INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

El miércoles fue «una orden de la comandancia». El jueves, «una orden de la Cancillería». El canciller dice que es falso y el juez dice que no hay orden. Si nadie la dio, ¿por qué se cumple? En la puerta de la casa de Perkins Rocha se ve, mejor que en cualquier discurso, cuánto ha cambiado, y cuánto no, el poder en Venezuela. Porque la pregunta no es solo de Rocha: es de cualquiera.

Foto de archivo: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons. Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, agosto de 2010. Foto de archivo: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. No muestra la casa de Perkins Rocha ni un operativo policial. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Imagen reducida proporcionalmente, sin recorte.

Hay preguntas que parecen pequeñas y no lo son. Esta es una: ¿quién manda en mi casa? Hoy se la hace Perkins Rocha, que no puede recibir a nadie en la suya. Mañana se la puede hacer cualquier venezolano.

El miércoles 11, el funcionario de la PNB que impidió las visitas dijo que cumplía «una orden de la comandancia». No dijo qué comandancia, ni quién la firmaba. El abogado Omar Mora Tosta fue al tribunal de la causa y el juez le confirmó que no existe ninguna prohibición (El Nacional).

El jueves 12, la escena se repitió con dos eurodiputados españoles. Esta vez, según los reportes, la orden venía de la Cancillería. Esa misma noche, el canciller Oliver Blanco publicó la acusación con un sello que decía «FAKE» (El Nacional; Contrapunto).

Le creo al canciller. Y precisamente por eso la pregunta se vuelve más grave.

Órdenes sin firma

Si el tribunal no dictó una prohibición de visitas, según el abogado que habló con el juez; si la Cancillería niega haber impartido la instrucción; si la «comandancia» no tiene nombre, entonces lo que hay frente a la casa de Rocha es un poder que actúa sin firmar. Policías que cumplen órdenes que nadie dio, o que alguien dio y nadie quiere reconocer.

Eso no es un accidente del «nuevo momento político». Es la forma en que funcionó el poder durante 27 años: la orden verbal, la llamada, la instrucción de arriba que nunca queda por escrito para que nadie responda por ella. Lo escribimos el miércoles: la casa por cárcel es una medida cautelar, no un penal. Hoy hay que añadir que una orden sin firma no es una orden. Es un abuso.

Lo que se ve desde la calle

Los eurodiputados hablaron con Rocha desde la acera mientras él los saludaba desde el balcón (El Nacional). Es una imagen que recorre el mundo cuando la Mesa de Caracas tiene prevista su cuarta ronda para este viernes, y en la semana en que la presidenta encargada fue recibida por el secretario general de la ONU en Antalya.

Si en la casa de Rocha manda una orden que nadie firmó, en ninguna casa venezolana manda la ley. Al Gobierno encargado le conviene más que a nadie aclarar esto. Si quiere que se le crea que las cosas están cambiando, tiene que demostrar que en Venezuela ya no manda quien no firma. El canciller dio el primer paso al desmentir. Falta el segundo: decir quién fue.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Ministerio de Interior y la PNB identifiquen, con nombre y cargo, a quien dio la orden; que la Fiscalía abra una investigación; que el cerco se levante antes de que la Mesa se siente; y que la delegación opositora ponga el caso de Rocha como primer punto de la ronda.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: El Nacional, Figuera; El Nacional, Blanco; Contrapunto.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

El Comité de Postulaciones alargó siete días el plazo para aspirar al TSJ. La participación es una buena noticia; la prórroga es una mala señal. Venezuela lleva demasiado tiempo viviendo de prórrogas: en Carabobo, para ratificar 30 años a Caguaripano; en Miraflores, para gobernar. El país no pide más tiempo. Pide decisión.

Foto de archivo: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons. Foto de archivo. Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, fotografiada en agosto de 2010. Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). CC BY-SA 3.0. Imagen reducida proporcionalmente, sin recorte.

Empiezo por lo bueno, porque lo hay.

Hasta el 5 de noviembre, el Comité de Postulaciones Judiciales había recibido 395 postulaciones, 334 de ellas para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (El Diario). Para un país donde ser juez fue, durante años, sinónimo de obediencia o de riesgo, que cientos de abogados quieran aspirar al TSJ es una señal de que hay gente dispuesta a dar la cara. Eso hay que reconocerlo.

Pero el miércoles 11, cuando ya se acercaba el cierre previsto del plazo, el comité lo extendió siete días, hasta el 18 de noviembre. ¿La razón? «Ampliar el periodo de recepción de postulaciones» (El Diario). Eso no es una razón: es la descripción de lo que se hizo. Y no es la primera vez: en junio, el mismo comité alargó el plazo dos veces (El Diario).

A quién deja mal

La prórroga deja mal, en primer lugar, al comité. La fecha de cierre se conocía desde hace semanas, el calendario lo anunció Washington y la meta de diciembre no se mueve: la lista debe llegar a la plenaria a más tardar el 11 de diciembre (El Diario). Si el final no cambia, los siete días se le quitan a la evaluación, que es la parte que importa: el cronograma de octubre ponía las entrevistas del 16 al 27 de noviembre, y ahora la recepción termina el 18 (El Diario). Y el comité ya arrastraba dudas: el 28 de octubre, una de sus integrantes, Raquel Sánchez, denunció que se colaron postulaciones de un proceso anulado y que no todos podían ver todas las carpetas (Infobae/EFE).

Deja mal a los postulantes de última hora. Quien llega en la prórroga llega cuando ya se sabe quiénes compiten, y queda bajo la sospecha de que lo llamaron. Puede que no sea así. Pero un proceso que necesita convencer al país de su independencia no puede regalar sospechas.

