POLÍTICA · JUSTICIA

Veinticuatro años después, la Corte Interamericana escuchó a las víctimas de la marcha del 11 de abril de 2002. Las familias llegaron con sus muertos y sus amenazas. La silla de Venezuela quedó vacía: el Estado no acreditó representante, aunque la Corte lo invitó.

Yenfri Querales llegó a San José con la historia de su hermano. Juan David Querales tenía 25 años, trabajaba como teleoperador y murió desangrado tras recibir un disparo cerca de la estación El Silencio el 11 de abril de 2002. La investigación se detuvo. «Al final no supimos más», dijo ante la Corte, según Runrunes. Pidió una sentencia que devuelva la dignidad a su hermano y que sus padres alcancen a ver justicia.

Delvalle Canelón, periodista y hoy secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, contó que vio a civiles armados disparar desde Puente Llaguno y que la Guardia Nacional conversaba con ellos en lugar de detenerlos. Relató que, cuando iba a declarar en el juicio de los policías metropolitanos, dos de los hombres identificados como pistoleros del puente, Henry Atencio y Richard Peñalver, la amenazaron en los baños del tribunal de Maracay. Se quebró al contarlo. Uno de los jueces le respondió: «Es un mundo donde existe mucha cobardía, pero de repente aparecen personas muy valientes».

La silla vacía

Frente a esos testimonios no hubo nadie. El Estado venezolano no acreditó agente ni presentó alegatos en la audiencia, pese a que la Corte lo invitó a hacerlo, según Runrunes. No hubo quien defendiera la actuación de la Guardia Nacional ni quien explicara por qué, 24 años después, no hay responsables.

La ausencia pesa más por quién gobierna hoy. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo en la FAO el 12 de octubre que Venezuela vive un proceso «ordenado, institucional y verificable». Su gobierno negocia en Caracas un nuevo Tribunal Supremo y pide a Washington que levante sanciones. Y no mandó a nadie a la única audiencia internacional en la que el Estado tenía que rendir cuentas por sus muertos.

Lo que dice el expediente

El caso reúne a doce víctimas. Tres murieron cerca de El Silencio, por disparos que la CIDH atribuye a la Guardia Nacional: Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso. Cuatro murieron en la zona de La Pedrera y Puente Llaguno: Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo. Cinco resultaron heridos. Ese día murieron en total 19 personas y más de 300 fueron heridas.

Según la ficha del caso en la Corte, la CIDH encontró indicios de coordinación entre funcionarios y miembros de los Círculos Bolivarianos. La justicia venezolana nunca llegó al fondo: en 2007 se acusó a cinco guardias nacionales, sin avances conocidos desde entonces. La CIDH aprobó su informe de fondo (313/23) y sometió el caso a la Corte el 9 de julio de 2024.

Dos varas

El 11 de abril tuvo dos juicios en Venezuela, y terminaron de forma opuesta. Los hombres filmados disparando desde Puente Llaguno, entre ellos Atencio y Peñalver, fueron absueltos en 2003. Los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero fueron condenados en 2009 a 30 años de prisión. El caso que hoy revisa la Corte es, en buena parte, el de los muertos que ninguno de esos dos juicios explicó.

Lo que puede pasar

Venezuela denunció la Convención Americana en 2012, con efecto desde 2013. Pero la Corte conserva competencia sobre hechos anteriores a esa fecha, y el 11 de abril lo es. Tras la audiencia vienen los alegatos finales por escrito y, después, la sentencia, que puede ordenar investigar, reparar a las víctimas y garantizar que no se repita.

¿Qué falta, exactamente?

1. Un Estado que comparezca: si el gobierno encargado quiere que su transición sea creíble afuera, el primer lugar donde mostrarlo es ante las víctimas, no ante el Tesoro.
2. Un expediente abierto: qué pasó con la acusación de 2007 contra cinco guardias nacionales.
3. Una respuesta en Caracas: si el nuevo TSJ que se negocia en la mesa revisará las causas del 11 de abril.

Fuentes principales: Runrunes, El Estímulo, El Impulso y Efecto Cocuyo (12 y 14 de octubre de 2026); Corte IDH, ficha del caso Trujillo y otros vs. Venezuela; CIDH, Informe de Fondo 313/23.

POLÍTICA · SANCIONES

El Tesoro sacó al presidente de la Asamblea Nacional de su lista de sancionados el miércoles 14 de octubre, mientras él encabezaba la delegación oficialista en Caracas. No dio razones. En 2018, cuando lo sancionó, Washington dijo que las sanciones se levantarían a quien ayudara a restaurar el orden democrático.

Mientras Jorge Rodríguez se sentaba en un hotel de Caracas frente a la delegación de Dinorah Figuera, su nombre desaparecía de la lista negra del Tesoro estadounidense. El aviso de la OFAC del 14 de octubre fue escueto: lo retira de la lista de sancionados, sin explicación.

Rodríguez había sido sancionado el 25 de septiembre de 2018, en el mismo paquete que su hermana Delcy, Cilia Flores y Vladimir Padrino López. El Departamento de Estado dijo entonces que Maduro le había dado cargos para «ayudarlo a mantener el poder y consolidar su gobierno autoritario». Y el Tesoro advirtió que las sanciones podían levantarse a los funcionarios que ayudaran a restaurar el orden democrático. Ocho años después, nadie ha dicho públicamente si Rodríguez cumplió esa condición.

