, se ampara en la Asamblea Nacional de 2025 que preside su hermano. Washington, para mantener el andamiaje legal que protege los activos venezolanos, se ampara en la Asamblea Nacional de 2015 que preside Figuera. Son dos asambleas que no se reconocen entre sí, pero ambas son útiles al mismo proceso de transición que Estados Unidos está intentando coreografiar.

El 7 de enero, Rubio explicó ante la prensa que el plan tiene tres fases: estabilización, recuperación y transición. En la fase de estabilización, dijo, lo urgente es impedir que Venezuela descienda al caos y refinar los 50 millones de barriles de crudo incautado. En la fase de recuperación, garantizar el acceso de las empresas estadounidenses y comenzar la reconciliación interna. En la fase de transición, elecciones. Ese esquema explica por qué la administración Trump puede estar conversando con Rodríguez en Caracas, recibiendo a Machado en Washington y reuniéndose con Figuera en el Departamento de Estado sin contradecirse: son fases distintas del mismo plan, y cada interlocutor cumple una función específica.

Qué significa esto para el venezolano en Estados Unidos

Para los venezolanos en Estados Unidos —una comunidad que supera las 770.000 personas según el último conteo del Census Bureau, con fuerte presencia en Florida, Texas, Nueva York, y Georgia — la reunión del 22 de abril plantea una paradoja incómoda que vale la pena explicar con precisión.

Porque el mapa consular cambió. El 5 de marzo de 2026, los gobiernos de Caracas y Washington anunciaron formalmente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. El 9 de marzo, Trump anunció el reconocimiento formal del gobierno encargado de Delcy Rodríguez. El 14 de marzo, Estados Unidos izó su bandera en la embajada de Caracas tras siete años. Y a finales de marzo, una delegación encabezada por Félix Plasencia —designado el 2 de febrero como encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos— llegó a Washington para retomar el control de los edificios de la embajada venezolana, que habían estado bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023. En paralelo, entró en vigor la Licencia General 53 de la OFAC, que autoriza a bancos estadounidenses a operar con misiones diplomáticas venezolanas.

En otras palabras: la representación consular oficial, la que expedirá pasaportes, registrará hijos y legalizará documentos, responde a Delcy Rodríguez y a su canciller Yván Gil. El reconocimiento que Estados Unidos ratificó este 22 de abril a la Asamblea de 2015 no es consular ni operativo: es jurisdiccional, y sirve para proteger activos venezolanos en cortes estadounidenses —Citgo, oro, bonos—, no para expedir un pasaporte en Washington.

Primera implicación: el TPS. El Estatus de Protección Temporal para venezolanos fue cancelado formalmente el 7 de noviembre de 2025, tras el aval de la Corte Suprema del 3 de octubre. La decisión afectó a unos 350.000 venezolanos, con excepciones limitadas: quienes renovaron entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 conservan protección hasta el 2 de octubre de 2026, y muchos permisos automáticos expiran el 2 de abril de 2026. Tras la captura de Maduro, líderes del sur de Florida pidieron restablecer el TPS. La administración Trump no lo ha hecho. El argumento es explícito: si Washington reconoce al gobierno de Rodríguez y restableció relaciones, la premisa de que Venezuela es un país inseguro para el retorno se debilita. La secretaria adjunta del DHS lo dijo sin rodeos: los venezolanos “ahora pueden regresar a casa”.

Segunda implicación: los activos familiares y los litigios. Muchos venezolanos en el exterior tienen demandas pendientes contra el régimen chavista por propiedades expropiadas, empresas nacionalizadas o fondos congelados. Esas demandas se sostienen jurídicamente en la continuidad del reconocimiento que la carta del embajador Kozak ratificó en agosto de 2025 y que la reunión del 22 de abril refuerza. Mientras la AN de 2015 siga siendo el interlocutor legal ante cortes federales, los pleitos conservan su andamiaje. Una transición mal cerrada podría dejar a miles de familias sin vía legal para recuperar nada.

Tercera implicación: el retorno. La hoja de ruta que Machado está coordinando directamente con la administración Trump define las condiciones bajo las cuales un venezolano podría volver. Sin elecciones libres, sin garantías de seguridad, sin desmantelamiento del aparato represivo, el retorno es un enunciado vacío. Lo que se decida en las próximas semanas entre Washington, Madrid y Caracas fija el calendario real.

El ángulo que los medios masivos no están viendo

Las grandes agencias trataron la reunión del 22 de abril como una gestión diplomática rutinaria. No lo es. Lo que ocurrió es que Estados Unidos, cuatro meses después de decidir que Delcy Rodríguez es una interlocutora funcional, ratificó públicamente que no le reconoce la titularidad del Estado. Esa titularidad sigue, formalmente, en manos de una Asamblea que no controla territorio, que sesiona desde el exilio, y cuyo mandato venció hace cinco años.

Es una ficción jurídica. Pero es la ficción jurídica que le permite a Washington conservar el control sobre Citgo, el oro, los bonos y las demandas. Y es la ficción jurídica que le permite a la oposición venezolana —la liderada por Machado, la encarnada por Figuera, la que apoya desde el exterior Edmundo González— conservar una silla en la mesa donde se decide el futuro del país.

