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Por primera vez las dos partes describen la misma operación. Y por primera vez hay una cifra de lo que percibiría el Estado venezolano.
Es una división simple sobre dos cifras oficiales. El resultado obliga a preguntar qué incluye y qué no incluye la palabra tributos.
Las dos partes describen la misma operación con contrapartes distintas. Solo una de las dos descripciones activa la prohibición constitucional.
No es lo mismo diecisiete campos convencionales rehabilitables que diecisiete bloques de crudo extrapesado. La diferencia son años y miles de millones.
El balance no es de optimismo ni de sospecha. Es un inventario de lo que ya se sabe y de lo que falta.
La inversión la hacen y la recuperan las empresas. Lo que recibe el Estado es la regalía y el impuesto, y esos siguen sin anunciarse.
Una cuenta personal expresa a una persona. Una cuenta institucional compromete a un departamento.
El dato que faltaba apareció a medias: hay empresas privadas, y también un gobierno que dice haber asegurado el control.
Veinticinco mil millones de barriles es más que las reservas probadas de la mayoría de los países productores.
No es una lista de reproches. Es la lista de lo que hará falta leer cuando exista un documento.