La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia difundió el domingo 26 de julio de 2026 un pronunciamiento en el que invoca el artículo 350 de la Constitución y convoca a la desobediencia civil organizada, al paro nacional y a la paralización pacífica de la industria petrolera. Insiste en que el llamado es pacífico. Es la tercera tesis constitucional sobre el vacío de poder venezolano y la que menos cobertura ha recibido.

Quién firma esto

Blanca Rosa Mármol de León fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y presidió su Sala de Casación Penal. Es abogada especializada en ciencias penales y criminológicas. Se la identifica habitualmente como magistrada emérita.

Su trayectoria importa aquí por una razón concreta: el argumento que sostiene es jurídico, no partidista, y viene de alguien que ejerció en el máximo tribunal del país.

El razonamiento

La tesis se construye en tres pasos.

Primero, el vencimiento. Sostiene que el lapso de 180 días que, según su interpretación constitucional, podía mantenerse la sustitución del Ejecutivo concluyó el 2 de julio de 2026. Desde el día siguiente, afirma, Venezuela no tiene presidente con facultades constitucionales.

Segundo, el retorno de la soberanía. Invoca el artículo 5, que sitúa la soberanía de forma intransferible en el pueblo, y el artículo 333, que impone el deber de restituir la vigencia de la Constitución cuando esta deja de observarse. De ahí deriva que, ante el vacío, la única fuente de legitimidad intacta es la ciudadanía.

Tercero, la salida. Propone una junta de gobierno con dos tareas: designar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral que organice en un plazo no mayor de dos meses elecciones presidenciales y parlamentarias, y decretar la libertad plena e incondicional de los presos políticos.

La legitimación de esa junta, según ha explicado en entrevistas previas, no dependería de cúpulas partidistas sino de asambleas de ciudadanos en todos los estados y municipios.

La escalada

El elemento nuevo del pronunciamiento es el llamado a la acción. Apelando al artículo 350 —que convoca al pueblo a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los principios democráticos o menoscabe los derechos humanos—, convoca a tres cosas: desobediencia civil organizada, paro nacional masivo y paralización de la industria petrolera.

Sobre el último punto insiste de forma expresa, y la nota lo registra con la misma insistencia: especifica que se trata de una paralización pacífica, y en sus intervenciones anteriores ha rechazado promover cualquier acción armada o ruptura violenta.

Conviene señalar la dimensión de lo que propone. El sector petrolero es la fuente de divisas sobre la que descansa toda la recuperación económica, y opera bajo licencias del Departamento del Tesoro estadounidense desde febrero de 2026. Un llamado a paralizarlo apunta al núcleo del arreglo vigente, no a su periferia.

Las tres tesis en disputa

Aquí está lo que hace este pronunciamiento significativo más allá de su contenido. A pocos días del segundo aniversario del 28 de julio de 2024, coexisten en Venezuela tres lecturas constitucionales del mismo vacío, y las tres son incompatibles entre sí.

Tesis uno · el mandato vigente. El presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado sostuvieron en su comunicado del 26 de julio de 2026 que la soberanía popular expresada en las primarias de octubre de 2023 y en la presidencial del 28 de julio de 2024 sigue vigente. De ahí se deriva que no hace falta una elección nueva para resolver la titularidad, sino que se respete la existente.

Tesis dos · la reinstitucionalización negociada. El mecanismo que se instala el 1 de agosto de 2026 reúne a representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y del gobierno encargado, con Washington como facilitador, para renovar el árbitro electoral y avanzar hacia elecciones sin fecha definida.

Tesis tres · el vacío y la junta. La que sostiene Mármol de León: no hay autoridad legítima, el mandato de la Asamblea de 2015 expiró en 2021, y la salida es una junta designada por asambleas ciudadanas que convoque elecciones en dos meses.

Cada una invoca la Constitución. Cada una excluye a las otras dos. Y ninguna tiene, por ahora, capacidad de imponerse sobre las demás.

Dos de las tres se enunciaron el mismo domingo 26 de julio de 2026, con horas de diferencia y sin coordinación aparente.

Ese es el estado real del asunto venezolano dos años después, y no se explica diciendo que hay un gobierno y una oposición.

