INCISO

La presidenta encargada anunció que el Estado se desprenderá de lo «no esencial». Tiene razón en algo: en Venezuela siempre ha habido una línea entre lo esencial y lo que no. Lo que nunca se ha dicho es quién la traza, ni qué queda del lado de lo que no se suelta.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay palabras que un gobierno escoge con más cuidado que otras. El jueves 29 de octubre, en su alocución desde Miraflores, Delcy Rodríguez escogió una que merece detenerse: «no esenciales». Dijo que el Estado valorará sus activos no esenciales para venderlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos dueños. La frase se leyó como el fin de la estatización chavista. Yo la leo como otra cosa: como una confesión involuntaria de cómo se ha gobernado Venezuela durante veinte años.

Porque si hay activos no esenciales, hay activos esenciales. Y la pregunta que importa no es qué se suelta, sino qué se guarda.

Lo que se suelta

Lo que se suelta, a juzgar por lo que ya sabemos, son fábricas. Plantas de aceite, de cereales, de papel, de cauchos. Empresas que el chavismo expropió con cámaras y discursos, que dejó caer durante una década y que desde 2020, bajo la Ley Antibloqueo, venía entregando a operadores privados sin publicar un solo contrato. Lo contamos en detalle aquí. Lo nuevo no es la entrega. Es el anuncio.

También se sueltan campos petroleros. Diecisiete, a una sola empresa, con un socio que nadie eligió y una producción que hoy es poco más de una quinta parte de lo prometido, según lo que encontró Reuters en el terreno y contamos aquí. Se sueltan con generosidad, con prisa y sin licitación.

Todo eso, por lo visto, es lo no esencial. Lo que se puede negociar, ceder, devolver o regalar sin que el poder cambie de manos.

Lo que no se suelta

Lo esencial es otra lista, y no la ha leído nadie en cadena nacional.

Es esencial el calendario. La presidenta encargada puede decir cuándo entra una turbina en Macagua, cuándo llegan cuatro aumentos en 2027 y hasta cuándo dura un contrato petrolero, pero no puede decir cuándo votan los venezolanos. Eso no se negocia: se administra.

Es esencial el aparato que vigila y detiene. La Misión de la ONU dijo en septiembre que sigue intacto, y los hombres que lo dirigieron siguen en puestos clave. El que dirigía el Sebin cuando murió Fernando Albán custodia hoy a la presidenta encargada. Lo repasamos en su perfil.

Son esenciales las leyes que permiten actuar sin rendir cuentas. La ley contra el odio, que la Constituyente que ella presidía aprobó en 2017 y que ahora admite que se aplicó «de forma abusiva», sigue vigente. La Ley Antibloqueo, cuya virtud según ella misma eran los «mecanismos de confidencialidad», también.

Y es esencial el árbitro. El nuevo TSJ se escogerá en seis semanas, con un cronograma que encoge los lapsos para que los ciudadanos objeten y el Poder Ciudadano revise, como contamos aquí. Un tribunal de doce años no se elige con prisa salvo que la prisa sirva a alguien.

La línea

Lo que el anuncio del jueves revela es que el rodrigato tiene muy clara la frontera entre lo que se entrega y lo que se conserva. Se entrega lo que produce dinero y no produce poder. Se conserva lo que produce poder, aunque no produzca nada más. Las fábricas pueden volver a sus dueños. El país, todavía no.

No digo esto para negar que haya cambios. Los hay. Hay presos que salieron, hay una ley de amnistía, hay un petróleo abierto al capital privado, hay un comité escogiendo magistrados y un Departamento de Estado que habla de vacantes y plazos. Sería deshonesto ignorarlo. Pero también sería ingenuo confundir el desprendimiento de lo accesorio con la renuncia a lo principal.

La transición venezolana se está negociando con quien sabe, mejor que nadie, qué es esencial. Esa es su fortaleza como negociadora y su límite como reformista. Quien presidió la Constituyente, supervisó el Sebin y promovió la ley del secreto no ignora qué piezas sostienen el poder. Por eso suelta las otras.

