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Inciso

La paciencia de los 23 años

El precio de la paciencia política se mide en años de vida ajena. Tres policías metropolitanos. Veintitrés años. Una columna sobre el costo que rara vez se nombra.

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La noche del martes 19 de mayo, tres hombres salieron del Centro Penitenciario Fénix en el estado Lara, en Venezuela. Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina. Fueron policías de la Policía Metropolitana de Caracas. Estuvieron veintitrés años presos por hechos del 11 de abril de 2002 en el Puente Llaguno, en una causa que Foro Penal y todas las organizaciones serias de derechos humanos venezolanas consideran un proceso político.

Veintitrés años. Pongamos el número en la mesa antes de seguir.

Veintitrés años son más de ocho mil días, ni uno menos. Un hijo que entró siendo bebé al cuarto de visitas hoy es adulto. Una esposa que entró en sus treintas hoy peina canas. Un padre que esperaba en la puerta murió hace años sin volver a abrazar a su hijo. Un país completo cambió de moneda, de gobierno, de modelo económico, de generación. Ellos no cambiaron. Ellos esperaron.

Hay una palabra que se repite mucho en estos días de transición tutelada: paciencia. Paciencia política, paciencia estratégica, paciencia con los plazos del proceso. La palabra está bien usada cuando se aplica a quien decide. Está mal usada cuando se aplica a quien soporta. Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina no tuvieron paciencia. Tuvieron condena. La paciencia, en sentido propio, supone capacidad de moverse y decisión de no hacerlo. La condena no es paciencia. Es ausencia.

Me detengo aquí porque creo que el lenguaje de la transición venezolana está pidiendo una limpieza. Cada vez que un cuadro político habla de «los tiempos que requiere el proceso», está hablando con vocabulario que no es neutro. Está midiendo el tiempo desde una mesa con café caliente y wifi, no desde una celda. Las dos perspectivas no son comparables y, sin embargo, son tratadas como equivalentes en el discurso público. Una de las dos debería tener más peso. Es la del que esperó sin opción.

María Lourdes Afiuni escribió este lunes, antes de la liberación de los policías metropolitanos: «Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más, los olvidados a nuestra suerte, ¿no contamos para nada?». Es la jueza que en 2009 cumplió una recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y por eso pasó los siguientes catorce años bajo las distintas variantes de privación de libertad que el régimen consideró pertinentes. Su pregunta no es retórica. Es una pregunta práctica sobre qué hace la transición con los rezagados de las olas.

Y luego está Juan Carlos Caguaripano. Capitán de la Guardia Nacional, detenido en agosto de 2017 después de un alzamiento en Fuerte Paramacay. Recluido en al menos cinco centros: La Tumba, DGCIM Valencia, DGCIM Boleíta, El Helicoide y ahora El Rodeo I. Dos años incomunicado durante una fase del proceso. Su esposa y su hija de doce años viven en Costa Rica desde hace siete. Su padre, de ochenta años, lo espera en Puerto La Cruz. Tiene una hija que está creciendo sin él. Eso no es paciencia. Eso es vida confiscada.

Pongo los tres nombres juntos —los policías metropolitanos, Afiuni, Caguaripano— porque su yuxtaposición revela algo del momento. La transición está liberando casos. Lo está haciendo. Es un hecho favorable. Lo dice Foro Penal, lo dice JEPVzla, lo dicen las propias familias que reciben en la puerta del Fénix a quienes salen. Pero también es un hecho que la liberación está siendo administrada con una lógica que no termina de ser pública. ¿Por qué Bolívar, Rovaín y Molina salieron ahora y no hace tres años? ¿Por qué quedan más de cuatrocientos cincuenta presos según Foro Penal? ¿Cuándo le toca a Afiuni y a Caguaripano? ¿Hay criterio, hay cronograma, hay método? ¿O es discrecionalidad?

Aquí, en este punto, vale la pena nombrar lo que me incomoda como periodista hispano que vive y escribe desde Estados Unidos, lejos del territorio donde ocurren los hechos. Lo que me incomoda es la facilidad con la que el lector promedio acepta el ritmo de la liberación como si fuera el único ritmo posible. Aceptamos la lentitud porque no la padecemos. Aceptamos la falta de cronograma porque no es nuestro padre el que está adentro. Y los liderazgos políticos, por su parte, encuentran cómodo administrar el tiempo del otro porque no es el tiempo propio el que se administra.

La paciencia política tiene un precio. El precio no lo paga quien la pide. El precio lo pagan los que esperan sin opción.

