POLÍTICA · TRANSICIÓN · VENEZUELA LATE

Uno de los hombres que escogen a los aspirantes al nuevo TSJ dice ver una «apertura embrionaria» y pide tomarle la palabra al proceso. También dijo que dejar las cosas «atadas y bien atadas» es parte de este proceso, una frase con historia. INCÍSOS repasa lo que dijo y lo que los hechos todavía no confirman.

«Esto no es una restauración de la Cuarta República, esto no es un entierro de la Quinta República en sí mismo, sino una construcción colectiva.» Guillermo Tell Aveledo resumió así, en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre, la transición que dice estar viendo desde adentro del Comité de Postulaciones Judiciales. Lo dijo un politólogo que, por oficio, ha estudiado la democracia que nació en 1958, y que, por apellido, creció dentro de ella: es hijo de Ramón Guillermo Aveledo, que fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.

La deuda de la justicia

Aveledo no idealiza el pasado. «La etapa pasada no fue idílica», dijo. «Especialmente con respecto al sistema judicial, dejó mucho que desear.» En otros momentos de la historia venezolana, recordó, el sistema de justicia tuvo un prestigio «mucho más elevado» ante la población. «Eso no fue el caso en el año 98 y no es el caso hoy», dijo. «Tenemos una gran deuda como sociedad.»

Ese descrédito, según su lectura, fue uno de los incentivos que llevaron al país a la situación actual. Por eso, a la pregunta de cuál es el error de 1958 que una nueva transición no debería repetir, no habló de los partidos excluidos, sino de cultura política: aprender a gestionar los conflictos en vez de callarlos, y mirar «con lupa» por qué los venezolanos dejaron de confiar en una democracia que en los manuales parecía perfecta. Como referencias, citó a España y a Paraguay, países que el secretario de Estado Marco Rubio ha mencionado como ejemplos de reconstrucción democrática.

Lo que no se negocia, dijo, son los derechos humanos y el carácter garantista de la Constitución de 1999, que considera «una buena Constitución en esos términos», aunque discrepe de otros de sus criterios. Su pretensión, explicó, es que se expanda el ámbito de libertades.

El TSJ primero, y una frase con historia

La pregunta más incómoda fue por qué el nuevo TSJ va antes que el CNE, cuando los venezolanos piden un calendario electoral. Aveledo dijo que no tiene «las herramientas» para responderla y que, vista en el tiempo, la designación de ambos se entenderá como un proceso en paralelo. Pero añadió una explicación: el Tribunal Supremo «destranca elementos de lo que puede venir y asegura otros». Y luego: «En otras transiciones se ha hablado de la frase de dejar las cosas atadas y bien atadas. Bueno, eso es parte de este proceso también».

La frase tiene dueño. «Todo ha quedado atado, y bien atado» la dijo Francisco Franco en su mensaje de fin de año de 1969, al asegurar la sucesión del régimen. En la transición española terminó significando lo contrario de lo que él quiso. Aveledo no aclaró a quién se refería ni qué se busca dejar atado.

La académica Corina Yoris, a quien la Plataforma Unitaria designó en 2024 como candidata presidencial y no pudo inscribir, intervino para dar otra razón: la Constitución no exige un orden, pero políticamente conviene el TSJ primero, porque un tribunal sin idoneidad podría bloquear las decisiones de un CNE escogido con amplitud. Es el orden que fijó Washington, como contamos aquí, y el que María Corina Machado pide romper para que TSJ, CNE y fecha lleguen a la vez, como contamos aquí.

Una apertura «embrionaria»

Aveledo describió lo que ve con cautela. «Lo que yo estoy viendo es una apertura. Es una apertura embrionaria, no quiero decir insuficiente, pero que apunta hacia algo más», dijo. Reconoció las «tensiones» y la «desconfianza» entre quienes fueron tratados como «insurgentes, facciosos, violentos» y quienes han sido vistos como represores. «Puede parecer increíble», admitió, «incluso estando en el medio».

Su avatar en X dice «No hay retorno». Contó que viene de una postal del Comité de Solidaridad con Polonia que guarda desde 1987 o 1988, antes de la caída del Muro de Berlín. De qué depende ese no retorno, lo resumió en tres garantías: la convicción de los actores, a quienes «hay que tomarles la palabra»; el criterio técnico y el compromiso de los miembros del comité, y la participación ciudadana, sobre todo la de los mejores juristas del país. «Que lo hagan, lo hagan, lo hagan», pidió a los abogados que dudan en postularse.

