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Inciso

Cédula chimba

Diosdado Cabello dice que la cédula de Saab no es legal. La declaración abre una ventana sobre cómo el chavismo y ahora el rodrigato han manejado los documentos públicos en Venezuela. Acta de defunción de Chávez, acta de nacimiento de Maduro, actas del 28J, actas parlamentarias: un catálogo de opacidad documental.

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composición de @soyarepita

El lunes 18 de mayo, mientras Alex Naím Saab Morán comparecía esposado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Diosdado Cabello se paró frente a un micrófono en Caracas y dijo algo que merece registro: la cédula que Saab portaba en Venezuela como ciudadano venezolano, dijo Cabello, no era legal. No la reconocía el régimen del que él mismo es número dos. La V-21.495.350 que aparece en el sistema desde 2004, según el portavoz del chavismo histórico, no debió haber existido.

Un detalle marginal en medio de una jornada cargada de noticias. Salvo que se lo mire con cuidado.

Porque la frase de Cabello pertenece a un patrón. Es la última pieza de un catálogo largo en el que los documentos públicos venezolanos —los que en cualquier país democrático certifican identidad, propiedad, residencia, parentesco, vida y muerte— han funcionado, durante más de dos décadas, como cualquier cosa menos eso. Como cualquier cosa menos un certificado.

Las actas que no aparecen

Hagamos el inventario sin adornos.

El acta de defunción de Hugo Chávez Frías, fallecido oficialmente el 5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar de Caracas, nunca fue publicada en su forma completa. La causa exacta de muerte, los responsables del parte médico final, las firmas certificantes, los detalles técnicos que en cualquier país constan en un registro civil ordinario, en Venezuela permanecen bajo reserva. Lo que existe es el acto político de la muerte, no el acto administrativo. La diferencia importa porque el acto administrativo es el que un funcionario certifica con su firma personal y su responsabilidad jurídica; el acto político es el que se anuncia ante cámaras de televisión.

El acta de nacimiento de Nicolás Maduro Moros, expresidente desde 2013 hasta el 3 de enero de 2026 (cuando fue capturado por fuerzas estadounidenses), ha sido objeto de impugnación durante toda su vida política. Sus opositores sostuvieron, en distintos momentos, que el documento que acredita su nacimiento como venezolano por nacimiento —requisito constitucional para ejercer la Presidencia— presenta irregularidades de origen. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia jamás permitió que la objeción fuera examinada por mecanismos ordinarios. La validez del documento se sostuvo, en definitiva, por el peso del poder que lo emitía, no por la transparencia de su contenido.

Las actas de escrutinio del 28 de julio de 2024 —el día de la elección presidencial en la que el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo, según las copias que la oposición logró rescatar mesa a mesa, alrededor de siete millones de votos contra unos tres del oficialismo— nunca fueron publicadas por el Consejo Nacional Electoral. El órgano que en cualquier democracia es responsable de la transparencia del voto, en Venezuela se atrincheró durante meses en el argumento técnico de un supuesto «hackeo» que ninguna auditoría independiente respaldó. Las actas siguen, oficialmente, en algún lugar que la institucionalidad chavista nunca quiso señalar.

Las actas parlamentarias de 2025 —de los procesos legislativos que produjeron, entre otras cosas, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sobre la que hoy se sostiene parte de la apertura petrolera— tampoco están disponibles en versión completa. Las versiones taquigráficas, los registros de votación nominal, los actos de la mesa directiva: hay extractos, hay menciones en gaceta, hay declaraciones de prensa, pero no hay archivo público accesible con la integridad que cualquier parlamento democrático ofrecería.

Y ahora, en mayo de 2026, una cédula que aparentemente fue emitida en 2004, que figura en el Registro Electoral, que aparece en el RIF activo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que está en los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que dio derecho a votar el 28J, y que sirvió para tramitar pasaporte diplomático, resulta no ser legal según el portavoz del propio régimen.

Lo que el patrón dice

El patrón es estable. Cuando un documento conviene, existe. Cuando un documento incomoda, no existe, está bajo reserva, fue alterado por un sabotaje, o aparece de pronto declarado ilegítimo. Lo que en términos técnicos se llama «certificación documental» —ese acto sencillo y profundo por el cual un funcionario afirma, bajo su responsabilidad personal y jurídica, que un hecho ocurrió tal como se describe— en Venezuela bajo el chavismo se convirtió en otra cosa. En el ejercicio cotidiano del poder político.

