EN PANTALLA · JUSTICIA

La Asamblea Nacional designa este jueves a los 12 civiles del comité que preseleccionará al nuevo Tribunal Supremo. La Constitución fija requisitos claros: 15 años de trayectoria, honorabilidad y prohibición de activismo partidista. Durante dos décadas se interpretaron a conveniencia. En El Canal de Nitu se planteó cómo evitarlo: un baremo público, con puntos tasados y sin militantes.

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La Asamblea Nacional tiene previsto designar este jueves 22 de octubre a los 12 representantes de la sociedad civil del Comité de Postulaciones Judiciales. Junto con 11 diputados, ese comité de 23 miembros preseleccionará a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, el acuerdo más concreto de la mesa de Caracas. La víspera, en INCÍSOS en El Canal de Nitu, la pregunta fue qué se le debe exigir a quien aspire a uno de esos cargos, y cómo asegurarse de que se cumpla.

Lo que exige la Constitución

El artículo 263 es preciso. Para ser magistrado se requiere tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, sin otra nacionalidad; ser ciudadano «de reconocida honorabilidad», y ser jurista «de reconocida competencia» por una de tres vías:

1. El ejercicio: haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años y tener un posgrado en materia jurídica.
2. La academia: haber sido profesor universitario de ciencia jurídica durante al menos 15 años, con la categoría de profesor titular.
3. La carrera judicial: ser o haber sido juez superior en la especialidad de la sala a la que se postula, con al menos 15 años en la carrera judicial y «reconocido prestigio» en sus funciones.

El artículo 264 fija un único período de 12 años y un procedimiento en tres filtros: el Comité de Postulaciones hace una preselección después de oír «la opinión de la comunidad», el Poder Ciudadano hace una segunda y la Asamblea Nacional elige. Cualquier ciudadano puede presentar objeciones fundadas contra un postulado. Y el artículo 256 prohíbe a los jueces, salvo el voto, el activismo político partidista.

Lo que se hizo con esos requisitos

El texto nunca fue el problema. En 2000, la Sala Constitucional relajó los requisitos en la sentencia 1562: eximió de verificarlos a los magistrados que buscaban ser ratificados y leyó con amplitud los 15 años de carrera y la especialidad de cada sala, según Acceso a la Justicia, que señaló que algunos firmantes se beneficiaron del criterio. El 23 de diciembre de 2015, días antes de entregar el Parlamento a la nueva mayoría opositora, la Asamblea saliente designó de forma exprés a 13 magistrados principales y a sus suplentes. Entre ellos estaba Christian Zerpa, que había sido diputado del PSUV y pasó a la Sala Electoral, según Acceso a la Justicia.

También el comité se ha desfigurado. El artículo 270 manda que lo integren representantes de los diferentes sectores de la sociedad, pero la ley lo abrió a los diputados, una práctica que organizaciones como Acceso a la Justicia consideran contraria a la Constitución. El comité actual mantiene esa mezcla: 12 civiles y 11 diputados designados por Jorge Rodríguez.

Lo que se propuso en el programa

Yánez Mondragón planteó que no basta con los requisitos mínimos: hace falta un método para escoger entre quienes los cumplen. «No se trata de lo que tú quieres o de lo que a ti te gusta», dijo. «Se trata de que se establezca un baremo, de que ese baremo tenga perfectamente claro cuáles son los puntos a evaluar, de que esos puntos estén perfectamente tasados y que el que mejor puntuación tenga vaya para la sala que corresponda».

La propuesta tiene cuatro piezas:

1. La trayectoria: que el comité no deje pasar a nadie sin «15 años de carrera judicial o 15 años en el ejercicio del derecho» o en la docencia, es decir, que aplique sin atajos el artículo 263.
2. La especialidad: que cada aspirante compita por la sala de su materia. «No es que yo tengo toda la vida trabajando en lo penal y me voy por lo administrativo».
3. Sin militancia: que los evaluadores descarten de entrada a quienes tengan filiación partidista, «por el PSUV o por cualquier otro partido». En Venezuela, dijo, la justicia tiene que ser «absolutamente no partidista», y «ese nexo no se borra con una carta de renuncia».
4. La hoja de vida: que se conozca quién es cada aspirante, de dónde viene y qué ha hecho. Yánez recordó que en EE.UU., para escoger a un juez, se revisa la vida del candidato y de su entorno.