Lo esencial para los demás

Para los venezolanos, la lista es más corta y más simple. Es esencial votar en una fecha cierta, ante un árbitro que nadie escogió a escondidas. Es esencial no ir preso por una opinión. Es esencial saber qué se firmó con el petróleo y con las empresas que fueron de todos. Es esencial que quien gobierne responda por lo que hizo antes de gobernar.

Para los que vivimos fuera, hay algo más. Desde aquí se mira la transición con una pregunta doble: si podemos quedarnos donde estamos y si algún día podremos volver. Ninguna de las dos se responde con fábricas devueltas. Se responden con reglas, con fechas y con instituciones que no dependan de una sola persona.

Delcy Rodríguez pidió que la midan por los hechos. Midámosla, entonces, por lo que decide guardar. Mientras lo esencial siga del lado de lo que no se suelta, todo lo demás, por mucho que se anuncie, será exactamente eso: lo no esencial.

Fuentes principales: Alocución de Delcy Rodríguez (29 de octubre de 2026); notas de INCÍSOS citadas en el texto.

INCISO

En Venezuela funciona un ordenamiento que invoca la Constitución cuando le conviene y la ignora cuando estorba. La propia Carta previó ese momento. Dos artículos, el 333 y el 350, dicen qué hacer: no reconocer lo que la contraría y trabajar, cada uno desde su lugar, para que vuelva a regir.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, porque la respuesta incomoda a todos los que hoy se sientan a negociar: ¿está vigente la Constitución de Venezuela? Se la cita en los comunicados, se la invoca en los tribunales, se jura sobre ella. Pero si uno la abre y la compara con lo que ocurre, la respuesta honesta es que no rige. Lo que funciona en el país es otra cosa: un ordenamiento hecho de excepciones, que toma de la Carta de 1999 lo que le sirve y cierra los ojos ante lo que le estorba.

La buena noticia es que la Constitución previó exactamente este momento. Lo hizo en dos artículos que conviene leer completos, sin recortes ni consignas.

Lo que dicen

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

El 350 es el de la desobediencia: autoriza a no reconocer lo que contraría la democracia. El 333 es el de la reconstrucción: dice que la Constitución no muere porque se la deje de cumplir, y convierte en deber de todos, con cargo o sin él, el trabajo de devolverle su vigencia efectiva. Uno es la negativa; el otro, la obligación. Leídos juntos, no son un llamado al desorden. Son una hoja de ruta.

Los indicios

Decir que la Constitución no rige no es una frase. Es un inventario.

El poder ejecutivo. El 3 de enero, la Sala Constitucional declaró la «ausencia forzosa» de Nicolás Maduro y ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como presidenta encargada, según Runrunes. La figura no existe en la Carta. El artículo 233 regula la falta absoluta: si ocurre en los primeros cuatro años del período, se elige un nuevo presidente en los treinta días siguientes. El 234 regula la falta temporal: noventa días, prorrogables por otros noventa con la Asamblea Nacional. Han pasado casi diez meses. Cualquiera que sea la figura que se invoque, los plazos están vencidos, como recuerda Acceso a la Justicia citado por TalCual. Y la hoja de ruta que describe Washington habla de declarar la vacante cuando estén listos el nuevo TSJ y el nuevo CNE, y de seis meses para elegir. Seis meses no son treinta días.

Dos parlamentos. La Asamblea Nacional electa en 2015 tiene una delegación sentada en la mesa de Caracas, firma acuerdos y negocia garantías como si fuera un poder del Estado, aunque su período constitucional de cinco años terminó en 2021. Al mismo tiempo, la Asamblea electa en 2025, bajo un Consejo Nacional Electoral cuyas reglas y garantías nunca quedaron claras, legisla, reforma la Ley de Hidrocarburos y escoge a quienes filtrarán al nuevo Tribunal Supremo. Las dos se reconocen cuando hace falta y se ignoran cuando conviene. La Constitución prevé una sola.

Leyes que no existen. Siguen en vigor al menos doce «leyes constitucionales» dictadas por la Constituyente de 2017, una categoría que no aparece en ninguno de los 350 artículos de la Carta. La ley contra el odio es una de ellas, y se reforma con las reglas que dejó escritas la propia Constituyente. Lo documentamos en el especial Leyes sin rango.

