Mientras el mundo mira los pozos de petróleo venezolanos, el verdadero campo de batalla de la apertura económica está más al sur, en las minas de oro del estado Bolívar. Allí, la inversión extranjera que promueve Washington no avanza con calma sino entre detonaciones, sobrevuelos de helicópteros y bandas armadas que controlan el territorio. Una foto falsa hecha con inteligencia artificial enturbió esta semana el panorama, pero no debe distraer de lo esencial: en Bolívar hay un conflicto real, y es el segundo frente de la reconstrucción venezolana.

Dos industrias, dos riesgos

Venezuela se está abriendo al capital extranjero en dos frentes a la vez, pero con perfiles de seguridad opuestos. El primero es el petróleo, concentrado en la zona urbana y en la Franja del Orinoco, que opera con relativa estabilidad —alrededor de 1,1 millones de barriles diarios— y donde una ley en trámite busca atraer inversión privada para hacer crecer la producción. Ese frente avanza con calma.

El segundo frente es distinto, y mucho más peligroso. El Arco Minero del Orinoco, esa franja del sur rica en oro, diamantes, coltán y tierras raras, no lo controla del todo el Estado: lo dominan el ELN, disidencias de las FARC y bandas armadas locales que imponen impuestos, gobiernan el territorio y deciden quién entra y quién no. Abrir esa zona a la inversión no es un trámite económico: es meterse en un territorio en disputa armada. Por eso, mientras el petróleo se abre con papeles, el oro se abre con plomo.

La situación de esta semana

En los últimos días se reportó una situación irregular en la zona minera de Bolívar. Según información atribuida a Venevisión, hubo sobrevuelos de helicópteros y detonaciones en el área. Conviene ser claros con lo que se sabe y lo que no: al momento de esta publicación no hay confirmación oficial ni corroboración independiente plena de un episodio puntual. Es un reporte en desarrollo, y como tal debe leerse, a la espera de que las fuentes permitan confirmarlo.

Lo que sí está sólidamente documentado es el patrón. La Fuerza Armada venezolana ha ejecutado durante años operaciones contra la minería ilegal en la región, y organizaciones de derechos humanos han denunciado que varias de esas incursiones, presentadas como «enfrentamientos», dejaron decenas de muertos y desplazamiento forzado de comunidades. La violencia en El Callao y los sectores mineros vecinos no es una novedad de hoy: es una condición permanente, con guerras entre bandas por el control de los yacimientos que estallan con regularidad. Cualquier operación militar reciente, de confirmarse, se inscribiría en esa historia larga y sangrienta.

El bulo que enturbió el panorama

En medio de esa tensión real circuló, el 8 de junio, una imagen que aseguraba mostrar a militares estadounidenses y venezolanos «tomando» las minas de El Callao. La foto es falsa: fue generada o modificada con inteligencia artificial, según verificaron de forma independiente medios como El Pitazo y el portal de verificación Cotejo.info. La «primicia» había salido de una publicación extraoficial y se viralizó sin sustento.

El episodio deja una lección que vale la pena subrayar, sobre todo cuando el tema es serio: una imagen falsa no solo engaña, sino que ensucia el terreno informativo y le resta credibilidad a los hechos verdaderos. Y los hechos verdaderos en Bolívar son suficientemente graves como para no necesitar invenciones. Desconfiar de la imagen impactante y esperar la verificación de fuentes confiables es, hoy más que nunca, un acto de defensa propia.

El telón de fondo: Washington mira al sur

Lo que vuelve este frente especialmente delicado es el contexto de cooperación militar entre Caracas y Washington de los últimos meses. La cadencia de contactos es notable: el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, visitó Venezuela en febrero y de nuevo el 23 de mayo, durante un inédito ejercicio de respuesta rápida sobre Caracas. El 3 de junio llegó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, en su primera visita. Y antes, en marzo, el secretario del Interior Doug Burgum había declarado que el gobierno de Delcy Rodríguez se comprometió a garantizar la seguridad de las empresas mineras, incluso en zonas que el propio Estado reconoce bajo control ilegal.

Sobre ese tablero, el análisis del medio especializado Geostrategos, con lectura del capitán retirado Daniel Pinto Chacón, plantea una hipótesis inquietante: para asegurar las inversiones, Washington tendría tres caminos —contratistas privados, tropas propias o emplear a la Fuerza Armada venezolana—, y la opción de menor costo sería usar a la fuerza local. Bajo esa lectura, una operación militar de limpieza en Bolívar funcionaría a la vez como señal al capital extranjero y como prueba de coordinación con Washington. Es una hipótesis, no un hecho probado, pero encaja con la secuencia de visitas militares y conviene tenerla sobre la mesa.

