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Política

Mármol de León convoca a la desobediencia civil y al paro petrolero

Dos pronunciamientos del mismo domingo proponen rutas incompatibles. Son tres las lecturas constitucionales que compiten sobre el mismo vacío.

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La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia difundió el domingo 26 de julio de 2026 un pronunciamiento en el que invoca el artículo 350 de la Constitución y convoca a la desobediencia civil organizada, al paro nacional y a la paralización pacífica de la industria petrolera. Insiste en que el llamado es pacífico. Es la tercera tesis constitucional sobre el vacío de poder venezolano y la que menos cobertura ha recibido.

Las 6W

QuéUn pronunciamiento convoca a la desobediencia civil, al paro nacional y a la paralización pacífica de la industria petrolera.
QuiénBlanca Rosa Mármol de León, exmagistrada del TSJ y expresidenta de su Sala de Casación Penal.
CuándoDomingo 26 de julio de 2026, el mismo día del comunicado de Machado y González Urrutia.
DóndeCaracas. Sus actos previos se realizaron en las adyacencias de la embajada de EE.UU.
Por quéSostiene que el período constitucional del encargo expiró y que el país carece de autoridad legítima.
CómoInvocando el artículo 350, que habilita a desconocer autoridades que menoscaben garantías democráticas.

Quién firma esto

Blanca Rosa Mármol de León fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y presidió su Sala de Casación Penal. Es abogada especializada en ciencias penales y criminológicas. Se la identifica habitualmente como magistrada emérita.

Su trayectoria importa aquí por una razón concreta: el argumento que sostiene es jurídico, no partidista, y viene de alguien que ejerció en el máximo tribunal del país.

El razonamiento

La tesis se construye en tres pasos.

Primero, el vencimiento. Sostiene que el lapso de 180 días que, según su interpretación constitucional, podía mantenerse la sustitución del Ejecutivo concluyó el 2 de julio de 2026. Desde el día siguiente, afirma, Venezuela no tiene presidente con facultades constitucionales.

Segundo, el retorno de la soberanía. Invoca el artículo 5, que sitúa la soberanía de forma intransferible en el pueblo, y el artículo 333, que impone el deber de restituir la vigencia de la Constitución cuando esta deja de observarse. De ahí deriva que, ante el vacío, la única fuente de legitimidad intacta es la ciudadanía.

Tercero, la salida. Propone una junta de gobierno con dos tareas: designar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral que organice en un plazo no mayor de dos meses elecciones presidenciales y parlamentarias, y decretar la libertad plena e incondicional de los presos políticos.

La legitimación de esa junta, según ha explicado en entrevistas previas, no dependería de cúpulas partidistas sino de asambleas de ciudadanos en todos los estados y municipios.

La escalada

El elemento nuevo del pronunciamiento es el llamado a la acción. Apelando al artículo 350 —que convoca al pueblo a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los principios democráticos o menoscabe los derechos humanos—, convoca a tres cosas: desobediencia civil organizada, paro nacional masivo y paralización de la industria petrolera.

Sobre el último punto insiste de forma expresa, y la nota lo registra con la misma insistencia: especifica que se trata de una paralización pacífica, y en sus intervenciones anteriores ha rechazado promover cualquier acción armada o ruptura violenta.

Conviene señalar la dimensión de lo que propone. El sector petrolero es la fuente de divisas sobre la que descansa toda la recuperación económica, y opera bajo licencias del Departamento del Tesoro estadounidense desde febrero de 2026. Un llamado a paralizarlo apunta al núcleo del arreglo vigente, no a su periferia.

Las tres tesis en disputa

Aquí está lo que hace este pronunciamiento significativo más allá de su contenido. A pocos días del segundo aniversario del 28 de julio de 2024, coexisten en Venezuela tres lecturas constitucionales del mismo vacío, y las tres son incompatibles entre sí.

Tesis uno · el mandato vigente. El presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado sostuvieron en su comunicado del 26 de julio de 2026 que la soberanía popular expresada en las primarias de octubre de 2023 y en la presidencial del 28 de julio de 2024 sigue vigente. De ahí se deriva que no hace falta una elección nueva para resolver la titularidad, sino que se respete la existente.

