Economía
Medicinas más baratas para unos, Medicaid en debate para otros
Esta semana Robert F. Kennedy Jr. anunció el acuerdo número 17 con farmacéuticas para reducir precios. La misma semana compareció ante cuatro comités del Congreso donde se discutieron recortes a Medicaid. Para el hispano en Estados Unidos, las dos cosas no se cancelan: se suman.
Esta semana Robert F. Kennedy Jr. anunció el acuerdo número 17 con farmacéuticas para reducir precios. La misma semana compareció ante cuatro comités del Congreso donde se discutieron recortes a Medicaid. Para el hispano en Estados Unidos, las dos cosas no se cancelan: se suman.
Las cinco preguntas que ordenan esta nota
Jueves 23 de abril, Despacho Oval. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, defiende ante la prensa la rebaja de precios de medicamentos lograda con la farmacéutica Regeneron. Lo hace con una afirmación matemáticamente imposible: si un medicamento subió de 100 a 600 dólares es un alza del 600 por ciento, dice, y si bajó de 600 a 100 dólares es un ahorro del 600 por ciento. El presidente, a su lado, asiente: “Exacto”. La cifra correcta es 500 por ciento de subida y 83 por ciento de bajada. Una reducción no puede superar el 100 por ciento sin convertir el precio en negativo.
La aritmética importa, pero no es la noticia. La noticia es lo que el cálculo errado pretendía celebrar: el acuerdo número 17 dentro de la política llamada “nación más favorecida”, que busca que los precios pagados en Estados Unidos se igualen a los precios más bajos pagados por otras naciones desarrolladas. La promesa, sostenida desde 2025 con la orden ejecutiva de mayo, dice que el medicamento llegará al estadounidense más barato. La Casa Blanca asegura que el esquema garantiza que países extranjeros ya no se beneficien de la innovación estadounidense “sin contribuir”.
El problema de fondo es quién entra en la foto
El acuerdo con Regeneron, como los 16 anteriores, opera dentro del sistema TrumpRx, una plataforma comercial donde los precios reducidos son visibles para quien tiene cobertura privada con copagos altos, plan de Medicare Part D, o capacidad de pago directo. Es la población que ya tenía acceso al sistema y que pagaba demasiado. Para esa población, la rebaja es real.
El hispano que aparece en estas fotografías es de tipo específico: trabajador con cobertura del empleo, profesional con seguro privado, jubilado de clase media con Medicare. Para ese hispano, el anuncio del jueves 23 puede traducirse en un copago menor a partir de junio.
El problema es que esa fotografía deja fuera al grueso de la población hispana que enfrenta el sistema de salud. Según el análisis del Kaiser Family Foundation y datos del Census Bureau, alrededor de 21 millones de hispanos están cubiertos por Medicaid, CHIP o por planes del Affordable Care Act con subsidio federal. Para ellos, los precios anunciados con farmacéuticas no entran por la puerta principal. Entran a través de un programa estatal, y ese programa es exactamente el que se está discutiendo recortar.
La otra mitad de la semana
Entre el 16 y el 24 de abril, Kennedy compareció ante siete audiencias presupuestarias del Congreso, repartidas en cuatro comités: el Subcomité de Salud de Energía y Comercio en la Cámara, el Subcomité de Trabajo, Salud, Educación del Senado, el Comité de Finanzas del Senado y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara. El centro del debate, según el resumen oficial de la propia agenda regulatoria, fue la solicitud presupuestaria del HHS para el año fiscal 2027.
En esas audiencias, los demócratas levantaron tres preocupaciones repetidas: los recortes a gran escala a Medicaid, la propuesta de eliminar programas dentro del HHS, y la transparencia de los acuerdos que la administración firma con las farmacéuticas. Los republicanos, por su parte, defendieron la lucha contra el fraude y la transparencia general de la política. Pero la pieza central de la discusión, el recorte a Medicaid, no fue desmentida en ninguna de las cuatro mesas.
