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Política

Provea pone en cifras lo que el «supérenlo» borra

El Informe Anual 2025 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos documenta con cifras verificadas lo que ninguna transición puede ignorar.

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El jueves 14 de mayo de 2026, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos publicó su Informe Anual 2025 con el título «El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia». El documento, de 22 minutos de lectura, recoge en cifras lo que la frase «supérenlo, perdónennos y vuelvan» pretende clausurar. Desapariciones forzadas multiplicadas por casi tres. Salario mínimo de 45 centavos de dólar mensuales. Diez mil ochocientas cincuenta y tres personas asesinadas por agentes del Estado desde el inicio del gobierno Maduro. Y un dato que reordena la conversación: Venezuela ocupa, por décimo año consecutivo, el último lugar del mundo en el Índice de Estado de Derecho. —

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Provea publicó el Informe Anual 2025 «El eclipse de la Constitución», con datos verificados sobre violaciones de derechos humanos durante el último año del gobierno Maduro.
Quién El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), con prólogo de Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas, y capítulo especial de la historiadora Margarita López Maya.
Cuándo Jueves 14 de mayo de 2026. Cuatro meses y once días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.
Dónde Venezuela. El informe cubre 14 derechos humanos documentados en todo el territorio nacional, con datos de instituciones venezolanas, organismos internacionales y sistemas de monitoreo de la sociedad civil.
Por qué Porque la transición tutelada en curso enfrenta una pregunta que no se puede contestar con olvido: qué hacer con un legado documentado de violaciones sistemáticas que el informe ahora consolida en cifras.
Cómo Con monitoreo permanente de 14 derechos, cruce con datos oficiales del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística, y verificación con la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la CIDH.

La frase y el documento

El miércoles 7 de mayo de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, pronunció una frase dirigida explícitamente a la diáspora: «Supérenlo, perdónennos y vuelvan». La declaración, recogida por medios venezolanos y por la prensa internacional, sintetizaba en seis palabras el tono que el Rodrigato pretende imponer sobre la conversación pública de la transición. Pasar página. Olvidar. Volver al país sin condiciones previas.

Siete días después, el jueves 14 de mayo de 2026, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos publicó su Informe Anual 2025 bajo el título «El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia». El documento, de 22 minutos de lectura, recoge con cifras verificadas las razones por las que esa frase resulta insostenible.

Provea no responde a Rodríguez. No lo nombra. No lo discute. Pero documenta exactamente lo que su frase pretende clausurar.

Una cifra que reordena todo

Hay un dato en el informe de Provea que, por sí solo, debería estar en cualquier conversación sobre la transición venezolana. Venezuela ocupa, por décimo año consecutivo, el último lugar del mundo en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Lugar 143 de 143 países evaluados. Comparte los últimos puestos con Camboya, Myanmar y Haití.

Esa cifra no es de los enemigos del gobierno. No es de la oposición. No es de Washington. Es del WJP, un proyecto de monitoreo internacional con metodología pública, que mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y justicia penal. En las ocho dimensiones, Venezuela aparece entre los peores diez del mundo. Y lo hace de manera consistente. Una década completa. No es coyuntura. Es estructura.

Eso es lo que se hereda el 3 de enero de 2026, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, cerrando 27 años de gobierno chavista-madurista y abriendo una etapa que Provea describe como «un país bajo tutela externa, con cientos de presos políticos aún detenidos, una economía reducida en más del 75% y una sociedad que lleva años reconstruyendo su tejido desde la resistencia».

Las cifras del último año

El Informe Anual 2025 documenta el año más severo en términos de represión política del registro histórico de Provea, que data de 1988.

Desapariciones forzadas: 95 casos con 160 víctimas en 2025. Un aumento del 196% respecto a 2024. Un aumento del 841% sobre el promedio histórico que la organización ha registrado durante 37 años. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable del 43% de las detenciones arbitrarias asociadas. La Dirección General de Contrainteligencia Militar estuvo involucrada en el 25% de los casos.