El ejecutor comprometido

Hay, además, una paradoja de fondo que ninguna inversión puede ignorar. La seguridad de las minas se le encargaría a la misma institución que durante años ha lucrado con la economía ilícita del oro. Está documentado que oficiales de la Fuerza Armada han cobrado a organizaciones criminales por el acceso a las minas, y que la enorme mayoría del oro venezolano se produce de manera ilegal, con el control delegado de hecho a grupos armados a cambio de lealtad. Pedirle a ese actor que desmantele las estructuras de las que se ha beneficiado es una apuesta de resultado, cuando menos, incierto.

Para el lector hispano, y en especial para el venezolano de la diáspora, este frente importa tanto como el petrolero, aunque reciba menos atención. Porque revela la verdadera naturaleza de la reconstrucción que se está negociando: no ocurre en el vacío ni sobre una hoja en blanco, sino sobre territorios reales, disputados por las armas, donde el Estado y el crimen llevan años entrelazados. El oro de Bolívar es la prueba de que abrir Venezuela al mundo será, en muchas zonas, mucho más difícil y más sangriento que firmar un contrato petrolero. Y de que el segundo frente, el silencioso, puede terminar siendo el más decisivo.

Reporte en desarrollo. Algunos elementos sobre la situación reciente en la zona minera de Bolívar no cuentan, al momento de esta publicación, con confirmación oficial ni corroboración independiente plena; se presentan como tales y serán actualizados. Esta nota es informativa.

Fuentes principales: análisis de Geostrategos con lectura del capitán (ret.) Daniel Pinto Chacón; El Pitazo y Cotejo.info sobre la verificación de la imagen falsa generada con IA; Reuters sobre las visitas de los generales Francis Donovan (18 de febrero y 23 de mayo de 2026) y Dan Caine (3 de junio) y las declaraciones del secretario Doug Burgum (marzo de 2026) sobre la seguridad de las mineras; Observatorio Venezolano de Violencia y Provea sobre la violencia estructural y las operaciones militares en el Arco Minero del Orinoco.

En Chile viven unos 340.000 migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos. El presidente José Antonio Kast llegó al poder prometiendo expulsarlos, y esta semana anunció dos proyectos de ley para acelerar el proceso. Pero choca con una paradoja que ningún discurso resuelve: para deportar a un venezolano hace falta que Venezuela lo reciba, y entre Santiago y Caracas no hay relaciones. Segunda entrega de la serie sobre la diáspora en el limbo.

El espejo del sur

Si Estados Unidos es el destino que la diáspora venezolana mira primero, Chile es su gran espejo en el sur del continente. Durante la última década, cientos de miles de venezolanos cruzaron el continente entero —a pie buena parte del trayecto, atravesando la selva, los Andes y el desierto— para llegar a un país que prometía estabilidad. Hoy ese país cambió de signo político, y con él, el clima para quienes llegaron.

José Antonio Kast asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026, tras ganar el balotaje con más del 58% de los votos, impulsado por la preocupación ciudadana con la seguridad, el crimen y la migración irregular. Es el primer presidente de la derecha dura chilena desde el fin de la dictadura de Pinochet, y llegó al poder con una promesa central: poner orden en la frontera y revertir lo que describe como una migración descontrolada.

La ofensiva de esta semana

El domingo 7 de junio, durante una gira por la zona norte, Kast anunció desde el complejo fronterizo de Arica dos proyectos de ley para endurecer el control migratorio. El primero amplía de cinco a sesenta días, prorrogables, el período durante el cual se puede retener a un extranjero con orden de expulsión, una medida pensada para facilitar las deportaciones. El segundo modifica el Código Penal para convertir en delito —con agravantes— el traslado de personas en situación irregular, apuntando a las redes que operan en la frontera.

Los anuncios se enmarcan en el llamado «Plan Escudo Fronterizo», que contempla zanjas, vigilancia y refuerzo de la seguridad en el límite norte, por donde ingresan muchos migrantes desde Bolivia y Perú. El gobierno vincula de forma explícita la migración irregular con el crimen organizado, y en particular con el Tren de Aragua, la banda de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.

La paradoja que el discurso no resuelve

Aquí aparece el muro con el que choca toda la retórica. Expulsar a un migrante no depende solo de la voluntad del país que lo expulsa: hace falta que el país de origen acepte recibirlo. Y entre Chile y Venezuela las relaciones diplomáticas están cortadas. El resultado es una contradicción difícil de sortear: el gobierno puede emitir miles de órdenes de expulsión contra venezolanos, pero no tiene un canal para ejecutarlas.