En esa línea de tomar la palabra, Aveledo citó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que en Naciones Unidas habló de una reforma «juiciosa» de la justicia para evitar que el poder abusivo ataque al ciudadano.

Lo que contó de adentro

Aveledo se postuló al comité por iniciativa propia, dijo, para no comprometer los apoyos que la Universidad Metropolitana pudiera dar a otros aspirantes. No es abogado, así que no puede ser magistrado. Describió el trabajo como diez días de jornadas «muy intensas» y dijo sentir «un gran vértigo», pero «bien acompañado». Destacó a Alessandrello como alguien que, «cuando se le enfrenta con datos» y soluciones creativas, las admite, y mencionó a comisionados como Juan Domingo Alfonzo Paradisi, Raquel Sánchez, Irma Pasos, Nancy Castro y Mauro Herrera. «Seguramente hemos pasado lo más fácil», advirtió. «Vendrá lo más delicado.»

Al final, una de las conductoras le pidió su palabra de que hará todo lo que esté a su alcance para que el proceso salga bien. «Definitivamente les puedo dar mi palabra», respondió.

Criterio INCÍSOS

El testimonio de Aveledo tiene valor: es de los pocos miembros del comité que explica en público lo que hace, reconoce las tensiones y no promete más de lo que puede cumplir. Su diagnóstico sobre la deuda de la justicia, anterior a 1998, es honesto y poco frecuente. Pero lo que describe es una percepción desde adentro de una mesa, y la transición se mide fuera de ella.

Tomarle la palabra a la presidenta encargada exige medirla por los hechos, como ella misma pidió. Presidió la Constituyente que en 2017 destituyó a la fiscal general, como repasamos en su perfil. La ley contra el odio que esa Constituyente aprobó sigue vigente, aunque ella admita que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. Y el 28 de octubre la policía volvió a frenar una marcha por salarios y presos políticos, como contamos aquí. Una apertura embrionaria puede crecer o abortarse. Lo que decide cuál de las dos no es la voluntad del comité, sino lo que ocurra con los lapsos, las listas y los votos.

Y la frase de los nudos merece una pregunta directa. Si el TSJ se escoge primero para dejar cosas atadas, los venezolanos tienen derecho a saber cuáles. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que quien negocia el orden de la transición diga qué asegura el nuevo tribunal, que el comité publique los nombres de los aspirantes, la tabla completa del baremo y la guía de la entrevista antes de entrevistar, y que el CNE y la fecha electoral tengan un calendario tan preciso como el del TSJ.

Para leer más en INCÍSOS

1. La entrevista valdrá 15 de 100 puntos en el baremo del TSJ: el baremo, publicado el 2 de noviembre.
2. Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel: el acceso, las cifras y cómo objetar.
3. Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: por qué el TSJ va primero.
4. Machado pide TSJ, CNE y fecha a la vez, no en secuencia: la otra posición.

La entrevista completa con Guillermo Tell Aveledo está en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre: verla aquí.

Fuentes principales: Entrevista a Guillermo Tell Aveledo en el programa Venezuela Late (1 de noviembre de 2026); mensaje de fin de año de Francisco Franco (30 de diciembre de 1969); notas de INCÍSOS citadas en el texto.

POLÍTICA · EL NUEVO TSJ · VENEZUELA LATE

El Comité de Postulaciones Judiciales dio a conocer el lunes 2 de noviembre el baremo para escoger a los magistrados del nuevo TSJ: hasta 28 puntos por formación académica, 19 por cada ruta de experiencia y 15 por una entrevista que se califica en cuatro niveles y donde también se mide la independencia. Un día antes, en el programa Venezuela Late, Guillermo Tell Aveledo explicó desde adentro cómo funcionará.

Ya se sabe cómo se medirá a quienes aspiran al nuevo Tribunal Supremo de Justicia. El Comité de Postulaciones Judiciales dio a conocer el lunes 2 de noviembre el baremo que sus 23 miembros aprobaron por unanimidad en la sesión del 28 de octubre: una escala de 100 puntos en cinco bloques, en la que la formación académica pesa más que cualquier otro y la entrevista, donde se juzgará la independencia del candidato, vale 15. El documento invoca el artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ.

Un día antes, en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre, Guillermo Tell Aveledo, uno de los 12 representantes de la sociedad civil en el comité, había adelantado la estructura sin dar cifras. «No quiero adelantar las proporciones porque están por ser publicadas», dijo. Las cifras confirman lo que describió: la formación académica es «el bloque más grueso» y las tres rutas de experiencia quedaron con el mismo peso.