Detenciones por razones políticas: 513 víctimas en 2025. Segundo año más alto en el registro histórico, solo superado por 2024 con al menos 2.229 personas. Un aumento del 102% sobre el promedio de los últimos 17 años. El 11% de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes.

Tortura y tratos crueles: 659 denuncias documentadas. Al menos 42 personas reportaron haber sido víctimas de torturas. Una persona fue asesinada en el estado Barinas a consecuencia de torturas. Al menos 463 privados de libertad por razones políticas denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Ejecuciones por agentes del Estado: 336 víctimas en 2025. La cifra acumulada desde el inicio del gobierno Maduro asciende a 10.853 personas. El 76% de las presuntas ejecuciones ocurrió en pleno día. El 54% de las víctimas tenía entre 18 y 30 años. El 4% eran menores de edad. La Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas encabezan la responsabilidad con 96 presuntas ejecuciones cada uno durante el año.

Estas son las cifras sobre las cuales Jorge Rodríguez pide que la diáspora «se supere» y «vuelva».

El salario de 45 centavos

La dimensión económica del informe es igual de severa. El salario mínimo permaneció congelado en 130 bolívares durante más de 1.300 días. En diciembre de 2025 equivalía a 0,45 dólares al mes. El más bajo de América Latina. El ingreso mínimo integral llegó a 160 dólares en mayo de 2025, pero incluye bonos discrecionales no formalizados como salario, lo que excluye a millones de trabajadores de prestaciones sociales, pensiones y seguridad social.

El 34,1% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. La estimación del desempleo en 2024 alcanzó el 40,3%. La brecha entre quienes perciben ingresos en divisas y quienes dependen exclusivamente del salario oficial profundizó la desigualdad estructural.

Sobre alimentación: el salario mínimo cubre apenas el 1% de la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo costo llegó a 565 dólares en 2025. Cáritas de Venezuela documentó un 9,1% de desnutrición aguda en comunidades vulnerables. Una de cada tres personas recurrió a la mendicidad para alimentarse. Más de la mitad de la población redujo la calidad y cantidad de sus comidas.

Sobre salud: el 89,8% de los hospitales reportó que no tenía medicamentos. El 88,5% carecía de insumos básicos. El 87,7% no contaba con equipos médicos. Venezuela lleva desde 2016 sin publicar datos epidemiológicos oficiales. El 94,6% de los venezolanos sigue dependiendo exclusivamente del sistema sanitario público, que opera con una reducción cercana al 80% de sus capacidades de atención.

Sobre vivienda: el déficit acumulado es de 2,2 millones de viviendas. El gobierno prometió construir 400.000 en 2025; Provea verificó la entrega de 1.415. El 62,3% de los hogares tiene restricciones graves de agua potable. El 73% sufre interrupciones en la recolección de basura. El 77,6% enfrenta crisis de gas.

Estos no son indicadores de un país en crisis pasajera. Son indicadores de un colapso institucional consolidado durante una década.

Lo que la Misión de la ONU concluyó

El informe Provea recoge dos pronunciamientos internacionales especialmente severos del último año.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, advirtió en diciembre de 2025 que la situación en Venezuela no había mejorado: persisten las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las restricciones al espacio cívico y la militarización progresiva de la vida pública. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, con mandato renovado por la ONU hasta octubre de 2026, concluyó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana han cometido crímenes de lesa humanidad durante más de una década, bajo una cadena de mando centralizada en el presidente.

La Corte Penal Internacional cerró su oficina en Caracas en diciembre de 2025 por falta de «progreso real» en la cooperación del Estado venezolano. La investigación por crímenes de lesa humanidad sigue activa desde 2014, con más de 8.000 testimonios recabados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció más de 45 veces sobre Venezuela en 2025 y adoptó 33 medidas cautelares, un aumento del 22,2% respecto a 2024 y el nivel más alto en la última década. La Corte Interamericana emitió 6 sentencias contra el Estado venezolano durante el año.