Tesis dos · la reinstitucionalización negociada. El mecanismo que se instala el 1 de agosto de 2026 reúne a representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y del gobierno encargado, con Washington como facilitador, para renovar el árbitro electoral y avanzar hacia elecciones sin fecha definida.

Tesis tres · el vacío y la junta. La que sostiene Mármol de León: no hay autoridad legítima, el mandato de la Asamblea de 2015 expiró en 2021, y la salida es una junta designada por asambleas ciudadanas que convoque elecciones en dos meses.

Cada una invoca la Constitución. Cada una excluye a las otras dos. Y ninguna tiene, por ahora, capacidad de imponerse sobre las demás.

Dos de las tres se enunciaron el mismo domingo 26 de julio de 2026, con horas de diferencia y sin coordinación aparente.

Ese es el estado real del asunto venezolano dos años después, y no se explica diciendo que hay un gobierno y una oposición.

El reproche interno

El pronunciamiento incluye un señalamiento directo a María Corina Machado, a quien atribuye silencio y falta de pronunciamiento frente a las decisiones de la administración estadounidense, y sostiene que habría sido la primera beneficiada por la ruta de la junta de gobierno.

El reproche llega el mismo día en que Machado dejó de guardarlo. El 26 de julio de 2026, junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, firmó un comunicado en el que fija cinco condiciones verificables al mecanismo del 1 de agosto, declina explicarlo por no haber participado en su diseño y exige a quienes lo impulsan que informen objetivos, método y cronograma.

El pronunciamiento de Mármol no menciona ese comunicado. No es posible determinar, a partir del documento, si fue grabado antes de conocerse o si la exmagistrada considera que no satisface lo que reclama. Esta nota no resuelve esa cuestión por inferencia.

Lo que sí puede afirmarse es que dos pronunciamientos fechados el mismo día proponen rutas incompatibles, y que uno reprocha al otro un silencio que ese otro rompió esa misma jornada.

Las acusaciones a Washington

El texto formula además una serie de cargos contra la administración estadounidense. Corresponde registrarlos como afirmaciones de quien los hace, no como hechos establecidos por esta nota:

Sostiene que se comercializan más de 13.500 millones de dólares en petróleo venezolano mientras el país recibe alrededor de 180 millones para atender emergencias humanitarias. Afirma que persisten torturas y tratos crueles contra más de 400 presos políticos. Condena ataques letales contra embarcaciones de venezolanos acusados sin prueba de narcotráfico. Y denuncia la intención de diferir las elecciones por tres años.

Ninguna de esas cifras ha sido verificada de forma independiente por este medio. Se consignan porque forman parte sustancial del documento y porque su autora es una figura pública identificable que responde por ellas.

Sí está verificado, en cambio, el contexto en el que se inscriben: el 24 de julio de 2026, desde el Despacho Oval, Donald Trump respondió que Venezuela todavía no está realmente preparada para elecciones, sin ofrecer fecha ni condiciones, y elogió el desempeño de Delcy Rodríguez. El día anterior había afirmado que su secretario de Energía dirige Venezuela.

La emergencia como argumento

El pronunciamiento vincula su llamado con la respuesta al desastre en el estado La Guaira —al que se refiere por su denominación anterior, Vargas—, y sostiene que no se dispusieron maquinarias pesadas para la remoción de escombros ni para la búsqueda de desaparecidos.

Ese señalamiento coincide en lo esencial con lo documentado por el informe de Transparencia Venezuela en el Exilio, que midió un 12,6% del pico de despliegue estatal a las veinticuatro horas del doblete sísmico del 24 de junio de 2026.

Lo que hay que observar

Tres indicadores dirán si esta tesis crece o queda como pronunciamiento aislado.

Si otras figuras del ámbito jurídico o de la sociedad civil organizada suscriben públicamente la propuesta de junta de gobierno. Si las asambleas ciudadanas que plantea llegan a instalarse en estados y municipios. Y si el llamado al paro tiene alguna traducción en el sector petrolero, donde el efecto sería inmediato y medible.