Los cinco bloques, renglón por renglón

1. Formación académica y producción intelectual, hasta 28 puntos. Cada doctorado en área jurídica vale 4 puntos, con un máximo de dos (8 puntos); cada posdoctorado, 1 (máximo 2); cada maestría jurídica, 2 (máximo 4); cada especialización, 1 (máximo 3), y los posgrados no afines, 0,5 (máximo 1). La producción intelectual suma hasta 10: 2 puntos por libro académico, 1 por artículo arbitrado y 0,25 por participación como ponente o conferencista.
2. Experiencia docente y académica, hasta 19. Cada año de docencia universitaria en área jurídica vale 0,8, hasta 12 puntos. Se suman los cargos de responsabilidad académica, como rector, vicerrector, secretario, decano o director (2 cada uno, máximo 4); los proyectos comunitarios y de extensión (hasta 2), y la representación profesoral en el cogobierno universitario (1).
3. Experiencia profesional, hasta 19. Cada año de ejercicio especializado vale 0,8, hasta 12. Se suman la participación acreditada en proyectos de ley (hasta 2), en proyectos de defensa de los derechos humanos o de transformación del sistema de justicia (hasta 3) y el ejercicio en el ámbito internacional, como árbitro, abogado o perito, o como representante judicial de la República en tribunales extranjeros (hasta 2).
4. Experiencia jurisdiccional, hasta 19. Cada año de servicio en el sistema de justicia, en cargos distintos al de juez superior, vale 0,8, hasta 12. Ser juez superior da 3 puntos; los años como funcionario auxiliar, 0,25 cada uno (hasta 1); la experiencia jurídica en la gestión pública, como síndico o procurador, 0,5 por año (hasta 2), y haber ingresado por concurso de oposición, 1.
5. Evaluación técnica, ética y de competencias, hasta 15. Es la entrevista. El comité profundizará en el dominio constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial; la resolución de casos; la independencia judicial; la imparcialidad; la solvencia ético-moral, y las propuestas para modernizar la gestión judicial. No se califica en una escala continua, sino en cuatro niveles: excelente (15), bueno (10), regular (5) y deficiente (0).

Las tres rutas de experiencia responden, según Aveledo, a las tres formas de ser jurista que prevé la Constitución para llegar al alto tribunal: la carrera judicial, el ejercicio de la abogacía y la academia. Pueden sumarse, explicó: no se trata de escoger una. Aveledo dijo además que la trayectoria de quienes fueron jueces en décadas anteriores «no debe ser un tema tabú». Antes de puntuar hay un filtro de requisitos, como la edad y los años de graduado. «Se van a presentar ciudadanos que no tienen la edad o no tienen el tiempo de graduado. Eso va a pasar», dijo. Esos expedientes salen en la primera revisión.

La independencia, dentro de 15 puntos

La pregunta que más se repitió en el programa fue cómo saber si un candidato con buenas credenciales terminará respondiendo a intereses políticos. Aveledo admitió que eso no lo resuelve el currículo. «Obviamente no vamos a preguntar si usted está de acuerdo con la independencia judicial, porque todo el mundo diría que sí», explicó. Las entrevistas, dijo, tienen preguntas «diseñadas para medir o para cotejar» el criterio del aspirante, y se harán en paneles con al menos un representante de la sociedad civil y al menos uno de las distintas corrientes políticas del comité.

La ley exige renunciar a la militancia partidista y firmar una declaración jurada de no militancia, como recogimos aquí. Aveledo distinguió entre esa militancia y una participación política en el pasado: «Eso no es un pecado original con el que se marca y se nace». Lo que el comité quiere descartar, dijo, son los «casos completamente egregios» de parcialidad demostrada, «especialmente parcialidad contra las libertades públicas» y contra la división de poderes. «No estamos escogiendo reyes absolutos», añadió, sino un cuerpo colegiado.

Al menos 96 preseleccionados

El comité preseleccionará a un número de aspirantes «no inferior al triple» de los cargos de magistrado, según el anuncio de la Asamblea Nacional reseñado por AlbertoNews. Para 32 puestos, son al menos 96 nombres. Al día siguiente, la lista pasará al Poder Ciudadano, que hace la segunda preselección antes de que vote la Asamblea Nacional.

