Política
Abelardo de la Espriella tiene catorce días para explicar diez años
** El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella fue abogado de Alex Saab entre 2013 y 2019. La deportación del sábado cae a quince días de la primera vuelta. La explicación que ha sostenido hasta ahora se queda corta.
** El sábado 16 de mayo, Saab llegó a Miami. El domingo 31 de mayo, Colombia elige presidente en primera vuelta. Abelardo de la Espriella, candidato segundo en las encuestas por Defensores de la Patria, fue su abogado entre 2013 y 2019. La explicación que ha sostenido hasta ahora se queda corta.
El sábado 16 de mayo, Alex Saab aterrizó en Opa-locka. El domingo 31 de mayo, los colombianos eligen presidente en primera vuelta. Quince días. La distancia importa porque el segundo de las encuestas en Colombia es Abelardo de la Espriella, abogado de Saab durante seis años. Esa relación no es rumor, no es campaña sucia, no es construcción de adversarios. Está documentada, ha sido reconocida por el propio candidato y consta en archivos públicos. La pregunta legítima del votante hispano interesado en Colombia es qué dice De la Espriella esta semana, no en general.
Lo que está documentado
Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació en Bogotá el 31 de julio de 1978. Se crió en Montería. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Construyó su carrera profesional en el derecho penal, con clientes notorios: David Murcia Guzmán del esquema DMG, Natalia París, congresistas investigados por parapolítica, y otros perfiles de alto litigio. Entre 2013 y 2019 fue asesor legal de Alex Saab. El dato lo confirma él mismo en su entrevista del 8 de febrero de 2026 con El Tiempo y Citytv en el programa Tiempo de proponer, donde reconoce haber dejado de representarlo «hace varios años».
En 2021, en entrevista a El Espectador antes de la extradición de Saab desde Cabo Verde, el propio empresario describió a De la Espriella como su «abogado y amigo» y añadió que la relación personal había continuado tras el fin de la relación profesional. La página de Wikipedia del candidato consigna el período 2013-2019 y lo respalda con fuentes verificadas.
En febrero de 2026, al conocerse la captura de Saab en Cerro Verde, los candidatos rivales subieron el costo público de esa relación. La candidata Vicky Dávila pidió a De la Espriella «delatar a sus cómplices». El candidato Sergio Fajardo publicó un video del candidato vinculado a la noticia con la pregunta de quién lo defendería ahora. La excalcaldesa Claudia López pidió que Saab fuera encarcelado y se refirió a De la Espriella, sin nombrarlo, como «defensor de la mafia». La respuesta pública de De la Espriella ha sido sostener que cuando supo del rol de Saab en el oficialismo venezolano fue él, De la Espriella, quien lo acercó a las autoridades estadounidenses. La afirmación está en su línea de mensajes habitual, pero la verificación independiente de ese acercamiento, con fechas, contactos e instituciones receptoras, no ha sido aportada.
Lo que el candidato lleva a primera vuelta
De la Espriella ingresa al fin de semana del 31 de mayo en segundo lugar de la mayoría de las encuestas. El primer lugar es Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, fuerza política del actual presidente Gustavo Petro. La fórmula vicepresidencial del candidato Defensores de la Patria es el académico José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio durante el gobierno de Iván Duque, exrector de la Universidad EIA.
La campaña de De la Espriella se ha posicionado como outsider, con base electoral de derecha dura y apoyos del sector cristiano (pastores como Jaime Andrés Beltrán y John Milton Rodríguez, apoyo unilateral del partido Colombia Justas Libres). Su mensaje incluye propuestas de mano dura contra el narcotráfico, incluyendo la promesa pública del 12 de mayo en entrevista con Caracol Televisión de «derribar todo avión cargado de droga que salga de Colombia» y «hundir todas las lanchas» narco en el Caribe y el Pacífico.
El Coconspirador 1
En abril de 2026, Univision Investiga publicó un reportaje que sumó una capa al expediente público del candidato. El abogado Daniel Peñarredonda Gómez, descrito como uno de los socios principales de la firma De la Espriella Lawyers en Colombia y hombre de confianza del candidato, fue identificado por dos fuentes familiarizadas con el proceso como el «Coconspirador 1» en una acusación federal radicada en Tampa, Florida.
La acusación, contra un colaborador legal del bufete en Miami, describe un esquema en el que el Coconspirador 1 habría aceptado 700 mil dólares de un narcotraficante a cambio de promesas de reducción de condena que no se concretaron. Los hechos descritos ocurrieron a partir de 2020. El bufete tiene oficinas en Miami. La abogada de Peñarredonda, en declaraciones a Univision, no negó ni confirmó la identificación. El propio candidato no ha respondido públicamente al señalamiento concreto.
