ESPECIAL · VIII

Treinta días después del doble sismo, Venezuela no ha publicado una lista oficial de personas desaparecidas. Las estimaciones van de 10.000 a 50.000. Miles de familias siguen esperando un que enterrar y un papel que lo certifique.

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Los que siguen sin aparecer

Treinta días después del doble sismo, Venezuela no ha publicado una lista oficial de personas desaparecidas. Las estimaciones van de 10.000 a 50.000. Miles de familias siguen esperando un que enterrar y un papel que lo certifique.

El número que nadie publica

De todas las cifras de este especial, la más importante es la que no existe.

Un mes después del desastre, las autoridades venezolanas no han publicado una lista oficial de personas desaparecidas. Lo que hay son estimaciones que no coinciden entre sí: las Naciones Unidas calcularon que la cifra podría llegar a 50.000 personas; otras proyecciones la sitúan cerca de 10.000. Durante la emergencia, las plataformas ciudadanas acumularon decenas de miles de denuncias de personas sin contacto, cifras que nunca fueron confirmadas.

La distancia entre esas estimaciones no es un margen técnico. Es la constancia de que no hay un conteo. Y en la historia venezolana esto tiene un precedente exacto: tras el deslave de Vargas en 1999, las cifras de muertos oscilaron entre 700 y 50.000, y el país nunca supo cuántos habían muerto. Veintisiete años después, sobre el mismo territorio, se repite el mismo vacío.

Lo que significa no estar en una lista

Podría pensarse que el registro es una formalidad burocrática frente al dolor. Es exactamente al revés: la ausencia de registro tiene consecuencias materiales severas para quienes quedan.

No hay identificación sistemática. Sin un listado centralizado que cruce reportes familiares con los s recuperados, la identificación depende del azar y del esfuerzo individual de cada familia recorriendo hospitales y morgues.

No hay acta de defunción. Sin certificación de la muerte, una familia no puede acceder a herencias, cobrar seguros, disponer de cuentas bancarias, resolver la titularidad de una vivienda ni tramitar la custodia legal de los menores que quedaron sin padres.

No hay cierre. El duelo humano necesita un hecho comprobado. Miles de personas siguen viviendo bajo carpas frente a los edificios colapsados, muchas de ellas esperando que la remoción de escombros devuelva el de alguien.

El trauma que se instala

Médicos Sin Fronteras, que fue la única presencia humanitaria internacional en el país en los primeros días, convirtió la salud mental en uno de los pilares de su respuesta. Sus equipos recorren La Guaira y Caracas con clínicas móviles, incluida Naiguatá, una zona que había quedado relativamente al margen de la asistencia.

El diagnóstico de su jefe de misión en Venezuela es directo: la población va perdiendo la esperanza y el trauma que sufrieron se está convirtiendo en un trauma para el futuro. La fase de rescate quedó atrás; la del duelo apenas empieza, y para miles de familias ni siquiera puede empezar, porque no hay a quién enterrar.

En el hospital Domingo Luciani de Caracas, los afiches de personas desaparecidas siguen pegados un mes después. Es la imagen más precisa del estado de las cosas.

Por qué no se publica

INCÍSOS no puede afirmar cuál es la razón, porque no ha sido explicada. Puede, en cambio, señalar las hipótesis que el propio caso admite y que las autoridades podrían despejar si quisieran.

Podría ser incapacidad técnica: elaborar un registro de desaparecidos en un desastre de esta magnitud exige un sistema de identificación forense y de cruce de datos que el país quizá no tenga. Podría ser fragmentación institucional: distintos organismos manejando listados parciales sin integrarlos. Podría ser una decisión política: una cifra oficial de desaparecidos convertiría el balance de 5.398 muertos en algo mucho mayor, y ningún gobierno recibe con agrado esa aritmética.

Sea cual sea la razón, el efecto es el mismo para quien busca. Y la responsabilidad de explicarlo corresponde a quien administra el Estado.

Lo que corresponde exigir

Las demandas concretas que este especial puede formular son verificables y cumplibles:

Un registro público y actualizado de personas reportadas como desaparecidas, con mecanismos de protección de datos sensibles.

Un protocolo de identificación forense con apoyo internacional, como el que se ha aplicado en otros desastres de escala comparable.

Un procedimiento simplificado para la declaración de ausencia y la emisión de actas, de modo que las familias puedan resolver su situación legal sin esperar años.

Información periódica a los familiares sobre el avance de la remoción de escombros en los sitios donde aún se espera recuperar s.

La deuda

Este especial se llama, en su conjunto, un balance. Pero un balance solo cierra cuando todas las cuentas están. Aquí falta la más importante.

Venezuela puede decir con precisión cuántas toneladas de alimentos distribuyó, cuántos perros de búsqueda llegaron y cuántos millones cuesta reponer lo caído. No puede decir cuántos de los suyos siguen bajo los escombros. Esa asimetría —contarlo todo menos a los muertos— es la que este cuarto especial deja señalada, a la espera de que alguien la resuelva.

