** Tiene número de pasaporte que termina en 8063. Lo emitió el SAIME el 21 de marzo de 2019. Caducó el 22 de marzo de 2020. En el renglón de observaciones dice: «Enviado Especial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores». Sobre ese papel descansó durante seis años el principal argumento jurídico de Alex Saab. La Fiscalía estadounidense lo desmontó pieza por pieza. El rodrigato lo dejó morir.

Hay un documento que conviene poner sobre la mesa antes de cerrar la cobertura de esta semana. Es un pasaporte. Tiene la portada estándar de la República Bolivariana de Venezuela. La foto y la firma del titular corresponden a Alex Naim Saab Morán. El número termina en 8063. La página de datos personales registra Barranquilla como lugar de nacimiento. La fecha de emisión es el 21 de marzo de 2019; la de vencimiento, el 22 de marzo de 2020. La autoridad emisora es el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME.

Lo distintivo no está en la página de datos. Está en el renglón de observaciones, donde un sello impreso en color azul declara: «Cargo: Enviado Especial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores». Una marca de agua del SAIME y un sello adicional certifican la oficialidad del documento. Una versión escaneada del pasaporte ha sido difundida por el corresponsal de ABC en Washington David Alandete y forma parte del archivo público sobre el caso Saab.

Ese papel sostuvo durante casi cuatro años el principal argumento jurídico de la defensa de Saab: que su detención en Cabo Verde en junio de 2020 violaba el derecho internacional, porque él era un agente diplomático del Estado venezolano y, por tanto, gozaba de inmunidad.

La construcción del enviado especial

La figura del «enviado especial» en el derecho internacional está regulada por la Convención de Nueva York sobre Misiones Especiales de 1969. Es una categoría diplomática menor que la del embajador con sede, pero su titular goza, mientras dure la misión, de inmunidades equivalentes en lo esencial: inviolabilidad personal, exención de jurisdicción penal local, no detención. La condición es estricta: la misión debe estar comunicada formalmente al Estado receptor y aceptada por este.

Saab no era diplomático de carrera. Era empresario, contratista del Estado venezolano para el plan Misión Vivienda desde 2011 y operador principal de la empresa Group Grand Limited en los contratos del programa CLAP desde 2017. En 2018 fue demandado por la propia oficina de Saab ante un tribunal de Caracas contra el portal Armando.info, que había documentado las operaciones de GGL.

El 26 de abril de 2018, según el alegato presentado años después por la Fiscalía estadounidense, el gobierno de Nicolás Maduro emitió una supuesta comunicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana que designaba a Saab como representante para realizar negociaciones a favor de Venezuela. En 2020, el gobierno argumentó que esa designación cubría un encargo formal como «enviado especial, embajador y representante venezolano» ante la Unión Africana. El pasaporte 8063 se emitió en marzo de 2019, casi un año después de la supuesta gaceta y poco antes de los viajes internacionales que culminarían en la escala de Cabo Verde.

La detención

El 12 de junio de 2020, Saab aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, Cabo Verde, en una escala técnica de un vuelo con destino a Irán. Llevaba consigo el pasaporte 8063. Una orden de detención provisional emitida por Estados Unidos llevó a su captura inmediata por autoridades caboverdianas.

Comenzó entonces un proceso jurídico que se extendería durante quince meses. La defensa de Saab, encabezada en Cabo Verde por el equipo del abogado portugués José Manuel Pinto Monteiro y en Estados Unidos por el bufete Baker Hostetler, sostuvo desde el primer día que la detención era ilegal por violación de inmunidad diplomática. Presentó el pasaporte y la designación como pruebas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ECOWAS, en julio de 2020, falló en favor del argumento de inmunidad y ordenó la liberación inmediata de Saab. Cabo Verde no acató la decisión: alegó que no había ratificado el protocolo correspondiente al tribunal. La defensa interpretó esa negativa como confirmación de la validez del argumento. Era una victoria diplomática a medias.

En septiembre de 2021, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos. El 16 de octubre de 2021, Saab fue trasladado a Miami.

El desmonte de la Fiscalía estadounidense

El argumento de inmunidad pasó entonces a la jurisdicción federal estadounidense. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó en noviembre de 2022 una respuesta detallada con las pruebas que, a su juicio, desmontaban la condición diplomática alegada por Saab. Las cuatro pruebas centrales son las siguientes.

Primera. La copia del pasaporte 8063, presentada por la defensa como prueba reina, mostraba la misma fotografía y la misma firma que un pasaporte común emitido a Saab dos años antes. Para la Fiscalía, la coincidencia exacta de imagen y rúbrica en dos documentos separados por dos años de tiempo biológico apuntaba a una emisión irregular: los pasaportes auténticos exigen captura biométrica nueva en cada renovación.

Segunda. La supuesta comunicación de la Gaceta Oficial del 26 de abril de 2018, que oficializaba la designación de Saab como representante, no presentaba los rasgos formales de un acto publicado en gaceta. La Fiscalía sostuvo que el documento había sido construido a posteriori para sostener la narrativa diplomática.

Tercera. Una memoria interna del gobierno venezolano sobre los encargos efectivamente delegados a Saab no incluía la designación como enviado especial. La Fiscalía citó la documentación interna como prueba de que la designación diplomática era un agregado posterior a la detención de Cabo Verde, no un instrumento previo.

