Hay una clase nueva formándose en silencio en Venezuela. No usa el viejo lenguaje del chavismo. Tampoco lleva los nombres conocidos del antichavismo. Es otra cosa. Tiene oficinas en Caracas, intereses en Bogotá, sociedades en Panamá y propiedades en el sur de la Florida. Tiene acceso a la mesa del rodrigato. Tiene firma autorizada. Y va a tener, si nadie pone reglas, un futuro económico muy parecido al de los oligarcas rusos de los noventa.

Lo dijo Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, el jueves 14 de mayo. Lo dijo en un foro que se llamó «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?». Lo dijo con palabras que pocos analistas se atreven a usar. La opacidad con que avanza el proceso de apertura económica en Venezuela puede derivar, advirtió, en una situación similar a la de Rusia post-soviética. Cuando un Estado entrega activos rápido, sin reglas, sin auditoría, sin contrapeso, el resultado conocido es oligarquía.

No es metáfora. Es lección operativa.

En 1991 la Unión Soviética se descompuso. Entre 1992 y 1996, el gobierno ruso aceleró un proceso de privatización masivo. Vouchers de privatización fueron distribuidos entre la población; los procesos competitivos quedaron en manos de quienes ya tenían acceso al poder político o a la información privilegiada. Los activos terminaron concentrados en pocas manos. Veinte años después, esas pocas manos eran dueñas de medios de comunicación, sectores estratégicos enteros, equipos de fútbol europeos y palacios en Mónaco. Cuando llegó Putin, los oligarcas que no se alinearon perdieron todo. Los que se alinearon, mantuvieron parte y devolvieron mucho. Pero la lógica oligárquica no se rompió. Solo cambió de dueño político.

Esa secuencia tiene tres componentes. Primero: velocidad. Cuando un Estado privatiza rápido y a oscuras, no hay sociedad civil que pueda procesar la información, ningún sistema judicial que pueda auditar, ningún parlamento que pueda controlar. Segundo: opacidad. Cuando los procesos de compra de activos no se publican, cuando los compradores no se identifican, cuando los precios pagados no se conocen, la diferencia entre privatización y reparto deja de tener sentido. Tercero: ausencia de contrapeso. Cuando no hay institución que pueda revisar, todo lo que se hace queda firme.

Venezuela 2026 tiene los tres componentes activos. Velocidad: Hidroven absorbió 28 hidrológicas regionales y municipales en una sola gaceta del 27 de enero. El Ministerio de Industrias y Comercio Nacional reúne 124 empresas bajo un mismo techo. PDV Holding fue renovada en mayo. La Corporación Venezolana de Minería cambió de comando. En cinco meses se reorganizó un patrimonio público que en cualquier país democrático tomaría años de discusión parlamentaria.

Opacidad: la Ley Antibloqueo de 2020, con cláusulas explícitas de confidencialidad sobre operaciones financieras del Estado, sigue formalmente vigente. Los inventarios públicos de activos no se han publicado. Las licitaciones, donde existen, operan con criterios discrecionales. Quién compra qué, por cuánto, con qué fondos, sigue siendo información reservada. El régimen ajustó el marco normativo, según el informe de Transparencia Venezuela, «sin que se cumplan estándares de competitividad, verificación del origen de los fondos de los potenciales compradores, transparencia sobre las condiciones y criterios de decisión de la venta de activos, rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino».

Ausencia de contrapeso: la Asamblea Nacional no audita el proceso. Los tribunales no revisan. La Contraloría General no fiscaliza con publicidad. La sociedad civil opera desde el exilio o desde el aliento corto. La prensa independiente sobrevive con limitaciones. Quien quiera saber qué pasó con un activo público específico, debe armarlo con denuncias parciales, documentos filtrados, declaraciones cruzadas. Eso no es contraloría. Es arqueología.

Si los tres componentes están activos, la pregunta no es si nacerá una oligarquía. Es cuál nacerá. Y aquí la advertencia se vuelve concreta.

Los oligarcas rusos no nacieron en ruptura con el sistema. Nacieron dentro de él. Eran ejecutivos de empresas estatales que conocían los activos antes que nadie. Eran funcionarios que entendían los procedimientos. Eran emprendedores con contactos en los niveles correctos. Eran, en muchos casos, personas honestas que se beneficiaron de un proceso opaco que les permitió comprar barato lo que valía mucho. La opacidad no exige mala fe. Exige solo asimetría de información. Y la asimetría es lo que el rodrigato, con su Ley Antibloqueo, lleva instalada como modo de operación.