Lo que le pide el calendario
La deportación de Saab no es una noticia colombiana, pero tiene impacto colombiano por el calendario. Quince días entre Miami y la primera vuelta es muy poco tiempo para reprocesar una relación profesional documentada de seis años. La estrategia comunicacional del candidato ha sido, hasta ahora, sostener tres ideas: que toda persona tiene derecho a defensa legal, que él habría sido el primero en acercar a Saab a Estados Unidos, y que sus casos pro bono (Rosa Elvira Cely, Natalia Ponce de León) y su trayectoria en derecho administrativo prueban que su carrera no se limita a clientes polémicos.
Esa narrativa funciona en abstracto. Lo que se vuelve más difícil en concreto es responder cinco preguntas específicas que la semana entrante va a poner sobre la mesa, con o sin permiso del candidato:
- ¿Qué honorarios recibió el bufete De la Espriella Lawyers por la representación de Alex Saab entre 2013 y 2019, y de qué cuentas se pagaron?
- ¿Hubo cruce profesional entre la defensa de Saab y casos del mismo bufete representando a contrapartes o intermediarios mencionados en la acusación de enero de 2026?
- ¿La asesoría legal cubrió operaciones de Group Grand Limited, las contrataciones de Misión Vivienda 2011-2015, o el período inicial del esquema CLAP?
- ¿Qué cargo ocupó Daniel Peñarredonda durante la representación de Saab y qué relación, si alguna, tuvo el Coconspirador 1 con los expedientes de Saab?
- ¿Se acercó efectivamente De la Espriella a alguna agencia federal estadounidense para denunciar las operaciones de Saab? ¿Cuándo, ante quién, con qué documentación?
Ninguna de esas cinco preguntas es novedosa. Las cinco están sobre la mesa desde 2018, desde 2020, desde el indulto, desde el reportaje de Univision Investiga. La diferencia es que ahora hay un acusado en una corte federal del Distrito Sur de Florida, hay un default judgment civil del 12 de mayo, y hay una primera vuelta presidencial a quince días.
Lo que esto significa para el lector hispano interesado en Colombia
El voto hispano en Estados Unidos que sigue las elecciones colombianas no decide la elección, pero la observa. Las propuestas de seguridad de De la Espriella tienen impacto directo en los corredores migratorios y en la cooperación judicial bilateral. Su llegada a un eventual gobierno reorganizaría la relación Bogotá-Washington en términos que afectan a comunidades colombianas en Florida, Nueva York, Texas y California.
La elección de fondo entre Cepeda y De la Espriella es de modelo, no solo de personas. Cepeda lleva una propuesta de continuidad con matices del Pacto Histórico. De la Espriella, una propuesta de ruptura por la derecha. La relación con Saab entra en ese cuadro no como tema único, sino como capítulo entre varios sobre el origen de la fortuna, las redes de patrocinio y los compromisos del bufete del que el candidato es socio fundador.
Quince días no son suficientes para resolver un expediente de diez años. Pero son suficientes para que los votantes decidan si la explicación que se ha ofrecido hasta ahora alcanza para llevar a un candidato a Palacio de Nariño, o si la pregunta queda abierta para una eventual segunda vuelta el 21 de junio.
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Fuentes principales: Entrevista de Abelardo de la Espriella en Tiempo de proponer, El Tiempo y Citytv, 8 de febrero de 2026. Entrevista de Alex Saab a El Espectador, 2021. Reportaje «Socio de candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, vinculado por EE.UU. a un caso de fraude a narcotraficantes», Univision Investiga, abril de 2026. Reportaje de El Espectador (3 de mayo de 2026), El Colombiano (10 de mayo de 2026) y Colombia.com (febrero 2026) sobre la relación con Saab y declaraciones de candidatos rivales. Libro de Gerardo Reyes sobre Alex Saab. Página de Wikipedia con fuentes verificadas.
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Política
Trump promete US$1 millón por denuncias de fraude electoral, sin explicar cómo funcionaría
El pago anunciado por Trump queda condicionado a arresto y condena. No se ha identificado una fuente de fondos, una agencia responsable, reglas de elegibilidad ni un procedimiento para cobrarlo.
Donald Trump prometió pagar US$1 millón a quien reporte fraude electoral en comicios pasados o en las elecciones intermedias de 2026, siempre que el reporte conduzca al arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude. El anuncio fue publicado el 26 de octubre en su cuenta de Truth Social y, horas después, el presidente lo reiteró ante periodistas.
La cifra llama la atención; la condición importa más. No es una oferta por presentar una denuncia ni un programa de recompensas con reglas públicas. El mensaje condiciona el eventual pago a una cadena completa: reporte, arresto y condena. Al cierre de esta edición no se conocían la fuente de los fondos, la agencia que administraría el mecanismo, el canal específico para postular casos ni los criterios para decidir quién recibiría el dinero.
