La International Trade Administration del Departamento de Comercio de Estados Unidos lanzó este 24 de abril el Venezuela Business Information Center, una plataforma oficial alojada en trade.gov/venezuela diseñada para asistir a empresas estadounidenses interesadas en exportar al mercado venezolano. El recurso ofrece guías sobre oportunidades comerciales, conexión con socios potenciales y asistencia para navegar sanciones, controles de exportación y dinámicas del mercado.

El comunicado de la ITA atribuye la iniciativa al «liderazgo decisivo» del presidente Trump y la presenta como un instrumento para acelerar los lazos comerciales y apoyar la participación del sector privado de EE.UU. en Venezuela.

Visto en aislamiento, parece un anuncio técnico. Visto en contexto, es la pieza visible —orientada al empresariado— de un giro estratégico desplegado de forma metódica desde enero.

La cronología que Washington no destaca

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Seis días después, Trump firmó la Executive Order 14373, que creó los Foreign Government Deposit Funds: un mecanismo que permite recibir pagos destinados a entidades venezolanas sancionadas, pero canalizándolos a cuentas controladas por el Tesoro estadounidense. En la práctica, EE.UU. se reservó el derecho de cobrar antes que Caracas en cualquier transacción autorizada.

El 29 de enero, la Asamblea Nacional venezolana —presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la actual presidenta interina Delcy Rodríguez— aprobó una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos. La reforma reduce impuestos al sector privado, introduce arbitraje independiente para disputas, permite transferencias de activos y abre la puerta a inversión extranjera en condiciones que la legislación chavista había bloqueado durante dos décadas.

Ese mismo día, OFAC emitió la General License 46, autorizando a «entidades estadounidenses establecidas» a participar en el comercio de crudo venezolano. Fue la primera de una cascada.

Entre febrero y abril, el Tesoro emitió al menos trece licencias generales sucesivas: 46A, 46B, 47, 48, 48A, 49, 49A, 50, 50A, 51, 52 y la más reciente, GL 57 del 14 de abril, que autoriza ciertas transacciones financieras con bancos venezolanos específicos.

Cada licencia abre un sector: petróleo, diluyentes, gas, electricidad, oro, petroquímicos, servicios bancarios. Cada una incluye condiciones —jurisdicción estadounidense en los contratos, pagos canalizados al Tesoro, prohibición de socios chinos, rusos, iraníes, norcoreanos o cubanos— pero todas apuntan en la misma dirección: reactivar el flujo comercial con Venezuela bajo control regulatorio estadounidense.

Lo que el Centro de Información hace explícito

El lanzamiento del Venezuela Business Information Center no añade una nueva autorización. Lo que añade es infraestructura institucional para escalar las que ya existen. Hasta ahora, las licencias generales eran un terreno técnico para abogados de sanciones y departamentos de cumplimiento de grandes corporaciones. La ITA acaba de bajar esa barrera: cualquier empresa estadounidense interesada tiene ahora un punto de entrada oficial, con asesoría, materiales y contactos.

El portal funciona, según la propia ITA, en alianza con el Departamento de Estado. No es una iniciativa aislada de Comercio. Es la coordinación visible entre tres ramas del gobierno —Tesoro (OFAC), Comercio (ITA) y Estado (Embajada en Caracas)— alrededor de un mismo objetivo: convertir la apertura regulatoria en flujo comercial real.

Lo que cambia para la diáspora venezolana en EE.UU.

Este giro no es solo política exterior. Tiene consecuencias concretas para la comunidad venezolana en Estados Unidos.

Las remesas. La autorización de transacciones financieras con bancos venezolanos seleccionados (GL 57) podría reducir gradualmente los costos de envío y formalizar canales que durante años operaron al margen del sistema. El corredor de remesas EE.UU.–Venezuela es uno de los más caros de América Latina; cualquier formalización tiene impacto directo en el bolsillo de quienes envían.

El TPS y el escenario migratorio. La narrativa que justifica el TPS para venezolanos descansa en la inviabilidad económica y política del país. Una reapertura comercial coordinada cambia esa narrativa. No automáticamente, pero sí estructuralmente. Cualquier renovación o terminación futura del TPS venezolano se discutirá en un escenario donde Washington está ayudando activamente a restablecer la economía venezolana.

El horizonte de retorno. Una parte de la diáspora —especialmente quienes salieron por razones económicas más que por persecución política directa— evaluará el regreso si Venezuela vuelve a ofrecer oportunidades laborales reales. No es inminente, pero deja de ser impensable.

La lectura geopolítica. La condición sistemática en las licencias —prohibición de socios chinos, rusos, iraníes y cubanos— revela el objetivo estratégico: no es solo reabrir el petróleo venezolano. Es desplazar la influencia de Beijing y Moscú del hemisferio occidental, usando el comercio como herramienta. Venezuela es la primera pieza visible de ese tablero, no la última.

La pregunta sin responder

Hay una pregunta que el Centro de Información no responde y que la administración no formula en voz alta: ¿qué pasó con la transición democrática? La oposición venezolana ganó un proceso electoral en julio de 2024 que el chavismo desconoció. María Corina Machado representó esa victoria. Edmundo González fue el candidato. Y, sin embargo, el arreglo de 2026 transcurre sin ellos en el primer plano.

Washington puede sostener simultáneamente dos relatos: por un lado, la captura de Maduro y la reforma de hidrocarburos como victoria de la presión estadounidense; por otro, un interinato controlado por la familia Rodríguez como interlocutor preferente. Para los empresarios que consulten el portal de la ITA, la pregunta sobre quién gobierna legítimamente Venezuela es secundaria. Para la diáspora, no.

