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Política

El hombre del dinero llegó a Miami sin que nadie en Caracas lo despidiera

** Alex Saab fue deportado el sábado 16 de mayo desde Caracas a Miami. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez lo entregó a Estados Unidos sin acto público, sin despedida, con un comunicado del SAIME de cuatro líneas.

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** El gobierno encargado de Delcy Rodríguez entregó el sábado 16 de mayo al colombiano Alex Saab Morán a las autoridades estadounidenses, en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Aterrizó esa misma noche en Opa-locka, condado de Miami-Dade, escoltado por agentes de la DEA. La operación se ejecutó sin acto oficial venezolano, sin comparecencia, sin acompañamiento. Tampoco hubo despedida del oficialismo que durante seis años exigió su retorno.

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Deportación del empresario colombiano Alex Saab Morán desde Venezuela a Estados Unidos para enfrentar una nueva acusación federal en el Distrito Sur de Florida.
Quién El gobierno encargado de Delcy Rodríguez, el SAIME, la DEA, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Saab y su esposa Camilla Fabri.
Cuándo Sábado 16 de mayo de 2026. Llegada a Opa-locka a las 21:15 hora local.
Dónde Caracas (El Helicoide, Fuerte Tiuna, aeropuerto de Maiquetía), Opa-locka, Miami-Dade.
Por qué Saab ha sido descrito por el Secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado como el «hombre del dinero» de Maduro. La justicia estadounidense lo procesa por una acusación nueva presentada en enero de 2026.
Cómo Traslado desde El Helicoide a Fuerte Tiuna durante la semana previa, entrega en Maiquetía y vuelo en un Gulfstream de matrícula estadounidense N550GA hacia Opa-locka.

El sábado 16 de mayo de 2026, un Gulfstream con matrícula estadounidense N550GA aterrizó en el aeropuerto Internacional de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, a las 21:15 hora local. Adentro venía Alex Naim Saab Morán, el empresario colombiano de origen libanés que durante seis años fue el rostro más alto de la operación financiera del chavismo. Lo escoltaban agentes de la Administración de Control de Drogas. No fue una extradición. Fue una deportación, ejecutada por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez en Caracas.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, SAIME, lo informó en un comunicado breve a las 18:32 hora de Caracas, divulgado en su cuenta de X. El texto se cuidó del verbo: no escribió extradición, escribió deportación. Lo presentó como medida administrativa adoptada «en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana», y la justificó porque Saab «se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional».

El zair Mundaray, ex fiscal venezolano en el exilio, observó en su cuenta de X que jurídicamente no se trataba de extradición formal, porque el Tribunal Supremo de Justicia venezolano no había emitido sentencia autorizando el procedimiento. Mundaray escribió que sin ese acto de derecho internacional, basado en reciprocidad, convencionalidad y derechos humanos, lo que hubo fue «una entrega pura y simple del reo a la jurisdicción que lo procesa». La operación se ejecutó por la vía administrativa, no por la vía judicial.

La operación

Saab estaba bajo custodia venezolana desde el 4 de febrero de 2026. Esa madrugada, alrededor de las 2:30 a.m., funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ejecutaron en la urbanización Cerro Verde de Caracas un operativo conjunto con el FBI. En la misma operación cayó Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión y reclamado por la justicia estadounidense desde 2018 por sobornos y lavado de dinero. Saab fue trasladado a El Helicoide. Gorrín, a la cárcel subterránea conocida como La Tumba.

Durante la semana del 11 al 15 de mayo, fuentes citadas por medios venezolanos reportaron que Saab fue trasladado de El Helicoide a Fuerte Tiuna. Desde ahí salió rumbo al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El Gulfstream N550GA, una aeronave de matrícula estadounidense, había ingresado al espacio aéreo venezolano con destino a esa terminal. Allí lo recibieron y partió.

Su esposa, la italiana Camilla Fabri, encabezaba hasta inicios de año el programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, que recibe vuelos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. El sábado 16 no apareció en ningún acto público. El oficialismo tampoco emitió pronunciamiento. La diferencia con 2020, 2021 y 2022 es absoluta: en aquella época, la liberación de Saab era política de Estado y movilizaba marchas, vigilias, columnas en cadena nacional. Esta vez, su entrega fue una operación administrativa.

La acusación que viene

La acusación que Saab enfrenta en la Corte del Distrito Sur de Florida no es la que motivó su extradición desde Cabo Verde en 2021. Aquel expediente, sobre conspiración para lavado de dinero vinculado al sistema de control cambiario venezolano entre 2011 y 2015, fue desestimado definitivamente el 29 de marzo de 2024 por el juez Robert Scola, tras el indulto que el entonces presidente Joe Biden firmó en diciembre de 2023 dentro del intercambio de prisioneros.

