Lo que ha hecho Smith Perera es mover el tablero, y es justo que su planteamiento entre al debate. No porque sea una tercera vía de discusión, sino porque destraba todo eso que desde las ópticas expuestas hasta ahora parecía obstáculo insalvable.

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Otra dimensión del mismo problema

La entrevista de Roberto Smith no es un puñado de ideas enlazadas con buena argumentación.

Eso que ha hecho Smith —atreviéndose a decirlo públicamente— es una inmensa llamada de atención. Es ver el mismo juego, pero desde otro ángulo, con una perspectiva afinada de manera distinta.

Son los mismos problemas, es la misma crisis, las mismas víctimas, el mismo territorio, el mismo potencial, el mismo sentimiento patrio, pero entendido con otros filtros, desde otra dimensión.

Tiene, como mucho de lo venezolano en las últimas décadas, un clarísimo sentido de urgencia, pero con un condicionante crucial, que en otras propuestas va en las capas escondidas: el de la oportunidad de aprovechar el caos como trampolín inequívoco para dar el salto que lo transforme todo.

Una llave, no una tercera vía

Lo que ha hecho Smith es mover el tablero, y es justo que su planteamiento entre al debate. No porque sea una tercera vía de discusión, sino porque destraba todo eso que desde las ópticas expuestas hasta ahora parecía obstáculo insalvable.

Pensar el país desde una propuesta de Nación es bastante más transversal que pensarlo desde las líneas ideológicas, desde las trincheras del manual aprendido, desde la perspectiva de un programa de gobierno rotulado por tal o por cual.

Esa propuesta incompleta, y alguno dirá inconsulta de Smith, podría convertirse en una llave que abra espacios. No para conciliar rivalidades partidistas. No para sepultar hechos graves ni para vengar prácticas condenables. Una llave que abra espacios para que haya un reencuentro con el futuro posible.

Un futuro que no es utópico, ni de ficción. Un futuro que es definitivamente proyección de ese caos actual, asumido como punto de partida.

Pensar el país, no programarlo

Abrir el juego. Salirse de la caja, de la zona de confort que repite —y defiende— posturas, que sigue líneas. Esto tiene mucho valor, aquí está expuesto.

Ojalá llegaran al escenario nacional más propuestas como esta, para que el debate suba de la superficie y entonces, en vez de hablar del país, comencemos a pensarlo.

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Alfredo Yánez Mondragón es periodista con más de tres décadas de trayectoria, autor de nueve libros disponibles en Amazon y fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

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Fuentes principales

• Inciso de autoría del editor en jefe Alfredo Yánez Mondragón.
• Pieza de referencia: entrevista a Roberto Smith Perera publicada en esta misma edición (ED17M-EN2).

Hay una clase nueva formándose en silencio en Venezuela. No usa el viejo lenguaje del chavismo. Tampoco lleva los nombres conocidos del antichavismo. Es otra cosa. Tiene oficinas en Caracas, intereses en Bogotá, sociedades en Panamá y propiedades en el sur de la Florida. Tiene acceso a la mesa del rodrigato. Tiene firma autorizada. Y va a tener, si nadie pone reglas, un futuro económico muy parecido al de los oligarcas rusos de los noventa.

Lo dijo Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, el jueves 14 de mayo. Lo dijo en un foro que se llamó «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?». Lo dijo con palabras que pocos analistas se atreven a usar. La opacidad con que avanza el proceso de apertura económica en Venezuela puede derivar, advirtió, en una situación similar a la de Rusia post-soviética. Cuando un Estado entrega activos rápido, sin reglas, sin auditoría, sin contrapeso, el resultado conocido es oligarquía.

No es metáfora. Es lección operativa.

