El jueves 14 de mayo de 2026, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos publicó su Informe Anual 2025 con el título «El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia». El documento, de 22 minutos de lectura, recoge en cifras lo que la frase «supérenlo, perdónennos y vuelvan» pretende clausurar. Desapariciones forzadas multiplicadas por casi tres. Salario mínimo de 45 centavos de dólar mensuales. Diez mil ochocientas cincuenta y tres personas asesinadas por agentes del Estado desde el inicio del gobierno Maduro. Y un dato que reordena la conversación: Venezuela ocupa, por décimo año consecutivo, el último lugar del mundo en el Índice de Estado de Derecho. —

La frase y el documento

El miércoles 7 de mayo de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, pronunció una frase dirigida explícitamente a la diáspora: «Supérenlo, perdónennos y vuelvan». La declaración, recogida por medios venezolanos y por la prensa internacional, sintetizaba en seis palabras el tono que el Rodrigato pretende imponer sobre la conversación pública de la transición. Pasar página. Olvidar. Volver al país sin condiciones previas.

Siete días después, el jueves 14 de mayo de 2026, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos publicó su Informe Anual 2025 bajo el título «El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia». El documento, de 22 minutos de lectura, recoge con cifras verificadas las razones por las que esa frase resulta insostenible.

Provea no responde a Rodríguez. No lo nombra. No lo discute. Pero documenta exactamente lo que su frase pretende clausurar.

Una cifra que reordena todo

Hay un dato en el informe de Provea que, por sí solo, debería estar en cualquier conversación sobre la transición venezolana. Venezuela ocupa, por décimo año consecutivo, el último lugar del mundo en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Lugar 143 de 143 países evaluados. Comparte los últimos puestos con Camboya, Myanmar y Haití.

Esa cifra no es de los enemigos del gobierno. No es de la oposición. No es de Washington. Es del WJP, un proyecto de monitoreo internacional con metodología pública, que mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y justicia penal. En las ocho dimensiones, Venezuela aparece entre los peores diez del mundo. Y lo hace de manera consistente. Una década completa. No es coyuntura. Es estructura.

Eso es lo que se hereda el 3 de enero de 2026, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, cerrando 27 años de gobierno chavista-madurista y abriendo una etapa que Provea describe como «un país bajo tutela externa, con cientos de presos políticos aún detenidos, una economía reducida en más del 75% y una sociedad que lleva años reconstruyendo su tejido desde la resistencia».

Las cifras del último año

El Informe Anual 2025 documenta el año más severo en términos de represión política del registro histórico de Provea, que data de 1988.

Desapariciones forzadas: 95 casos con 160 víctimas en 2025. Un aumento del 196% respecto a 2024. Un aumento del 841% sobre el promedio histórico que la organización ha registrado durante 37 años. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable del 43% de las detenciones arbitrarias asociadas. La Dirección General de Contrainteligencia Militar estuvo involucrada en el 25% de los casos.

Detenciones por razones políticas: 513 víctimas en 2025. Segundo año más alto en el registro histórico, solo superado por 2024 con al menos 2.229 personas. Un aumento del 102% sobre el promedio de los últimos 17 años. El 11% de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes.

Tortura y tratos crueles: 659 denuncias documentadas. Al menos 42 personas reportaron haber sido víctimas de torturas. Una persona fue asesinada en el estado Barinas a consecuencia de torturas. Al menos 463 privados de libertad por razones políticas denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Ejecuciones por agentes del Estado: 336 víctimas en 2025. La cifra acumulada desde el inicio del gobierno Maduro asciende a 10.853 personas. El 76% de las presuntas ejecuciones ocurrió en pleno día. El 54% de las víctimas tenía entre 18 y 30 años. El 4% eran menores de edad. La Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas encabezan la responsabilidad con 96 presuntas ejecuciones cada uno durante el año.

