Economía
Se abre la puerta al negocio con EE. UU.
El Departamento de Comercio de EE.UU. abrió este 24 de abril el Venezuela Business Information Center. No es un anuncio aislado: cierra una cascada de 13 licencias generales emitidas desde enero. Cuatro consecuencias concretas para la diáspora venezolana en Estados Unidos.
La International Trade Administration del Departamento de Comercio de Estados Unidos lanzó este 24 de abril el Venezuela Business Information Center, una plataforma oficial alojada en trade.gov/venezuela diseñada para asistir a empresas estadounidenses interesadas en exportar al mercado venezolano. El recurso ofrece guías sobre oportunidades comerciales, conexión con socios potenciales y asistencia para navegar sanciones, controles de exportación y dinámicas del mercado.
El comunicado de la ITA atribuye la iniciativa al «liderazgo decisivo» del presidente Trump y la presenta como un instrumento para acelerar los lazos comerciales y apoyar la participación del sector privado de EE.UU. en Venezuela.
Visto en aislamiento, parece un anuncio técnico. Visto en contexto, es la pieza visible —orientada al empresariado— de un giro estratégico desplegado de forma metódica desde enero.
La cronología que Washington no destaca
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Seis días después, Trump firmó la Executive Order 14373, que creó los Foreign Government Deposit Funds: un mecanismo que permite recibir pagos destinados a entidades venezolanas sancionadas, pero canalizándolos a cuentas controladas por el Tesoro estadounidense. En la práctica, EE.UU. se reservó el derecho de cobrar antes que Caracas en cualquier transacción autorizada.
El 29 de enero, la Asamblea Nacional venezolana —presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la actual presidenta interina Delcy Rodríguez— aprobó una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos. La reforma reduce impuestos al sector privado, introduce arbitraje independiente para disputas, permite transferencias de activos y abre la puerta a inversión extranjera en condiciones que la legislación chavista había bloqueado durante dos décadas.
Ese mismo día, OFAC emitió la General License 46, autorizando a «entidades estadounidenses establecidas» a participar en el comercio de crudo venezolano. Fue la primera de una cascada.
Entre febrero y abril, el Tesoro emitió al menos trece licencias generales sucesivas: 46A, 46B, 47, 48, 48A, 49, 49A, 50, 50A, 51, 52 y la más reciente, GL 57 del 14 de abril, que autoriza ciertas transacciones financieras con bancos venezolanos específicos.
Cada licencia abre un sector: petróleo, diluyentes, gas, electricidad, oro, petroquímicos, servicios bancarios. Cada una incluye condiciones —jurisdicción estadounidense en los contratos, pagos canalizados al Tesoro, prohibición de socios chinos, rusos, iraníes, norcoreanos o cubanos— pero todas apuntan en la misma dirección: reactivar el flujo comercial con Venezuela bajo control regulatorio estadounidense.
Lo que el Centro de Información hace explícito
El lanzamiento del Venezuela Business Information Center no añade una nueva autorización. Lo que añade es infraestructura institucional para escalar las que ya existen. Hasta ahora, las licencias generales eran un terreno técnico para abogados de sanciones y departamentos de cumplimiento de grandes corporaciones. La ITA acaba de bajar esa barrera: cualquier empresa estadounidense interesada tiene ahora un punto de entrada oficial, con asesoría, materiales y contactos.
El portal funciona, según la propia ITA, en alianza con el Departamento de Estado. No es una iniciativa aislada de Comercio. Es la coordinación visible entre tres ramas del gobierno —Tesoro (OFAC), Comercio (ITA) y Estado (Embajada en Caracas)— alrededor de un mismo objetivo: convertir la apertura regulatoria en flujo comercial real.
Lo que cambia para la diáspora venezolana en EE.UU.
Este giro no es solo política exterior. Tiene consecuencias concretas para la comunidad venezolana en Estados Unidos.
Las remesas. La autorización de transacciones financieras con bancos venezolanos seleccionados (GL 57) podría reducir gradualmente los costos de envío y formalizar canales que durante años operaron al margen del sistema. El corredor de remesas EE.UU.–Venezuela es uno de los más caros de América Latina; cualquier formalización tiene impacto directo en el bolsillo de quienes envían.
El TPS y el escenario migratorio. La narrativa que justifica el TPS para venezolanos descansa en la inviabilidad económica y política del país. Una reapertura comercial coordinada cambia esa narrativa. No automáticamente, pero sí estructuralmente. Cualquier renovación o terminación futura del TPS venezolano se discutirá en un escenario donde Washington está ayudando activamente a restablecer la economía venezolana.
El horizonte de retorno. Una parte de la diáspora —especialmente quienes salieron por razones económicas más que por persecución política directa— evaluará el regreso si Venezuela vuelve a ofrecer oportunidades laborales reales. No es inminente, pero deja de ser impensable.