La acusación vigente fue presentada por fiscales federales en enero de 2026, días después de la captura de Maduro y Cilia Flores en Caracas. Según los documentos del Distrito Sur de Florida reseñados por agencias internacionales, los nuevos cargos incluyen conspiración criminal, lavado de dinero internacional y pago de sobornos a funcionarios venezolanos. La fiscalía sostiene que Saab habría falsificado documentos y utilizado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos, canalizados a través de empresas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos entre 2013 y 2020.

El esquema descrito por la fiscalía no se limita al período del CLAP. Cubre los años en que Saab actuó como contratista del Estado venezolano para Misión Vivienda, para la importación de alimentos y para las operaciones de venta de oro y petróleo bajo sanciones. Las autoridades federales le han imputado años de operación financiera continua, lo que sitúa parte de los hechos por fuera del alcance del indulto de 2023.

El hombre del dinero

En su comparecencia ante el Senado estadounidense durante el debate sobre el plan Rubio de tres fases, el Secretario de Estado Marco Rubio se refirió a Saab como el «hombre del dinero» o el «testaferro» de Maduro. La caracterización tiene base documental.

El portal venezolano Armando.info reveló desde 2017 que Saab era el operador principal de Group Grand Limited, la empresa que se adjudicó contratos millonarios con el gobierno de Maduro para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Una segunda investigación documentó que Saab recibió 159 millones de dólares del gobierno venezolano entre 2012 y 2013 para importar materiales de vivienda, y que solo entregó productos por el equivalente a tres millones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Saab y a su socio Álvaro Pulido de haber lavado hasta 350 millones de dólares defraudados al sistema cambiario venezolano.

Tras regresar a Caracas en diciembre de 2023 por la vía del indulto, Saab fue incorporado al gabinete. Maduro lo nombró primero presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva en enero de 2024. En octubre de 2024 lo designó ministro de Industria y Producción Nacional. Estuvo ahí hasta el 16 de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura de Maduro, fusionó esa cartera con la de Comercio Nacional y desplazó a Saab del cargo. Le agradeció en Telegram «por su labor al servicio de la Patria» y prometió que asumiría «nuevas responsabilidades». Las nuevas responsabilidades nunca llegaron. Diecinueve días después fue detenido.

Lo que puede contar

El valor estratégico de Saab para la Fiscalía del Distrito Sur de Florida no se reduce a su propia causa. Saab estuvo cerca del centro durante más de una década. Conoce las rutas, los intermediarios, las empresas pantalla, las contrapartes en Teherán, Ankara, Dubái y Hong Kong, los bancos cooperantes y los funcionarios venezolanos beneficiados. Fuentes citadas por el Miami Herald en marzo de 2026 lo describieron como un personaje en posición de «detallar cómo se movieron los fondos a través del sistema financiero internacional».

Hay un caso paralelo abierto en Nueva York contra Maduro y Cilia Flores, ambos detenidos en Estados Unidos desde el 3 de enero. La causa neoyorquina, de narcotráfico y de operación criminal continuada, tiene volumen documental propio. Saab no es testigo necesario para sostenerla. Pero su cooperación podría ampliar el universo de imputados y reabrir líneas hacia funcionarios todavía activos en Venezuela. La sola posibilidad explica que en Caracas, este sábado, no haya hablado nadie.

Fuentes principales: Comunicado del SAIME, 16 de mayo de 2026 (cuenta oficial en X). Reportes de EFE, Reuters, The New York Times, Univision, Miami Herald, El Tiempo, Infobae, El Colombiano, BBC Mundo, Caracol Radio y El Pitazo entre febrero y mayo de 2026. Documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida (acusación de enero de 2026 y desestimación de Robert Scola de marzo de 2024). Investigaciones de Armando.info publicadas desde 2017. Declaraciones de Marco Rubio ante el Senado estadounidense en enero de 2026. Comentario público del ex fiscal Zair Mundaray, 16 de mayo de 2026.

Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →

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Política

Immigrants have been incarcerated less than the native-born since 1870

The longest available series covers a century and a half and records no period in which immigrants were incarcerated more than the American-born.

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An unoccupied civic research archive with public records and a reading desk.

INCÍSOS SPECIAL · HEIRS

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The association between immigration and crime is probably the most repeated and least supported claim in American public debate. A century and a half of data exists to test it.

What Immigrants have recorded lower incarceration rates than the American-born since at least 1870.
Who Researchers at the National Bureau of Economic Research; researchers published in PNAS.
When A 150-year series, from 1870 to 2020. The Texas study covers 2020.
Where The United States, with specific analysis of Texas state records.
Why It is the empirical basis contradicting the most-used argument against immigrant presence.
How Historical censuses and administrative arrest and conviction records.