Mientras tanto, hay familias en La Guaira que un mes después siguen mirando un montón de concreto y esperando. Ellas son el balance que falta.

ESPECIAL · VI

En días, universidades, iglesias, partidos y ciudadanos habilitaron centros de acopio en al menos siete estados. Después llegaron las prohibiciones municipales, las denuncias de retención y el reclamo de cuarenta ONG. La ayuda se volvió terreno de disputa.

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Los centros de acopio: de la solidaridad a la disputa

En días, universidades, iglesias, partidos y ciudadanos habilitaron centros de acopio en al menos siete estados. Después llegaron las prohibiciones municipales, las denuncias de retención y el reclamo de cuarenta ONG. La ayuda se volvió terreno de disputa.

La respuesta que se armó sola

Una de las cosas más notables del mes que siguió al sismo fue la velocidad con que la sociedad venezolana montó una red de acopio sin esperar instrucciones.

En pocos días había puntos de recolección de agua, alimentos no perecederos, insumos médicos, mantas y ropa en al menos siete estados: Miranda, Aragua, Carabobo, Zulia, Lara, Táchira y Monagas. Los habilitaron universidades, la Iglesia a través de Cáritas, partidos políticos de distintos signos y grupos de vecinos sin filiación alguna.

Esa red no la diseñó nadie. Surgió por acumulación de iniciativas paralelas, y en cuestión de horas movía cantidades significativas de insumos hacia la zona del desastre.

Cuando empezaron los problemas

El conflicto no tardó. Y tuvo varias formas.

Prohibiciones municipales. Alcaldías prohibieron la instalación de centros de acopio en sus jurisdicciones. En Charallave, estado Miranda, la alcaldesa Yubismar Hernández prohibió la recolección independiente. Las justificaciones oficiales apelaron a la coordinación y al orden; los afectados lo leyeron como control.

Denuncias de retención. Se denunció que s de seguridad retenían ayuda destinada a damnificados. INCÍSOS documentó esas denuncias durante la emergencia.

Ayuda varada en frontera. Doscientas toneladas de ayuda humanitaria quedaron detenidas en la frontera colombo-venezolana sin lograr cruzar.

Voluntarios en el limbo. El registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas se anunció, se suspendió y se reabrió, dejando a cientos de personas sin saber si podían ayudar o no.

Equipos que no llegaron. Brigadas de rescate internacionales quedaron varadas en aeropuertos sin autorización para operar. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, lo resumió al reclamar por sus bomberos detenidos: esto no es una fiesta que necesite invitación.

El reclamo de las cuarenta

El punto más alto de la tensión llegó cuando cuarenta organizaciones no gubernamentales emitieron un pronunciamiento conjunto pidiendo que se respetaran los derechos humanos en la gestión de la ayuda y cuestionando las prohibiciones de acopios.

Por su parte, la Plataforma Unitaria exigió transparencia en el manejo de la asistencia. La demanda no era abstracta: cuando la ayuda se centraliza sin mecanismos públicos de trazabilidad, no hay forma de saber si llegó a quien debía llegar.

Por qué la ayuda se politiza

Conviene explicar el mecanismo, porque no es exclusivo de Venezuela ni de un solo signo político.

En una emergencia, quien controla la distribución de bienes escasos adquiere poder. Puede decidir quién recibe primero, puede aparecer entregando, puede exigir gratitud. La ayuda humanitaria es, simultáneamente, un bien material urgente y un activo de legitimidad política.

Por eso los estándares internacionales insisten en la neutralidad de la asistencia: no porque los actores políticos sean malintencionados, sino porque la tentación es estructural. Cuando una alcaldía prohíbe acopios ajenos y monta el propio, o cuando un partido usa su red de distribución para hacerse visible, la ayuda deja de medirse por eficacia y empieza a medirse por rédito.

Y esa lógica opera en todos los bandos. Los sectores opositores también organizaron acopios con identificación partidista visible. La diferencia relevante no es de color político, sino de si la ayuda llegó y si puede demostrarse que llegó.

Lo que quedó

Un mes después, la fase aguda del acopio terminó. Los insumos de emergencia dieron paso a necesidades de más largo plazo: vivienda, salud mental, reposición de documentos, reactivación económica.

Lo que queda de aquella red ciudadana es una lección que vale la pena registrar antes de que se olvide, porque en Venezuela lo relacionado con catástrofes se olvida rápido. En las primeras horas, la sociedad demostró capacidad real de organizarse, movilizar recursos y llegar a donde el Estado no llegaba. Esa capacidad es un activo nacional.

Los obstáculos que enfrentó —prohibiciones, retenciones, trabas fronterizas— no fueron fallas técnicas. Fueron decisiones. Y decisiones se pueden tomar de otro modo la próxima vez, si alguien se molesta en recordar esta.