La eficacia del miedo

El prólogo del informe lo escribe Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación. Su lectura introduce un concepto editorialmente clave: el «efecto de enfriamiento».

«Aunque las cifras brutas de detenciones o protestas puedan mostrar un descenso respecto a picos históricos, esto no se debe a una mejora en las garantías, sino a la eficacia del miedo». La represión se ha vuelto más selectiva. Golpea con precisión a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Lo que aparenta moderación en los datos brutos es, en realidad, sofisticación represiva.

Esta lectura importa porque puede leerse en la dirección equivocada. Cualquier observador externo que mire la cifra de 336 ejecuciones en 2025, frente a las 524 de 2024, podría concluir que el gobierno «mejoró». La Relatora Romero advierte exactamente lo contrario. La reducción no es producto de una política de derechos humanos. Es producto de una sociedad civil más asfixiada, una población más temerosa de protestar, un sistema judicial más cooptado y una opacidad estadística más severa. Menos casos visibles no significa menos violaciones. Significa menos canales para documentarlas.

Lo que la diáspora necesita leer

Para los millones de venezolanos en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Perú, en Chile, el Informe Provea 2025 ofrece algo más que cifras. Ofrece la base documental sobre la cual cualquier transición legítima debe construirse.

Lo que Jorge Rodríguez pide cuando dice «supérenlo» no es reconciliación. La reconciliación, como observó Ángel Oropeza en la entrevista que INCÍSOS publicó esta misma edición, «debe basarse en el reconocimiento de responsabilidades, reparación de los daños, aseguramiento de no repetición». Eso es justicia. Lo otro es pasar la página. Lavarse las manos. Convertir a las víctimas en obstáculo.

El informe de Provea no es panfleto. Es trabajo técnico de una organización con 37 años de monitoreo, cuya labor de documentación, según la Relatora Romero, «impide que el olvido se convierta en ley».

Esa frase es la que mejor sintetiza el sentido editorial de este documento. Si Venezuela acepta el «supérenlo» como modelo de transición, el olvido se convierte en ley. Si Venezuela exige verdad, justicia y reparación, el olvido pierde. Provea ofrece las cifras para que esa exigencia tenga base.

Las exigencias

Las recomendaciones que cierran el informe son extensas pero pueden resumirse en una sola línea editorial: la transición venezolana solo será legítima si desmantela el andamiaje represivo construido durante los últimos 25 años y recupera la separación de poderes públicos. No hay reconstrucción institucional posible que conserve la estructura institucional que produjo las violaciones documentadas.

Eso significa, en concreto, desmontar la legislación represiva (incluida la Ley de ONG que entró en plena vigencia en 2025), reconstruir el sistema judicial, garantizar un salario mínimo constitucionalmente protegido, crear una Ley Orgánica de Salud pendiente desde 1999, activar la demarcación de territorios indígenas detenida desde 2015, y establecer responsabilidades penales no solo de autores materiales sino de cadenas de mando.

La «tercera pata de la mesa» que Ángel Oropeza pidió en la entrevista de INCÍSOS para una transición sostenible, Provea la dibuja con su contenido específico: una sociedad civil con capacidad de exigir, organizar y documentar.

Lo que se documenta no se borra

A cuatro meses y once días de la captura de Maduro, la transición venezolana enfrenta su prueba más difícil. No es la prueba económica. No es la prueba electoral. Es la prueba de qué se hace con el legado documentado.

El Informe Anual 2025 de Provea es la respuesta más completa que la sociedad civil venezolana ha entregado a esa pregunta hasta hoy. No prescribe el desenlace. Documenta el punto de partida. Y al hacerlo, fija una condición mínima: ninguna transición que pretenda construir el futuro sobre la negación del pasado tiene legitimidad real.

«El olvido no se convertirá en ley», dice el prólogo del informe. Esa es la frase con la que Provea responde, sin nombrarlo, al «supérenlo» de Jorge Rodríguez. Y es la frase que la diáspora hispana en Estados Unidos —donde viven millones de personas que se fueron precisamente por lo que el informe documenta— necesita escuchar.