“Anybody reporting Voter Fraud in the past Elections, or the upcoming 2026 Midterm Election, will be paid $1,000,000 upon the arrest and conviction of those that created the Fraud!”
Donald J. Trump, publicación en Truth Social, 26 de octubre de 2026
La promesa y el mecanismo que no aparece
La formulación de Trump deja preguntas básicas sin respuesta. No dice si el millón corresponde a cada denunciante, a cada caso o a un monto total; tampoco precisa qué elecciones previas abarca, qué entiende por fraude ni cómo se establecería que un reporte fue la causa de una condena. La Casa Blanca remitió a la publicación de Trump cuando fue consultada por NBC News y no aportó detalles adicionales.
La diferencia entre una promesa pública y un mecanismo ejecutable es especialmente relevante porque el dinero del Tesoro federal solo puede salir mediante asignaciones aprobadas por ley. Esa regla no permite concluir, por sí sola, que la propuesta sea ilegal: podría existir una fuente o una autoridad que no haya sido explicada. Pero hasta ahora no se ha identificado una partida, un reglamento, una agencia responsable ni un proceso de pago.
Una semana antes de las intermedias
El anuncio llegó una semana antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Trump lo insertó en una agenda más amplia de presión sobre la integridad electoral y de intervenciones federales en asuntos que administran principalmente los estados. El dato verificable es la promesa y su condición de arresto y condena; no hay evidencia de que exista una recompensa federal operativa que cualquier persona pueda solicitar.
Los canales oficiales para reportar posibles delitos electorales ya existen. El FBI remite a tips.fbi.gov, al teléfono 1-800-CALL-FBI y a sus oficinas locales, y señala que las autoridades estatales administran las elecciones y las infracciones locales. La publicación de Trump no creó un canal paralelo ni vinculó el pago anunciado con esas vías.
El problema de prometer una cifra sin reglas
La promesa transforma una discusión sobre vigilancia electoral en una promesa económica de alto impacto. También desplaza el foco hacia la ejecución: quién recibiría los reportes, cómo se verifican, quién relaciona un aviso con una investigación, y qué ocurriría si varias personas aportan información sobre el mismo caso.
Esas preguntas no son accesorias. Sin ellas, la recompensa sigue siendo una declaración política y no una política pública verificable. El desenlace no dependerá solo de la cifra anunciada, sino de si aparecen fondos, reglas, una autoridad responsable y un procedimiento que convierta la oferta en algo que pueda exigirse y auditarse.
Fuentes y documentos
Política
La vacante que Washington necesita para llevar a Venezuela a elecciones
Estados Unidos propone una secuencia: nuevo TSJ, CNE renovado y una vacante presidencial permanente. INCÍSOS separa esa hoja de ruta de los actos venezolanos que aún faltan.
La secuencia que Washington expuso para Venezuela no termina con un nuevo Consejo Nacional Electoral ni con una fecha en el calendario. Su último paso es una decisión que hoy no existe: una vacante permanente de la Presidencia. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el 26 de octubre que, después de instalar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y renovar el CNE, Delcy Rodríguez tendría que declararla para abrir el camino hacia una elección presidencial.
Ese planteamiento convierte la vacante en la pieza política decisiva de una ruta que Estados Unidos presenta como salida de la transición. También obliga a precisar qué es, por ahora: una hoja de ruta explicada por Washington en una llamada de contexto, no una decisión venezolana ya tomada, un acto del CNE, una convocatoria electoral ni un acuerdo publicado por las partes de la mesa.
“Once those two things are in place — the new TSJ at the end of this year, the new CNE very shortly thereafter — … Delcy will have to declare a vacancy in the presidency, a permanent vacancy.”
Alto funcionario del Departamento de Estado, llamada de contexto del 26 de octubre de 2026
La ruta que Estados Unidos dibuja
El funcionario describió tres movimientos encadenados. Primero, un comité integrado por representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del oficialismo propondría 32 magistrados para un nuevo TSJ. La meta de Washington es que ese tribunal esté instalado antes de terminar el año, con una referencia a mediados de diciembre. Segundo, se reformaría el CNE y se renovaría su integración para que opere como una instancia técnica: organizar, contar y reportar los votos, sin decidir qué partidos o candidatos pueden competir.
Solo después aparece la vacante. Según la explicación estadounidense, una declaración de falta permanente abriría un período de seis meses para una presidencial y el nuevo CNE determinaría la fecha. Es la versión de Washington sobre el itinerario que busca respaldar. No equivale a que Delcy Rodríguez haya anunciado esa declaración ni a que exista un cronograma venezolano con esas etapas.