El reproche interno

El pronunciamiento incluye un señalamiento directo a María Corina Machado, a quien atribuye silencio y falta de pronunciamiento frente a las decisiones de la administración estadounidense, y sostiene que habría sido la primera beneficiada por la ruta de la junta de gobierno.

El reproche llega el mismo día en que Machado dejó de guardarlo. El 26 de julio de 2026, junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, firmó un comunicado en el que fija cinco condiciones verificables al mecanismo del 1 de agosto, declina explicarlo por no haber participado en su diseño y exige a quienes lo impulsan que informen objetivos, método y cronograma.

El pronunciamiento de Mármol no menciona ese comunicado. No es posible determinar, a partir del documento, si fue grabado antes de conocerse o si la exmagistrada considera que no satisface lo que reclama. Esta nota no resuelve esa cuestión por inferencia.

Lo que sí puede afirmarse es que dos pronunciamientos fechados el mismo día proponen rutas incompatibles, y que uno reprocha al otro un silencio que ese otro rompió esa misma jornada.

Las acusaciones a Washington

El texto formula además una serie de cargos contra la administración estadounidense. Corresponde registrarlos como afirmaciones de quien los hace, no como hechos establecidos por esta nota:

Sostiene que se comercializan más de 13.500 millones de dólares en petróleo venezolano mientras el país recibe alrededor de 180 millones para atender emergencias humanitarias. Afirma que persisten torturas y tratos crueles contra más de 400 presos políticos. Condena ataques letales contra embarcaciones de venezolanos acusados sin prueba de narcotráfico. Y denuncia la intención de diferir las elecciones por tres años.

Ninguna de esas cifras ha sido verificada de forma independiente por este medio. Se consignan porque forman parte sustancial del documento y porque su autora es una figura pública identificable que responde por ellas.

Sí está verificado, en cambio, el contexto en el que se inscriben: el 24 de julio de 2026, desde el Despacho Oval, Donald Trump respondió que Venezuela todavía no está realmente preparada para elecciones, sin ofrecer fecha ni condiciones, y elogió el desempeño de Delcy Rodríguez. El día anterior había afirmado que su secretario de Energía dirige Venezuela.

La emergencia como argumento

El pronunciamiento vincula su llamado con la respuesta al desastre en el estado La Guaira —al que se refiere por su denominación anterior, Vargas—, y sostiene que no se dispusieron maquinarias pesadas para la remoción de escombros ni para la búsqueda de desaparecidos.

Ese señalamiento coincide en lo esencial con lo documentado por el informe de Transparencia Venezuela en el Exilio, que midió un 12,6% del pico de despliegue estatal a las veinticuatro horas del doblete sísmico del 24 de junio de 2026.

Lo que hay que observar

Tres indicadores dirán si esta tesis crece o queda como pronunciamiento aislado.

Si otras figuras del ámbito jurídico o de la sociedad civil organizada suscriben públicamente la propuesta de junta de gobierno. Si las asambleas ciudadanas que plantea llegan a instalarse en estados y municipios. Y si el llamado al paro tiene alguna traducción en el sector petrolero, donde el efecto sería inmediato y medible.

Los tres son comprobables. Ninguno depende de declaraciones.

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Fuentes principales: pronunciamiento en video de Blanca Rosa Mármol de León difundido el 26 de julio de 2026; El Nacional (declaración del 2 de julio de 2026 sobre el vencimiento del lapso, y entrevista del 7 de julio sobre la junta de gobierno); El Pitazo, programa Punto y Contexto con César Batiz; VPItv; NTN24 (entrega de documento en la embajada de Estados Unidos en Caracas el 17 de julio de 2026); coberturas de rueda de prensa en las adyacencias de la sede diplomática estadounidense; comunicado de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia del 26 de julio de 2026; Reuters y AFP (declaraciones de Donald Trump del 24 de julio de 2026); Transparencia Venezuela en el Exilio (informe sobre la respuesta estatal al sismo).

En un comunicado firmado el domingo 26 de julio de 2026, María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia declinan explicar el mecanismo que se instala el 1 de agosto porque no participaron en su diseño. No lo vetan. Fijan cinco condiciones verificables y le exigen a quienes lo impulsan algo muy concreto: un cronograma.