La aritmética de fondo es simple. Medicaid cubre a uno de cada tres niños hispanos en Estados Unidos. Cubre a una de cada cuatro mujeres hispanas en edad reproductiva. Cubre a la mayoría de los hispanos mayores de 65 años con bajos ingresos que combinan Medicare con Medicaid (la población “dually eligible”). Si Medicaid se contrae, ningún acuerdo TrumpRx compensa el hueco.
Cuatro escenarios prácticos
Si el lector hispano está cubierto por seguro privado del empleo o Medicare Part D y consume alguno de los medicamentos incluidos en los acuerdos de “nación más favorecida”, sí puede esperar precios más bajos en los próximos meses. Esto incluye medicamentos para diabetes, colesterol y algunos tratamientos especializados. La rebaja se materializa primero en farmacias en línea conectadas al sistema TrumpRx, y luego se extiende a la red minorista.
Si el lector está cubierto por Medicaid o CHIP, los acuerdos anunciados no le bajan el copago, porque su copago ya es bajo o cero. Lo que sí puede afectar su bolsillo, y de manera mucho más profunda, es cualquier reforma legislativa que reduzca elegibilidad, exija reverificación de ingresos más frecuente, imponga requisitos de trabajo o limite cobertura de medicamentos. Ese es el frente que se discute en el Congreso ahora mismo.
Si el lector está cubierto por un plan del Affordable Care Act con subsidio, el subsidio puede cambiar según el presupuesto que apruebe el Congreso para el año fiscal 2027. La preocupación no es teórica: los subsidios reforzados que ampliaron cobertura desde 2021 expiran a fin de 2025 si no son renovados, y la discusión sobre su renovación está pendiente.
Si el lector no tiene cobertura, ni los acuerdos TrumpRx ni los recortes a Medicaid le aplican directamente. Pero la dinámica del mercado sí: una clínica comunitaria que pierde pacientes con Medicaid pierde ingresos, y eso reduce los servicios disponibles para todos en su radio. Las clínicas FQHC son el último colchón sanitario de millones de hispanos sin cobertura.
La frase que dejó la semana
En su comparecencia del 22 de abril ante el Comité de Finanzas del Senado, Kennedy le dijo a la senadora Elizabeth Warren que el presidente “tiene una manera distinta de calcular los porcentajes”. Al día siguiente, en el Despacho Oval, defendió esa manera con dos cálculos más erróneos. Estudiantes en Nueva York, recordó la verificación de Snopes esa misma semana, aprenden a calcular porcentajes en sexto grado, el primer año de la escuela media.
Para los 65 millones de hispanos que dependen de un sistema de salud financiado en parte por el gobierno federal, la matemática del Despacho Oval no es lo más preocupante. Lo preocupante es la matemática del presupuesto que se está negociando esta primavera para el año fiscal 2027, donde el ahorro del 600 por ciento del titular convive con el recorte real del programa que sostiene su acceso a la salud.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Quieren devolver lo expropiado pero no saben qué expropiaron
Devolver eso hoy no es devolver un activo. Es devolver un pasivo y confiar en que alguien tenga capital para levantarlo.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
El anuncio parecía sencillo. El problema apareció de inmediato y tiene tres capas.
| Qué | El gobierno encargado anunció un estudio para restituir activos expropiados durante los últimos veintisiete años. |
|---|---|
| Quién | Gobierno encargado; antiguos propietarios; gremios de la comunicación. |
| Cuándo | Anuncio de finales de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | No existe un inventario confiable de lo expropiado ni de su estado actual. |
| Cómo | Mediante un estudio cuyo alcance y metodología no se han hecho públicos. |
El anuncio parecía sencillo: un estudio para devolver los activos expropiados durante los últimos veintisiete años.
El problema apareció de inmediato y tiene tres capas. No existe un inventario confiable de qué fue expropiado. No se sabe en qué condiciones se encuentra lo que queda. Y en muchos casos no está claro a quién habría que entregárselo.