La lectura geopolítica. La condición sistemática en las licencias —prohibición de socios chinos, rusos, iraníes y cubanos— revela el objetivo estratégico: no es solo reabrir el petróleo venezolano. Es desplazar la influencia de Beijing y Moscú del hemisferio occidental, usando el comercio como herramienta. Venezuela es la primera pieza visible de ese tablero, no la última.
La pregunta sin responder
Hay una pregunta que el Centro de Información no responde y que la administración no formula en voz alta: ¿qué pasó con la transición democrática? La oposición venezolana ganó un proceso electoral en julio de 2024 que el chavismo desconoció. María Corina Machado representó esa victoria. Edmundo González fue el candidato. Y, sin embargo, el arreglo de 2026 transcurre sin ellos en el primer plano.
Washington puede sostener simultáneamente dos relatos: por un lado, la captura de Maduro y la reforma de hidrocarburos como victoria de la presión estadounidense; por otro, un interinato controlado por la familia Rodríguez como interlocutor preferente. Para los empresarios que consulten el portal de la ITA, la pregunta sobre quién gobierna legítimamente Venezuela es secundaria. Para la diáspora, no.
Lo anunciado el 24 de abril no es un sitio web. Es la confirmación de que el arreglo está hecho, que Washington apuesta por la estabilidad transaccional sobre la transición democrática, y que la reapertura comercial avanzará con o sin un proceso político inclusivo en Caracas.
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Economía
Quieren devolver lo expropiado pero no saben qué expropiaron
Devolver eso hoy no es devolver un activo. Es devolver un pasivo y confiar en que alguien tenga capital para levantarlo.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
El anuncio parecía sencillo. El problema apareció de inmediato y tiene tres capas.
| Qué | El gobierno encargado anunció un estudio para restituir activos expropiados durante los últimos veintisiete años. |
|---|---|
| Quién | Gobierno encargado; antiguos propietarios; gremios de la comunicación. |
| Cuándo | Anuncio de finales de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | No existe un inventario confiable de lo expropiado ni de su estado actual. |
| Cómo | Mediante un estudio cuyo alcance y metodología no se han hecho públicos. |
El anuncio parecía sencillo: un estudio para devolver los activos expropiados durante los últimos veintisiete años.
El problema apareció de inmediato y tiene tres capas. No existe un inventario confiable de qué fue expropiado. No se sabe en qué condiciones se encuentra lo que queda. Y en muchos casos no está claro a quién habría que entregárselo.
Un ciclo que empezó con una orden
Fincas, edificios, tierras, comercios, industrias básicas. El ciclo que empezó con órdenes de expropiación anunciadas en televisión terminó, en casi todos los casos, del mismo modo: unidades productivas paralizadas, equipos desmantelados, plantas convertidas en chatarra.
Devolver eso hoy no es devolver un activo. Es devolver un pasivo y confiar en que alguien tenga la voluntad y el capital para levantarlo.
El cruce que nadie está haciendo
Hay una categoría que no ha aparecido en la discusión sobre restitución, y debería.
Entre 2023 y 2026 fueron clausuradas decenas de emisoras de radio en varios estados. Grupos radiofónicos atravesaron presiones y reestructuraciones forzadas de su línea editorial. Más de cien diarios desaparecieron por el control del papel y por demandas judiciales.
¿Entran las emisoras y sus concesiones en el estudio de activos expropiados?
La pregunta no es menor, porque el problema es idéntico al de una empresa desmantelada: devolver una emisora sin devolver la concesión no es devolver nada.
Y sin medios regionales funcionando, la condición de prensa libre que Washington puso entre los requisitos para unas elecciones creíbles se queda en el papel.
Lo que corresponde
Un país no se reconstruye devolviendo escombros con un acta de entrega.
Se reconstruye reconociendo qué se destruyó, cuánto costó y quién va a responder por ello. El inventario no es un trámite administrativo previo a la restitución: el inventario es la restitución, porque es lo único que convierte una promesa en una obligación exigible.
Esta nota se origina en el programa INCISOS, que se emite en el canal de Nitu Pérez Osuna. La emisión del 2 de septiembre de 2026 está disponible aquí.
Fuentes principales: Anuncio oficial del estudio de restitución. Registros de gremios de la comunicación sobre cierres de emisoras entre 2023 y 2026. Programa INCISOS, emisión del 2 de septiembre de 2026, en el canal de Nitu Pérez Osuna: https://www.youtube.com/live/0iLD-NUd6jo.