La posición, en sus tres movimientos

El comunicado no es una respuesta binaria. Ejecuta tres operaciones distintas y conviene separarlas, porque la cobertura tiende a confundirlas.

Primero, declina la autoría. Sostienen que miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen anunciaron la creación de un mecanismo en cuyo diseño, construcción y funcionamiento no participaron, y que por lo tanto no les corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones.

Segundo, no obstruye. Afirman que no serán obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales.

Tercero, condiciona. Anuncian que evaluarán el mecanismo con base en logros concretos y verificables, y enumeran cinco.

Ninguna de las tres es un veto. Tampoco son una adhesión. Es una cuarta posición que la política venezolana ha usado poco: la evaluación con criterios publicados por adelantado.

Los cinco criterios

El comunicado los enumera de forma explícita:

Recuperación de las instituciones democráticas.

Liberación de todos los presos políticos.

Garantías reales para todos los actores, sin exclusiones.

Un cronograma electoral presidencial oportuno.

Pleno respeto a la Soberanía Popular.

Cuatro de los cinco admiten comprobación en el mundo físico: un preso está libre o no lo está; un cronograma tiene fecha o no la tiene; una organización política está habilitada o inhabilitada. El quinto es más interpretativo.

Esa proporción es lo que distingue este documento de la retórica habitual. Quien fija criterios verificables se obliga tanto como obliga: si los cinco se cumplen, el aval queda comprometido.

La exigencia que ordena todo lo demás

Hay una frase del comunicado que es, en la práctica, su núcleo operativo: quienes impulsan el mecanismo deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma.

Las tres palabras importan, pero la tercera es la que ha faltado durante siete meses.

El plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio expuso ante el Congreso el 7 de enero de 2026 —estabilización, recuperación, transición— no fija fecha de cierre para ninguna de sus etapas. El viernes 24 de julio, desde el Despacho Oval, Donald Trump respondió que Venezuela todavía no está realmente preparada para elecciones, sin ofrecer plazo ni condiciones.

Lo que hace este comunicado es convertir esa ausencia en una demanda formal con firma. El calendario deja de ser una objeción de analistas y pasa a ser una condición enunciada por quien encabeza las preferencias electorales.

Qué responde este documento

El 14 de julio de 2026, tras el anuncio del plan de trabajo firmado por Jorge Rodríguez, Machado y González convocaron a los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática con un objetivo declarado: reunir información sobre la vía de diálogo y definir una posición pública al respecto. La reunión se celebró el 15 de julio.

Este comunicado es esa posición pública. Tardó once días.

El dato temporal no es menor: indica deliberación interna y probablemente desacuerdo dentro de la coalición. Dirigentes como Simón Calzadilla habían valorado la vía como una apertura de posibilidades. Henrique Capriles, en cambio, advirtió que una negociación sin Machado está condenada al fracaso.

El texto final no adopta ninguna de las dos posiciones extremas.

La pregunta que queda respondida

Cuando se anunció el formato de la mesa, quedó abierta una cuestión que ninguna declaración de Washington resolvía: si Machado no se sienta, ¿quién la representa y con cuánto mandato?

El comunicado responde que nadie. Y lo hace de un modo que conviene entender bien: no reclama un asiento, rechaza que se le atribuya la autoría del mecanismo.

La diferencia es sustancial. Reclamar un asiento habría convertido a Machado en parte del diseño y la habría obligado por sus resultados. Rechazar la autoría preserva intacta su capacidad de evaluarlo desde afuera, con criterios propios y publicados.

Es, en términos de negociación, la posición más fuerte disponible para quien no controla la mesa: no firmar nada y conservar el poder de validar o invalidar el producto.

Lo que el comunicado también hace

Tres elementos adicionales merecen registro.

Reafirma el mandato. El texto invoca la soberanía popular expresada en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en la elección presidencial del 28 de julio de 2024, y sostiene que ese mandato sigue vigente. La afirmación llega dos días antes de que se cumplan dos años de esa elección, cuyos resultados desagregados por mesa nunca fueron publicados.