La vacante no es un detalle técnico
La frase importa porque desplaza la discusión desde el deseo de elecciones hacia la autoridad que tendría que abrirlas. Un TSJ distinto y un CNE distinto son instituciones; una vacante presidencial es el acto que cambiaría la condición del poder encargado y pondría en marcha otro procedimiento. Sin esa definición, la promesa de una elección sigue siendo una expectativa con varios pasos pendientes.
Ahí aparece una primera pregunta constitucional. El artículo 233 de la Constitución enumera las causas de falta absoluta y prevé una elección dentro de 30 días consecutivos si ocurre durante los primeros cuatro años del período. El artículo 234 regula las faltas temporales. La llamada del Departamento de Estado habló de seis meses. Esa diferencia no autoriza a adelantar una conclusión jurídica: exige saber qué figura se invocaría, quién la declararía y bajo qué interpretación institucional se aplicaría.
Lo que todavía tendría que verse
La ruta propuesta solo podrá medirse cuando deje documentos, nombres y actos públicos. El primer control es el comité: quiénes lo integran, cómo se reciben las postulaciones, con qué criterios se ordenan y qué nombres llegan a la Asamblea Nacional. El segundo es el CNE: qué norma cambia sus funciones, quiénes lo integran y qué garantías concretas ofrece para registro, candidaturas, voto exterior, escrutinio y divulgación de resultados.
El tercero es la vacante. No bastará con que sea mencionada en una llamada de Washington. Tendrá que existir un acto venezolano que permita conocer su fundamento, su alcance y la fecha desde la cual corre cualquier plazo. El cuarto es político: una elección puede tener instituciones nuevas y, aun así, conservar obstáculos si no se garantizan competencia, libertad de organización, información y posibilidad de cuestionar decisiones ante una autoridad creíble.
La diferencia entre una ruta y una transición
La intervención estadounidense aporta una arquitectura más precisa que la simple exigencia de “elecciones ya”. Coloca al TSJ y al CNE antes de la fecha, y a la vacante como bisagra entre las reformas y la convocatoria. Pero una arquitectura anunciada no sustituye su construcción. La prueba no será que Washington describa el trayecto, sino que cada estación pueda comprobarse en Venezuela.
Ese es el punto que deja abierta la transcripción: la política venezolana tiene ahora una secuencia atribuida a Estados Unidos, pero todavía debe mostrar si puede producir las decisiones, los controles y las garantías que conviertan una hoja de ruta externa en un proceso propio y verificable.
Fuentes y documentos
- Departamento de Estado de Estados Unidos · “Senior State Department Official on Venezuela”, 26 de octubre de 2026
- Departamento de Estado de Estados Unidos · comunicado sobre las conversaciones de reconciliación, 22 de octubre de 2026
- TSJ · Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 233 y 234
- Reuters · secuencia institucional expuesta por Washington, 26 de octubre de 2026
Aquí en Columbus
Los centros de datos llegan a la papeleta con una pregunta: quién paga
Acton y Ramaswamy discuten energía, impuestos e inversiones. El contraste debe hacerse sobre compromisos verificables, no solo anuncios de campaña.
Los centros de datos se han convertido en un eje de la última semana de campaña por la gobernación de Ohio. Una cobertura publicada el 26 de octubre por Statehouse News Bureau contrasta las posiciones de Amy Acton y Vivek Ramaswamy sobre incentivos, energía y condiciones para esos proyectos.
Acton ha planteado una moratoria condicionada a requisitos sobre costos, energía, trabajo, ambiente y acuerdos comunitarios. Ramaswamy ha dicho que se opone a exenciones del impuesto a la propiedad para centros de datos y que los proyectos deben aportar beneficios a las comunidades. Statehouse News Bureau reportó que las campañas también intercambiaron cuestionamientos sobre inversiones financieras; son alegaciones de campaña que deben leerse junto con las respuestas de cada parte.
Para Central Ohio, el tema tiene una traducción doméstica: electricidad, agua, suelo y recaudación local. Un proyecto puede aportar inversión y, a la vez, exigir infraestructura cuyos costos deben distribuirse. El número anunciado de empleos no responde por sí solo quién financiará esas necesidades.
La comparación útil distingue facultades del gobernador, decisiones de la legislatura, regulación de servicios y acuerdos locales. Una promesa de campaña no modifica automáticamente esos instrumentos ni garantiza que otros actores la aprueben.
La comparación entre las condiciones que ofrece cada candidato, su aplicación y la información disponible para las comunidades será clave antes de decidir. La expansión tecnológica está en la conversación electoral porque sus beneficios y costos se sienten en lugares concretos.
Imagen conceptual generada para INCÍSOS; no es una fotografía documental.
Fuentes y documentos
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