El calendario, según Aveledo

1. La revisión de expedientes. El cronograma la fijaba desde el 9 de noviembre; el comité, dijo, acordó adelantarla dos días.
2. La recepción de candidaturas. Sigue abierta hasta el 11 de noviembre. El comité dio 15 días continuos y la ley permite hasta 30, así que cabe una prórroga, pero «no queremos alargar el proceso más allá de diciembre», dijo, porque la Asamblea Nacional debe votar dentro de su periodo de sesiones.
3. Las entrevistas. Aveledo las situó a partir del 12 o 13 de noviembre, cuando se publique la lista de admitidos; el cronograma difundido las ubica del 16 al 27, según El Diario.
4. La revisión posterior. Una comisión de revisión que se instalaría en los próximos días perfeccionará la preselección antes de que pase al Poder Ciudadano.

Criterio INCÍSOS

Que el baremo se conozca antes de la primera entrevista es lo que este medio pidió al arrancar el proceso, como contamos aquí, y es una buena noticia. También lo es que la tabla sea detallada, con el valor de cada renglón, y que las tres rutas de experiencia pesen lo mismo: un juez de carrera, un litigante y un profesor pueden competir en igualdad. Hay detalles sensatos, como el punto por haber entrado a la judicatura por concurso de oposición, la vía que la ley prevé y que durante años casi no se usó.

Pero el reparto tiene consecuencias que conviene ver con claridad. La primera: dos doctorados valen 8 puntos, más de la mitad de toda la entrevista. La segunda: la entrevista, el único bloque donde se mide la independencia, la evalúa junto con otros seis aspectos y en solo cuatro niveles. Entre un candidato «bueno» y uno «excelente» hay 5 puntos, lo mismo que suman un doctorado y un artículo arbitrado. En un país donde el problema del TSJ no fue la falta de títulos sino la falta de independencia, ese es el punto débil de la tabla.

La tercera: los años de ejercicio se topan pronto. A 0,8 por año, con un máximo de 12, un abogado con 15 años de carrera suma lo mismo que uno con 40. La tabla premia la acumulación de credenciales más que la trayectoria larga.

Faltan, además, datos que el documento no trae: si hay un puntaje mínimo para pasar, cómo se decide el nivel de cada entrevista y si los paneles deben justificar por escrito su calificación.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el comité publique la guía de la entrevista y la obligación de motivar cada calificación; que la lista de admitidos salga con nombres, credenciales y puntaje, y que el cronograma fije los 15 días de objeciones ciudadanas y respete los lapsos del Poder Ciudadano, que el calendario actual comprime.

Para leer más en INCÍSOS

1. Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel: el acceso, las cifras y cómo objetar.
2. La transición no es volver a la Cuarta República, dice Aveledo: la conversación, en clave política.
3. El TSJ suma 100 aspirantes en 48 horas y apunta a diciembre: el cronograma.
4. El Baremo: el especial de INCÍSOS sobre cómo medir a los aspirantes.

La entrevista completa con Guillermo Tell Aveledo está en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre: verla aquí.

Fuentes principales: Baremo de evaluación del Comité de Postulaciones Judiciales (aprobado el 28 de octubre de 2026, difundido el 2 de noviembre); anuncio de la Asamblea Nacional reseñado por AlbertoNews; entrevista a Guillermo Tell Aveledo en el programa Venezuela Late (1 de noviembre de 2026); convocatoria, según Finanzas Digital; cronograma, según El Diario.

FIRMAS · GUSTAVO TOVAR-ARROYO

Venezuela es una cuerda tensada entre Trump, los hermanos Rodríguez, los militares estadounidenses, el aparato represivo chavista y una sociedad exhausta de esperar. Una democracia postergada es una dictadura renovada, y la tensión necesita una salida institucional antes de que se convierta en tragedia.

Trump, el conquistador

Cuarenta y cinco minutos bastaron para desnudar treinta años de bravuconería chavista. Trump, el conquistador, convirtió la épica de Chávez en una opereta de payasos uniformados. Me hubiese fascinado que la coñamentazón que le metieron a Maduro se la hubiesen propinado a Hugo, su «amado supremo», y a su cohorte de generales de pecho inflado y de medallas infinitas que terminaron cagados la noche de las luciérnagas metálicas gringas. No se me dio: se llevaron a Maduro y a Cilia, los héroes de plástico. La humillación al chavismo fue monumental; lo sigue siendo.

La historia posee un sentido del humor particularmente cruel: los mismos que prometieron convertir Venezuela en un Vietnam tropical, once meses después, se arrodillan frente al conquistador. Lo adoran.

Tanta pólvora retórica terminó en una rendición tragicómica.