¿Quiénes serán los oligarcas venezolanos del rodrigato? No los conocemos a todos. Pero conocemos los perfiles. Empresarios con relación previa con la administración chavista que ahora se reciclan. Funcionarios de segunda línea que han escalado en los últimos meses. Operadores con doble nacionalidad y vínculos en Miami, Madrid o Ciudad de México. Intermediarios financieros que aprendieron a navegar las sanciones. Y, en un porcentaje no despreciable, hijos, cuñados, sobrinos, compañeros de estudio. Mercedes de Freitas lo dijo: «en manos de compañeros de estudio o familiares del alto gobierno».

Lo que está en juego no es académico. Es el tipo de país en que viven y vivirán los venezolanos. Si la oligarquía del rodrigato consolida posiciones durante 2026 y 2027, el techo económico del país queda fijado de manera duradera. Habrá crecimiento. Habrá inversión. Habrá actividad. Pero todo dentro de un margen estrecho, definido por veinte o treinta familias con acceso al rodrigato. La movilidad social será residual. La clase media será relato, no realidad. Y la diáspora venezolana, esos ocho millones de personas dispersas en EE.UU., España, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, no encontrará espacio real de retorno productivo. Encontrará espacio de retorno como empleado o cliente, no como protagonista.

Si en cambio se ponen reglas ahora, en este momento, en el espacio de los próximos seis a doce meses, la historia puede ser distinta. Reglas no significa romance. Significa licitación auditable. Significa inventario público. Significa verificación del origen de los fondos de compradores. Significa rendición de cuentas. Significa, para el rodrigato, asumir costos políticos a cambio de viabilidad de largo plazo. Para Estados Unidos, condicionar su apoyo a la transparencia. Para la sociedad civil venezolana, recordar que el silencio frente al reparto es complicidad funcional.

Hay una clase nueva formándose. Aún no tiene nombre colectivo. Aún no tiene rostro público. Aún se mueve en silencio. La pregunta es si la sociedad venezolana, dentro y fuera del país, tendrá la capacidad de exigir reglas antes de que esa clase consolide su posición.

La pregunta es también para el venezolano en Miami, en Houston, en Doral, en Madrid o en Bogotá. Para el ecuatoriano, el chileno, el cubano, el mexicano que ha visto cómo otras transiciones se hicieron mal y otros oligarcas nacieron al pie de otros poderes. La pregunta es si se va a esperar a que el patrón se consume, para entonces denunciar lo que ya no se puede revertir. O si se va a leer la advertencia de Mercedes de Freitas con la seriedad técnica que merece.

No sabíamos que iba a nacer. Ahora sabemos. Es lo único que separa esta historia de la rusa de los noventa: una advertencia hecha a tiempo. Lo que se haga con ella define el resto.

Caracas–Columbus–Miami, una misma frase a tres tiempos.

Alfredo Yánez Mondragón

Editor de INCÍSOS

Hace 132 días que Nicolás Maduro fue capturado en Caracas. Hace 132 días que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Hace 132 días que la administración Trump opera en Venezuela el plan de tres fases que Marco Rubio articula como «estabilización, recuperación, transición».

Y hace 132 días que no hay cronograma electoral.

No hay fecha de fase. No hay meta verificable. No hay convocatoria del Consejo Nacional Electoral. No hay calendario público de cuándo se cierra la fase de estabilización y comienza la fase de recuperación, ni cuándo de la recuperación se pasa a la transición. Lo que sí hay es Estado 51 funcional —cuentas en Nueva York auditadas por KPMG, salarios pagados con dinero del petróleo, Repsol cuantificando un aumento del 10% en gas ante su Junta de Accionistas mientras Delcy Rodríguez camina flanqueada por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello al regreso de La Haya—.

Cuando un lenguaje de fases se prolonga sin fechas, deja de ser cronograma. Se convierte en estado permanente.