«No se nos puede meter cualquiera por ahí, cualquier tipo que no reúna las condiciones para ser magistrado», resumió.

Por qué importa ahora

El calendario ya se movió. La designación de los 12 civiles estaba prometida para el 15 de octubre; se pasó al 20 porque los inscritos, 127, eran demasiados; y quedó para este jueves. Nitu Pérez Osuna preguntó si ya se conoce el baremo con el que se evaluará a los aspirantes. La respuesta es no. Según Prensa Latina, Figuera admitió que algunos postulados podrían no cumplir los requisitos, y el comunicado de la mesa prevé que, una vez instalado el comité, se active un consejo de revisión de credenciales de siete juristas.

Ese consejo y el baremo son las dos herramientas que pueden hacer la diferencia. Sin criterios públicos, la revisión queda a discreción de un comité donde casi la mitad son diputados de una sola fuerza política.

El mismo método para el CNE

La propuesta se extiende al Consejo Nacional Electoral, y la Constitución también la respalda: el artículo 296 exige que sus cinco rectores sean «personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos». La urgencia es la misma. En agosto, Figuera anunció un nuevo CNE para diciembre; esta semana reconoció que los tiempos se movieron. Yánez citó la estimación de una elección en el primer trimestre de 2028.

Lo que hay que mirar desde hoy

1. Los nombres: quiénes son los 12 civiles y con qué trayectoria.
2. El cronograma: cuándo se abren las postulaciones a magistrado y cuándo el lapso de objeciones.
3. El baremo: si el comité publica los criterios y su puntuación antes de evaluar.
4. Las hojas de vida: si los aspirantes a magistrado se publican completos, para que cualquiera pueda objetarlos.

INCÍSOS publicó en octubre «El baremo», un ejercicio periodístico, no vinculante, sobre cómo medir a los aspirantes al TSJ con criterios y puntos.

Para leer más en INCÍSOS

1. La Asamblea vuelve a aplazar la escogencia de los 12 civiles: por qué se aplazó dos veces el comité.
2. La mesa acuerda revisar cuatro leyes, pero no fija la fecha: lo que firmó la mesa.
3. Las fechas que dejó la mesa, de este jueves a 2028: el calendario de aquí a 2028.

Fuentes principales: INCÍSOS en El Canal de Nitu, programa del 21 de octubre de 2026; Constitución, artículos 256, 263 y 264 y artículo 296; Acceso a la Justicia, sobre la sentencia 1562, sobre el Comité de Postulaciones y sobre Christian Zerpa; Prensa Latina y Efecto Cocuyo (21 y 22 de octubre de 2026); INCÍSOS, sobre el artículo 270.

FASE UNO · LO QUE SE FIRMÓ

La tercera ronda de la mesa de Caracas cerró el miércoles 21 de octubre con un comunicado que pone sobre la mesa las cuatro leyes con las que el chavismo inhabilitó candidatos, intervino partidos y procesó a manifestantes. Es el avance más serio en garantías desde que empezó la negociación. Pero acordar una «revisión profunda» no es derogar nada, el texto no tiene plazos y la fecha electoral sigue fuera.

La prensa estaba citada para las 3:00 de la tarde en el hotel Meliá de Caracas. Las delegaciones aparecieron casi seis horas después, leyeron un comunicado conjunto y respondieron tres preguntas de medios internacionales escogidos de antemano, según Efecto Cocuyo. Fue el cierre de la tercera ronda de la mesa entre el chavismo y la Asamblea Nacional de 2015, la que se presentó desde el principio como la ronda de las «garantías políticas y civiles».