Un ciclo que empezó con una orden
Fincas, edificios, tierras, comercios, industrias básicas. El ciclo que empezó con órdenes de expropiación anunciadas en televisión terminó, en casi todos los casos, del mismo modo: unidades productivas paralizadas, equipos desmantelados, plantas convertidas en chatarra.
Devolver eso hoy no es devolver un activo. Es devolver un pasivo y confiar en que alguien tenga la voluntad y el capital para levantarlo.
El cruce que nadie está haciendo
Hay una categoría que no ha aparecido en la discusión sobre restitución, y debería.
Entre 2023 y 2026 fueron clausuradas decenas de emisoras de radio en varios estados. Grupos radiofónicos atravesaron presiones y reestructuraciones forzadas de su línea editorial. Más de cien diarios desaparecieron por el control del papel y por demandas judiciales.
¿Entran las emisoras y sus concesiones en el estudio de activos expropiados?
La pregunta no es menor, porque el problema es idéntico al de una empresa desmantelada: devolver una emisora sin devolver la concesión no es devolver nada.
Y sin medios regionales funcionando, la condición de prensa libre que Washington puso entre los requisitos para unas elecciones creíbles se queda en el papel.
Lo que corresponde
Un país no se reconstruye devolviendo escombros con un acta de entrega.
Se reconstruye reconociendo qué se destruyó, cuánto costó y quién va a responder por ello. El inventario no es un trámite administrativo previo a la restitución: el inventario es la restitución, porque es lo único que convierte una promesa en una obligación exigible.
Esta nota se origina en el programa INCISOS, que se emite en el canal de Nitu Pérez Osuna. La emisión del 2 de septiembre de 2026 está disponible aquí.
Fuentes principales: Anuncio oficial del estudio de restitución. Registros de gremios de la comunicación sobre cierres de emisoras entre 2023 y 2026. Programa INCISOS, emisión del 2 de septiembre de 2026, en el canal de Nitu Pérez Osuna: https://www.youtube.com/live/0iLD-NUd6jo.
Economía
Nadie ha leído el contrato y todos lo defienden o lo atacan
La producción del país seguirá siendo la misma mañana, la semana que viene y el año que viene. Un anuncio no mueve un barril.
Alianza INCÍSOS + El Canal de Nitu
El plazo cambió varias veces según la fuente. Y la diferencia entre veinticinco y cien años no es un matiz de redacción.
| Qué | La discusión pública sobre el acuerdo petrolero se sostiene sobre un contrato que no se ha hecho público. |
|---|---|
| Quién | Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos; NABEP; analistas y medios. |
| Cuándo | Entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Venezuela y Estados Unidos. |
| Por qué | Sin el texto, ninguna evaluación del acuerdo puede verificarse. |
| Cómo | Mediante anuncios, hojas de términos y declaraciones de las partes interesadas. |
Han pasado cinco días desde el anuncio y la discusión pública sobre el acuerdo petrolero se sostiene entera sobre una ausencia: nadie ha leído el contrato.
No lo han leído quienes lo defienden. No lo han leído quienes lo atacan. No lo han leído los expertos consultados en todos los medios del continente durante casi una semana. Lo que se discute son notas de prensa, hojas de términos y proyecciones de las partes interesadas.
La contradicción del plazo
El 27 de agosto, un reporte de agencia mencionó cien años. El 28, el anuncio presidencial no precisó duración. El 29, la presidenta encargada habló de veinticinco años en alocución televisada. El 31, la hoja de términos de la Casa Blanca describió concesiones por cien años sobre diecisiete campos. El 2 de septiembre, el presidente estadounidense volvió a mencionar el siglo.
Veinticinco años es una generación. Cien años son cuatro. Esa diferencia no es un matiz de redacción ni un error de traducción: es la distancia entre un contrato de operación y una concesión de otra época.