Los tres son comprobables. Ninguno depende de declaraciones.


Fuentes principales: pronunciamiento en video de Blanca Rosa Mármol de León difundido el 26 de julio de 2026; El Nacional (declaración del 2 de julio de 2026 sobre el vencimiento del lapso, y entrevista del 7 de julio sobre la junta de gobierno); El Pitazo, programa Punto y Contexto con César Batiz; VPItv; NTN24 (entrega de documento en la embajada de Estados Unidos en Caracas el 17 de julio de 2026); coberturas de rueda de prensa en las adyacencias de la sede diplomática estadounidense; comunicado de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia del 26 de julio de 2026; Reuters y AFP (declaraciones de Donald Trump del 24 de julio de 2026); Transparencia Venezuela en el Exilio (informe sobre la respuesta estatal al sismo).

Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →

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Política

Habemus baremo

«Es, sin duda, un baremo extemporáneo y extremadamente deficiente. […] Pero es lo que hay».

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Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Fotografía de archivo de 2010.

FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN

El comité que preselecciona al nuevo TSJ dio a conocer su baremo el 2 de noviembre. Para Bellorín, llega tarde y mide a todos los aspirantes con la misma vara, sin atender la especialidad de cada sala que el artículo 263 de la Constitución exige. «Es mejor que nada», concede.

Y llegó el primer baremo público, del que haya tenido conocimiento en toda mi vida, para evaluar a los candidatos al máximo tribunal venezolano. A sus autores, presionados por la opinión pública, les faltó revisar como modelo los que aún existen en los viejos reglamentos para la evaluación de los docentes universitarios en sus diferentes categorías. Les habría sido de mucha ayuda.

Es, sin duda, un baremo extemporáneo y extremadamente deficiente. No se orienta en cada una de las tres fuentes constitucionales ni en la especialidad de cada sala que se debe cubrir. Pero es lo que hay.

Una sala, una especialidad

Así como los voceros del írrito comité señalan con euforia los números de postulados para la Escuela de la Magistratura y de quienes aspiran a la Inspectoría de Tribunales, debió hacerse por cada una de las diferentes salas.

Es de Perogrullo afirmarlo, y de cómplices no aceptarlo: cada una de ellas requiere necesaria y obligada especialización, porque estamos en la cúspide del sistema judicial. Es por esa razón que la Constitución, en su artículo 263, numeral 3, le exige directamente al juez superior proveniente de la carrera judicial que se postule para la sala correspondiente a su ejercicio:

«…o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones».

Así debió hacerse también con los docentes titulares y con los abogados en ejercicio privado. Planteado de la forma en que lo están haciendo, estamos en presencia de «un verdadero despelote».

Las cuotas

Al ser así, se debe presumir que seguirá el desacierto revolucionario de repartir los cargos «a pepa de ojo» y por cuotas negociadas para algunos, evadiendo la experticia exigida y partiendo de la falacia continuada de que el «postulado aceptado» puede ocupar cualquier sala. Craso error.

Lo que faltó

Considero que, entre otras varias deficiencias, ese baremo debió valorar en forma secundaria a la jurídica otros estudios y títulos académicos en diferentes áreas, ya que el conocimiento sistémico aporta valor agregado a quien lo posee, además de marcar una mayor diferencia de niveles académicos.

De igual manera, los encargados de hacer la entrevista deben poseer mayor nivel académico e intelectual que el evaluado, porque en todas partes del mundo civilizado, en materia académica, cualquier doctor tendría que ser evaluado por otro doctor con mejores credenciales. Pero ya la revolución tiene años con la sinrazón como su razón.

Insistimos en que la racionalidad mínima exige que ese baremo debió ser publicado antes de las postulaciones, como un filtro natural de los requisitos mínimos y de las fuentes autorizadas por la Constitución. Pero en momentos de crisis y de emergencia, por supuesto que es mejor que nada.

Veremos los números finales y las justificaciones que, estoy seguro, serán lanzadas a la opinión pública sin importar cómo llegaron a ellas.

Caracas, 2 de noviembre de 2026.

Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.