El documento tiene tres páginas y lo firman Jorge Rodríguez, por la delegación del Gobierno encargado, y Dinorah Figuera, por la de la Asamblea de 2015. Su núcleo es jurídico: cuatro leyes que se someterán a un «proceso de revisión profunda». Alrededor hay acuerdos sobre medios, una defensoría nueva, el comité que escogerá al próximo Tribunal Supremo de Justicia, el oro de Londres y la economía. Lo que no hay es una fecha para votar.

Por qué importan estas cuatro leyes

Las cuatro leyes escogidas no son un inventario cualquiera. Juntas forman el andamiaje legal con el que, durante dos décadas, se decidió quién podía ser candidato, qué partido podía presentarse, quién podía protestar y de qué se acusaba a quien lo hacía. Revisarlas es tocar el corazón de lo que la oposición llama «condiciones». Por eso este es, sobre el papel, el acuerdo de mayor alcance de las tres rondas.

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. El comunicado acota el alcance: «específicamente revisar lo inherente al proceso de inhabilitaciones». Es la norma que permite al contralor, un funcionario administrativo, impedir que una persona ocupe cargos públicos hasta por 15 años sin que medie un juicio ni una condena. Con ella fueron inhabilitados Leopoldo López en 2008, Henrique Capriles en 2017 y María Corina Machado, cuya inhabilitación de 15 años ratificó el TSJ en enero de 2024. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en el caso López Mendoza que los derechos políticos solo pueden restringirse por condena de un juez penal. Venezuela nunca acató el fallo. Este mes, la exmagistrada Bárbara César Siero denunció que firmó varias de esas inhabilitaciones bajo coacción.

La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. El objetivo declarado es «garantizar la participación de todos los actores políticos». Detrás de esa fórmula están las tarjetas: desde 2012, sentencias del TSJ entregaron las siglas y las directivas de una decena de partidos a dirigentes afines o dóciles, de Copei y Acción Democrática a Voluntad Popular y el Partido Comunista. La misma ley regula el derecho a manifestar, que la Sala Constitucional condicionó en 2014 a una autorización previa. El diputado Ramón López coordina en la mesa la devolución de las tarjetas.

La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Es la más reciente y la más dura. Aprobada a finales de 2024, castiga con 25 a 30 años de cárcel a quien promueva o apoye sanciones internacionales, permite juicios en ausencia, crea un registro de personas consideradas contrarias a los «valores» del Estado y autoriza inhabilitaciones de hasta 60 años, cuatro veces el tope de la propia Ley de la Contraloría, según EFE. La relatora de la ONU para la libertad de asociación advirtió entonces que podía usarse contra activistas y sociedad civil. Figuera no precisó qué se revisará de ella.

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El comunicado delimita la revisión a «la definición y tipificación del terrorismo». No es un detalle técnico. Tras la elección del 28 de julio de 2024, más de mil personas fueron detenidas en pocos días, y Foro Penal denunció que se las acusaba de terrorismo. Una definición amplia del delito convierte una protesta, un mensaje o una cobertura periodística en una causa penal con penas de décadas.

Lo demás que se firmó

Los derechos políticos. Las partes acordaron establecer procesos para evaluar y resolver los casos que vulneren esos derechos, «asumiendo los avances de mediación y conciliación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática de Venezuela». Ese programa no es neutral: lo impulsó Delcy Rodríguez a finales de enero, según Prensa Latina. Es decir, la vía para reparar inhabilitaciones y otras exclusiones pasará, al menos en parte, por un instrumento del propio Gobierno.

Una defensoría nueva. Se inicia la discusión para crear una «defensoría de garantías políticas y participación ciudadana». Venezuela ya tiene una Defensoría del Pueblo con rango constitucional. Que la mesa proponga otra es un reconocimiento implícito de que la existente no ha cumplido ese papel. El texto no dice qué atribuciones tendría ni quién la dirigiría.

El Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional designa este jueves 22 a los 12 representantes de la sociedad civil del Comité de Postulaciones Judiciales, escogidos entre 127 inscritos, y publicará el cronograma. Con los 11 diputados que nombra Jorge Rodríguez, el comité tendrá 23 miembros, según Prensa Latina. Una vez instalado, se activa el consejo de revisión de credenciales, siete juristas acordados en la segunda ronda para verificar que los aspirantes cumplan los requisitos constitucionales. La designación de los 12 se había aplazado dos veces.