Una cédula no es solo un trozo de plástico con una foto. Es la afirmación administrativa de que una persona existe, tiene un nombre, una fecha de nacimiento, una nacionalidad. Sobre esa afirmación se construye todo: el derecho a votar, el derecho a propiedad, el derecho a viajar, el acceso a salud, la apertura de cuentas bancarias, el matrimonio, la herencia. Es la pieza más banal y más fundamental de cualquier sistema de derechos modernos.

Cuando una persona durante veintidós años utilizó esa cédula —porque la V-21.495.350 fue emitida en 2004, según los registros— y el régimen que controlaba el sistema de identificación durante esos veintidós años no encontró nada irregular en ella hasta el día en que esa persona se volvió un activo de inteligencia para una potencia extranjera, lo que se está diciendo no es que la cédula sea ilegal. Lo que se está diciendo es que la cédula es lo que el régimen necesita que sea en cada momento.

La doctrina

Llamémosle, sin solemnidad, doctrina de la documentación útil. El documento sirve al poder, no a la verdad. El acta de defunción sirve mientras certifica que el comandante murió como héroe, no mientras explique los detalles. El acta de nacimiento sirve mientras habilita la Presidencia, no mientras admita la verificación. Las actas de escrutinio sirven mientras coronan al ungido, no mientras revelan la voluntad popular. Las actas parlamentarias sirven mientras visten de legalidad la decisión política, no mientras documentan la deliberación. La cédula sirve mientras el portador es ministro, no mientras se convierte en problema.

Esta doctrina, conviene decirlo, no la inventó el chavismo. La heredó de prácticas mucho más antiguas de la política latinoamericana, donde el documento ha sido con frecuencia un instrumento de inclusión o exclusión política antes que un certificado de verdad. Lo que el chavismo agregó fue la escala, la sistematicidad, y la coordinación entre instituciones. Lo que el rodrigato hereda es ese mismo sistema, ahora puesto al servicio de una agenda distinta —apertura económica, deportación selectiva, diálogo con Washington— pero con la misma lógica de fondo.

Por eso lo de Diosdado del lunes no es un dato judicial. Es una confesión institucional.

Lo que viene

Una transición democrática real —no la operación diplomática actual, no la negociación de cuotas de poder con Washington, no la apertura petrolera que rinde frutos sin tocar la matriz— tendría que comenzar por algo aparentemente menor: reconstruir el archivo público. Publicar el acta de defunción de Chávez. Permitir el examen independiente del acta de nacimiento de Maduro. Liberar las actas del 28J. Publicar los registros parlamentarios. Y revisar, una por una, las cédulas otorgadas, alteradas, revocadas o inventadas durante el chavismo, no para hostigar a los ciudadanos comunes que viven con un documento de buena fe, sino para devolver al sistema su función certificatoria.

Es un trabajo aparentemente burocrático. Sin discursos, sin marchas, sin titulares. Pero es el trabajo sin el cual ninguna democracia se reconstruye. Una sociedad en la que los documentos no dicen lo que ocurrió, sino lo que el poder necesita que digan, no es exactamente una sociedad. Es un escenario.

Saab volverá a una corte en Miami el 24 de junio. Lo que dirá, lo que callará, lo que negocie con la fiscalía estadounidense, marcará el siguiente capítulo. Mientras tanto, una cédula que fue legal durante veintidós años acaba de dejar de serlo. Por orden, no de un juez, sino del portavoz del régimen.

En cualquier país eso sería el escándalo del año. En Venezuela es martes.

Alfredo Yánez Mondragón
Editor de INCÍSOS

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Noventa y nueve de cada cien

Una cifra sin su tabla es un eslogan.

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Ilustración conceptual: Noventa y nueve de cada cien

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

La presidenta encargada dice que 99 de cada 100 dólares del petróleo y la minería van a salarios y pensiones. Este lunes, los maestros paran porque su aguinaldo es de 74 dólares. Y el domingo, en un palacio de Doha, se hablaba de un préstamo para pagarle al BID. Las tres cosas no pueden ser ciertas a la vez sin una explicación.

Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.

Hay frases que se dicen para cerrar una discusión. «Noventa y nueve de cada cien dólares van a salarios y pensiones» es una de ellas. La dijo la presidenta encargada para responder a quienes preguntaban adónde va el dinero del petróleo.

Esta semana, esa frase tiene que pasar tres pruebas.