En 1991 la Unión Soviética se descompuso. Entre 1992 y 1996, el gobierno ruso aceleró un proceso de privatización masivo. Vouchers de privatización fueron distribuidos entre la población; los procesos competitivos quedaron en manos de quienes ya tenían acceso al poder político o a la información privilegiada. Los activos terminaron concentrados en pocas manos. Veinte años después, esas pocas manos eran dueñas de medios de comunicación, sectores estratégicos enteros, equipos de fútbol europeos y palacios en Mónaco. Cuando llegó Putin, los oligarcas que no se alinearon perdieron todo. Los que se alinearon, mantuvieron parte y devolvieron mucho. Pero la lógica oligárquica no se rompió. Solo cambió de dueño político.

Esa secuencia tiene tres componentes. Primero: velocidad. Cuando un Estado privatiza rápido y a oscuras, no hay sociedad civil que pueda procesar la información, ningún sistema judicial que pueda auditar, ningún parlamento que pueda controlar. Segundo: opacidad. Cuando los procesos de compra de activos no se publican, cuando los compradores no se identifican, cuando los precios pagados no se conocen, la diferencia entre privatización y reparto deja de tener sentido. Tercero: ausencia de contrapeso. Cuando no hay institución que pueda revisar, todo lo que se hace queda firme.

Venezuela 2026 tiene los tres componentes activos. Velocidad: Hidroven absorbió 28 hidrológicas regionales y municipales en una sola gaceta del 27 de enero. El Ministerio de Industrias y Comercio Nacional reúne 124 empresas bajo un mismo techo. PDV Holding fue renovada en mayo. La Corporación Venezolana de Minería cambió de comando. En cinco meses se reorganizó un patrimonio público que en cualquier país democrático tomaría años de discusión parlamentaria.

Opacidad: la Ley Antibloqueo de 2020, con cláusulas explícitas de confidencialidad sobre operaciones financieras del Estado, sigue formalmente vigente. Los inventarios públicos de activos no se han publicado. Las licitaciones, donde existen, operan con criterios discrecionales. Quién compra qué, por cuánto, con qué fondos, sigue siendo información reservada. El régimen ajustó el marco normativo, según el informe de Transparencia Venezuela, «sin que se cumplan estándares de competitividad, verificación del origen de los fondos de los potenciales compradores, transparencia sobre las condiciones y criterios de decisión de la venta de activos, rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino».

Ausencia de contrapeso: la Asamblea Nacional no audita el proceso. Los tribunales no revisan. La Contraloría General no fiscaliza con publicidad. La sociedad civil opera desde el exilio o desde el aliento corto. La prensa independiente sobrevive con limitaciones. Quien quiera saber qué pasó con un activo público específico, debe armarlo con denuncias parciales, documentos filtrados, declaraciones cruzadas. Eso no es contraloría. Es arqueología.

Si los tres componentes están activos, la pregunta no es si nacerá una oligarquía. Es cuál nacerá. Y aquí la advertencia se vuelve concreta.

Los oligarcas rusos no nacieron en ruptura con el sistema. Nacieron dentro de él. Eran ejecutivos de empresas estatales que conocían los activos antes que nadie. Eran funcionarios que entendían los procedimientos. Eran emprendedores con contactos en los niveles correctos. Eran, en muchos casos, personas honestas que se beneficiaron de un proceso opaco que les permitió comprar barato lo que valía mucho. La opacidad no exige mala fe. Exige solo asimetría de información. Y la asimetría es lo que el rodrigato, con su Ley Antibloqueo, lleva instalada como modo de operación.

¿Quiénes serán los oligarcas venezolanos del rodrigato? No los conocemos a todos. Pero conocemos los perfiles. Empresarios con relación previa con la administración chavista que ahora se reciclan. Funcionarios de segunda línea que han escalado en los últimos meses. Operadores con doble nacionalidad y vínculos en Miami, Madrid o Ciudad de México. Intermediarios financieros que aprendieron a navegar las sanciones. Y, en un porcentaje no despreciable, hijos, cuñados, sobrinos, compañeros de estudio. Mercedes de Freitas lo dijo: «en manos de compañeros de estudio o familiares del alto gobierno».