Los policías metropolitanos salieron veintitrés años después. Para ellos, eso no es justicia. Es supervivencia. Y la diferencia entre las dos palabras es lo que la transición venezolana, si quiere serla en serio, va a tener que aprender a nombrar.

Mientras tanto, queda el conteo. Veintitrés años para tres hombres que ya están afuera. Dieciséis años y contando para Afiuni. Casi nueve años y contando para Caguaripano. Más de cuatrocientos cincuenta nombres en una lista que todavía espera.

Si hay paciencia, que la administre quien decide. No quien soporta.

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La pieza que faltaba

El regreso de María Corina Machado incorpora presencia territorial a una fuerza que no depende de una invitación a la mesa, pero que deberá convertir respaldo ciudadano en influencia efectiva dentro de una transición aún en disputa.

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«Estoy aquí. Con ustedes». María Corina Machado regresa a Venezuela y su presencia obliga a mirar el proceso político más allá de quienes se sientan a negociar. La mesa tiene dos delegaciones venezolanas. El país tiene un tercer factor cuyo peso no depende de una invitación.

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez conserva el aparato estatal y sus instrumentos de poder. La Asamblea Nacional de 2015 ocupa la representación opositora reconocida para el diálogo. Machado tiene una fuerza de otra naturaleza: una relación con una parte importante de la población que ha sobrevivido a la persecución, a la distancia y a su exclusión de las decisiones. Esas tres capacidades son desiguales, pero ninguna lectura seria del momento puede prescindir de alguna de ellas.

El Acuerdo de Panamá había previsto para Machado la conducción de la negociación. Las cosas tomaron otro camino. Esa diferencia merece quedar registrada porque revela hasta dónde el reconocimiento de un liderazgo se traduce —o deja de traducirse— en capacidad para decidir. Los mismos sectores que reconocieron su conducción han terminado participando en un mecanismo en el que ella no ocupa ese lugar.

Sin embargo, la composición de una mesa no agota la representación de un país. Quienes negocian pueden acordar procedimientos, revisar leyes y organizar la renovación de instituciones. Necesitan también que lo que acuerden encuentre reconocimiento entre los ciudadanos. Allí pesa Machado: en la confianza de quienes esperan que la transición tenga un desenlace democrático y que las etapas anunciadas conduzcan, efectivamente, a él.

La movilización del 22 de octubre recordó que esa expectativa conserva capacidad de convocatoria. Sería un error confundir la paciencia de una población golpeada con la aceptación indefinida de cualquier plazo. También sería un error suponer que el respaldo a Machado puede transferirse automáticamente a decisiones tomadas sin ella. La confianza política tiene destinatarios y razones; quienes pretendan contar con ella tendrán que responder a ambos.

Su regreso ocurre, además, dentro de una realidad incómoda: Venezuela transita un proceso tutelado por Estados Unidos. Washington dispone de medios para condicionar al gobierno encargado, ordenar la negociación y establecer prioridades. El plan de tres fases de Marco Rubio expresa esa capacidad. Pero el poder de organizar una transición desde fuera tendrá que encontrarse con la voluntad de quienes deberán vivir sus resultados.

Machado vuelve a ese escenario con una responsabilidad enorme. Tendrá que convertir respaldo en influencia efectiva, sostener la exigencia sin agotar a quienes la acompañan y encontrar espacio para intervenir en una ruta cuyos controles no están en sus manos. Su liderazgo será medido también por esa capacidad: cuánto consigue acercar las decisiones a las aspiraciones de la gente.

Su presencia no garantiza que el proceso cambie de rumbo ni que adopte sus tiempos. Sí modifica las condiciones en las que los demás actores deberán desenvolverse. Una dirigente dentro del país puede escuchar, organizar, convocar y exigir desde una proximidad que la distancia limitaba. También queda más expuesta y asume de manera directa el costo de sus decisiones.

Machado estuvo políticamente presente durante su ausencia. Ahora esa presencia tiene otra densidad. El gobierno encargado, la representación de la Asamblea de 2015 y Washington tendrán que contar con ella, aunque prefieran conservar la composición actual de la mesa.

Ese es el alcance de su regreso: incorpora al terreno una fuerza que ya existía y que puede pesar sobre lo que viene. El rumbo sigue en disputa. El tercer factor está aquí.

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El calendario no elige a los jueces

Una fecha permite exigir que el proceso avance. Un criterio público permite preguntar hacia dónde.