El rodrigato y la bomba de tiempo

Los hermanos Rodríguez comprendieron antes que nadie que el chavismo había dejado de ser una revolución y se había convertido en una mercancía. Su colaboración en la entrega de Maduro merece un capítulo singular en la historia de las traiciones políticas de América. No miento: agradezco la traición, pero no la confundo con «virtud» de los traidores. Fue un negocio para adueñarse del poder. Y lo hicieron. Para conservarlo, entregan al conquistador lo que le plazca: petróleo, minas, riquezas y soberanía. Todo. Incluso a ti, chavista pendejo.

Tienen un problema: la docilidad ante Washington no garantiza legitimidad en Venezuela. El pueblo esperaba una liberación, no una sustitución de gestores ni una entrega inhumana de nuestros recursos.

Trump los usa, y no entiende que Venezuela es una bomba de tiempo.

Coitus interruptus

Perdonen la analogía: la transición venezolana ha sido un coitus interruptus. Después de la captura de Maduro, Venezuela tuvo una erección moral y, pese a los avances, en el momento de mayor entusiasmo y placer se evitó la eyaculación (histórica) y, lo peor, el goce se ha desvanecido. La economía continúa exhausta, el comercio no despega y la democracia permanece atrapada en los interminables preliminares del poder. Para completar el desencanto, Washington escogió como interlocutor petrolero a Alejandro Betancourt, el «comandante bolichico», un error tan inaudito como desmoralizante.

La pregunta resulta inevitable: ¿se pretende reconstruir Venezuela o simplemente administrar sus riquezas mediante los mismos mecanismos corruptos que la destruyeron?

El placer de la libertad no admite orgasmos inconclusos. No más.

El apoteósico regreso de María Corina

Nadie parecía preparado para la dimensión histórica del regreso de María Corina Machado. Ni ella. Las multitudes, los abrazos, las lágrimas, la euforia de un pueblo que reconocía en su presencia una esperanza largamente postergada. Ahora la tenía allí, y ella se tenía, a su vez, en el encantamiento popular: era ella y era el pueblo, entre todos, Venezuela; o mejor, la nueva Venezuela. Hay acontecimientos que modifican la geometría política de una nación, y este retorno ha sido uno de ellos. Washington negocia con quienes han regido —a coñazo limpio— Venezuela; ella moviliza a los millones que reclamamos recuperarla.

Unos pocos —infames— chavistas frente a millones —esperanzados— de venezolanos. Dos legitimidades distintas: una nace de la traición del poder; la otra, de la fuerza del poder popular. Confundirlas es un error histórico.

El pueblo, la mayoría, está a tiro de una rebelión popular total.

Tensión

Venezuela se ha convertido en una cuerda tensada entre fuerzas contradictorias: Trump y sus intereses estratégicos, los Rodríguez y su supervivencia política, los militares estadounidenses y su responsabilidad ante una eventual crisis, el aparato represivo chavista y una sociedad —millones— exhausta de esperar. Hay que entender que una democracia postergada es una dictadura renovada. Si María Corina se lo propusiese, encendería al país. No lo hará, claro, pero todo tiene su límite. ¿Qué harían los marines estadounidenses ante una rebelión popular? ¿Atacarían a los manifestantes o neutralizarían a los aparatos represivos del chavismo?

No estamos únicamente ante una crisis política. El deterioro económico, la frustración social y la ausencia de un horizonte democrático verificable alimentan el riesgo de un conflicto social. Está ahí, cerquita.

Venezuela vive suspendida entre la esperanza y la desesperación.

¿Votos o balas?

La tensión necesita una salida institucional antes de transformarse en tragedia. Estados Unidos y el conquistador no solo deben garantizar el tránsito hacia la recuperación económica: deben garantizar la libertad y establecer un calendario electoral creíble, o se meterán en el lío de su historia. A sus socios, los Rodríguez, les deberán buscar una salida digna lo antes posible. María Corina puede contribuir a contener las tensiones y a encauzar las demandas populares por vías pacíficas, pero no puede cargar con el peso de una transición inconclusa. Ni ella ni nadie.

Ojalá Washington comprenda que la estabilidad no consiste solamente en evitar una rebelión, sino en construir las condiciones que hagan innecesaria cualquier confrontación.

Cuando la política se niega a escuchar, la historia habla a gritos.

(Y los gritos políticos no escuchados terminan en balas).

Gustavo Tovar-Arroyo es activista de derechos humanos, abogado, director, poeta y educador. En X: @tovarr.

Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de su autor.