La prueba del maestro

Este lunes, maestros, enfermeras y profesores universitarios paran 12 horas. El Gobierno encargado comenzó el viernes el pago de la primera bonificación de fin de año a los trabajadores públicos: unos 74 dólares. Piden 960. Una maestra no necesita un informe de KPMG para saber cuánto le llegó (ver nota).

Si 99 de cada 100 dólares van a salarios, la pregunta del maestro es sencilla: ¿a qué salarios?

La prueba del informe

El informe sobre la cuenta en custodia dice que 11.409 millones de dólares fueron a la banca para contener el tipo de cambio (ver nota). Puede que ambas cifras midan cosas distintas, en períodos distintos. Pero para saberlo hay que publicar las cuentas. Mientras no se publiquen, las dos frases conviven, y solo una puede ser completa.

La prueba del préstamo

Y el domingo, en Doha, la presidenta encargada se reunió con el emir de Catar. No se anunció nada. Pero desde octubre se sabe que Caracas estudia pedirle a Catar un préstamo para pagar más de 2.000 millones de dólares que debe al BID (ver nota). Si el dinero alcanza para todo, ¿por qué hace falta pedir prestado? Y si no alcanza, ¿por qué se dice lo contrario?

Lo que pido

No pido que se pague hoy lo que el país no tiene. Sé que la economía viene de una destrucción de décadas. Pido algo más modesto: que la frase venga con su tabla. Cuánto entró, cuánto se pagó en salarios, a cuántos trabajadores, cuánto fue a la banca, cuánto se debe y a quién.

Una cifra sin su tabla es un eslogan. Y los venezolanos ya tuvimos suficientes eslóganes.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Gobierno encargado publique la ejecución del gasto, partida por partida, con la nómina incluida; que responda el pliego de los gremios; y que cualquier préstamo que se negocie en nombre de los venezolanos se conozca antes de firmarse.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: El Carabobeño, el paro; Confirmado, Catar; Reuters, vía Yahoo Finance.

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Inciso

Lo que se puede medir

Lo que se mide se exige.

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Ilustración conceptual: mapa de Venezuela con regla y lápiz, sobre medición y rendición de cuentas

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

El G7 dice que la Mesa de Caracas «ya ha producido avances medibles». Tomémosle la palabra y midamos: un tribunal en camino, una docena de medios de vuelta, 321 presos políticos, cero fechas electorales y un sargento en el Hospital Militar después de cinco días sin comer.

Imagen destacada: Ilustración conceptual creada con IA para INCÍSOS; no es una fotografía del hecho.

Hay frases diplomáticas que se escriben para no decir nada. Y hay otras que, sin querer, dicen más de lo que parecen. La declaración del G7 en París tiene una de esas: las conversaciones en Venezuela, dice, «ya han producido avances medibles».

Medibles. La palabra es buena. Tomémosla en serio.

Lo que se puede medir a favor

En 100 días, la Mesa de Caracas reformó la ley del Tribunal Supremo y amplió el comité que elegirá a los nuevos magistrados. Una docena de medios digitales volvió a verse sin VPN. Son avances, y quien los niegue no está mirando (ver nota).

Lo que se puede medir en contra

Presos políticos: 321, según el Foro Penal. Militares en huelga de hambre en Ramo Verde: 36. Días sin comer: seis. Sargentos en el Hospital Militar: uno, por ahora (ver nota). Fechas electorales: cero. Rectores nuevos del CNE: cero. Lingotes recuperados del Banco de Inglaterra para los damnificados del terremoto: cero. Reformas a la ley que inhabilitó a medio liderazgo opositor: cero.

Y una cifra más, que no es de la Mesa pero la explica: una economía que crece 7,42 % con un salario mínimo de 14 centavos de dólar (ver nota).

Lo que no se mide

Hay cosas que no caben en una tabla. La carta de unos militares que cumplieron su condena y siguen presos. La madre que viaja a Los Teques y encuentra el penal cerrado. El venezolano que vuelve del exilio y descubre que una «bandera» en un sistema le negaba la existencia. Eso no es un avance ni un retroceso. Es la medida de lo que todavía no ha cambiado.

La lista del G7

El G7 pide, en el mismo apartado, «la liberación de todos los presos políticos». No dice algunos. No dice los que se negocien. Dice todos. Es, curiosamente, la exigencia más clara de la declaración, y la que la Mesa de Caracas no ha puesto en su agenda. La propia delegación opositora anunció cuatro temas para esta ronda: el voto, la justicia, los derechos y la escucha. Los presos aparecen en una frase de compromiso, no en la lista.