Lo que está en juego no es académico. Es el tipo de país en que viven y vivirán los venezolanos. Si la oligarquía del rodrigato consolida posiciones durante 2026 y 2027, el techo económico del país queda fijado de manera duradera. Habrá crecimiento. Habrá inversión. Habrá actividad. Pero todo dentro de un margen estrecho, definido por veinte o treinta familias con acceso al rodrigato. La movilidad social será residual. La clase media será relato, no realidad. Y la diáspora venezolana, esos ocho millones de personas dispersas en EE.UU., España, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, no encontrará espacio real de retorno productivo. Encontrará espacio de retorno como empleado o cliente, no como protagonista.

Si en cambio se ponen reglas ahora, en este momento, en el espacio de los próximos seis a doce meses, la historia puede ser distinta. Reglas no significa romance. Significa licitación auditable. Significa inventario público. Significa verificación del origen de los fondos de compradores. Significa rendición de cuentas. Significa, para el rodrigato, asumir costos políticos a cambio de viabilidad de largo plazo. Para Estados Unidos, condicionar su apoyo a la transparencia. Para la sociedad civil venezolana, recordar que el silencio frente al reparto es complicidad funcional.

Hay una clase nueva formándose. Aún no tiene nombre colectivo. Aún no tiene rostro público. Aún se mueve en silencio. La pregunta es si la sociedad venezolana, dentro y fuera del país, tendrá la capacidad de exigir reglas antes de que esa clase consolide su posición.

La pregunta es también para el venezolano en Miami, en Houston, en Doral, en Madrid o en Bogotá. Para el ecuatoriano, el chileno, el cubano, el mexicano que ha visto cómo otras transiciones se hicieron mal y otros oligarcas nacieron al pie de otros poderes. La pregunta es si se va a esperar a que el patrón se consume, para entonces denunciar lo que ya no se puede revertir. O si se va a leer la advertencia de Mercedes de Freitas con la seriedad técnica que merece.

No sabíamos que iba a nacer. Ahora sabemos. Es lo único que separa esta historia de la rusa de los noventa: una advertencia hecha a tiempo. Lo que se haga con ella define el resto.

Caracas–Columbus–Miami, una misma frase a tres tiempos.

Alfredo Yánez Mondragón

Editor de INCÍSOS

Hace 132 días que Nicolás Maduro fue capturado en Caracas. Hace 132 días que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Hace 132 días que la administración Trump opera en Venezuela el plan de tres fases que Marco Rubio articula como «estabilización, recuperación, transición».

Y hace 132 días que no hay cronograma electoral.

No hay fecha de fase. No hay meta verificable. No hay convocatoria del Consejo Nacional Electoral. No hay calendario público de cuándo se cierra la fase de estabilización y comienza la fase de recuperación, ni cuándo de la recuperación se pasa a la transición. Lo que sí hay es Estado 51 funcional —cuentas en Nueva York auditadas por KPMG, salarios pagados con dinero del petróleo, Repsol cuantificando un aumento del 10% en gas ante su Junta de Accionistas mientras Delcy Rodríguez camina flanqueada por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello al regreso de La Haya—.

Cuando un lenguaje de fases se prolonga sin fechas, deja de ser cronograma. Se convierte en estado permanente.

La distinción que importa

Hay dos formas de leer lo que está ocurriendo en Venezuela durante estos 132 días. La primera lectura es positiva: las condiciones materiales mejoraron, el petróleo fluye, las sanciones se desmontan, los acuerdos petroleros operan, la cooperación con Washington produce resultados verificables. En esta lectura, el Plan Rubio funciona como diseño y la pausa en el cronograma electoral es paciencia razonable. Marco Rubio mismo lo formuló así el martes 12 de mayo desde el Air Force One: «apenas han pasado cuatro meses, deberíamos estar satisfechos».

La segunda lectura es distinta. La fase dos del plan ofrece beneficios materiales inmediatos —ingresos petroleros, salarios pagados, importaciones reactivadas— que generan inercia política. Mientras esos beneficios fluyan, ninguno de los actores con poder de decisión tiene incentivo para forzar el avance a la fase tres. Ni Washington, que prefiere cooperación operativa estable. Ni Caracas, que prefiere mantener el aparato sin elecciones competitivas. Ni los inversionistas, que prefieren contratos firmados con la presidenta encargada actual antes que arriesgar el reordenamiento que vendría con cualquier transición real.