Vincula la emergencia con la legitimidad. Sostiene que los venezolanos vieron cómo la ayuda organizada por la propia gente se intentó bloquear, desviar y controlar tras los terremotos del 24 de junio. Y de ahí deriva su argumento central: reconstruir no es una tarea solo administrativa, y hace falta un gobierno con autoridad moral y capacidad gerencial.

Ese enlace entre la gestión del desastre y la exigencia de un gobierno nuevo es el puente político del documento.

Anuncia el regreso. Ambos firmantes declaran que volverán a Venezuela a recorrer el país y a construir el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República, en línea con lo planteado en el Manifiesto de Panamá.

No ofrecen fecha. La misma carencia que le reprochan al mecanismo.

Una diferencia de vocabulario que no es menor

El comunicado se refiere a la contraparte como el régimen y describe más de un cuarto de siglo de saqueo y represión.

Esa formulación tiene una consecuencia: trata al gobierno encargado como continuidad del anterior, no como administración de transición surgida tras la captura del usurpador el 3 de enero de 2026. Es una caracterización política de los firmantes y así corresponde registrarla.

La discrepancia entre esa lectura y la de quienes describen el proceso como transición tutelada no se resuelve con una definición. Se resolverá, si acaso, con los cinco criterios que el propio comunicado enumeró.

Lo que hay que mirar a partir del 1 de agosto

Los cinco criterios funcionan como una lista de verificación pública. Cualquier lector puede seguirlos sin intermediación:

Si hay excarcelaciones y cuántas. Si aparece un cronograma electoral con fechas. Si las organizaciones políticas inhabilitadas recuperan su capacidad de postular. Si el mecanismo publica objetivos y método. Y si Machado y González emiten un pronunciamiento posterior de validación o de rechazo.

Ese último punto es el que decidirá la utilidad del mecanismo. Un acuerdo que la mayor fuerza opositora no avala no obliga a su base, por correcta que sea su arquitectura técnica.

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Fuentes principales: comunicado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a los venezolanos y a la comunidad internacional, fechado el 26 de julio de 2026; EFE, El Nacional, Infobae y El Comercio (convocatoria a la Plataforma Unitaria del 14 de julio de 2026 y reunión del 15 de julio); comunicado de la Asamblea Nacional firmado por Jorge Rodríguez del 14 de julio de 2026; declaraciones de Simón Calzadilla recogidas por Infobae; Reuters y AFP (declaraciones de Donald Trump del 24 de julio de 2026); registro de la exposición de Marco Rubio ante el Congreso del 7 de enero de 2026.

INCÍSOS

La revisión conjunta del tratado comercial de América del Norte comenzó formalmente el 1 de julio de 2026. Washington optó por no extenderlo por un nuevo periodo de dieciséis años. El acuerdo sigue aplicándose, pero dejó de ser lo que era: un horizonte estable. Ahora es un acuerdo que se evalúa cada año.

El hecho que no se contó así

El 1 de julio de 2026 el T-MEC cumplió seis años y llegó al punto que el propio tratado había fijado: sus tres socios debían revisarlo conjuntamente y confirmar si lo renovaban por dieciséis años más o lo modificaban.

Washington no confirmó la renovación.

La cobertura mayoritaria tradujo eso como «empezó la renegociación». Es una traducción incompleta. Lo que ocurrió es más específico: el tratado no fue cancelado, sus disposiciones comerciales siguen aplicándose, y al mismo tiempo perdió su fecha de vencimiento larga. Quedó sujeto a evaluación periódica.

México ha declarado expresamente su objetivo en ese punto: evitar que las evaluaciones anuales se conviertan en renegociaciones completas del acuerdo. Ese es el verdadero campo de disputa.

Por qué la diferencia importa

Un tratado con horizonte de dieciséis años es una decisión de inversión. Una empresa que instala una planta en Monterrey o en El Paso amortiza esa inversión en diez o quince años, y lo hace porque las reglas que la hacen rentable van a seguir ahí.

Un tratado que se revisa cada año no ofrece ese horizonte. Sigue permitiendo comerciar, pero no permite planificar con la misma confianza.

El costo de eso no aparece en ninguna estadística de aranceles, porque no es un impuesto: es incertidumbre. Y la incertidumbre se paga en decisiones que no se toman —la planta que no se construye, la contratación que se pospone, el contrato que se firma a seis meses en lugar de a tres años.