Estas son las cifras sobre las cuales Jorge Rodríguez pide que la diáspora «se supere» y «vuelva».

El salario de 45 centavos

La dimensión económica del informe es igual de severa. El salario mínimo permaneció congelado en 130 bolívares durante más de 1.300 días. En diciembre de 2025 equivalía a 0,45 dólares al mes. El más bajo de América Latina. El ingreso mínimo integral llegó a 160 dólares en mayo de 2025, pero incluye bonos discrecionales no formalizados como salario, lo que excluye a millones de trabajadores de prestaciones sociales, pensiones y seguridad social.

El 34,1% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. La estimación del desempleo en 2024 alcanzó el 40,3%. La brecha entre quienes perciben ingresos en divisas y quienes dependen exclusivamente del salario oficial profundizó la desigualdad estructural.

Sobre alimentación: el salario mínimo cubre apenas el 1% de la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo costo llegó a 565 dólares en 2025. Cáritas de Venezuela documentó un 9,1% de desnutrición aguda en comunidades vulnerables. Una de cada tres personas recurrió a la mendicidad para alimentarse. Más de la mitad de la población redujo la calidad y cantidad de sus comidas.

Sobre salud: el 89,8% de los hospitales reportó que no tenía medicamentos. El 88,5% carecía de insumos básicos. El 87,7% no contaba con equipos médicos. Venezuela lleva desde 2016 sin publicar datos epidemiológicos oficiales. El 94,6% de los venezolanos sigue dependiendo exclusivamente del sistema sanitario público, que opera con una reducción cercana al 80% de sus capacidades de atención.

Sobre vivienda: el déficit acumulado es de 2,2 millones de viviendas. El gobierno prometió construir 400.000 en 2025; Provea verificó la entrega de 1.415. El 62,3% de los hogares tiene restricciones graves de agua potable. El 73% sufre interrupciones en la recolección de basura. El 77,6% enfrenta crisis de gas.

Estos no son indicadores de un país en crisis pasajera. Son indicadores de un colapso institucional consolidado durante una década.

Lo que la Misión de la ONU concluyó

El informe Provea recoge dos pronunciamientos internacionales especialmente severos del último año.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, advirtió en diciembre de 2025 que la situación en Venezuela no había mejorado: persisten las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las restricciones al espacio cívico y la militarización progresiva de la vida pública. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, con mandato renovado por la ONU hasta octubre de 2026, concluyó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana han cometido crímenes de lesa humanidad durante más de una década, bajo una cadena de mando centralizada en el presidente.

La Corte Penal Internacional cerró su oficina en Caracas en diciembre de 2025 por falta de «progreso real» en la cooperación del Estado venezolano. La investigación por crímenes de lesa humanidad sigue activa desde 2014, con más de 8.000 testimonios recabados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció más de 45 veces sobre Venezuela en 2025 y adoptó 33 medidas cautelares, un aumento del 22,2% respecto a 2024 y el nivel más alto en la última década. La Corte Interamericana emitió 6 sentencias contra el Estado venezolano durante el año.

La eficacia del miedo

El prólogo del informe lo escribe Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación. Su lectura introduce un concepto editorialmente clave: el «efecto de enfriamiento».

«Aunque las cifras brutas de detenciones o protestas puedan mostrar un descenso respecto a picos históricos, esto no se debe a una mejora en las garantías, sino a la eficacia del miedo». La represión se ha vuelto más selectiva. Golpea con precisión a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Lo que aparenta moderación en los datos brutos es, en realidad, sofisticación represiva.

Esta lectura importa porque puede leerse en la dirección equivocada. Cualquier observador externo que mire la cifra de 336 ejecuciones en 2025, frente a las 524 de 2024, podría concluir que el gobierno «mejoró». La Relatora Romero advierte exactamente lo contrario. La reducción no es producto de una política de derechos humanos. Es producto de una sociedad civil más asfixiada, una población más temerosa de protestar, un sistema judicial más cooptado y una opacidad estadística más severa. Menos casos visibles no significa menos violaciones. Significa menos canales para documentarlas.