Nombre por nombre

El levantamiento llega de a uno. Delcy Rodríguez salió de la lista el 1 de abril. Ahora su hermano. Siguen sancionados Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, igual que PDVSA y el Banco Central. Según un conteo de The Rio Times, la lista mantiene 405 entradas vinculadas a Venezuela, 186 de ellas personas.

Rodríguez no es un nombre cualquiera en la negociación. Desde la Asamblea ha impulsado la ley para facilitar la entrada de petroleras extranjeras, otra para el sector minero y la apertura de la red eléctrica a la inversión privada. Es también quien designa a 11 de los 23 miembros del comité que preseleccionará a los nuevos magistrados del TSJ (lo explicamos aquí).

La lectura desde la mesa

El momento es el mensaje. Washington premia al jefe de la delegación oficialista el día en que empieza una ronda que, según el Departamento de Estado, debe producir garantías para unas elecciones creíbles. Para la oposición, el gesto puede leerse de dos maneras: como un incentivo para que Rodríguez cumpla, o como una recompensa que llega antes de que haya algo que cumplir.

Tampoco es un gesto aislado. Diosdado Cabello, el otro gran nombre del chavismo, sigue en la lista, y una fuente citada por ABC lo identifica como el coconspirador número uno del caso de torturas contra Maduro (lo contamos aquí). Los Rodríguez salen; Cabello queda.

Criterio: tres pruebas

1. Condiciones: si el Tesoro o el Departamento de Estado publican qué compromisos asumió Rodríguez para salir de la lista.
2. Resultados: si la tercera ronda termina con avances sobre inhabilitaciones, regreso de exiliados y el CNE.
3. Reversibilidad: si Washington deja claro que el nombre puede volver a la lista si la negociación se estanca.

¿Qué falta, exactamente?

Falta lo que el propio Tesoro prometió en 2018: que el levantamiento esté atado a la restauración del orden democrático. Sin una explicación pública, la medida se parece más a un pago adelantado que a un reconocimiento.

Fuentes principales: Departamento del Tesoro de EE. UU., aviso de la OFAC del 14 de octubre de 2026; Al Jazeera y UPI (14 de octubre de 2026); The Rio Times (14 de octubre de 2026); Departamento de Estado (2018).

POLÍTICA · NEGOCIACIÓN

La delegación de Dinorah Figuera y la de Jorge Rodríguez se sentaron el miércoles 14 de octubre en un hotel de Caracas. Esta vez el foco son las garantías políticas para una elección. Las inhabilitaciones, el regreso de los exiliados y los partidos, que quedaron fuera de la segunda ronda, vuelven a la lista de pendientes.

El temario cambió respecto de lo que se anunciaba la semana pasada. El 9 de octubre, el Departamento de Estado ponía el foco de esta ronda en terminar de escoger el Tribunal Supremo (lo contamos aquí). Al abrirse la mesa, EFE informó que el centro de esta ronda es un acuerdo sobre garantías políticas y civiles para un proceso electoral. Si es así, la conversación se acerca, por fin, a la pregunta de cuándo y en qué condiciones se vota.

Lo que traen las dos rondas anteriores

Las partes y Washington reivindican avances: la excarcelación de más de mil detenidos por razones políticas, el inicio de la reestructuración del TSJ, el desbloqueo de más de 70 sitios web y la reforma de la Ley contra el Odio. El Foro Penal cuenta todavía 322 presos políticos.

Lo que falta

Los analistas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en el diagnóstico, no en el ritmo. Luis Rendueles tiene expectativas «prudentes»: cree que el chavismo buscará ganar tiempo y que «se deben generar compromisos concretos». Francisco Bello cree que el nombramiento del TSJ avanzará y que antes de que termine el año podría abrirse la ruta hacia un nuevo CNE. Bello describe además el proceso como «tutelado» por la Casa Blanca.

Quedan sobre la mesa los temas que la segunda ronda no tocó: las inhabilitaciones políticas, la restitución de los partidos intervenidos y el regreso seguro de los exiliados. La exmagistrada Bárbara César Siero, que dijo haber firmado la inhabilitación de María Corina Machado bajo coacción, llevó su denuncia a la Fiscalía y a la Defensoría el 13 de octubre.

Los que no están

María Corina Machado no forma parte de la mesa. Su partido, Vente Venezuela, mantiene para el sábado 17 de octubre una protesta en ciudades de varios países para exigir fecha electoral. Y el mismo miércoles que se abrió la ronda, Washington sacó de su lista de sancionados al jefe de la delegación oficialista (lo explicamos aquí).

El presupuesto sin cifras

Ese mismo día, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, entregó a la Asamblea el proyecto de presupuesto de 2027. Prioriza, dijo, «la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población». El Parlamento no publicó el monto total.

¿Qué falta, exactamente?

1. Las inhabilitaciones: sin levantarlas, ninguna garantía electoral alcanza a quienes la oposición quiere postular.
2. El calendario: una ronda sobre garantías sin fecha de elección deja la pregunta principal abierta.
3. La transparencia: que las partes publiquen lo acordado al cierre de la ronda, no solo comunicados de Washington.

Fuentes principales: EFE vía Infobae (14 de octubre de 2026); Efecto Cocuyo (14 de octubre de 2026); Departamento de Estado (9 de octubre de 2026); Foro Penal; Noticias SIN (14 de octubre de 2026); El Pitazo (13 de octubre de 2026).