Lo que se documenta no se borra. Y Provea acaba de documentar diez mil ochocientas cincuenta y tres razones, una por una, para que el olvido no sea ley.

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Fuentes principales

  • Informe Anual 2025 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), «El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia», publicado el jueves 14 de mayo de 2026.
  • Prólogo del informe a cargo de Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación.
  • Capítulo especial «Venezuela: el fin de una época» a cargo de la historiadora y politóloga Margarita López Maya.
  • World Justice Project, Rule of Law Index 2025.
  • Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Naciones Unidas.
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares y pronunciamientos sobre Venezuela 2025.
  • Corte Penal Internacional, Estatuto de la Oficina en Caracas, comunicado de cierre de diciembre de 2025.

Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →

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Política

Habemus baremo

«Es, sin duda, un baremo extemporáneo y extremadamente deficiente. […] Pero es lo que hay».

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Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Fotografía de archivo de 2010.

FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN

El comité que preselecciona al nuevo TSJ dio a conocer su baremo el 2 de noviembre. Para Bellorín, llega tarde y mide a todos los aspirantes con la misma vara, sin atender la especialidad de cada sala que el artículo 263 de la Constitución exige. «Es mejor que nada», concede.

Y llegó el primer baremo público, del que haya tenido conocimiento en toda mi vida, para evaluar a los candidatos al máximo tribunal venezolano. A sus autores, presionados por la opinión pública, les faltó revisar como modelo los que aún existen en los viejos reglamentos para la evaluación de los docentes universitarios en sus diferentes categorías. Les habría sido de mucha ayuda.

Es, sin duda, un baremo extemporáneo y extremadamente deficiente. No se orienta en cada una de las tres fuentes constitucionales ni en la especialidad de cada sala que se debe cubrir. Pero es lo que hay.

Una sala, una especialidad

Así como los voceros del írrito comité señalan con euforia los números de postulados para la Escuela de la Magistratura y de quienes aspiran a la Inspectoría de Tribunales, debió hacerse por cada una de las diferentes salas.

Es de Perogrullo afirmarlo, y de cómplices no aceptarlo: cada una de ellas requiere necesaria y obligada especialización, porque estamos en la cúspide del sistema judicial. Es por esa razón que la Constitución, en su artículo 263, numeral 3, le exige directamente al juez superior proveniente de la carrera judicial que se postule para la sala correspondiente a su ejercicio:

«…o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones».

Así debió hacerse también con los docentes titulares y con los abogados en ejercicio privado. Planteado de la forma en que lo están haciendo, estamos en presencia de «un verdadero despelote».

Las cuotas

Al ser así, se debe presumir que seguirá el desacierto revolucionario de repartir los cargos «a pepa de ojo» y por cuotas negociadas para algunos, evadiendo la experticia exigida y partiendo de la falacia continuada de que el «postulado aceptado» puede ocupar cualquier sala. Craso error.

Lo que faltó

Considero que, entre otras varias deficiencias, ese baremo debió valorar en forma secundaria a la jurídica otros estudios y títulos académicos en diferentes áreas, ya que el conocimiento sistémico aporta valor agregado a quien lo posee, además de marcar una mayor diferencia de niveles académicos.

De igual manera, los encargados de hacer la entrevista deben poseer mayor nivel académico e intelectual que el evaluado, porque en todas partes del mundo civilizado, en materia académica, cualquier doctor tendría que ser evaluado por otro doctor con mejores credenciales. Pero ya la revolución tiene años con la sinrazón como su razón.

Insistimos en que la racionalidad mínima exige que ese baremo debió ser publicado antes de las postulaciones, como un filtro natural de los requisitos mínimos y de las fuentes autorizadas por la Constitución. Pero en momentos de crisis y de emergencia, por supuesto que es mejor que nada.

Veremos los números finales y las justificaciones que, estoy seguro, serán lanzadas a la opinión pública sin importar cómo llegaron a ellas.