Las cifras lo dejan en evidencia. Pese al endurecimiento del discurso, hasta hace pocas semanas el gobierno había concretado apenas dos vuelos de expulsión, con unos cuarenta migrantes cada uno, y con destino a países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Haití y República Dominicana, no a Venezuela. El propio Kast reconoció, al matizar su promesa de campaña de expulsar a cientos de miles, que no existe capacidad para hacerlo de inmediato. Una cosa es el anuncio y otra, como dice el refrán, es con la guitarra en la mano.

Cómo se cae en la irregularidad

El caso chileno ilustra bien algo que vale para toda la diáspora: cómo una persona termina siendo «irregular» sin haberlo buscado. Pocos cruzan una frontera con la intención de vivir en la sombra. La irregularidad suele ser el resultado de un proceso, no de una decisión.

Se cae en ella de varias maneras. Por entrar fuera de un paso habilitado, cuando las vías legales se cierran o se vuelven inalcanzables. Por agotar el plazo de una visa de turista sin lograr regularizar la estadía. Por quedar atrapado en un trámite que el propio Estado paraliza o demora durante años. O, como se vio en la primera entrega de esta serie, por perder de golpe un estatus que se tenía en regla, cuando un gobierno cancela una protección como el TPS. En casi todos los casos, la persona pasó por un momento en que estaba dentro de las reglas, y fue el cierre de las vías —no su voluntad— lo que la empujó al margen.

Una vez en la irregularidad, sortearla es durísimo. Sin documentos, el migrante queda excluido del empleo formal, de la banca, a veces de la salud y la educación. Y queda, sobre todo, expuesto: a la explotación laboral, al abuso y a un mercado de intermediarios que prospera precisamente a costa de esa vulnerabilidad. De ese mercado —el negocio que crece alrededor del irregular— trata la tercera y última entrega de esta serie.

Esta nota es informativa y no constituye asesoría legal. Cada situación migratoria es distinta; ante una decisión, consulte a un profesional acreditado y verifique la información en fuentes oficiales.

Fuentes principales: T13 y Confirmado sobre los proyectos de ley anunciados por Kast el 7 de junio de 2026 en Arica; Infobae sobre las dificultades para ejecutar las órdenes de expulsión y los vuelos concretados; France 24 y Swissinfo sobre la política migratoria de Kast y la cifra de irregulares en Chile.

Navegación de la serie

Serie «La diáspora en el limbo» · 2 de 3 [← Entrega 1: EE.UU. y el limbo del TPS](https://incisos.com/2026/06/10/limbo-tps-venezolanos-estados-unidos-fallo-mcconnell/) · Estás en la entrega 2. · [Entrega 3: el negocio del limbo →](https://incisos.com/2026/06/10/negocio-estafas-migrantes-limbo-notarios-gestores/)

Donde hay desesperación, aparece quien la explota. Alrededor del migrante atrapado en el limbo legal ha crecido un negocio que los abogados ya describen como una industria multimillonaria: notarios que se hacen pasar por abogados, gestores que cobran por trámites que nunca llegan, estafadores que prometen permisos imposibles. Y detrás, un sistema de cortes colapsado donde esperar una audiencia puede tomar años. Última entrega de la serie sobre la diáspora venezolana.

La tormenta perfecta

Cada vez que un Estado cierra una vía legal, abre una ilegal. Es una ley no escrita de la migración, y la diáspora venezolana la está viviendo en carne propia. Mientras el TPS se cancela, los trámites se congelan y las cortes se atascan —como se vio en las dos entregas anteriores de esta serie—, alrededor de esa angustia crece un mercado que prospera precisamente a costa de ella.

Un abogado de inmigración en Florida lo resumió sin rodeos al describir el momento actual como «la tormenta perfecta para los criminales». El cierre de caminos legales y el aumento de las negativas en los trámites, combinados con el miedo a la deportación, han convertido al migrante en un blanco ideal. El mismo abogado estima que el fraude migratorio es ya una industria multimillonaria. No es una metáfora: es un sector económico que vive del limbo ajeno.

Los rostros del engaño

El fraude tiene varias caras, y conviene conocerlas para reconocerlas. La más extendida es la del «notario». En buena parte de América Latina, un notario es un profesional con autoridad legal; en Estados Unidos, un «notary public» apenas certifica firmas y no está autorizado a dar asesoría migratoria. Los estafadores explotan deliberadamente esa confusión: se presentan como notarios o «consultores de inmigración», cobran sumas considerables y llenan formularios que, mal hechos, pueden arruinar un caso para siempre.