Para leer más en INCÍSOS

  1. La entrevista valdrá 15 de 100 puntos en el baremo del TSJ: el baremo, renglón por renglón.
  2. Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel: el acceso a las carpetas y cómo objetar a un aspirante.
  3. Sigo con el expediente: la columna anterior de Ángel Alberto Bellorín, sobre la sociedad civil en el comité.
  4. De barbaridades y lecciones: Bellorín sobre el artículo 263 y los requisitos para ser magistrado.

Fuentes principales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 263); baremo de evaluación del Comité de Postulaciones Judiciales (2026).

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Política

La transición no es volver a la Cuarta República, dice Aveledo

Una apertura embrionaria y una frase con historia.

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Fachada blanca del Palacio Federal Legislativo en Caracas, con columnas, esculturas y cúpula dorada coronada por la bandera venezolana.

POLÍTICA · TRANSICIÓN · VENEZUELA LATE

Uno de los hombres que escogen a los aspirantes al nuevo TSJ dice ver una «apertura embrionaria» y pide tomarle la palabra al proceso. También dijo que dejar las cosas «atadas y bien atadas» es parte de este proceso, una frase con historia. INCÍSOS repasa lo que dijo y lo que los hechos todavía no confirman.

Las 6W · INCÍSOS

QuéLa visión de la transición, de la justicia y de la historia democrática venezolana de un miembro del Comité de Postulaciones Judiciales.
QuiénGuillermo Tell Aveledo Coll, politólogo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana y miembro de la Comisión Nacional de Primaria de 2023.
CuándoDomingo 1 de noviembre de 2026.
DóndeEn el programa Venezuela Late, en X, con preguntas de las conductoras y de la audiencia.
Por quéEl comité donde participa escoge a los aspirantes al tribunal que arbitrará la elección, la vacante presidencial y las inhabilitaciones.
CómoEn una conversación de más de una hora sobre el proceso, la historia de 1958 y lo que una transición no debería repetir.

«Esto no es una restauración de la Cuarta República, esto no es un entierro de la Quinta República en sí mismo, sino una construcción colectiva.» Guillermo Tell Aveledo resumió así, en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre, la transición que dice estar viendo desde adentro del Comité de Postulaciones Judiciales. Lo dijo un politólogo que, por oficio, ha estudiado la democracia que nació en 1958, y que, por apellido, creció dentro de ella: es hijo de Ramón Guillermo Aveledo, que fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.

La deuda de la justicia

Aveledo no idealiza el pasado. «La etapa pasada no fue idílica», dijo. «Especialmente con respecto al sistema judicial, dejó mucho que desear.» En otros momentos de la historia venezolana, recordó, el sistema de justicia tuvo un prestigio «mucho más elevado» ante la población. «Eso no fue el caso en el año 98 y no es el caso hoy», dijo. «Tenemos una gran deuda como sociedad.»

Ese descrédito, según su lectura, fue uno de los incentivos que llevaron al país a la situación actual. Por eso, a la pregunta de cuál es el error de 1958 que una nueva transición no debería repetir, no habló de los partidos excluidos, sino de cultura política: aprender a gestionar los conflictos en vez de callarlos, y mirar «con lupa» por qué los venezolanos dejaron de confiar en una democracia que en los manuales parecía perfecta. Como referencias, citó a España y a Paraguay, países que el secretario de Estado Marco Rubio ha mencionado como ejemplos de reconstrucción democrática.

Lo que no se negocia, dijo, son los derechos humanos y el carácter garantista de la Constitución de 1999, que considera «una buena Constitución en esos términos», aunque discrepe de otros de sus criterios. Su pretensión, explicó, es que se expanda el ámbito de libertades.

El TSJ primero, y una frase con historia

La pregunta más incómoda fue por qué el nuevo TSJ va antes que el CNE, cuando los venezolanos piden un calendario electoral. Aveledo dijo que no tiene «las herramientas» para responderla y que, vista en el tiempo, la designación de ambos se entenderá como un proceso en paralelo. Pero añadió una explicación: el Tribunal Supremo «destranca elementos de lo que puede venir y asegura otros». Y luego: «En otras transiciones se ha hablado de la frase de dejar las cosas atadas y bien atadas. Bueno, eso es parte de este proceso también».