The long series

A study published by the National Bureau of Economic Research reconstructed incarceration rates for immigrants and the American-born across 150 years, from 1870 — the first year with available records — to the present.

The result admits no nuance of trend: in no period of that series did immigrants record incarceration rates higher than those of people born in the United States.

In 2020, immigrants were 60 percent less likely to be incarcerated than people born in the country, according to that same work. Compared specifically with white Americans born here, the difference was 30 percent lower.

The gap, moreover, has widened over time.

The Texas records

A study published in 2020 in the Proceedings of the National Academy of Sciences analyzed administrative arrest and conviction records from Texas, one of the few states that records the immigration status of those detained.

The results per thousand residents: immigrants, including those without legal status, were roughly half as likely to be arrested for violent crimes as the native-born. Around 40 percent as likely for drug offenses. Around 25 percent for robbery and property crimes.

Texas matters as a case because it is a border state, with one of the country’s largest immigrant populations, under an administration that has not been permissive on immigration enforcement. The data are its own.

A caution about sources

The most-cited data series in this area comes from the Cato Institute, which publishes annual estimates of incarceration rates by immigration status. Its 2024 figures put the rate at 1,195 per 100,000 among the American-born, 674 among immigrants in irregular status and 303 among immigrants with legal status.

The Cato Institute is a research center with a declared position favoring immigration openness. Its figures point in the same direction as the academic ones and serve as corroboration, but the argumentative weight of this piece rests on the 150-year study and the PNAS work, both peer-reviewed.

What these data do not settle

Aggregate rates say nothing about individual cases. Every crime committed by an immigrant exists, has victims and merits the same institutional response as any other.

Nor do they explain why the gap exists. The available hypotheses — self-selection among those who emigrate, risk aversion tied to losing status, age structure, family composition — are plausible and unresolved.

What they do establish, with the longest available series and with independent administrative records, is that the opposite premise has no empirical support in any stretch of a century and a half.

Why it is in this special

A community assigned a criminal propensity the data do not support carries a cost that is not symbolic. That cost translates into public policy, into enforcement budgets, into daily treatment, and into the rest of the country’s willingness to consider it part of itself.

Hispanic heritage includes that too: having carried, for a century and a half, an accusation the country’s own records refute.


Primary sources: National Bureau of Economic Research, study of immigrant incarceration rates across 150 years (Abramitzky, Boustan, Pérez and others), also distributed by the Migration Policy Institute. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020 study of Texas arrest records. Cato Institute, annual series on incarceration rates by immigration status, identified as a center with a declared position.

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Política

MS-13 was born in Los Angeles and came back deported

Between 1996 and 2002, the United States sent roughly 31,000 convicts to Central America. The criminal structure now attributed to the region was built in the north.

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An anonymous Los Angeles urban streetscape at dawn, without people or violence.

INCÍSOS SPECIAL · HEIRS

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A special on Hispanic heritage would be incomplete without the part nobody wants to claim. The documentary record places it somewhere other than where it is usually assigned.

What MS-13 formed in Los Angeles in the 1980s and went transnational by way of American deportation policy.
Who Refugees fleeing the Salvadoran civil conflict; the United States government; the countries of northern Central America.
When Formation in the 1980s. Mass deportations between 1996 and 2002.
Where California first; El Salvador, Honduras and Guatemala after.
Why The conventional account reverses the direction of the phenomenon, and with it the explanation.
How Mid-1990s legislation expanded the universe of noncitizens subject to removal, including convicts with gang ties.

Where it formed

The Congressional Research Service, in its report on the organization, establishes that MS-13 formed on the streets of Los Angeles during the 1980s, made up of people fleeing the Salvadoran civil conflict.

The same document notes it was constituted in part as protection against Latino gangs already operating in the city, among them Barrio 18. The «13» refers to the thirteenth letter of the alphabet, reflecting its tie to the Mexican Mafia within the California prison system.

None of that origin occurred in Central America.

How it crossed south

Legislation passed in the mid-1990s substantially expanded the universe of noncitizens subject to detention and removal, including those with criminal convictions.

Between 1996 and 2002, the United States sent roughly 31,000 convicted people to Central American countries, of whom some 12,000 went to El Salvador, according to documentation from the Washington Office on Latin America.

The Congressional Research Service records that the organization became transnational when members deported from the United States established its structure in Central America.

The receiving countries had institutions weakened by decades of civil war, with no absorption capacity, no reintegration programs and in many cases no prior information about the records of those arriving.

The structure did not migrate. It was exported.

Why the direction matters

The correction is not an academic footnote. It determines which explanation is accepted and which policy follows from it.