Economía
Nadie ha leído el contrato y todos lo defienden o lo atacan
La producción del país seguirá siendo la misma mañana, la semana que viene y el año que viene. Un anuncio no mueve un barril.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
El plazo cambió varias veces según la fuente. Y la diferencia entre veinticinco y cien años no es un matiz de redacción.
| Qué | La discusión pública sobre el acuerdo petrolero se sostiene sobre un contrato que no se ha hecho público. |
|---|---|
| Quién | Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos; NABEP; analistas y medios. |
| Cuándo | Entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Venezuela y Estados Unidos. |
| Por qué | Sin el texto, ninguna evaluación del acuerdo puede verificarse. |
| Cómo | Mediante anuncios, hojas de términos y declaraciones de las partes interesadas. |
Han pasado cinco días desde el anuncio y la discusión pública sobre el acuerdo petrolero se sostiene entera sobre una ausencia: nadie ha leído el contrato.
No lo han leído quienes lo defienden. No lo han leído quienes lo atacan. No lo han leído los expertos consultados en todos los medios del continente durante casi una semana. Lo que se discute son notas de prensa, hojas de términos y proyecciones de las partes interesadas.
La contradicción del plazo
El 27 de agosto, un reporte de agencia mencionó cien años. El 28, el anuncio presidencial no precisó duración. El 29, la presidenta encargada habló de veinticinco años en alocución televisada. El 31, la hoja de términos de la Casa Blanca describió concesiones por cien años sobre diecisiete campos. El 2 de septiembre, el presidente estadounidense volvió a mencionar el siglo.
Veinticinco años es una generación. Cien años son cuatro. Esa diferencia no es un matiz de redacción ni un error de traducción: es la distancia entre un contrato de operación y una concesión de otra época.
Las cifras y de dónde salen
La presidenta encargada explicó que el acuerdo cubre diecisiete campos con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, y sostuvo que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de su petróleo.
De la hoja de términos se desprende que Estados Unidos tendría una participación accionaria del 35% en la matriz del operador, y acceso a un 20% de la producción a costo. Las reservas involucradas rondan los 65.000 millones de barriles, más de una quinta parte del total del país.
La empresa proyecta cerca de 100.000 millones de dólares en inversión y unos 200.000 millones en ingresos fiscales para el Estado venezolano durante los primeros veinticinco años.
Frente a eso, el economista Francisco Rodríguez calculó, a partir de las cifras iniciales anunciadas, que al Estado le quedarían 3,22 dólares por barril: un 4,7% del precio del crudo y menos de la mitad de la tasa de regalía contemplada en las concesiones otorgadas durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.
Esta casa publicó ese mismo cálculo el 28 de agosto y lo corrigió el 31, cuando se conoció que el divisor correcto es la producción efectiva y no la reserva comprometida. La corrección está publicada por separado.
Nadie ha medido lo que se está repartiendo
Las cifras se repiten de nota en nota hasta que adquieren la textura de un hecho. Conviene detenerse: quién certificó el volumen, con qué metodología, auditado por quién.
No es una objeción retórica. Es la pregunta básica que se le hace a cualquier cifra antes de construir un argumento encima.
Esto no produce un barril mañana
Hay una expectativa que conviene desmontar, porque circula y va a generar frustración.
Venezuela exportó en agosto alrededor de 1,17 millones de barriles diarios. Va a exportar aproximadamente lo mismo mañana, la semana que viene y el mes que viene. Un anuncio no mueve un barril.
En los campos sin desarrollar no hay infraestructura: hay que cercar, medir, llevar un taladro, montar una oficina. Ese trabajo previo toma años. Por eso los plazos que se manejan son tan largos.
Dicho con todas sus letras: cuando este proyecto esté produciendo lo que se anunció, es probable que no esté ninguno de quienes hoy lo discuten.
Lo que corresponde
Se puede estar a favor o en contra. Lo que no se puede es seguir discutiendo un papel que nadie ha visto.
Si el acuerdo es tan bueno como se sostiene, publicarlo solo puede beneficiar a quienes lo firmaron. Si compromete el subsuelo del país durante veinticinco años, o durante cien, no existe justificación posible para que los venezolanos no sepan qué dice.
Esta nota se origina en el programa INCISOS, que se emite en el canal de Nitu Pérez Osuna. La emisión del 2 de septiembre de 2026 está disponible aquí.
Fuentes principales: Hoja de términos publicada por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026. Declaraciones de Delcy Rodríguez del 29 y 31 de agosto de 2026. Cálculo del economista Francisco Rodríguez del 28 de agosto de 2026. Cifras de exportación de agosto de 2026. Programa INCISOS, emisión del 2 de septiembre de 2026, en el canal de Nitu Pérez Osuna: https://www.youtube.com/live/0iLD-NUd6jo.