La cronología de julio

1 de julio: comienza formalmente la revisión conjunta. Estados Unidos no extiende el tratado por un nuevo periodo.

7 al 9 de julio: la Oficina del Representante Comercial celebra audiencias públicas para recibir posicionamientos sobre posibles respuestas comerciales. México figura entre las economías examinadas.

17 de julio: la USTR informa que Greer se reunirá con Sheinbaum en Palacio Nacional.

20 de julio: proclamaciones presidenciales imponen gravámenes de 50% a productos canadienses, con entrada en vigor el 19 de agosto de 2026.

21 al 24 de julio: tercera ronda bilateral en Ciudad de México. Greer permanece en el país del 22 al 24.

23 de julio: Sheinbaum recibe a Greer en Palacio Nacional. Al concluir, declara que ambos países avanzaron en acuerdos.

Durante la misma ronda: Estados Unidos anuncia nuevos aranceles por trabajo forzoso a sesenta países. México queda entre los catorce socios con un gravamen adicional de 10%, que no aplica a las mercancías amparadas por el tratado.

Resultado: cuarta ronda pactada para la primera quincena de septiembre de 2026 en Washington.

Lo que está realmente en juego

Marcelo Ebrard lo formuló con la cifra que ordena toda la discusión: México paga arancel cero en el 85% de sus exportaciones gracias al T-MEC.

Ese porcentaje es el escudo. Todo lo que el tratado cubre queda protegido de la política arancelaria general estadounidense. Todo lo que el tratado deja de cubrir queda expuesto a ella.

Por eso el capítulo técnico que decide el resultado no es el de aranceles sino el de reglas de origen: los criterios que determinan si un producto cuenta como norteamericano. Endurecer esas reglas no requiere cambiar una sola tasa arancelaria y, sin embargo, puede reducir el porcentaje protegido. Greer ha sido explícito en que se necesitan reglas de origen estrictas.

Por qué esto es asunto del hispano en Estados Unidos

Hay una manera cómoda de leer esta noticia: como un pleito entre gobiernos. Es una lectura errada.

Los sectores que el tratado ordena —automotriz, autopartes, agroalimentario, electrodomésticos, textil, logística de frontera— emplean a cientos de miles de trabajadores hispanos en Texas, California, Arizona, Illinois y Michigan. Cuando una regla de origen cambia, cambia dónde se fabrica una pieza. Y cuando cambia dónde se fabrica una pieza, cambia dónde está el empleo.

El efecto llega además por el lado del consumo: buena parte de lo que una familia compra —del automóvil a los alimentos frescos— cruza esa frontera antes de llegar a la góndola.

La variable que nadie controla

Sobre la mesa pesa un antecedente reciente: la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales impuestos de forma unilateral por la administración. Esa decisión obligó a reconstruir la política arancelaria por otras vías legales, entre ellas la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite investigar prácticas extranjeras consideradas injustificables o perjudiciales.

De ahí que el instrumento del momento no sea el arancel general sino la investigación sectorial. Es más lento, más técnico y mucho menos visible. También es más difícil de impugnar.

Lo que hay que vigilar hasta septiembre

Tres indicadores concretos, todos verificables sin ser economista.

Si el porcentaje de exportaciones mexicanas amparadas por el tratado se mantiene en torno al 85% o empieza a bajar. Si las reglas de origen del capítulo 4 se endurecen en automotriz y electrónica. Y si la revisión anual se institucionaliza como mecanismo permanente o queda como episodio de este ciclo.

La cuarta ronda de septiembre en Washington dirá bastante sobre las tres.

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Fuentes principales: Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (calendario de la revisión conjunta y rondas bilaterales); Secretaría de Economía de México (comunicado sobre la cuarta ronda); Bloomberg Línea (cobertura de la tercera ronda, declaraciones de Jamieson Greer y de Marcelo Ebrard, julio de 2026); El Imparcial (proclamaciones presidenciales del 20 de julio y audiencias de la USTR); declaraciones de Claudia Sheinbaum en conferencias de prensa del 21 al 23 de julio de 2026.