Caracas, 2 de noviembre de 2026.

Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.

Para leer más en INCÍSOS

  1. La entrevista valdrá 15 de 100 puntos en el baremo del TSJ: el baremo, renglón por renglón.
  2. Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel: el acceso a las carpetas y cómo objetar a un aspirante.
  3. Sigo con el expediente: la columna anterior de Ángel Alberto Bellorín, sobre la sociedad civil en el comité.
  4. De barbaridades y lecciones: Bellorín sobre el artículo 263 y los requisitos para ser magistrado.

Fuentes principales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 263); baremo de evaluación del Comité de Postulaciones Judiciales (2026).

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Política

La transición no es volver a la Cuarta República, dice Aveledo

Una apertura embrionaria y una frase con historia.

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Fachada blanca del Palacio Federal Legislativo en Caracas, con columnas, esculturas y cúpula dorada coronada por la bandera venezolana.

POLÍTICA · TRANSICIÓN · VENEZUELA LATE

Uno de los hombres que escogen a los aspirantes al nuevo TSJ dice ver una «apertura embrionaria» y pide tomarle la palabra al proceso. También dijo que dejar las cosas «atadas y bien atadas» es parte de este proceso, una frase con historia. INCÍSOS repasa lo que dijo y lo que los hechos todavía no confirman.

Las 6W · INCÍSOS

QuéLa visión de la transición, de la justicia y de la historia democrática venezolana de un miembro del Comité de Postulaciones Judiciales.
QuiénGuillermo Tell Aveledo Coll, politólogo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana y miembro de la Comisión Nacional de Primaria de 2023.
CuándoDomingo 1 de noviembre de 2026.
DóndeEn el programa Venezuela Late, en X, con preguntas de las conductoras y de la audiencia.
Por quéEl comité donde participa escoge a los aspirantes al tribunal que arbitrará la elección, la vacante presidencial y las inhabilitaciones.
CómoEn una conversación de más de una hora sobre el proceso, la historia de 1958 y lo que una transición no debería repetir.

«Esto no es una restauración de la Cuarta República, esto no es un entierro de la Quinta República en sí mismo, sino una construcción colectiva.» Guillermo Tell Aveledo resumió así, en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre, la transición que dice estar viendo desde adentro del Comité de Postulaciones Judiciales. Lo dijo un politólogo que, por oficio, ha estudiado la democracia que nació en 1958, y que, por apellido, creció dentro de ella: es hijo de Ramón Guillermo Aveledo, que fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.

La deuda de la justicia

Aveledo no idealiza el pasado. «La etapa pasada no fue idílica», dijo. «Especialmente con respecto al sistema judicial, dejó mucho que desear.» En otros momentos de la historia venezolana, recordó, el sistema de justicia tuvo un prestigio «mucho más elevado» ante la población. «Eso no fue el caso en el año 98 y no es el caso hoy», dijo. «Tenemos una gran deuda como sociedad.»

Ese descrédito, según su lectura, fue uno de los incentivos que llevaron al país a la situación actual. Por eso, a la pregunta de cuál es el error de 1958 que una nueva transición no debería repetir, no habló de los partidos excluidos, sino de cultura política: aprender a gestionar los conflictos en vez de callarlos, y mirar «con lupa» por qué los venezolanos dejaron de confiar en una democracia que en los manuales parecía perfecta. Como referencias, citó a España y a Paraguay, países que el secretario de Estado Marco Rubio ha mencionado como ejemplos de reconstrucción democrática.

Lo que no se negocia, dijo, son los derechos humanos y el carácter garantista de la Constitución de 1999, que considera «una buena Constitución en esos términos», aunque discrepe de otros de sus criterios. Su pretensión, explicó, es que se expanda el ámbito de libertades.