Los medios. Seguir levantando las medidas administrativas y cautelares contra medios y portales, un desbloqueo que empezó tras la segunda ronda pero no está completo, y «avanzar en la actualización» de las concesiones del espectro radioeléctrico.

El oro. Una delegación paritaria, tres miembros por cada lado según Efecto Cocuyo, gestionará ante el Reino Unido la recuperación de las reservas venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra. El comunicado fija su destino: la población afectada por el doble terremoto del 24 de junio y la recuperación de los servicios públicos.

La economía y el seguimiento. Un compromiso general de «unir esfuerzos» por la prosperidad económica y los derechos a la salud, la alimentación, la educación y el ingreso de los trabajadores, y la promesa de presentar informes de avance.

Lo que el texto no resuelve

El verbo del acuerdo es «revisar». No dice derogar ni reformar, no fija plazos y no establece quién redactará los cambios. Cualquier reforma legal tendría que aprobarla la Asamblea Nacional electa en 2025, que controla el chavismo y que preside el mismo Jorge Rodríguez que firma el comunicado. La revisión depende, por tanto, de la voluntad de una de las partes.

Además, dos ausencias pesan. La ley contra el odio, aprobada en 2017 y usada para encarcelar a tuiteros y dirigentes, no está entre las cuatro. Y el comunicado no menciona a los presos políticos, a pesar de que el calendario que Figuera anunció en agosto los ponía en la agenda de octubre. Foro Penal contaba 322 al 5 de octubre.

Y sobre la fecha electoral, nada. Cuando le preguntaron si la elección presidencial podría ser a finales de 2027 o comienzos de 2028, Figuera aclaró que hablaba a título personal y repitió que se hará «más temprano que tarde». A su lado, Rodríguez anunció la cuarta ronda: del 11 al 15 de noviembre.

Criterio INCÍSOS

La tercera ronda produjo lo que las dos anteriores no habían producido: un temario que apunta a las leyes que hicieron posible la exclusión política. Eso merece registrarse sin regateo. Pero un temario no es una garantía. La prueba de este acuerdo no está en el comunicado sino en lo que ocurra antes del 11 de noviembre: si aparece un texto de reforma, si la Contraloría revisa algún caso concreto y si la definición de terrorismo deja de servir para procesar a quien protesta. Lo seguiremos en el registro Verificable.

Para leer más en INCÍSOS

_Esta pieza forma parte del especial «Fase uno», sobre el cierre de la tercera ronda de la mesa de Caracas._

1. Lo que la mesa de Caracas dejó fuera del comunicado: lo que la mesa dejó fuera.
2. Figuera estima la elección para finales de 2027 o comienzos de 2028: la fecha que estima Figuera.
3. Washington dice que no pondrá fechas fijas a la elección venezolana: lo que dice Washington.

Fuentes principales: Comunicado conjunto de la mesa, tres páginas firmadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera (21 de octubre de 2026), publicado en el registro Verificable; Efecto Cocuyo, El Nacional y El Diario (21 de octubre de 2026); Prensa Latina (22 de octubre de 2026); EFE, vía Expreso, sobre la Ley Simón Bolívar (diciembre de 2024); Corte IDH, caso López Mendoza (2011); El Diario, sobre Foro Penal (agosto de 2024); Prensa Latina, sobre el Programa para la Paz (mayo de 2026).

FASE UNO · LA FECHA

La jefa de la delegación de la Asamblea de 2015 dijo que la elección presidencial podría ser «por lo menos a finales del próximo año o a comienzos de 2028». Antes, dijo, hay que depurar el Registro Electoral, nombrar el nuevo TSJ y devolver las tarjetas a los partidos. Es su estimación, no un acuerdo, y queda casi un año después de la fecha que propone Machado.