En esta segunda lectura, la fase dos no es etapa transitoria. Es modelo operativo.

Lo que la frase del título dice

«La transición que no llega o la transición sin nosotros» nombra los dos escenarios que la diáspora venezolana en Estados Unidos —cerca de 900.000 personas, una proporción significativa con TPS o ajustando estatus migratorio— debe considerar como reales en mayo de 2026.

El primer escenario: la transición no llega. La fase dos se prolonga indefinidamente. El rodrigato consolida cohesión interna —la caminata del 13 de mayo de Delcy con Jorge y Diosdado es la imagen literal de esa cohesión—. Las fechas electorales no se anuncian. El Consejo Nacional Electoral sigue sin pronunciamiento. María Corina Machado queda como referencia simbólica sin participación operativa. Trump se «satisface» con cuatro meses de avance. Rubio define que «no queremos esperar demasiado, pero tampoco quieres moverte demasiado rápido». Y en algún punto del segundo semestre del 2026 o del 2027, la fase dos deja de presentarse como transitoria y empieza a operar como statu quo.

El segundo escenario: la transición llega, pero sin los venezolanos que esperaron afuera. Llega con un cronograma definido por Washington y Caracas, sin participación efectiva de la oposición democrática, sin garantías reales de competencia política, sin posibilidad de retorno seguro para profesionales y familias que construyeron vida en Estados Unidos durante los últimos diez años. Llega como ratificación del modelo operativo actual, no como apertura democrática. Y la diáspora descubre que la conversación sobre Venezuela no la incluyó.

El cálculo de la diáspora

Para los profesionales venezolanos que se reubican durante 2026 —los que dejan Miami por Houston, Charlotte, Nashville, los que toman decisiones de comprar casa, inscribir hijos en escuelas, construir carrera, naturalizarse— el cálculo se hace sin esperar la transición. Se hace asumiendo que la transición, si llega, llegará en términos que no controlamos.

Esa decisión no es derrotismo. Es honestidad. Operar la vida con expectativa de retorno próximo a Venezuela en mayo de 2026 sería autoengaño con costo personal alto. Operar la vida construyendo de manera permanente en Estados Unidos no significa renunciar al país de origen. Significa reconocer que el calendario venezolano no está bajo nuestro control.

Lo que esta edición documenta

INCÍSOS no inventa este cuadro. Lo documenta. Las 31 piezas y el Especial «La Cara B de la transición» que componen la edición de hoy ofrecen evidencia con fechas, fuentes y métricas verificables: la confirmación de Rubio en Fox News del mecanismo financiero, el retrato oficial de Delcy en la FANB, la caminata del triunvirato, la cuantificación de Imaz del 10% en gas, los 132 días sin cronograma electoral. Cada pieza, sola, es noticia. La edición completa, sumada, es diagnóstico.

El diagnóstico no es esperanza ni desesperanza. Es información sobre dónde estamos.

Lo que viene

La fase tres del plan Rubio puede activarse en cualquier momento durante los próximos doce a veinticuatro meses. Puede activarse de manera que incluya a la oposición democrática. Puede activarse de manera que la excluya. Puede no activarse y consolidar el modelo actual como permanente.

La diáspora venezolana en Estados Unidos tiene una sola tarea operativa frente a estos tres escenarios: mantener la conversación. No la nostálgica. La política. La que documenta, analiza, exige claridad, denuncia cuando corresponde, y construye espacios donde el caso venezolano no se reduce a transacciones petroleras entre Washington y Caracas.

Esa conversación es la razón de ser de INCÍSOS. Y por eso esta edición, este viernes 15 de mayo, cierra con esta frase: la transición que no llega o la transición sin nosotros. Cualquiera de los dos escenarios exige que sigamos hablando.