La distinción que importa

Hay dos formas de leer lo que está ocurriendo en Venezuela durante estos 132 días. La primera lectura es positiva: las condiciones materiales mejoraron, el petróleo fluye, las sanciones se desmontan, los acuerdos petroleros operan, la cooperación con Washington produce resultados verificables. En esta lectura, el Plan Rubio funciona como diseño y la pausa en el cronograma electoral es paciencia razonable. Marco Rubio mismo lo formuló así el martes 12 de mayo desde el Air Force One: «apenas han pasado cuatro meses, deberíamos estar satisfechos».

La segunda lectura es distinta. La fase dos del plan ofrece beneficios materiales inmediatos —ingresos petroleros, salarios pagados, importaciones reactivadas— que generan inercia política. Mientras esos beneficios fluyan, ninguno de los actores con poder de decisión tiene incentivo para forzar el avance a la fase tres. Ni Washington, que prefiere cooperación operativa estable. Ni Caracas, que prefiere mantener el aparato sin elecciones competitivas. Ni los inversionistas, que prefieren contratos firmados con la presidenta encargada actual antes que arriesgar el reordenamiento que vendría con cualquier transición real.

En esta segunda lectura, la fase dos no es etapa transitoria. Es modelo operativo.

Lo que la frase del título dice

«La transición que no llega o la transición sin nosotros» nombra los dos escenarios que la diáspora venezolana en Estados Unidos —cerca de 900.000 personas, una proporción significativa con TPS o ajustando estatus migratorio— debe considerar como reales en mayo de 2026.

El primer escenario: la transición no llega. La fase dos se prolonga indefinidamente. El rodrigato consolida cohesión interna —la caminata del 13 de mayo de Delcy con Jorge y Diosdado es la imagen literal de esa cohesión—. Las fechas electorales no se anuncian. El Consejo Nacional Electoral sigue sin pronunciamiento. María Corina Machado queda como referencia simbólica sin participación operativa. Trump se «satisface» con cuatro meses de avance. Rubio define que «no queremos esperar demasiado, pero tampoco quieres moverte demasiado rápido». Y en algún punto del segundo semestre del 2026 o del 2027, la fase dos deja de presentarse como transitoria y empieza a operar como statu quo.

El segundo escenario: la transición llega, pero sin los venezolanos que esperaron afuera. Llega con un cronograma definido por Washington y Caracas, sin participación efectiva de la oposición democrática, sin garantías reales de competencia política, sin posibilidad de retorno seguro para profesionales y familias que construyeron vida en Estados Unidos durante los últimos diez años. Llega como ratificación del modelo operativo actual, no como apertura democrática. Y la diáspora descubre que la conversación sobre Venezuela no la incluyó.

El cálculo de la diáspora

Para los profesionales venezolanos que se reubican durante 2026 —los que dejan Miami por Houston, Charlotte, Nashville, los que toman decisiones de comprar casa, inscribir hijos en escuelas, construir carrera, naturalizarse— el cálculo se hace sin esperar la transición. Se hace asumiendo que la transición, si llega, llegará en términos que no controlamos.

Esa decisión no es derrotismo. Es honestidad. Operar la vida con expectativa de retorno próximo a Venezuela en mayo de 2026 sería autoengaño con costo personal alto. Operar la vida construyendo de manera permanente en Estados Unidos no significa renunciar al país de origen. Significa reconocer que el calendario venezolano no está bajo nuestro control.

Lo que esta edición documenta

INCÍSOS no inventa este cuadro. Lo documenta. Las 31 piezas y el Especial «La Cara B de la transición» que componen la edición de hoy ofrecen evidencia con fechas, fuentes y métricas verificables: la confirmación de Rubio en Fox News del mecanismo financiero, el retrato oficial de Delcy en la FANB, la caminata del triunvirato, la cuantificación de Imaz del 10% en gas, los 132 días sin cronograma electoral. Cada pieza, sola, es noticia. La edición completa, sumada, es diagnóstico.

El diagnóstico no es esperanza ni desesperanza. Es información sobre dónde estamos.

Lo que viene

La fase tres del plan Rubio puede activarse en cualquier momento durante los próximos doce a veinticuatro meses. Puede activarse de manera que incluya a la oposición democrática. Puede activarse de manera que la excluya. Puede no activarse y consolidar el modelo actual como permanente.