El TSJ primero, y una frase con historia

La pregunta más incómoda fue por qué el nuevo TSJ va antes que el CNE, cuando los venezolanos piden un calendario electoral. Aveledo dijo que no tiene «las herramientas» para responderla y que, vista en el tiempo, la designación de ambos se entenderá como un proceso en paralelo. Pero añadió una explicación: el Tribunal Supremo «destranca elementos de lo que puede venir y asegura otros». Y luego: «En otras transiciones se ha hablado de la frase de dejar las cosas atadas y bien atadas. Bueno, eso es parte de este proceso también».

La frase tiene dueño. «Todo ha quedado atado, y bien atado» la dijo Francisco Franco en su mensaje de fin de año de 1969, al asegurar la sucesión del régimen. En la transición española terminó significando lo contrario de lo que él quiso. Aveledo no aclaró a quién se refería ni qué se busca dejar atado.

La académica Corina Yoris, a quien la Plataforma Unitaria designó en 2024 como candidata presidencial y no pudo inscribir, intervino para dar otra razón: la Constitución no exige un orden, pero políticamente conviene el TSJ primero, porque un tribunal sin idoneidad podría bloquear las decisiones de un CNE escogido con amplitud. Es el orden que fijó Washington, como contamos aquí, y el que María Corina Machado pide romper para que TSJ, CNE y fecha lleguen a la vez, como contamos aquí.

Una apertura «embrionaria»

Aveledo describió lo que ve con cautela. «Lo que yo estoy viendo es una apertura. Es una apertura embrionaria, no quiero decir insuficiente, pero que apunta hacia algo más», dijo. Reconoció las «tensiones» y la «desconfianza» entre quienes fueron tratados como «insurgentes, facciosos, violentos» y quienes han sido vistos como represores. «Puede parecer increíble», admitió, «incluso estando en el medio».

Su avatar en X dice «No hay retorno». Contó que viene de una postal del Comité de Solidaridad con Polonia que guarda desde 1987 o 1988, antes de la caída del Muro de Berlín. De qué depende ese no retorno, lo resumió en tres garantías: la convicción de los actores, a quienes «hay que tomarles la palabra»; el criterio técnico y el compromiso de los miembros del comité, y la participación ciudadana, sobre todo la de los mejores juristas del país. «Que lo hagan, lo hagan, lo hagan», pidió a los abogados que dudan en postularse.

En esa línea de tomar la palabra, Aveledo citó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que en Naciones Unidas habló de una reforma «juiciosa» de la justicia para evitar que el poder abusivo ataque al ciudadano.

Lo que contó de adentro

Aveledo se postuló al comité por iniciativa propia, dijo, para no comprometer los apoyos que la Universidad Metropolitana pudiera dar a otros aspirantes. No es abogado, así que no puede ser magistrado. Describió el trabajo como diez días de jornadas «muy intensas» y dijo sentir «un gran vértigo», pero «bien acompañado». Destacó a Alessandrello como alguien que, «cuando se le enfrenta con datos» y soluciones creativas, las admite, y mencionó a comisionados como Juan Domingo Alfonzo Paradisi, Raquel Sánchez, Irma Pasos, Nancy Castro y Mauro Herrera. «Seguramente hemos pasado lo más fácil», advirtió. «Vendrá lo más delicado.»

Al final, una de las conductoras le pidió su palabra de que hará todo lo que esté a su alcance para que el proceso salga bien. «Definitivamente les puedo dar mi palabra», respondió.

Criterio INCÍSOS

El testimonio de Aveledo tiene valor: es de los pocos miembros del comité que explica en público lo que hace, reconoce las tensiones y no promete más de lo que puede cumplir. Su diagnóstico sobre la deuda de la justicia, anterior a 1998, es honesto y poco frecuente. Pero lo que describe es una percepción desde adentro de una mesa, y la transición se mide fuera de ella.

Tomarle la palabra a la presidenta encargada exige medirla por los hechos, como ella misma pidió. Presidió la Constituyente que en 2017 destituyó a la fiscal general, como repasamos en su perfil. La ley contra el odio que esa Constituyente aprobó sigue vigente, aunque ella admita que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. Y el 28 de octubre la policía volvió a frenar una marcha por salarios y presos políticos, como contamos aquí. Una apertura embrionaria puede crecer o abortarse. Lo que decide cuál de las dos no es la voluntad del comité, sino lo que ocurra con los lapsos, las listas y los votos.