ESPECIAL · V

Los balances oficiales contabilizan 6.462 personas rescatadas mediante operaciones técnicas y 19.861 salvadas si se cuentan las evacuaciones autogestionadas. Esa diferencia es el dato más elocuente sobre quién respondió en las primeras horas.

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Quién llegó primero: la pregunta que el país no ha cerrado

Los balances oficiales contabilizan 6.462 personas rescatadas mediante operaciones técnicas y 19.861 salvadas si se cuentan las evacuaciones autogestionadas. Esa diferencia es el dato más elocuente sobre quién respondió en las primeras horas.

La cifra que ordena el debate

Hay un dato en los propios balances oficiales que rara vez se destaca y que dice más que cualquier declaración. Las autoridades informaron que 6.462 personas fueron rescatadas con vida mediante operaciones técnicas de búsqueda y rescate. Y agregaron que 19.861 salvaron la vida si se cuentan las evacuaciones autogestionadas.

La resta es de 13.399 personas. Es decir: por cada persona sacada de los escombros por un equipo especializado, aproximadamente dos fueron salvadas por gente sin equipamiento, sin protocolo y sin formación en rescate. Vecinos sacando vecinos.

Ese número no es una acusación. Es una descripción de cómo funcionan las primeras horas de cualquier catástrofe en cualquier país: los primeros respondedores siempre son quienes ya están ahí. Ningún Estado del mundo tiene capacidad de llegar simultáneamente a todos los puntos de un colapso masivo.

Pero en Venezuela ese fenómeno universal se produjo en un contexto particular, y ahí empieza lo discutible.

Las primeras 72 horas

El período crítico para hallar sobrevivientes bajo escombros es de aproximadamente 72 horas. Los primeros equipos internacionales comenzaron a llegar el 25 de junio, y el grueso del despliegue se consolidó entre el 26 y el 28. Es decir, buena parte de la ventana crítica transcurrió antes de que la ayuda especializada extranjera estuviera operativa.

Durante esas horas, la respuesta dependió de la capacidad nacional y de la iniciativa ciudadana. INCÍSOS documentó en su cobertura casos concretos: comunidades enteras que se organizaron solas para remover escombros con herramientas domésticas, cadenas humanas improvisadas, vecinos que identificaron dónde había personas atrapadas porque conocían quién vivía en cada apartamento.

En el sector Medina Angarita, en la carretera de Catia, una comunidad se rescató a sí misma y después pidió que el Estado la mirara. Es una síntesis exacta del patrón.

Lo que denunciaron los que estaban ahí

La discusión no se limita a la velocidad de llegada. Durante los primeros días se acumularon denuncias que INCÍSOS registró y que siguen sin respuesta oficial satisfactoria.

Un exjefe de Defensa Civil describió la respuesta como improvisada, señalando que en gestión de riesgo no se puede improvisar. Un paramédico en terreno explicó la impotencia de trabajar sin maquinaria: ya no se podía hacer nada con las manos. Desde La Guaira se denunció que la ayuda llegaba a cuentagotas y que los bomberos carecían de maquinaria pesada.

Hubo denuncias de que s de seguridad retenían ayuda destinada a damnificados. Y un episodio que quedó como símbolo: vecinos que detuvieron una excavadora oficial alegando que había llegado a tomarse fotos y no a trabajar.

La otra parte de la historia

Sería incompleto —y editorialmente deshonesto— presentar solo ese lado. También hubo funcionarios, bomberos, militares y personal de salud que trabajaron hasta el agotamiento en condiciones pésimas, con equipos insuficientes y muchos de ellos afectados personalmente por el desastre.

El sistema hospitalario, que ya estaba deteriorado antes del sismo, atendió 32.401 pacientes. Ocho hospitales resultaron dañados y algunos debieron evacuarse. Que ese sistema haya funcionado de algún modo en esas condiciones es también un dato.

La crítica válida no es que los funcionarios no hicieran su trabajo. Es que el Estado, como estructura, llegó a la catástrofe sin la capacidad instalada que su propia normativa exige, y eso no se decidió el 24 de junio: se decidió en los años previos, cuando se desmontó el sistema de gestión de riesgo.

La disputa que sigue abierta

Un mes después, la pregunta de quién llegó primero se ha convertido en terreno político. El gobierno de transición destaca los balances de familias atendidas y toneladas distribuidas. Los sectores críticos destacan las 13.399 personas salvadas por sus propios vecinos.

Ambas cosas son ciertas y no se anulan. Lo que INCÍSOS puede afirmar con la evidencia disponible es lo siguiente: la sociedad civil venezolana respondió con una capacidad de autoorganización notable, el Estado llegó tarde y con menos medios de los necesarios, y la ayuda internacional resultó decisiva pero llegó después de la ventana crítica.

La conclusión útil no es asignar culpas por lo ya ocurrido. Es que un país sísmico sin capacidad de respuesta propia en las primeras 72 horas volverá a depender de que sus vecinos caven con las manos. Y la próxima vez, como enseñan dos siglos de historia venezolana, también habrá una próxima vez.