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Antes de la coacción, había una obligación. Bellorín recuerda los artículos 65, 259 y 334 de la Constitución ante la confesión de la exmagistrada César Siero.
«Todo mediocre aborrece la evaluación transparente». Bellorín pide que quienes evaluarán a los futuros magistrados muestren primero sus propias credenciales.
El derecho a la información veraz no es una defensa personal que se invoca cuando conviene. Es una obligación del funcionario.
La exigencia de aprobación parlamentaria podría activarse por la vía de las empresas, con independencia de lo que ocurra con el pacto entre gobiernos.
Las dos partes describen la misma operación con contrapartes distintas. Solo una de las dos descripciones activa la prohibición constitucional.
El dato que faltaba apareció a medias: hay empresas privadas, y también un gobierno que dice haber asegurado el control.
Reformar la justicia venezolana no es cambiar un tribunal. La Constitución define un sistema con nueve componentes.
Nadie la eligió, la designó quien nunca demostró su victoria y su plazo constitucional expiró. Qué queda cuando se retira cada capa de legitimidad.
Un país que recibe ingresos petroleros récord y negocia con el Tesoro estadounidense declara que no puede gobernar su economía con facultades ordinarias.
Dos pronunciamientos del mismo domingo proponen rutas incompatibles. Son tres las lecturas constitucionales que compiten sobre el mismo vacío.