Lo anunciado el 24 de abril no es un sitio web. Es la confirmación de que el arreglo está hecho, que Washington apuesta por la estabilidad transaccional sobre la transición democrática, y que la reapertura comercial avanzará con o sin un proceso político inclusivo en Caracas.

Desde el 1 de enero rige un impuesto federal del 1% a las remesas enviadas en efectivo, money orders y cheques de caja. Se vendió como golpe a México. Los datos cuentan otra historia: la bancarización desigual traslada el peso del impuesto a Honduras, Guatemala y El Salvador.

La narrativa vendida y la que los datos sostienen

Cuando el Congreso aprobó el impuesto federal del 1% a remesas enviadas en efectivo, money orders y cheques de caja, la justificación pública fue uniforme: frenar el flujo de dinero sin supervisión, combatir el lavado y, en versiones más políticas, reducir la transferencia de recursos desde Estados Unidos al extranjero. En los titulares, el destinatario del golpe tuvo nombre propio: México. Es comprensible. Recibe, año tras año, la mayor proporción de remesas originadas en Estados Unidos — tres de cada diez dólares enviados cruzan hacia el país vecino.

Los datos disponibles a abril de 2026, sin embargo, muestran una realidad más incómoda. Según cifras del BBVA Research, el 84% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tiene cuenta bancaria. Eso significa que pueden enviar sus remesas vía transferencia electrónica, tarjeta de débito o plataformas digitales — todas, canales expresamente exentos del impuesto. Entre los migrantes hondureños, el porcentaje de bancarización cae al 65%. Entre los guatemaltecos, 72%. Entre los salvadoreños, 74%. Ahí es donde el impuesto realmente aterriza.

El Joint Committee on Taxation del Congreso estima que el tributo recaudará alrededor de 10 mil millones de dólares entre 2026 y 2034. De ese monto, aproximadamente 3 mil millones corresponderán a remesas hacia México. Los 7 mil millones restantes — siete de cada diez dólares recaudados — saldrán de otros corredores migratorios, con peso desproporcionado sobre Centroamérica. Es, en definitiva, un impuesto regresivo por diseño demográfico: grava más a quien tiene menos acceso al sistema financiero formal.

Los números que ya se pueden leer

Las remesas a México caen desde antes de que el impuesto entre en vigor. Según cifras preliminares de Banco de México y BBVA Research, noviembre de 2025 marcó el octavo mes consecutivo de caída: un retroceso interanual del 5.7%. El cierre del año se ubicó entre 60 y 61 mil millones de dólares, frente a 64.745 millones en 2024 — una caída del 5.8% que no se veía desde la crisis financiera de 2008-2009. El ticket promedio por envío se mantuvo estable entre 390 y 405 dólares, pero cayó la frecuencia. Envían menos veces. Envían menos gente.

La economía mexicana absorbe el golpe con amortiguadores. Las remesas son el 3.5% del PIB, la segunda fuente de divisas después de las exportaciones, y el sistema bancario mexicano funciona. Un peso debilitado frente al dólar, cuando se da, se compensa parcialmente con mejores precios internos. Una economía centroamericana, especialmente la hondureña y la salvadoreña, no tiene ese colchón. En Honduras, las remesas representan aproximadamente el 27% del PIB. En El Salvador, rondan el 24%. En Guatemala, el 19%. Cuando el impuesto del 1% se suma a otros costos — comisiones de operadores, tipo de cambio, inflación doméstica — la contracción es directa sobre la canasta básica de las familias receptoras.

Las alternativas legales que no se están explicando bien

El impuesto aplica exclusivamente a remesas enviadas en efectivo, money orders y cheques de caja. No aplica a transferencias electrónicas financiadas con cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. La alternativa existe y es legal. El problema es que la alternativa requiere una cuenta bancaria, y para muchos migrantes centroamericanos, abrir una cuenta sin Social Security Number, sin domicilio verificable o sin historial crediticio es un proceso intimidante y frecuentemente desinformado.

Bancos como Wells Fargo, Bank of America y varios credit unions regionales aceptan el ITIN — el número individual de identificación tributaria — como identificación suficiente para abrir cuentas básicas. Algunos operadores de remesas — Remitly, Xoom, Wise — permiten financiar envíos con débito o cuenta bancaria, evitando la categoría gravada. La diferencia entre pagar el 1% sobre 400 dólares (cuatro dólares por envío, 48 dólares al año en envíos mensuales) y no pagarlo parece pequeña. Pero en familias que envían 200 dólares al mes desde un ingreso de 2.000, el 1% acumulado es una comida.

Lo que queda por ver

El primer corte oficial del trimestre estará disponible a mediados de mayo. Los operadores de remesas — Western Union, MoneyGram, Ria — ya están reportando internamente desplazamientos de volumen del canal efectivo hacia el canal digital. Si esa migración se sostiene, el impuesto podría terminar recaudando menos de lo que el Joint Committee proyectó, y el efecto fiscal sería marginal. Si no se sostiene — porque la bancarización no crece al ritmo necesario — el impuesto se consolidaría exactamente como lo describen las cifras: un tributo cobrado mayoritariamente a familias centroamericanas con menor capacidad de absorción.

Ese es el dato que la cobertura mainstream no está presentando con la precisión que merece. No es un golpe a México. Es un golpe diseñado, consciente o inconscientemente, para caer donde el sistema financiero formal todavía no llega. El lector hispano en Estados Unidos, especialmente si es hondureño, guatemalteco o salvadoreño, merece la información completa: el impuesto se puede evitar, la alternativa es legal, y abrir una cuenta bancaria con ITIN en 2026 es más fácil de lo que fue en 2016.