Cuarta y probablemente más decisiva. En las comunicaciones oficiales que la Cancillería venezolana, entonces a cargo de Jorge Arreaza, dirigió a Cabo Verde y a Estados Unidos en los días siguientes a la detención de Saab, nunca se utilizó la fórmula «enviado especial». Se utilizaron expresiones más débiles: «agente», «representante», «colaborador». Tampoco se hizo mención del pasaporte diplomático: las primeras comunicaciones oficiales venezolanas se refirieron al número de pasaporte general, no al pasaporte 8063 con sello especial. La Fiscalía estadounidense lo argumentó así: «Si en efecto Saab Morán fuera un enviado especial del régimen de Maduro, Arreaza y otros en el régimen se habrían referido de inmediato a él con ese título tras su detención. Se habrían referido a su pasaporte diplomático en lugar de a su número de pasaporte general venezolano. Pero ninguna de esas misivas lo hicieron».

El argumento es funcional: si la designación diplomática hubiera sido auténtica y previa, la propia Cancillería venezolana habría sostenido la fórmula desde el primer día. Lo que la Fiscalía describió fue una construcción reactiva, no una credencial preexistente.

La causa que el indulto cerró

El procedimiento penal en Miami avanzó con el argumento de inmunidad en discusión. En noviembre de 2021, la corte desestimó siete de los ocho cargos por garantías ofrecidas a Cabo Verde durante la extradición, pero mantuvo en pie el cargo de conspiración para lavado de dinero. La defensa apeló. La Corte mantuvo el cargo.

En diciembre de 2023, el indulto presidencial de Joe Biden cerró la discusión. En marzo de 2024, el juez Robert Scola desestimó definitivamente la causa. El argumento de inmunidad nunca tuvo pronunciamiento final del tribunal estadounidense. Quedó archivado junto con el resto del expediente.

Lo que el documento ya no puede sostener

El pasaporte 8063 no se renovó. Caducó el 22 de marzo de 2020 y nunca fue reemplazado por un instrumento de igual fórmula. Tras el indulto y el regreso de Saab a Caracas en diciembre de 2023, Maduro lo incorporó al gabinete: primero al Centro Internacional de Inversión Productiva, en enero de 2024, y luego al Ministerio de Industria y Producción Nacional, en octubre de 2024. Ninguno de esos cargos es diplomático. Su pasaporte oficial durante el período ministerial fue el correspondiente a su función como titular de cartera.

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez, desde el 16 de enero de 2026, lo separó del gabinete y no emitió designación diplomática alternativa. Cuando Saab fue detenido en su casa de Cerro Verde el 4 de febrero de 2026, no portaba pasaporte de enviado especial. Cuando fue subido al Gulfstream N550GA en Maiquetía el sábado 16 de mayo, tampoco.

El argumento de inmunidad, que sostuvo cuatro años de defensa internacional con presupuesto millonario, no aplica al procedimiento que comienza esta semana en Miami. La acusación de enero de 2026 es nueva, no derivada del expediente cerrado por el indulto. Y aunque la defensa quisiera retomar el argumento, ya no tiene credenciales documentales: el pasaporte caducó hace seis años, el gobierno que lo emitió perdió a sus titulares principales, y el gobierno encargado actual no le ha extendido cobertura diplomática. La inmunidad fue siempre un argumento débil, y hoy es además un argumento vencido.

Lo que el pasaporte explica del oficialismo de 2019

El documento conserva, sin embargo, valor explicativo. Cuenta cómo un Estado decidió, en marzo de 2019, transformar a un empresario contratista en figura con cobertura diplomática internacional. Cuenta cómo el SAIME emitió un instrumento con designación oficial fuera de los canales habituales de la carrera diplomática. Cuenta cómo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, entonces bajo dirección de Jorge Arreaza, prestó su nombre y su sello a una operación que la Fiscalía estadounidense describió posteriormente como falsificación reactiva.

Cuenta, en suma, qué tan permeable era el aparato administrativo del oficialismo a las necesidades operativas del círculo financiero de Maduro. Un pasaporte con designación de enviado especial no se imprime por error. Lo firma alguien, lo sella alguien, lo entrega alguien. Esas cadenas administrativas existen, están documentadas en los archivos internos del SAIME, y son material potencial de las causas que el Departamento de Justicia estadounidense pueda construir en los meses siguientes contra funcionarios secundarios.

El pasaporte 8063 es prueba de tres cosas. De cómo el oficialismo construyó la figura de Saab. De cómo Estados Unidos la desmontó. Y de cómo, seis años después, ese papel ya no sirve para detener un avión que despegó de Maiquetía un sábado de mayo.

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Fuentes principales: Imagen del pasaporte difundida en el archivo público del caso por David Alandete, corresponsal de ABC. Alegato de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentado en noviembre de 2022, reseñado por Cambio Colombia. Fallo del Tribunal de Justicia de la ECOWAS, julio de 2020. Decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, septiembre de 2021. Reportes de Infobae, TalCualDigital, El Colombiano y El Universal, mayo de 2026. Convención de Nueva York sobre Misiones Especiales, 1969 (marco legal).