Y la frase de los nudos merece una pregunta directa. Si el TSJ se escoge primero para dejar cosas atadas, los venezolanos tienen derecho a saber cuáles. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que quien negocia el orden de la transición diga qué asegura el nuevo tribunal, que el comité publique los nombres de los aspirantes, la tabla completa del baremo y la guía de la entrevista antes de entrevistar, y que el CNE y la fecha electoral tengan un calendario tan preciso como el del TSJ.

Para leer más en INCÍSOS

  1. La entrevista valdrá 15 de 100 puntos en el baremo del TSJ: el baremo, publicado el 2 de noviembre.
  2. Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel: el acceso, las cifras y cómo objetar.
  3. Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: por qué el TSJ va primero.
  4. Machado pide TSJ, CNE y fecha a la vez, no en secuencia: la otra posición.

La entrevista completa con Guillermo Tell Aveledo está en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre: verla aquí.


Fuentes principales: Entrevista a Guillermo Tell Aveledo en el programa Venezuela Late (1 de noviembre de 2026); mensaje de fin de año de Francisco Franco (30 de diciembre de 1969); notas de INCÍSOS citadas en el texto.

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Política

Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel

El acceso existe; los nombres, todavía no.

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Una carpeta azul abierta contiene una pila de documentos impresos sobre una mesa; al fondo se observa una silla vacía.

POLÍTICA · EL NUEVO TSJ · VENEZUELA LATE

La duda que planteó una comisionada al arrancar el proceso tiene respuesta: todos los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales tienen acceso a todas las carpetas. Pero las carpetas siguen en papel, los nombres de los aspirantes todavía no son públicos y las postulaciones ya superan las 200, según Guillermo Tell Aveledo.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEl acceso de los comisionados a los expedientes de los aspirantes al TSJ, el volumen de postulaciones y cómo pueden los ciudadanos objetar a un candidato.
QuiénGuillermo Tell Aveledo Coll, representante de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales.
CuándoLo explicó el domingo 1 de noviembre de 2026. La recepción de candidaturas sigue abierta hasta el 11 de noviembre.
DóndeEn el programa Venezuela Late, en X.
Por quéEl comité debe revisar cientos de carpetas en semanas. Cuánto puede ver cada comisionado, y cuánto puede ver el público, define la calidad del filtro.
CómoCon revisión en papel y por grupos, consultas a las instituciones que emitieron títulos y registros, y objeciones ciudadanas por escrito.

«Sí, tenemos el acceso total.» Guillermo Tell Aveledo respondió así, en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre, a la pregunta de si cada miembro del Comité de Postulaciones Judiciales puede revisar todas las carpetas de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia. «Cada uno de nosotros, como miembro del comité, que desee ver cada una de las carpetas, lo puede hacer», dijo. «El único tema es la capacidad material.»

La pregunta no era retórica. Al abrir el proceso, la comisionada Raquel Sánchez advirtió que la revisión no estaba digitalizada y que los expedientes se repartirían por grupos, de modo que no todos verían todo, como contamos aquí. Al día siguiente, el presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, dijo que el problema se había subsanado. Aveledo lo confirma, con un matiz: el acceso existe, pero el trabajo sigue repartido porque las carpetas son de papel.

Por qué no se digitaliza

Digitalizar los expedientes es «técnicamente posible», reconoció Aveledo, y hay ciudadanos que se ofrecieron a hacerlo. Pero implicaría que los 23 miembros del comité, 12 de la sociedad civil y 11 diputados, se pongan de acuerdo en mecanismos de seguridad de datos y de procesamiento «que sean limpios para todos», y el tiempo corre. «El cronograma lo decimos nosotros», recordó. Por ahora, dijo, el tema queda pendiente.