Derechos políticos suspendidos sin juez. El artículo 42 dice que los derechos políticos solo se suspenden por sentencia judicial firme, y el 65 limita la inhabilitación a quienes hayan sido condenados. María Corina Machado fue ratificada como candidata por la Plataforma Unitaria, pero la inhabilitación administrativa sigue en pie.

Los árbitros. El artículo 296 dice que el CNE lo integran cinco personas no vinculadas a partidos, postuladas por la sociedad civil, las facultades de derecho y el Poder Ciudadano, y designadas por la Asamblea. El artículo 270 dice que el Comité de Postulaciones Judiciales lo integran representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Hoy el comité del nuevo TSJ lo integran diputados y doce civiles escogidos por diputados, como advirtió Ángel Alberto Bellorín en su columna, y la reforma del CNE que se discute no pasaría por la Asamblea, según el funcionario estadounidense citado por TalCual.

Los presos y el presupuesto. Foro Penal contaba 322 presos políticos al 5 de octubre, en un país cuya Constitución garantiza la libertad personal y el debido proceso. Y el presupuesto de 2027, que según los artículos 313 y 314 es la única base legal del gasto público, no se ha publicado. «Ninguna ley puede ser secreta», le recordó Transparencia Venezuela al Gobierno.

Por qué el 333 cambia la lectura

Ante ese inventario, hay dos tentaciones. La primera es dar la Constitución por muerta y empezar de cero, con otra constituyente, otro pacto, otro país. La segunda es fingir que rige y aceptar cada excepción como si fuera normal. El artículo 333 cierra las dos puertas. La Carta no ha perdido su vigencia: está suspendida de hecho, no derogada. Y si está vigente, cada acuerdo, cada ley y cada nombramiento se puede medir con una sola pregunta: ¿devuelve a la Constitución una parte de su vigencia, o la aleja un poco más?

Con esa regla, la transición deja de ser una conversación entre élites y se vuelve verificable. Un TSJ escogido como manda el 270 es un paso hacia la Constitución. Un CNE designado como manda el 296, también. La derogación de las leyes de la Constituyente, la restitución de los derechos políticos por vía judicial, la libertad de los presos políticos y una elección presidencial convocada conforme al 233 lo son. Todo lo que se haga por fuera de esas normas, aunque se presente como avance, posterga la vuelta.

El 350, por su parte, es lo que le da sentido a la calle. Cuando la gente sale a pedir una fecha, no desafía el orden: ejerce el derecho que la propia Constitución le reconoce de no aceptar como normal lo que contraría sus valores democráticos. Pero el 350 no es un cheque en blanco. Su límite está escrito en el mismo artículo: se desconoce lo que contraría la democracia y los derechos humanos, no lo que incomoda a un grupo. Por eso necesita al 333: la desobediencia sin reconstrucción se agota en la protesta.

El deber de todos

El 333 tiene una frase que conviene subrayar: el deber de colaborar en el restablecimiento de la Constitución es de «todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad». No excluye a nadie. Obliga a la presidenta encargada, que tendrá que entregar un cargo que la Carta nunca le dio por tanto tiempo. Obliga a las dos asambleas, que tendrán que dejar de comportarse como gobiernos paralelos. Obliga a los jueces, a los militares, a los negociadores de la mesa y a quienes, desde Washington, diseñan plazos que la Constitución no conoce. Y obliga a cada venezolano, dentro y fuera del país, a exigir que cada paso se mida con la Carta y no con la conveniencia.

Esta semana escribí que la desesperación por el poder no está en quien pide votar, sino en quien necesita que el día de votar no llegue. El 333 y el 350 explican por qué. Pedir una fecha no es pedir un favor: es pedir que la Constitución vuelva a regir.

Si dentro de unos meses el país tiene un TSJ, un CNE y una elección hechos como manda la Carta, habrá valido la pena aferrarse a estos dos artículos. Si no, al menos sabremos con precisión qué faltó. La Constitución no rige. Pero no ha perdido su vigencia. Esa diferencia es todo lo que tenemos, y es suficiente para empezar.