«Esperemos que sea por lo menos a finales del próximo año o a comienzos de 2028». Así respondió Dinorah Figuera a la pregunta de cuándo votarán los venezolanos por un presidente. Lo dijo en una entrevista con El Nacional publicada el miércoles 21 de octubre, el día en que la mesa cerró su tercera ronda sin fecha. Esa noche, en la rueda de prensa, cuando le preguntaron por la misma estimación, precisó que hablaba a título personal y que la elección será «más temprano que tarde», según Efecto Cocuyo.

Es la primera vez que alguien sentado en la mesa pone un horizonte temporal a la elección presidencial. Por eso la frase pesa, aunque no comprometa a nadie más que a quien la dijo.

La secuencia

Para Figuera, la fecha viene al final. «Para poner fecha a las elecciones, debemos antes desmontar el aparato alrededor del proceso electoral», dijo, según TalCual. Y ordenó los pasos.

Primero, el Registro Electoral: «Lo primero que debemos hacer es una depuración del Registro Electoral, del sistema». Dijo que su equipo ha observado «algunas irregularidades», sin precisarlas. El diputado Ramón López entregará en diciembre un informe con puntos de acción. El registro es uno de los problemas estructurales del sistema: millones de venezolanos emigraron en la última década y la gran mayoría no puede votar desde el exterior, porque las exigencias de residencia legal y las trabas consulares lo impiden.

Segundo, el Tribunal Supremo: «En noviembre. Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia». El TSJ no organiza elecciones, pero es el que resuelve las impugnaciones, convalida inhabilitaciones y, en el pasado, intervino partidos y designó rectores del CNE cuando la Asamblea no lo hacía.

Tercero, los partidos: que recuperen sus tarjetas electorales «y puedan participar con garantías». Y, según Infobae, el camino pasa también por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y «el ámbito militar».

«Yo sé que el pueblo está demandando unas elecciones»

Figuera reconoció la presión: «Yo sé que el pueblo está demandando unas elecciones». Pero las quiere «justas, garantizadas y con credibilidad». Sobre la ronda que terminó, dijo que la mesa de garantías políticas «ha sido la más difícil que hemos tenido».

Cuánto tarda una elección

El argumento de la secuencia tiene una base real: votar con el mismo CNE y el mismo TSJ que administraron el 28 de julio de 2024 sería repetir el problema. Pero el calendario técnico de una elección, una vez que hay árbitro, no es tan largo. En 2024, el CNE anunció el 5 de marzo una elección presidencial para el 28 de julio: menos de cinco meses. Si el CNE se renovara en los primeros meses de 2027, la fecha que propone Machado, el 24 de julio de 2027, no sería técnicamente imposible. La distancia entre las dos fechas no la imponen los plazos electorales, sino el ritmo de la negociación.

Las otras fechas

María Corina Machado y Vente Venezuela proponen el 24 de julio de 2027 y marchan este jueves para exigir que se fije. Washington, que tutela el proceso, dice que no pondrá «fechas fijas» y que antes de votar necesita «un alto nivel de confianza» en lo que llama la fase uno. Entre esas dos posiciones, la de Figuera queda más cerca de la segunda.

Criterio INCÍSOS

Una estimación personal no es un compromiso, y conviene leerla así. Pero tampoco es irrelevante: si la jefa de la delegación opositora calcula 2028 como horizonte posible, el país debe saber qué pasos concretos, con qué fechas, harían posible llegar antes. Esa lista, con plazos, es lo que todavía no existe.

Para leer más en INCÍSOS

_Esta pieza forma parte del especial «Fase uno», sobre el cierre de la tercera ronda de la mesa de Caracas._

1. Washington dice que no pondrá fechas fijas a la elección venezolana: lo que dice Washington.
2. Las fechas que dejó la mesa, de este jueves a 2028: el calendario de aquí a 2028.
3. La mesa acuerda revisar cuatro leyes, pero no fija la fecha: los acuerdos de la ronda.

Fuentes principales: El Estímulo y TalCual, con la entrevista de El Nacional; Infobae; Efecto Cocuyo (21 y 22 de octubre de 2026).