La diáspora venezolana en Estados Unidos tiene una sola tarea operativa frente a estos tres escenarios: mantener la conversación. No la nostálgica. La política. La que documenta, analiza, exige claridad, denuncia cuando corresponde, y construye espacios donde el caso venezolano no se reduce a transacciones petroleras entre Washington y Caracas.

Esa conversación es la razón de ser de INCÍSOS. Y por eso esta edición, este viernes 15 de mayo, cierra con esta frase: la transición que no llega o la transición sin nosotros. Cualquiera de los dos escenarios exige que sigamos hablando.

Una periodista dijo al aire que el de Delcy Rodríguez es un gobierno de facto. Al día siguiente se disculpó. Esa disculpa, de facto, refrendó el calificativo del día anterior.

Lo que ocurrió fue lo siguiente. Una periodista venezolana, al aire, en una señal abierta, dijo lo que la gramática política venezolana viene dejando flotar desde el 3 de enero: que el de Delcy Rodríguez es un gobierno de facto. Veinticuatro horas después, la misma periodista, en la misma señal, pidió disculpas. Reformuló. Bajó el calificativo. Dijo otra cosa, más prudente, menos exacta.

La disculpa, sin proponérselo, ratificó lo dicho.

Porque lo que ratifica un calificativo no es la insistencia. Es la corrección.

Si el adjetivo hubiese sido injusto, la rectificación habría sido suficiente y el público habría seguido adelante. Pero el adjetivo había tocado un punto vivo. Y al día siguiente, la voz que lo había usado tuvo que retroceder. La retirada operativa, en política del lenguaje, es la confirmación más elocuente de que el adjetivo daba en la diana. Si no diera en la diana, nadie tendría que pedir disculpas por usarlo.

Crisis de significado

En las páginas de Incisos —el libro, no el medio— alguien describe una crisis particular: la de las palabras que dejan de querer decir lo que decían. Esa crisis no es metafórica. Tiene un costo concreto. Cuando una sociedad pierde la posibilidad de nombrar lo que ve, pierde simultáneamente la posibilidad de transformarlo. Lo innombrable no se reforma, no se vota, no se discute en mesa pública. Se administra desde las sombras.

Venezuela atraviesa, desde antes del 3 de enero, una crisis de significado. La transición democrática se nombra «tutelaje». La administración encargada se llama «interina» cuando lo cómodo, y «de facto» cuando lo incómodo. Los presos políticos son «detenidos» en el comunicado oficial, «excarcelables» en los anuncios de Arreaza, y «moneda de canje» en los análisis francos. El petróleo en custodia se describe como «medida temporal». Las elecciones se proyectan como «cuando estén dadas las condiciones». Y la palabra «soberanía» —que el chavismo histórico convirtió en cláusula universal de su retórica— aparece ahora en comunicados que celebran la operación que sacó a Maduro por la fuerza desde Caracas.

Cada una de esas palabras, leída despacio, esconde un eufemismo. Y cada eufemismo es una pieza del mismo dispositivo: la negativa colectiva a nombrar, en términos políticos precisos, lo que está pasando.

Qué significa, exactamente, «gobierno de facto»

El concepto no es retórica. Es categoría jurídica y politológica con bibliografía. Un gobierno de facto es aquel que ejerce el poder sin un mandato derivado de un proceso electoral libre, verificable y reconocido por la ciudadanía bajo cuya soberanía gobierna. Puede ejercerse con violencia o sin ella. Puede tener apoyo internacional o no. Puede operar con eficiencia administrativa o no. Lo que lo define no es la calidad de su gestión: es el origen no electoral de su autoridad.

Delcy Rodríguez no fue electa para ser presidenta encargada de Venezuela. Fue ungida —el verbo es de la propia tradición chavista— por una secuencia operativa: la captura de Maduro el 3 de enero, la negociación de Doha en la que la oposición electa no participó, el reconocimiento de Washington a cambio de petróleo y deuda. La cadena legal por la cual ella ejerce el poder no se reconstruye a partir de un voto. Se reconstruye a partir de una operación.

Eso no es un juicio moral. Es una descripción categorial. La palabra técnica que la describe se llama «gobierno de facto». La incomodidad que el término genera no viene de su inexactitud. Viene de que es exacto.

Por qué causa angustia

Hay una pregunta que la disculpa de la periodista vuelve obligatoria. ¿Por qué la palabra «de facto» genera tanta ofensa en sus destinatarios?