Fuentes principales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), artículos 42, 65, 233, 234, 270, 296, 313, 314, 333 y 350; Runrunes (3 de enero de 2026); TalCual, con EFE (26 de octubre de 2026); Foro Penal; Transparencia Venezuela.

INCISO

La presidenta encargada acusó a otros de estar desesperados por el poder desde una tarima, con el Estado detrás y sin fecha de elecciones. La desesperación no está en quien pide votar. Está en quien necesita que el día de votar no llegue.

El domingo, una mujer atravesó cinco estados en caravana. Once horas de carretera, peajes llenos, gente en las autopistas gritando «libertad». Nadie la llevó en autobús, nadie le pagó a nadie para que estuviera ahí. Llegó a Caracas de noche y dijo lo único que podía decir: cuánto necesitaba estar aquí.

El martes, otra mujer subió a una tarima en Guacara. Había música, un gobernador que anima como nadie, una comuna escogida por su votación y la transmisión del canal del Estado. Cantó, bailó, prometió salarios, luz y oro de Londres. Y desde esa tarima, con todo el aparato detrás, dijo que había visto a quienes están «desesperados por el poder».

Conviene detenerse en la frase, porque es de esas que se explican solas cuando se mira quién la dice.

Quién tiene qué

Delcy Rodríguez gobierna sin haber sido elegida para gobernar. Llegó a Miraflores por la captura de Nicolás Maduro, administra el petróleo con permiso de Washington, preside de hecho una mesa en la que su hermano negocia, controla el CNE que no se ha renovado y el TSJ que apenas se empieza a escoger. Tiene el poder. Lo que no tiene es un mandato.

María Corina Machado ganó una primaria con más del 92 % de los votos, fue inhabilitada para competir, vio cómo su candidato ganaba con actas en la mano y no se juramentaba, pasó un año en la clandestinidad, recibió un Nobel y volvió. Tiene el mandato que dan los votos. Lo que no tiene es una fecha para usarlo.

Una pide votar. La otra decide cuándo se vota. Basta poner las dos cosas una al lado de la otra para saber quién está desesperada.

La tarima para el show

Hay una frase más de aquel martes que no debería perderse. «Una cosa es la tarima para el show y otra cosa es el trabajo junto a la gente», dijo la presidenta encargada. Lo dijo en una tarima. Con un show. El lunes había llamado «show» a la caravana de Machado y le había recordado que «ahí están los aeropuertos». Como si el país no supiera por qué alguien que quiere volver a su casa no llega por Maiquetía.

Ese mismo martes, en Texas, Donald Trump llamaba «regalo» a un millón de barriles que su Gobierno pagó y proponía hacer de Venezuela el estado 51, con un gobernador en lugar de un presidente. Y en Washington, Marco Rubio hablaba de «plazos acordados» que nadie ha visto. Tres escenarios, una misma ausencia: en ninguno estuvo el día en que los venezolanos votarán.

Lo que delata la prisa

La desesperación por el poder no se nota en quien recorre carreteras pidiendo una fecha. Se nota en quien necesita llenar plazas con recursos públicos, usar el Mes Rosa como escenario y llamar show a lo ajeno mientras monta el propio. Se nota en quien prefiere un calendario secreto a uno público. Se nota en quien, teniéndolo todo, todavía no se atreve a medirse.

Si la presidenta encargada está tan segura del pueblo organizado que invocó en Guacara, la solución es sencilla y no requiere tarima: una fecha, un CNE nuevo, la habilitación de quien quiera competir y que gane quien saque más votos. Si no la pone, la frase de Guacara habrá quedado, para siempre, como una confesión.

Para leer más en INCÍSOS

1. Delcy Rodríguez hace campaña sin haber fijado la fecha de elecciones: la tarima de Guacara.
2. Machado cambia la carretera por la sede de su partido: la caravana y lo que viene.

Fuentes principales: teleSUR, Prensa Latina, Cactus24, Contrapunto y La Nación (26 y 27 de octubre de 2026); Infobae y Libertad Digital, sobre el regreso de Machado; Infobae y The Washington Post, sobre Trump; AP, sobre Rubio.