La frase tiene dueño. «Todo ha quedado atado, y bien atado» la dijo Francisco Franco en su mensaje de fin de año de 1969, al asegurar la sucesión del régimen. En la transición española terminó significando lo contrario de lo que él quiso. Aveledo no aclaró a quién se refería ni qué se busca dejar atado.

La académica Corina Yoris, a quien la Plataforma Unitaria designó en 2024 como candidata presidencial y no pudo inscribir, intervino para dar otra razón: la Constitución no exige un orden, pero políticamente conviene el TSJ primero, porque un tribunal sin idoneidad podría bloquear las decisiones de un CNE escogido con amplitud. Es el orden que fijó Washington, como contamos aquí, y el que María Corina Machado pide romper para que TSJ, CNE y fecha lleguen a la vez, como contamos aquí.

Una apertura «embrionaria»

Aveledo describió lo que ve con cautela. «Lo que yo estoy viendo es una apertura. Es una apertura embrionaria, no quiero decir insuficiente, pero que apunta hacia algo más», dijo. Reconoció las «tensiones» y la «desconfianza» entre quienes fueron tratados como «insurgentes, facciosos, violentos» y quienes han sido vistos como represores. «Puede parecer increíble», admitió, «incluso estando en el medio».

Su avatar en X dice «No hay retorno». Contó que viene de una postal del Comité de Solidaridad con Polonia que guarda desde 1987 o 1988, antes de la caída del Muro de Berlín. De qué depende ese no retorno, lo resumió en tres garantías: la convicción de los actores, a quienes «hay que tomarles la palabra»; el criterio técnico y el compromiso de los miembros del comité, y la participación ciudadana, sobre todo la de los mejores juristas del país. «Que lo hagan, lo hagan, lo hagan», pidió a los abogados que dudan en postularse.

En esa línea de tomar la palabra, Aveledo citó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que en Naciones Unidas habló de una reforma «juiciosa» de la justicia para evitar que el poder abusivo ataque al ciudadano.

Lo que contó de adentro

Aveledo se postuló al comité por iniciativa propia, dijo, para no comprometer los apoyos que la Universidad Metropolitana pudiera dar a otros aspirantes. No es abogado, así que no puede ser magistrado. Describió el trabajo como diez días de jornadas «muy intensas» y dijo sentir «un gran vértigo», pero «bien acompañado». Destacó a Alessandrello como alguien que, «cuando se le enfrenta con datos» y soluciones creativas, las admite, y mencionó a comisionados como Juan Domingo Alfonzo Paradisi, Raquel Sánchez, Irma Pasos, Nancy Castro y Mauro Herrera. «Seguramente hemos pasado lo más fácil», advirtió. «Vendrá lo más delicado.»

Al final, una de las conductoras le pidió su palabra de que hará todo lo que esté a su alcance para que el proceso salga bien. «Definitivamente les puedo dar mi palabra», respondió.

Criterio INCÍSOS

El testimonio de Aveledo tiene valor: es de los pocos miembros del comité que explica en público lo que hace, reconoce las tensiones y no promete más de lo que puede cumplir. Su diagnóstico sobre la deuda de la justicia, anterior a 1998, es honesto y poco frecuente. Pero lo que describe es una percepción desde adentro de una mesa, y la transición se mide fuera de ella.

Tomarle la palabra a la presidenta encargada exige medirla por los hechos, como ella misma pidió. Presidió la Constituyente que en 2017 destituyó a la fiscal general, como repasamos en su perfil. La ley contra el odio que esa Constituyente aprobó sigue vigente, aunque ella admita que se aplicó «de forma abusiva», como contamos aquí. Y el 28 de octubre la policía volvió a frenar una marcha por salarios y presos políticos, como contamos aquí. Una apertura embrionaria puede crecer o abortarse. Lo que decide cuál de las dos no es la voluntad del comité, sino lo que ocurra con los lapsos, las listas y los votos.