Las cifras y de dónde salen
La presidenta encargada explicó que el acuerdo cubre diecisiete campos con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, y sostuvo que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de su petróleo.
De la hoja de términos se desprende que Estados Unidos tendría una participación accionaria del 35% en la matriz del operador, y acceso a un 20% de la producción a costo. Las reservas involucradas rondan los 65.000 millones de barriles, más de una quinta parte del total del país.
La empresa proyecta cerca de 100.000 millones de dólares en inversión y unos 200.000 millones en ingresos fiscales para el Estado venezolano durante los primeros veinticinco años.
Frente a eso, el economista Francisco Rodríguez calculó, a partir de las cifras iniciales anunciadas, que al Estado le quedarían 3,22 dólares por barril: un 4,7% del precio del crudo y menos de la mitad de la tasa de regalía contemplada en las concesiones otorgadas durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.
Esta casa publicó ese mismo cálculo el 28 de agosto y lo corrigió el 31, cuando se conoció que el divisor correcto es la producción efectiva y no la reserva comprometida. La corrección está publicada por separado.
Nadie ha medido lo que se está repartiendo
Las cifras se repiten de nota en nota hasta que adquieren la textura de un hecho. Conviene detenerse: quién certificó el volumen, con qué metodología, auditado por quién.
No es una objeción retórica. Es la pregunta básica que se le hace a cualquier cifra antes de construir un argumento encima.
Esto no produce un barril mañana
Hay una expectativa que conviene desmontar, porque circula y va a generar frustración.
Venezuela exportó en agosto alrededor de 1,17 millones de barriles diarios. Va a exportar aproximadamente lo mismo mañana, la semana que viene y el mes que viene. Un anuncio no mueve un barril.
En los campos sin desarrollar no hay infraestructura: hay que cercar, medir, llevar un taladro, montar una oficina. Ese trabajo previo toma años. Por eso los plazos que se manejan son tan largos.
Dicho con todas sus letras: cuando este proyecto esté produciendo lo que se anunció, es probable que no esté ninguno de quienes hoy lo discuten.
Lo que corresponde
Se puede estar a favor o en contra. Lo que no se puede es seguir discutiendo un papel que nadie ha visto.
Si el acuerdo es tan bueno como se sostiene, publicarlo solo puede beneficiar a quienes lo firmaron. Si compromete el subsuelo del país durante veinticinco años, o durante cien, no existe justificación posible para que los venezolanos no sepan qué dice.
Esta nota se origina en el programa INCISOS, que se emite en el canal de Nitu Pérez Osuna. La emisión del 2 de septiembre de 2026 está disponible aquí.
Fuentes principales: Hoja de términos publicada por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026. Declaraciones de Delcy Rodríguez del 29 y 31 de agosto de 2026. Cálculo del economista Francisco Rodríguez del 28 de agosto de 2026. Cifras de exportación de agosto de 2026. Programa INCISOS, emisión del 2 de septiembre de 2026, en el canal de Nitu Pérez Osuna: https://www.youtube.com/live/0iLD-NUd6jo.
Economía
Dos acuerdos separan la electricidad de la industria y la de la red
La pregunta era si la electricidad nueva alimentaría solo a los campos o también a las casas. Hay dos acuerdos, y eso ya es una respuesta.
De los ocho acuerdos firmados en Miraflores, dos son eléctricos. Y no van al mismo sitio, que es exactamente lo que había que averiguar.
| Qué | GE Vernova firmó una alianza con PDVSA para la infraestructura eléctrica de la industria petrolera y un acuerdo con Corpoelec para el sistema eléctrico nacional. |
|---|---|
| Quién | Carlos Mousadi, presidente de GE Vernova Venezuela; Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de PDVSA; Juan Fernández, presidente de Corpoelec. |
| Cuándo | Miércoles 2 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Salón del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas. |
| Por qué | La producción petrolera exige suministro eléctrico confiable, y el sistema nacional arrastra un deterioro documentado. |
| Cómo | Mediante dos instrumentos separados, uno con la estatal petrolera y otro con la estatal eléctrica. |
El 2 de septiembre de 2026 se firmaron en el Salón del Perú del Palacio de Miraflores ocho acuerdos de cooperación energética con empresas estadounidenses, italianas y firmas nacionales.