A mí me parece bien que siete democracias respalden una negociación. Es el único camino que hoy tenemos, y lo prefiero a cualquier otro. Pero respaldar no es aplaudir. Si los avances son medibles, los atrasos también. Y lo que se puede medir se puede exigir.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Mesa publique, al cierre de esta ronda, su propia tabla: lo acordado, lo cumplido y lo pendiente, con fechas. Que el primer renglón sean los presos. Y que el próximo comunicado del G7 no diga «avances medibles», sino cuántos.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: Declaración conjunta del G7, GOV.UK; El Informador, 100 días; Contrapunto, Ramo Verde; EFE, vía Infobae, PIB.

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Inciso

Todo a puerta cerrada

Fe o votos.

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Puerta de madera cerrada con cadena y candado, imagen conceptual de una negociación a puerta cerrada.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Una negociación en un hotel sin prensa. Un informe con los nombres tachados. Un penal que cierra las visitas a 235 presos. Una casa que se abre solo cuando llegan diputados extranjeros. Y en Washington, un gabinete detrás de rejas militares y un cielo que se cierra por una actualización. Esta semana, casi todo pasó a puerta cerrada.

Hay semanas que tienen una palabra. Esta tiene dos: puerta cerrada.

El viernes, en el Gran Meliá de Caracas, las delegaciones del Gobierno encargado y de la Asamblea de 2015 instalaron la cuarta ronda de la negociación. Solo entraron los fotógrafos. No hay declaraciones previstas (La cuarta ronda se instala a puerta cerrada y sin declaraciones). Ese mismo viernes, en Los Teques, se suspendieron las visitas a los 235 presos de Ramo Verde, porque 36 militares llevan cinco días sin comer (Ocho militares en huelga de hambre se descompensan en Ramo Verde).

Imagen destacada: Foto de archivo: Markus Spiske · Fuente y ficha de la imagen · CC BY 2.0 · Adaptación de tamaño para web.

Y la puerta de Perkins Rocha, que la policía mantuvo cerrada dos días con una orden que nadie firmó, se abrió por fin. Pero se abrió para dos eurodiputados (Dos eurodiputados logran entrar a la casa de Perkins Rocha). No para cualquier venezolano.

Los nombres tachados

Esta semana también conocimos, por fin, en qué se gastaron los dólares del petróleo. Un avance, sin duda. Pero el informe tacha los nombres de los 20 compradores y no dice qué empresas recibieron las divisas (El informe dice en qué se gastó el dinero, no quién compró). Sabemos cuánto entró. No sabemos quién se lo quedó.

La presidenta encargada dice que 99 de cada 100 dólares fueron a salarios y pensiones. Puede ser. Pero un país que pasó 27 años escuchando cifras sin poder verificarlas tiene derecho a desconfiar de cualquier número que no venga con su lista.

Del otro lado

Washington tampoco está para dar lecciones esta semana. El cielo de EE.UU. se cerró durante horas por una actualización mal hecha sobre cables de los ochenta (Un apagón de telecomunicaciones deja a EE.UU. sin despegues durante horas). Y medio gabinete vive ya detrás de las rejas de una base militar (Los altos funcionarios de Trump se mudan a bases militares). Es un ambiente tenso, y se nota.

Pero hay una diferencia. Allá, el apagón se informa en vivo, el secretario da la cara a los veinte minutos y la prensa pregunta quién pagará la casa del fiscal. Aquí, la negociación que define el futuro del país no tiene acta, y la orden que encerró a un hombre en su casa no tiene firma.

La puerta que importa

Entiendo que hay cosas que se negocian en privado. Toda negociación seria tiene su cuarto cerrado. Pero una transición no se mide por lo que se habla en ese cuarto, sino por lo que sale de él. Y después de cuatro rondas, lo que sale es una foto.

Una transición a puerta cerrada pide fe. Una transición a puerta abierta pide votos. Los venezolanos ya dimos bastante de lo primero. Ahora queremos lo segundo, con el calendario a la vista.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Mesa publique un acta al cierre de cada ronda; que se abran las puertas de Ramo Verde y de la casa de Rocha; que los nombres tachados del informe se conozcan, y que la fecha de las elecciones deje de ser un secreto de hotel.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: El Diario, cuarta ronda; El Diario, Ramo Verde; El Nacional, Rocha; El Estímulo, KPMG; TalCual, Capriles; Yahoo News, FAA; Tampa Free Press.

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