La reunión del 22 de abril no es el inicio de nada. Es la confirmación de que el reconocimiento se mantiene mientras se negocia. Y mientras se mantiene, la transición tiene tiempo. Ese es el valor real del tuit que el Bureau of Western Hemisphere Affairs publicó este miércoles: es un seguro jurídico operando en tiempo real.

El 15 de abril, la jefa de policía de Gratis , Tonina Lamanna, manejó dos horas desde su pueblo de 800 habitantes en el condado de Preble hasta el lado oeste de Cincinnati. La acompañaba el oficial Jeffrey Baylor. Llegaron en vehículo patrulla, en uniforme, a tres escuelas públicas: Western Hills University High School, Rees E. Price Academy y Roberts Academy. Llevaban una lista de nombres. Dijeron a los administradores que venían a hacer welfare checks, y que actuaban en nombre de ICE.

Los equipos escolares hicieron lo que los protocolos de Cincinnati Public Schools indican: no los dejaron pasar. La superintendente Shauna Murphy lo describió después en una rueda de prensa como una amenaza. El Departamento de Policía de Cincinnati confirmó que no había sido notificado, algo que, en la práctica administrativa entre jurisdicciones, sería el primer paso de un operativo legítimo.

Lo que vino después fue un desmontaje público del incidente. El 19 de abril, el consejo del pueblo de Gratis puso a Lamanna y a Baylor en licencia administrativa. El 21 de abril, Baylor renunció. Gratis anunció además la suspensión de su acuerdo 287(g) — el marco que permite a policías locales ejercer funciones migratorias federales. En un comunicado, la alcaldía del pueblo dijo que no estaba al tanto de la operación y que no es política del municipio participar en operativos de orden público fuera de su jurisdicción, mucho menos a dos condados de distancia.

Con eso, la historia local se cerró. Pero la historia real apenas empieza.

El programa federal que hizo pensable el viaje

En noviembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva iniciativa: la UAC Safety Verification Initiative, diseñada en conjunto con el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las policías locales con acuerdos 287(g). El objetivo declarado es verificar el bienestar de los aproximadamente 450.000 niños no acompañados — los llamados UAC, por sus siglas en inglés — que cruzaron la frontera durante la administración Biden y fueron colocados con patrocinadores no verificados. Según el propio DHS, un porcentaje no despreciable de esos patrocinadores resultaron ser traficantes o criminales; la administración dice haber localizado a más de 145.000 de esos niños.

Hasta ahí, el argumento es sólido. Hay un problema real, hay víctimas reales, hay un deber de protección que le compete al Estado. Pero el diseño del programa tiene un vicio de origen: delega la ejecución de los welfare checks a policías locales con acuerdo 287(g), sin distinguir dónde termina la verificación de bienestar infantil y dónde empieza el operativo migratorio disfrazado. La policía de Gratis lo entendió exactamente así. Agarró su lista, se subió a la patrulla, y manejó dos horas.

La ONG Acceso a la Justicia lo ha advertido en Ohio desde hace meses: el acuerdo 287(g) firmado por Gratis autoriza a sus oficiales a actuar en nombre de ICE para interrogar, detener y procesar personas por violaciones migratorias, pero expresamente dentro de la jurisdicción geográfica del departamento. Preble County no es Hamilton County. Gratis, de 800 habitantes, no es Cincinnati, de 309.000. Lamanna no violó el espíritu del programa federal. Violó su letra más básica. Y aun así, salió convencida de tener atribuciones.

Lo que importa para los padres hispanos en Ohio

Ohio no es un estado santuario. El condado de Franklin, donde vive Columbus, tiene convenios activos de cooperación con ICE. Varios condados más tienen acuerdos 287(g) o están en proceso de firmarlos. El Cincinnati Federation of Teachers calificó la visita como una disrupción del ambiente escolar capaz de generar pánico y caos. Los padres consultados por los medios locales — uno de ellos, Dominick Clark, con hijos en CPS — repitieron la misma frase con palabras distintas: si yo como adulto me asusto cuando pienso en un agente de ICE, ¿cómo se sentirá un niño?

La comunidad hispana de Columbus, que según el censo ronda las 62.000 personas, tiene razones para leer este episodio con atención. La UAC Safety Verification Initiative está activa en todo el país. Cualquier departamento de policía en Ohio con acuerdo 287(g) puede, teóricamente, recibir una lista y hacer visitas. Que Gratis se haya desmarcado y suspendido su convenio es una victoria política local. Pero no es una política estatal. Y definitivamente no es una política federal.

La pregunta que queda abierta

Lo que pasó en Cincinnati el 15 de abril no fue un exceso individual que se corrigió con una renuncia y una suspensión. Fue el programa llevado hasta donde el programa naturalmente lleva. La pregunta que los distritos escolares de Ohio deberían estar haciéndose esta semana no es si volverá a pasar. Es con qué protocolos claros, comunicados a padres y estudiantes en español y en inglés, se va a responder cuando vuelva a pasar.

Y la pregunta que el DHS debería estar respondiendo — aunque probablemente no lo haga — es cómo piensa distinguir, en el papel y en la práctica, entre proteger a un niño y entregarlo.