Dos de esos ocho son eléctricos, y no van al mismo sitio.
Los dos instrumentos
El primero es una alianza estratégica entre Petróleos de Venezuela y GE Vernova para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera. Lo suscribieron el presidente de GE Vernova Venezuela, Carlos Mousadi, y el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez.
El segundo es un acuerdo entre GE Vernova y la Corporación Eléctrica Nacional para proyectos de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Por la estatal eléctrica firmó su presidente, Juan Fernández.
La firma se transmitió por el canal del Estado, con la presencia de la presidenta encargada y del secretario de Energía estadounidense, que cumple agenda en el país desde el 1 de septiembre.
Por qué la distinción es el dato
El 31 de agosto, al analizar la presencia de una empresa de generación eléctrica entre las que encaminaban contratos, esta casa dejó planteada una pregunta: si la electricidad que se construyera alimentaría únicamente a los proyectos petroleros o se conectaría también al sistema nacional.
La diferencia era, y sigue siendo, la que separa un enclave de una infraestructura.
La existencia de dos acuerdos separados indica que las dos cosas están contempladas. Eso es más de lo que había el viernes pasado.
Lo que todavía no consta es la proporción. Un acuerdo con la industria petrolera y otro con la red nacional pueden tener magnitudes muy distintas, y el reparto de inversión entre uno y otro es el que determina si la casa de alguien se beneficia o solo el pozo.
Lo que anunció la empresa
El director corporativo de GE Vernova, Roger Martella, señaló que contratarán y capacitarán a más de mil trabajadores venezolanos para las labores de restauración en el terreno, y planteó un horizonte de doce meses para fortalecer el sistema nacional.
El compromiso de contratación y formación local es relevante y conviene registrarlo, porque es exactamente el tipo de cláusula cuya ausencia esta cobertura venía señalando. Mil trabajadores contratados y capacitados es una cifra verificable, con nombre de empresa y con plazo.
Queda por conocer si ese compromiso consta en el texto de los acuerdos o es una declaración de intención.
El tamaño del problema
Para dimensionar lo que se pretende reparar conviene una referencia independiente.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2025 reportó que nueve de cada diez hogares venezolanos sufren cortes recurrentes: 39% los padece a diario durante varias horas, 35% semanalmente y 15% mensualmente.
En el estado Zulia se han documentado interrupciones acumuladas de cientos de horas.
Sobre esa base parte cualquier plan de recuperación. Y contra esa base habrá que medirlo dentro de doce meses.
El antecedente
Estos acuerdos no son el punto de partida. En junio de 2026 se había firmado un memorando de entendimiento entre el Gobierno, la estatal eléctrica y representantes de la misma empresa.
Un memorando de entendimiento no obliga: declara intenciones. Lo firmado el 2 de septiembre es el paso siguiente, y por eso importa saber si los nuevos instrumentos contienen metas, montos y plazos exigibles o si vuelven a ser declaraciones.
Cómo se verificará
Tres indicadores, todos comprobables sin fuentes internas.
Las horas de interrupción reportadas por los propios usuarios y por los registros gremiales, medidas por región.
Las contrataciones efectivas, contra la cifra de mil trabajadores anunciada.
Los reportes de la empresa ante su regulador de valores, que precisarán el alcance económico de lo firmado.
Ese último llega en días. Los otros dos, en meses.
Fuentes principales: Transmisión de la firma por Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, 2 de septiembre de 2026. Reportes de Tal Cual, Runrun.es, EFE y La Verdad del 2 y 3 de septiembre de 2026. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025. Memorando de entendimiento de junio de 2026.
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