Para verificar lo que no está en la carpeta, el comité tiene otra herramienta. La Ley Orgánica del TSJ establece un principio de colaboración que le permite pedir información a entes públicos y privados: si hay dudas sobre un título, se consulta a la institución que lo otorgó; si las hay sobre un registro profesional, a los registros formales.

Más de 200 postulaciones

Al cierre del jueves 29 de octubre, el comité había contado 100 aspirantes, 83 de ellos a magistrado, como contamos aquí. Tres días después, Aveledo estimó que, sumadas las postulaciones nuevas y las ratificaciones, «deben haber unas 200 y tantas». El dato importa porque el baremo publicado el lunes 2 de noviembre obliga a preseleccionar al menos el triple de los cargos de magistrado: 96 nombres para 32 puestos, como contamos aquí. Las ratificaciones son de quienes se postularon en el proceso anulado de mayo, que pueden confirmar su candidatura por escrito, según la convocatoria reseñada por Finanzas Digital.

Espera que la curva suba en los días que quedan: menos ratificaciones, más inscripciones nuevas. «Estábamos pensando incluso, en un criterio muy optimista, en mil precandidaturas», dijo.

Sobre si hay tiempo para entrevistar a tantos, respondió a una pregunta de la académica Corina Yoris: sí, dijo, porque los comisionados se reparten en paneles y la revisión empezó antes de que cierre la recepción. Admitió que no tenía a mano la duración prevista de cada entrevista.

Cómo objetar a un aspirante

Cualquier ciudadano puede objetar a un candidato ante el comité. Según Aveledo, basta una comunicación formal escrita, «básicamente una carta al comité de postulación», que debe señalar el problema concreto. Dio ejemplos de lo que se puede plantear:

  1. Que el aspirante tiene otra nacionalidad, algo que la ley prohíbe.
  2. Que miente sobre alguna credencial.
  3. Que tiene un problema pendiente en otra instancia.
  4. Que tiene vínculos que pongan en duda su honorabilidad y su idoneidad para el cargo.

El formato oficial se publicará justo antes de que se abra el lapso de objeciones, dijo. Ese lapso corre a partir de la publicación de la lista de admitidos y, según Aveledo, en paralelo con las entrevistas.

Lo que todavía no es público

Una oyente le pidió al comité informar «a tiempo y con la verdad». Aveledo dijo que están «trabajando en ello» y repasó lo publicado: la convocatoria, el cronograma y los balances de postulaciones. Pero reconoció un límite: lo que circula es el número de postulaciones, «no es la lista de nombres y apellidos todavía». Esa lista, dijo, la maneja por ahora el comité.

Criterio INCÍSOS

La respuesta de Aveledo despeja una duda importante: ningún comisionado tiene vedada una carpeta. Pero el acceso formal no es lo mismo que la revisión real. Si 23 personas deben repasar cientos de expedientes en papel en pocas semanas, la mayoría de las carpetas las verá a fondo un grupo, no el pleno. Eso hace más importante el otro filtro: el de los ciudadanos.

Y ese filtro depende de algo que todavía no existe. Para objetar a un aspirante porque tiene otra nacionalidad o porque infló su currículo hay que saber quién es. El propio Aveledo lo dijo: con la lista de nombres y de cédulas, cualquiera puede hacer pesquisas en paralelo, y el que aspira a una responsabilidad tan alta está sometido al escrutinio público.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la lista de aspirantes se publique con nombres y credenciales en cuanto cierre la recepción, que el formato de objeción esté disponible en línea y que el comité diga cuántos días tendrán los ciudadanos para objetar. Digitalizar las carpetas ayudaría al comité; publicar los nombres ayudaría a todos.

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  3. Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos.

La entrevista completa con Guillermo Tell Aveledo está en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre: verla aquí.


Fuentes principales: Entrevista a Guillermo Tell Aveledo en el programa Venezuela Late (1 de noviembre de 2026); composición del comité, según Finanzas Digital; convocatoria del 27 de octubre, según Finanzas Digital; notas de INCÍSOS citadas en el texto.

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