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La fecha tiene una virtud: obliga a mirar el reloj. Después de tantas promesas sin día, saber cuándo comienza una postulación y cuándo se prevé entregar una lista permite formular preguntas precisas. ¿Se abrió el proceso? ¿Se recibieron los expedientes? ¿Se cumplió la etapa anunciada? El calendario convierte una intención en algo que puede ser observado.

Pero el reloj no responde quién merece administrar justicia. Esa respuesta necesita otra clase de precisión: qué se exige, cómo se comprueba y por qué una credencial vale más que otra. El procedimiento puede avanzar puntualmente y dejar intacta la duda sobre la calidad de su resultado.

Un aspirante no se vuelve independiente porque llegue a tiempo. Tampoco una hoja de vida se vuelve intachable por acumular páginas. Entre el documento y la decisión hay un juicio que debe poder explicarse. Allí está la importancia del baremo: no como una palabra técnica para especialistas, sino como una regla que permita seguir la comparación.

La sociedad necesita saber qué contará como mérito, qué impedirá avanzar y cómo podrá objetar una candidatura. Necesita, además, reconocer el uso de esas reglas cuando aparezca la lista final. Una tabla publicada y luego ignorada sería apenas otra forma de cumplir con la apariencia.

La expectativa de un tribunal distinto merece algo más sólido que la satisfacción de tachar casillas. Merece expedientes examinables, respuestas a las objeciones y decisiones cuyos argumentos sobrevivan a la pregunta más sencilla: ¿por qué esta persona?

Celebrar que haya calendario es razonable. Vigilar qué ocurre dentro de él es indispensable. La credibilidad del nuevo tribunal comenzará a construirse antes de que sus integrantes ocupen una sala: en la manera de escogerlos, en lo que se permita conocer y en lo que sus responsables estén dispuestos a explicar.

El calendario puede decirnos cuándo termina una selección. La confianza dependerá de que podamos entender cómo se hizo.

Fuentes y documentos

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La recuperación tiene destinatario

La recuperación se vuelve real cuando una familia puede reconocerla en su propia vida. Los acuerdos necesitan resultados que puedan comprobar quienes esperan salarios, servicios y derechos.

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La recuperación se vuelve real cuando una familia puede reconocerla en su propia vida. Los acuerdos necesitan resultados que puedan comprobar quienes esperan salarios, servicios y derechos.

Una familia no vive dentro de un indicador. Vive en una casa que hay que pagar, compra comida, se enferma, necesita luz y agua, hace cuentas. Puede escuchar que la producción mejora y seguir sin saber cómo llegará al final del mes. Las dos experiencias pueden coexistir. La pregunta política empieza cuando se pretende que una borre a la otra.

La exhortación de los obispos devuelve la discusión a ese lugar. Reconocer avances no obliga a abandonar la pregunta por sus destinatarios. Tampoco pedir resultados convierte a quien los pide en enemigo de la recuperación. Una mejora que no se puede examinar termina dependiendo de la confianza que se tenga en quien la anuncia.

Lo que una familia puede comprobar

El lenguaje de los acuerdos tiene sus razones: inversión, producción, etapas, garantías. El de una familia también las tiene: cuánto alcanza, cuánto tarda, qué cambió. Hacer política exige conectar esos lenguajes. Si se quedan separados, el éxito puede ser verdadero en una presentación y todavía remoto en una cocina.

Por eso el seguimiento no debería terminar en la firma ni en la visita a una instalación. Debe continuar por las preguntas incómodas: qué ingresó, quién lo administra, cómo se distribuye y en qué servicio puede verse. Preguntas sencillas de formular y, precisamente por eso, difíciles de sustituir con una consigna.

Pedir cuentas también es participar

La misma exigencia alcanza a las instituciones. La promesa de un árbitro distinto necesita reglas comprensibles y resultados verificables. La persona que espera votar debe poder saber qué falta, quién decide y qué se ha cumplido. Esa información no es un premio para los pacientes: forma parte de sus derechos.

Con frecuencia se les pide a los ciudadanos que entiendan procesos complejos. Es una petición razonable si viene acompañada de explicaciones y de cuentas. Se vuelve una carga injusta cuando entender significa aceptar que las respuestas siempre están reservadas para después.

La recuperación necesita tiempo, trabajo y recursos. También necesita que sus beneficiarios puedan reconocerla. No todos la sentirán al mismo ritmo ni de la misma manera. Esa diferencia hace más necesaria la información sobre sus resultados, no menos.

El destinatario no puede quedar para la última fase. Es la razón por la que todo el proceso debería valer la pena.

Para leer más en INCISOS


Documento de referencia: Documento de referencia · Exhortación de la CEV · 23 de octubre.

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