No es porque sea inexacta. Hay rangos enteros de la descripción venezolana —los presos políticos, las muertes bajo custodia, la opacidad presupuestaria— frente a los cuales el régimen, encargado o el anterior, ha mostrado una paciencia notable. Las cifras de Foro Penal no han generado disculpas de ninguna periodista. Las muertes documentadas tampoco. La fragilidad del marco jurídico de la transición tampoco.

«De facto» causa angustia porque desnuda la pretensión de continuidad institucional. La administración encargada necesita ser leída como «presidente legítimo en circunstancias excepcionales». No como «autoridad sin mandato electoral». La primera lectura permite recibir embajadores, firmar acuerdos de deuda, ungir reestructuraciones. La segunda obliga a una pregunta más incómoda: ¿quién, exactamente, autorizó a esa autoridad a comprometer el patrimonio futuro de un país?

La construcción «de facto» activa esa pregunta. Por eso quien la usa, en la señal abierta de un país que vive bajo régimen administrado, recibe la presión institucional para retirarla. No porque el adjetivo sea falso. Porque es funcional.

La rectificación que confirma

Hay un viejo principio del periodismo, y una vieja regla del análisis del discurso, que dicen lo mismo con distintos vocabularios. La corrección al aire de un adjetivo previamente emitido no neutraliza el adjetivo: lo subraya. Lo coloca en el plano de la disputa. Lo convierte en término marcado.

Cuando la periodista volvió al día siguiente a pedir disculpas, hizo algo distinto de lo que quería hacer. Pretendía cerrar un episodio. Lo que produjo fue documentación pública de que el episodio era real. Si el calificativo hubiese sido casual, anodino, sin carga política, ninguna disculpa habría sido necesaria. La disculpa es la evidencia del peso del adjetivo. Y, por extensión, evidencia de la precisión del adjetivo.

«De facto» pasó, por la vía de la rectificación, de ser un término técnico a ser un término marcado. Lo seguirá siendo. La próxima vez que una voz en señal abierta lo use, sabrá que lo está usando. Y cuando lo evite, sabrá que lo está evitando. La autocensura, una vez activada, no se vuelve a desactivar fácilmente.

Cómo dejar de ser un gobierno de facto

La pregunta de fondo es la que ningún comunicado oficial venezolano se hace en público. Si hoy la administración encargada es —por origen, por procedimiento, por reconocimiento— un gobierno de facto, ¿cuáles serían las condiciones para que dejara de serlo?

La lista es corta. Una. Convocatoria formal a elecciones libres, transparentes, observadas internacionalmente, con todos los partidos compitiendo y todos los candidatos elegibles. Dos. Calendario electoral con fechas concretas, no condicionadas a «cuando estén dadas las condiciones» que la misma administración define. Tres. Plena participación de la oposición que ganó el 28 de julio de 2024, en particular del candidato cuyo triunfo fue documentado con actas. Cuatro. Liberación completa de los presos políticos antes de la convocatoria, no como ofrenda final del proceso. Cinco. Ratificación, por el gobierno electo, de los compromisos firmados durante el período encargado, sin clausula de irreversibilidad. Seis. Auditoría pública de los ingresos petroleros y de los acuerdos comerciales firmados durante la administración encargada.

Cumplidos esos seis puntos, la siguiente autoridad de Venezuela no se llamará «de facto». Se llamará «gobierno». Sin apellido. Sin tutela. Sin asterisco.

Ninguno de los seis puntos está, al cierre de mayo de 2026, en agenda visible.

De ahí la angustia. De ahí la disculpa. De ahí también la repetición exacta del adjetivo en este texto: porque hay que decirlo en voz alta una vez más antes de que la autocensura cierre del todo la puerta del lenguaje.

Si esto es lo que un país puede permitirse llamar «administración», entonces sí: la pregunta del Inciso es real. ¿Cómo se deja de ser un gobierno de facto, sin apellido, ni tutelado, ni interino?

De la respuesta dependen muchas cosas. Entre ellas, no sobresaltarse por una licencia léxica que habría podido escurrirse entre tanta razón sobreexpuesta. Pero que, de facto, la han hecho sobresalir.

Alfredo Yánez Mondragón
Editor en jefe · INCÍSOS