Economía
Dos acuerdos separan la electricidad de la industria y la de la red
La pregunta era si la electricidad nueva alimentaría solo a los campos o también a las casas. Hay dos acuerdos, y eso ya es una respuesta.
De los ocho acuerdos firmados en Miraflores, dos son eléctricos. Y no van al mismo sitio, que es exactamente lo que había que averiguar.
| Qué | GE Vernova firmó una alianza con PDVSA para la infraestructura eléctrica de la industria petrolera y un acuerdo con Corpoelec para el sistema eléctrico nacional. |
|---|---|
| Quién | Carlos Mousadi, presidente de GE Vernova Venezuela; Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de PDVSA; Juan Fernández, presidente de Corpoelec. |
| Cuándo | Miércoles 2 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Salón del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas. |
| Por qué | La producción petrolera exige suministro eléctrico confiable, y el sistema nacional arrastra un deterioro documentado. |
| Cómo | Mediante dos instrumentos separados, uno con la estatal petrolera y otro con la estatal eléctrica. |
El 2 de septiembre de 2026 se firmaron en el Salón del Perú del Palacio de Miraflores ocho acuerdos de cooperación energética con empresas estadounidenses, italianas y firmas nacionales.
Dos de esos ocho son eléctricos, y no van al mismo sitio.
Los dos instrumentos
El primero es una alianza estratégica entre Petróleos de Venezuela y GE Vernova para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera. Lo suscribieron el presidente de GE Vernova Venezuela, Carlos Mousadi, y el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez.
El segundo es un acuerdo entre GE Vernova y la Corporación Eléctrica Nacional para proyectos de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Por la estatal eléctrica firmó su presidente, Juan Fernández.
La firma se transmitió por el canal del Estado, con la presencia de la presidenta encargada y del secretario de Energía estadounidense, que cumple agenda en el país desde el 1 de septiembre.
Por qué la distinción es el dato
El 31 de agosto, al analizar la presencia de una empresa de generación eléctrica entre las que encaminaban contratos, esta casa dejó planteada una pregunta: si la electricidad que se construyera alimentaría únicamente a los proyectos petroleros o se conectaría también al sistema nacional.
La diferencia era, y sigue siendo, la que separa un enclave de una infraestructura.
La existencia de dos acuerdos separados indica que las dos cosas están contempladas. Eso es más de lo que había el viernes pasado.
Lo que todavía no consta es la proporción. Un acuerdo con la industria petrolera y otro con la red nacional pueden tener magnitudes muy distintas, y el reparto de inversión entre uno y otro es el que determina si la casa de alguien se beneficia o solo el pozo.
Lo que anunció la empresa
El director corporativo de GE Vernova, Roger Martella, señaló que contratarán y capacitarán a más de mil trabajadores venezolanos para las labores de restauración en el terreno, y planteó un horizonte de doce meses para fortalecer el sistema nacional.
El compromiso de contratación y formación local es relevante y conviene registrarlo, porque es exactamente el tipo de cláusula cuya ausencia esta cobertura venía señalando. Mil trabajadores contratados y capacitados es una cifra verificable, con nombre de empresa y con plazo.
Queda por conocer si ese compromiso consta en el texto de los acuerdos o es una declaración de intención.
El tamaño del problema
Para dimensionar lo que se pretende reparar conviene una referencia independiente.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2025 reportó que nueve de cada diez hogares venezolanos sufren cortes recurrentes: 39% los padece a diario durante varias horas, 35% semanalmente y 15% mensualmente.
En el estado Zulia se han documentado interrupciones acumuladas de cientos de horas.
Sobre esa base parte cualquier plan de recuperación. Y contra esa base habrá que medirlo dentro de doce meses.
El antecedente
Estos acuerdos no son el punto de partida. En junio de 2026 se había firmado un memorando de entendimiento entre el Gobierno, la estatal eléctrica y representantes de la misma empresa.
Un memorando de entendimiento no obliga: declara intenciones. Lo firmado el 2 de septiembre es el paso siguiente, y por eso importa saber si los nuevos instrumentos contienen metas, montos y plazos exigibles o si vuelven a ser declaraciones.
Cómo se verificará
Tres indicadores, todos comprobables sin fuentes internas.
Las horas de interrupción reportadas por los propios usuarios y por los registros gremiales, medidas por región.
Las contrataciones efectivas, contra la cifra de mil trabajadores anunciada.
Los reportes de la empresa ante su regulador de valores, que precisarán el alcance económico de lo firmado.
Ese último llega en días. Los otros dos, en meses.
Fuentes principales: Transmisión de la firma por Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, 2 de septiembre de 2026. Reportes de Tal Cual, Runrun.es, EFE y La Verdad del 2 y 3 de septiembre de 2026. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025. Memorando de entendimiento de junio de 2026.
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