Lo que la diáspora necesita leer

Para los millones de venezolanos en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Perú, en Chile, el Informe Provea 2025 ofrece algo más que cifras. Ofrece la base documental sobre la cual cualquier transición legítima debe construirse.

Lo que Jorge Rodríguez pide cuando dice «supérenlo» no es reconciliación. La reconciliación, como observó Ángel Oropeza en la entrevista que INCÍSOS publicó esta misma edición, «debe basarse en el reconocimiento de responsabilidades, reparación de los daños, aseguramiento de no repetición». Eso es justicia. Lo otro es pasar la página. Lavarse las manos. Convertir a las víctimas en obstáculo.

El informe de Provea no es panfleto. Es trabajo técnico de una organización con 37 años de monitoreo, cuya labor de documentación, según la Relatora Romero, «impide que el olvido se convierta en ley».

Esa frase es la que mejor sintetiza el sentido editorial de este documento. Si Venezuela acepta el «supérenlo» como modelo de transición, el olvido se convierte en ley. Si Venezuela exige verdad, justicia y reparación, el olvido pierde. Provea ofrece las cifras para que esa exigencia tenga base.

Las exigencias

Las recomendaciones que cierran el informe son extensas pero pueden resumirse en una sola línea editorial: la transición venezolana solo será legítima si desmantela el andamiaje represivo construido durante los últimos 25 años y recupera la separación de poderes públicos. No hay reconstrucción institucional posible que conserve la estructura institucional que produjo las violaciones documentadas.

Eso significa, en concreto, desmontar la legislación represiva (incluida la Ley de ONG que entró en plena vigencia en 2025), reconstruir el sistema judicial, garantizar un salario mínimo constitucionalmente protegido, crear una Ley Orgánica de Salud pendiente desde 1999, activar la demarcación de territorios indígenas detenida desde 2015, y establecer responsabilidades penales no solo de autores materiales sino de cadenas de mando.

La «tercera pata de la mesa» que Ángel Oropeza pidió en la entrevista de INCÍSOS para una transición sostenible, Provea la dibuja con su contenido específico: una sociedad civil con capacidad de exigir, organizar y documentar.

Lo que se documenta no se borra

A cuatro meses y once días de la captura de Maduro, la transición venezolana enfrenta su prueba más difícil. No es la prueba económica. No es la prueba electoral. Es la prueba de qué se hace con el legado documentado.

El Informe Anual 2025 de Provea es la respuesta más completa que la sociedad civil venezolana ha entregado a esa pregunta hasta hoy. No prescribe el desenlace. Documenta el punto de partida. Y al hacerlo, fija una condición mínima: ninguna transición que pretenda construir el futuro sobre la negación del pasado tiene legitimidad real.

«El olvido no se convertirá en ley», dice el prólogo del informe. Esa es la frase con la que Provea responde, sin nombrarlo, al «supérenlo» de Jorge Rodríguez. Y es la frase que la diáspora hispana en Estados Unidos —donde viven millones de personas que se fueron precisamente por lo que el informe documenta— necesita escuchar.

Lo que se documenta no se borra. Y Provea acaba de documentar diez mil ochocientas cincuenta y tres razones, una por una, para que el olvido no sea ley.

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Fuentes principales

• Informe Anual 2025 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), «El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia», publicado el jueves 14 de mayo de 2026.
• Prólogo del informe a cargo de Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación.
• Capítulo especial «Venezuela: el fin de una época» a cargo de la historiadora y politóloga Margarita López Maya.
• World Justice Project, Rule of Law Index 2025.
• Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Naciones Unidas.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares y pronunciamientos sobre Venezuela 2025.
• Corte Penal Internacional, Estatuto de la Oficina en Caracas, comunicado de cierre de diciembre de 2025.