Están también los «llenapapeles», que cobran por completar formularios y suelen dejar señales reveladoras: no entregan copia de lo enviado, no ponen sus propios datos en el formulario, inventan historias en las solicitudes de asilo o, peor aún, copian el relato de otro solicitante. Y están los falsos abogados, que se presentan como expertos sin certificación alguna. Con la tecnología, el engaño se sofisticó: hoy clonan páginas de despachos legales reales en redes sociales y contactan directamente a las víctimas, algo que un bufete serio rara vez hace.

Una historia que lo retrata todo

Un caso reciente condensa toda esta trama. Odalys González Silvera, una venezolana de 61 años y residente legal en Nueva York, buscaba liberar a un familiar detenido en Arizona. A través de un anuncio en redes sociales contactó a una supuesta firma legal, cuyo aparente abogado le prometió una solución en quince días. Durante semanas, le transfirió a los estafadores casi cinco mil quinientos dólares por distintos medios de pago. La desconfianza le llegó tarde, cuando le pidieron un pago adicional para unos supuestos «sellos fiscales vinculados al régimen venezolano». Fue entonces cuando ató cabos: Venezuela no tiene representación diplomática en Estados Unidos, así que esos sellos no podían existir. Para cuando lo entendió, el dinero ya se había perdido.

Esa misma ausencia de relaciones diplomáticas que, como vimos, impide a Chile deportar venezolanos a Caracas, aparece aquí en su reverso más cruel: como el detalle que, de haberse conocido a tiempo, habría evitado una estafa. El limbo no solo angustia. Cobra, literalmente.

Las cortes: esperar es la otra condena

Si el fraude es el peligro visible, la parálisis de las cortes es el desgaste silencioso. El sistema de inmigración estadounidense arrastra un atasco de casos que se cuenta por millones, y la congelación de trámites de los últimos tiempos lo agravó. Para el migrante, eso se traduce en una espera que puede prolongarse durante años: años sin saber si su solicitud de asilo prosperará, años con un permiso de trabajo que vence antes de que llegue la decisión, años de vida en pausa.

Esa espera tiene un costo que no siempre se ve. Quien depende de un trámite congelado no puede planificar, no puede viajar, a veces no puede trabajar legalmente. Vive en un presente perpetuo, rehén de un expediente que no avanza. Y esa vulnerabilidad es, justamente, la que alimenta el negocio del engaño: el que lleva tres años esperando una audiencia es presa fácil para quien le promete resolverlo todo en quince días.

Cómo protegerse, en concreto

La buena noticia es que la mayoría de estas trampas se evitan con información. Las autoridades y las organizaciones de migrantes coinciden en unas pocas reglas claras. Buscar asesoría solo con un abogado de inmigración acreditado o con un representante reconocido por el Departamento de Justicia, y verificar esa acreditación en los registros oficiales. Recordar que en Estados Unidos un notario no es un abogado. Desconfiar de quien promete soluciones rápidas, garantizadas o demasiado buenas para ser ciertas. Nunca entregar documentos originales ni hacer pagos sin recibo. Guardar copia de todo lo que se firma y se envía. Y consultar siempre la información en las fuentes oficiales del gobierno, no en un anuncio de redes sociales.

Con esto cierra esta serie sobre la diáspora venezolana en el limbo. Tres entregas, dos países, una misma realidad: millones de personas cuya vida quedó suspendida entre decisiones que no controlan: las de un juez en Boston, las de un presidente en Santiago, las de una corte atascada o las de un estafador en redes. Entender ese laberinto no lo resuelve, pero es el primer paso para no caer en sus peores trampas. Y para recordar, sobre todo, que detrás de cada cifra y cada fallo hay una persona esperando, simplemente, un lugar donde estar en paz.

Esta nota es informativa y no constituye asesoría legal. Ante cualquier trámite migratorio, consulte a un abogado acreditado o a un representante reconocido por el Departamento de Justicia, y verifique la información en fuentes oficiales como USCIS. Para reportar un fraude migratorio puede acudir a la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Fuentes principales: Infobae sobre el caso de fraude a Odalys González Silvera y la «industria multimillonaria» del fraude migratorio; Univision, Voz de América y Confidencial sobre las modalidades de estafa (notarios, llenapapeles, falsos abogados); USAGov, FTC y American Bar Association sobre recomendaciones oficiales para evitar el fraude.

Navegación de la serie

Serie «La diáspora en el limbo» · 3 de 3 [← Entrega 1: EE.UU. y el limbo del TPS](https://incisos.com/2026/06/10/limbo-tps-venezolanos-estados-unidos-fallo-mcconnell/) · [← Entrega 2: Chile y la paradoja de Kast](https://incisos.com/2026/06/10/chile-kast-paradoja-expulsion-venezolanos-irregulares/) · Estás en la entrega final.