Y deja mal al proceso. Cada prórroga le dice al país que el plazo era negociable, y si el plazo era negociable, también pueden serlo los requisitos y el baremo.

Un país en prórroga

Lo que más me preocupa es que la prórroga se ha vuelto la forma de gobernar.

En Carabobo, la apelación del capitán Juan Carlos Caguaripano se aplazó una y otra vez durante casi un año, con audiencias suspendidas y ponencias que pasaban de una sala a otra. Cuando por fin llegó la decisión, el miércoles, fue para ratificar 30 años de cárcel. Tanto tiempo, para eso.

Y en prórroga gobierna la presidenta encargada. El artículo 234 de la Constitución permite una falta temporal de 90 días, prorrogables por otros 90 (Constitución). Ese plazo se cumplió en julio. Desde entonces, la figura que sostiene a Delcy Rodríguez en el cargo es una que la Constitución no nombra. El mismo miércoles en que se alargaban las postulaciones, ella defendía en Antalya el derecho a producir más petróleo.

La Mesa de Caracas empieza «idealmente» el viernes. Las elecciones serán «idealmente» en 2027. Nos estamos acostumbrando a vivir de idealmentes y de prórrogas.

Lo que el país pide

El país no pide prórroga. Pide decisión. Pide que lo que se anuncia se cumpla en la fecha anunciada, que los plazos signifiquen algo y que quienes conducen esta transición asuman el compromiso de terminarla. Los venezolanos ya esperaron bastante: más de diez meses desde el 3 de enero, y años antes de eso. A un pueblo que espera se le debe, por lo menos, un calendario que se respete.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité explique por qué alargó el plazo y garantice que no habrá otra prórroga; que publique el 19 de noviembre la lista completa de aspirantes con sus credenciales; que la evaluación sea pública y conserve su tiempo; y que la Mesa de Caracas fije, por escrito, las fechas del CNE y de las elecciones.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: El Diario, prórroga; El Diario, negociaciones; El Diario, cronograma; El Diario, junio; Infobae/EFE; Constitución.

Imagen de archivo: Edificio PDVSA CVP en Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela; propuesta documental de archivo, no fotografía de protesta del 10 de noviembre. Guaiquerí / Wikimedia Commons. CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Fuente · CC0 1.0.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Por una cuenta del Tesoro de EE.UU. pasaron 12.260 millones de dólares venezolanos en nueve meses. Casi todos volvieron para sostener el bolívar. Ese mismo martes, los jubilados petroleros se encadenaron a PDVSA y la Sudeban tuvo que repetir que no se cobra comisión a una pensión de 130 bolívares.

El martes 10 de noviembre pasaron tres cosas que conviene leer juntas.

En la mañana, unos jubilados de PDVSA se encadenaron a los portones de La Campiña. Cobran 350 dólares, se les van en medicinas y piden, como adelanto de una deuda de 720 millones, 6.000 dólares para pasar la Navidad. «Aquí nos estamos muriendo, todas las semanas se mueren jubilados», dijo uno (La Patilla).

Al mediodía se conoció que la Sudeban tuvo que repetir, por quinta vez desde 2010, que los bancos no pueden cobrar mantenimiento en la cuenta de un pensionado (El Nacional). El salario mínimo legal es de 130 bolívares: unos 14 centavos de dólar a la tasa oficial del 11 de noviembre.

Y por la tarde, The New York Times reveló el informe de KPMG: por la cuenta de custodia que controla Washington pasaron 12.260 millones de dólares de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos entre enero y septiembre. Volvieron al país 11.700 millones, sobre todo para sostener el bolívar en las subastas de divisas (Infobae/EFE).

La cuenta y la mesa

Hay que reconocer lo bueno. Por primera vez en muchos años, el dinero del petróleo pasa por una cuenta que alguien audita. No se lo llevaron a Andorra ni lo prestaron a cambio de comisiones. Volvió. Eso, en la historia de PDVSA, no es poco.

Pero volvió para sostener una moneda, no para pagar una deuda con los jubilados. Volvió para que el dólar oficial suba un poco más despacio, no para que la pensión sirva para algo. Once mil setecientos millones de dólares se fueron, sobre todo, a las subastas, y mientras tanto el bolívar siguió subiendo: de 897,5383 bolívares por dólar el 9 de noviembre a 901,6175 el 11 de noviembre.

No digo que defender la moneda sea un error; una devaluación sin freno castiga primero a los más pobres. Digo que es una decisión, y que esa decisión se tomó sin que nadie la discutiera en público. Ni la Asamblea, ni los sindicatos, ni los jubilados supieron, hasta este martes, cuánto entraba ni adónde iba. Lo supimos por una filtración a un periódico extranjero.

Las prioridades se ven en los números

Si 12.260 millones pasan por una cuenta y los jubilados petroleros tienen que encadenarse para pedir un adelanto, el problema no es la falta de dinero; es el orden de prioridades. Y ese orden hoy lo deciden el BCV, el Departamento de Estado y el Tesoro, con un informe confidencial de por medio.

La transición que se discute en París y en Caracas tiene fecha para el TSJ y una promesa de elecciones. También necesita algo más inmediato: que el país sepa cuánto gana con su petróleo y en qué lo gasta. Una pensión de 130 bolívares en un país que mueve 12.000 millones en nueve meses no es pobreza: es una decisión.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el informe de KPMG se publique completo; que la cuenta de custodia rinda informes mensuales públicos; que una parte de esos ingresos se destine, por norma, a pagar la deuda con los fondos de pensiones; y que la pensión deje de estar atada a un salario mínimo de 130 bolívares.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Infobae/EFE, informe de KPMG citado por The New York Times; La Patilla; El Nacional; Finanzas Digital.