Y la frase de los nudos merece una pregunta directa. Si el TSJ se escoge primero para dejar cosas atadas, los venezolanos tienen derecho a saber cuáles. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que quien negocia el orden de la transición diga qué asegura el nuevo tribunal, que el comité publique los nombres de los aspirantes, la tabla completa del baremo y la guía de la entrevista antes de entrevistar, y que el CNE y la fecha electoral tengan un calendario tan preciso como el del TSJ.

Para leer más en INCÍSOS

  1. La entrevista valdrá 15 de 100 puntos en el baremo del TSJ: el baremo, publicado el 2 de noviembre.
  2. Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel: el acceso, las cifras y cómo objetar.
  3. Washington fija el orden de la transición, pero no las fechas: por qué el TSJ va primero.
  4. Machado pide TSJ, CNE y fecha a la vez, no en secuencia: la otra posición.

La entrevista completa con Guillermo Tell Aveledo está en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre: verla aquí.


Fuentes principales: Entrevista a Guillermo Tell Aveledo en el programa Venezuela Late (1 de noviembre de 2026); mensaje de fin de año de Francisco Franco (30 de diciembre de 1969); notas de INCÍSOS citadas en el texto.

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Política

Todo el comité puede ver los expedientes del TSJ, todavía en papel

El acceso existe; los nombres, todavía no.

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Una carpeta azul abierta contiene una pila de documentos impresos sobre una mesa; al fondo se observa una silla vacía.

POLÍTICA · EL NUEVO TSJ · VENEZUELA LATE

La duda que planteó una comisionada al arrancar el proceso tiene respuesta: todos los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales tienen acceso a todas las carpetas. Pero las carpetas siguen en papel, los nombres de los aspirantes todavía no son públicos y las postulaciones ya superan las 200, según Guillermo Tell Aveledo.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEl acceso de los comisionados a los expedientes de los aspirantes al TSJ, el volumen de postulaciones y cómo pueden los ciudadanos objetar a un candidato.
QuiénGuillermo Tell Aveledo Coll, representante de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales.
CuándoLo explicó el domingo 1 de noviembre de 2026. La recepción de candidaturas sigue abierta hasta el 11 de noviembre.
DóndeEn el programa Venezuela Late, en X.
Por quéEl comité debe revisar cientos de carpetas en semanas. Cuánto puede ver cada comisionado, y cuánto puede ver el público, define la calidad del filtro.
CómoCon revisión en papel y por grupos, consultas a las instituciones que emitieron títulos y registros, y objeciones ciudadanas por escrito.

«Sí, tenemos el acceso total.» Guillermo Tell Aveledo respondió así, en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre, a la pregunta de si cada miembro del Comité de Postulaciones Judiciales puede revisar todas las carpetas de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia. «Cada uno de nosotros, como miembro del comité, que desee ver cada una de las carpetas, lo puede hacer», dijo. «El único tema es la capacidad material.»

La pregunta no era retórica. Al abrir el proceso, la comisionada Raquel Sánchez advirtió que la revisión no estaba digitalizada y que los expedientes se repartirían por grupos, de modo que no todos verían todo, como contamos aquí. Al día siguiente, el presidente del comité, el diputado Giuseppe Alessandrello, dijo que el problema se había subsanado. Aveledo lo confirma, con un matiz: el acceso existe, pero el trabajo sigue repartido porque las carpetas son de papel.

Por qué no se digitaliza

Digitalizar los expedientes es «técnicamente posible», reconoció Aveledo, y hay ciudadanos que se ofrecieron a hacerlo. Pero implicaría que los 23 miembros del comité, 12 de la sociedad civil y 11 diputados, se pongan de acuerdo en mecanismos de seguridad de datos y de procesamiento «que sean limpios para todos», y el tiempo corre. «El cronograma lo decimos nosotros», recordó. Por ahora, dijo, el tema queda pendiente.

Para verificar lo que no está en la carpeta, el comité tiene otra herramienta. La Ley Orgánica del TSJ establece un principio de colaboración que le permite pedir información a entes públicos y privados: si hay dudas sobre un título, se consulta a la institución que lo otorgó; si las hay sobre un registro profesional, a los registros formales.