If the organization is a Central American phenomenon that entered the United States, the logical response is to close the entrance.

If it is an American phenomenon that was exported and returned, the response has to include what happened here: how it formed, under what conditions of urban marginalization, inside what prison system, and what effect deporting tens of thousands of people to countries unable to receive them produced.

The record supports the second reading, and it does so not from an immigrant advocacy organization but from Congress’s own research service.

What this piece does not argue

MS-13 has committed serious, documented crimes on both sides of the border. Its victims have overwhelmingly been people from the same communities of origin. Nothing above mitigates that or attempts to.

Nor does it suggest the United States is solely responsible for a phenomenon shaped by civil wars, institutional collapse, poverty and decisions by several governments.

What the record does establish is the direction of the origin. And that direction is rarely told.

The uncomfortable inheritance

Every large community produces criminality, and the Hispanic community is no exception. A special that listed only celebrable contributions would be promotion, not journalism.

But the uncomfortable part is not the one usually told either. The conventional version presents an imported product. The documentary record describes something else: a structure that formed in an American city, was professionalized in an American prison system, and was installed to the south by an American policy decision.

That too is part of what has to be inherited.


Primary sources: Congressional Research Service, report R45292 on MS-13. Washington Office on Latin America, documentation on deportations of convicts to Central America between 1996 and 2002. InSight Crime, organizational profile.

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Política

The proclamation celebrates the Hispanic who is a citizen and in uniform

The official text celebrating Hispanic heritage defines whom it celebrates: citizens, service members, police and border agents. The boundary is written down.

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A formal signing desk and a document whose text is not readable.

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A commemorative month does not describe a community. It defines one. The text proclaiming it contains that definition, and it rewards careful reading.

What The 2025 proclamation recognized Hispanic-American citizens and singled out those serving in military, law enforcement and border security roles.
Who The White House, author of the text; the 70.1 million Hispanics the Census counts.
When Signed September 22, 2025, seven days after the period began.
Where The United States.
Why The proclamation marks out who official recognition reaches and who it does not.
How Public Law 100-402 requires an annual presidential proclamation for the month to be observed.

The month exists because it gets signed

The 1988 law authorizes and requests the president to issue an annual proclamation designating September 15 through October 15. Without that signature, there is no proclaimed observance. Every president since 1990 has issued one.

The 2025 proclamation was signed September 22. The period had begun on the 15th.

Seven days is not on its own a declaration of anything. Proclamations are signed with variable margins. But the fact is on the record and worth noting before reading the text.

What the text says

The 2025 proclamation recognizes the contributions of Hispanic-American citizens. It singles out Hispanic patriots who have served on the front lines of the military, in law enforcement and in border security. It speaks of defending national sovereignty and protecting the flag.

Each of those elements is legitimate. There are Hispanic citizens. There are Hispanics in the armed forces and in federal security agencies. Their service exists and merits recognition.

What matters here is not what the text affirms, but its perimeter.

The perimeter

The 70.1 million people the Census Bureau counts as Hispanic include citizens by birth, naturalized citizens, permanent residents, people with temporary status, asylum seekers and people without regular status.

The proclamation names citizens. And among them, it underscores those in uniform.

That is not a description of the Hispanic community in the United States. It is a subset of it, defined by two criteria: legal status and function in service to the state.

A commemorative text obligates no one and appropriates nothing. But it establishes the official terms of a recognition, and those terms leave out a substantial portion of the people whose contribution the same proclamation celebrates in the abstract.

The context of the signing

During the same period, other figures describe the state’s relationship with that population.

An analysis of immigration enforcement data reported by specialized press records 49,571 ICE arrests in July 2026, the highest monthly total of the second term, up roughly 15 percent from June, with more than half of those detained having no convictions or pending charges. The figure comes from a processing of federal data and should be verified against the original source before being treated as settled.

The Congressional Budget Office projects net migration of roughly 570,000 people for 2026, well below earlier projections nearing two million.

And a Pew Research Center survey from November 2025 found that 47 percent of Latinos surveyed felt less safe in their area because of deportation actions.

What remains

An annual proclamation celebrates Hispanic heritage. A simultaneous policy reduces Hispanic presence, polices it and displaces it.

Both occur under the same signature and on the same calendar.

No intent needs to be assigned to observe the contradiction. It is enough to place the two documents side by side and read the dates.


Primary sources: Proclamation on National Hispanic Heritage Month 2025, signed September 22, 2025. Public Law 100-402. U.S. Census Bureau, Facts for Features CB26-FF.07. Congressional Budget Office, net migration projections. Pew Research Center, November 2025 survey. Immigration arrest data processed by the Deportation Data Project, as reported by specialized press.

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