Más de 200 postulaciones

Al cierre del jueves 29 de octubre, el comité había contado 100 aspirantes, 83 de ellos a magistrado, como contamos aquí. Tres días después, Aveledo estimó que, sumadas las postulaciones nuevas y las ratificaciones, «deben haber unas 200 y tantas». El dato importa porque el baremo publicado el lunes 2 de noviembre obliga a preseleccionar al menos el triple de los cargos de magistrado: 96 nombres para 32 puestos, como contamos aquí. Las ratificaciones son de quienes se postularon en el proceso anulado de mayo, que pueden confirmar su candidatura por escrito, según la convocatoria reseñada por Finanzas Digital.

Espera que la curva suba en los días que quedan: menos ratificaciones, más inscripciones nuevas. «Estábamos pensando incluso, en un criterio muy optimista, en mil precandidaturas», dijo.

Sobre si hay tiempo para entrevistar a tantos, respondió a una pregunta de la académica Corina Yoris: sí, dijo, porque los comisionados se reparten en paneles y la revisión empezó antes de que cierre la recepción. Admitió que no tenía a mano la duración prevista de cada entrevista.

Cómo objetar a un aspirante

Cualquier ciudadano puede objetar a un candidato ante el comité. Según Aveledo, basta una comunicación formal escrita, «básicamente una carta al comité de postulación», que debe señalar el problema concreto. Dio ejemplos de lo que se puede plantear:

  1. Que el aspirante tiene otra nacionalidad, algo que la ley prohíbe.
  2. Que miente sobre alguna credencial.
  3. Que tiene un problema pendiente en otra instancia.
  4. Que tiene vínculos que pongan en duda su honorabilidad y su idoneidad para el cargo.

El formato oficial se publicará justo antes de que se abra el lapso de objeciones, dijo. Ese lapso corre a partir de la publicación de la lista de admitidos y, según Aveledo, en paralelo con las entrevistas.

Lo que todavía no es público

Una oyente le pidió al comité informar «a tiempo y con la verdad». Aveledo dijo que están «trabajando en ello» y repasó lo publicado: la convocatoria, el cronograma y los balances de postulaciones. Pero reconoció un límite: lo que circula es el número de postulaciones, «no es la lista de nombres y apellidos todavía». Esa lista, dijo, la maneja por ahora el comité.

Criterio INCÍSOS

La respuesta de Aveledo despeja una duda importante: ningún comisionado tiene vedada una carpeta. Pero el acceso formal no es lo mismo que la revisión real. Si 23 personas deben repasar cientos de expedientes en papel en pocas semanas, la mayoría de las carpetas las verá a fondo un grupo, no el pleno. Eso hace más importante el otro filtro: el de los ciudadanos.

Y ese filtro depende de algo que todavía no existe. Para objetar a un aspirante porque tiene otra nacionalidad o porque infló su currículo hay que saber quién es. El propio Aveledo lo dijo: con la lista de nombres y de cédulas, cualquiera puede hacer pesquisas en paralelo, y el que aspira a una responsabilidad tan alta está sometido al escrutinio público.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la lista de aspirantes se publique con nombres y credenciales en cuanto cierre la recepción, que el formato de objeción esté disponible en línea y que el comité diga cuántos días tendrán los ciudadanos para objetar. Digitalizar las carpetas ayudaría al comité; publicar los nombres ayudaría a todos.

Para leer más en INCÍSOS

  1. La entrevista valdrá 15 de 100 puntos en el baremo del TSJ: el baremo completo.
  2. Abren las postulaciones para escoger a los 32 magistrados del TSJ: requisitos, documentos y la advertencia de Raquel Sánchez.
  3. Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos.

La entrevista completa con Guillermo Tell Aveledo está en el programa Venezuela Late del domingo 1 de noviembre: verla aquí.


Fuentes principales: Entrevista a Guillermo Tell Aveledo en el programa Venezuela Late (1 de noviembre de 2026); composición del comité, según Finanzas Digital; convocatoria del 27 de octubre, según Finanzas Digital; notas de INCÍSOS citadas en el texto.

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