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Política

300 presos políticos en setenta y dos horas: la coreografía del régimen tras la muerte de Carmen Navas

** Jorge Rodríguez —diputado, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy Rodríguez— anunció este martes 19 de mayo desde el hemiciclo del Palacio Legislativo la liberación de 300 personas presas. Pero en la misma sesión hizo algo igual de relevante: juramentó a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, que va a seleccionar 12 nuevos magistrados del TSJ tras la reforma aprobada el 12 de mayo. Una mano abre la cárcel; la otra rediseña el tribunal.

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Jorge Rodríguez anunció este martes 19 de mayo desde la Asamblea Nacional la liberación de 300 personas presas «entre ayer y este viernes». Dijo que la decisión va «más allá de la Ley de Amnistía». En la misma sesión, juramentó a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que va a seleccionar a los 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada el 12 de mayo. Una mano abre la puerta de la cárcel. La otra agranda el tribunal y juramenta al comité que va a escogerlos. La pregunta editorial no es si el régimen libera o si rediseña el sistema judicial. Es entender que está haciendo las dos cosas a la vez, en la misma semana.

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Doble anuncio desde la Asamblea Nacional venezolana: liberación de 300 personas presas «entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo» bajo criterios humanitarios «más allá de la Ley de Amnistía», y juramentación de los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales que va a seleccionar 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tras la reforma legal aprobada una semana antes.
Quién Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional desde enero de 2021 y hermano de Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde el 3 de enero de 2026. Coordinador del Comité Preliminar: Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira). Comité de 21 miembros: 11 diputados + 10 ciudadanos. Foro Penal (Alfredo Romero). Plataforma Unitaria Democrática. Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ ratificada esta misma semana.
Cuándo Anuncio y juramentación en sesión ordinaria: martes 19 de mayo de 2026. Reforma del TSJ aprobada: martes 12 de mayo de 2026. Liberaciones efectivas: lunes 18 al viernes 22 de mayo. Antecedentes: confirmación muerte de Quero el 7 de mayo; declaración Trump pre-Pekín el 12 de mayo; muerte de Carmen Navas el 17 de mayo. Visita Machado a Panamá: 22 al 25 de mayo.
Dónde Palacio Legislativo Federal, Caracas. Cárceles afectadas por liberaciones: El Helicoide, El Rodeo I, Las Crisálidas, Tocorón y otros centros del SEBIN y del sistema penitenciario ordinario.
Por qué El anuncio se inscribe en una secuencia política presionada por tres factores convergentes: (1) escándalo internacional por la muerte bajo custodia de Víctor Quero tras 16 meses de denuncias; (2) presión declarada de Washington vía Trump; (3) movilización opositora con la gira regional de Machado que cierra esta semana en Panamá. La juramentación del Comité Judicial es la otra cara: prepara la reconfiguración del Poder Judicial bajo el rodrigato.
Cómo Liberaciones por «vías alternas» a la Ley de Amnistía declarada concluida el 24 de abril; selección discrecional caso por caso por criterios humanitarios. Comité Judicial: artículo 270 de la Constitución y artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ. Reforma del 12 de mayo eleva Sala Plena de 20 a 32 magistrados, deshaciendo la reducción aplicada por el propio chavismo en 2022.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, leyó este martes 19 de mayo de 2026 una declaración que vale la pena reproducir casi completa, porque sus elementos forman una pieza retórica deliberada:

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«Informamos que más allá de la Ley de Amnistía, en los próximos días serán puestas en libertad 300 personas que estaban incursas en diversos delitos. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la lucha contra la corrupción y en limpiar definitivamente el sistema de justicia».

Las palabras son cuidadas. No dice «presos políticos». Dice «personas incursas en diversos delitos». No dice «libertad». Dice «puestas en libertad». No dice «por motivo político». Dice «por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología». No dice «en respuesta a la presión internacional». Dice «más allá de la Ley de Amnistía».

Cada elemento del lenguaje protege al régimen de aceptar que las anteriores detenciones eran ilegítimas. Pero a la vez, libera. Esa contradicción es la materia de esta nota.

Los nombres

El primer dato concreto del anuncio: las excarcelaciones empezaron el lunes 18, no este martes. Las primeras dos personas liberadas fueron una adolescente de 16 años (cuya identidad no se reveló por su minoría de edad) y Merys Torres de Sequea, de 71 años. Merys Torres de Sequea es la madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en el ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020 —la operación conocida como «Gedeón»—.

Que la primera persona nombrada por Jorge Rodríguez en su anuncio sea la madre de un opositor armado condenado por intento de derrocamiento del régimen es información que pide ser leída. El régimen elige a quién muestra primero. La selección es deliberada. Liberar a la madre de Sequea —sin liberar a Sequea— es un gesto que combina humanitarismo limitado, mensaje político hacia la oposición exterior, y mantenimiento del aparato penitenciario sobre los rostros que el régimen considera más peligrosos.

El segundo bloque mencionado: los tres expolicías de la extinta Policía Metropolitana de Caracas — Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina — condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por «homicidio calificado frustrado en complicidad», acusados de haber disparado contra civiles durante los enfrentamientos del 11 de abril de 2002 en las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas. Aquel día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y de protestas ciudadanas masivas, una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores. En los enfrentamientos armados que se produjeron murieron al menos 19 personas. Los expolicías fueron condenados como autores. Llevaban más de dos décadas presos. La causa Puente Llaguno fue, durante años, símbolo de las tensiones del chavismo con la izquierda revolucionaria y con sus propios cuadros policiales.

Que Rodríguez los nombre el 19 de mayo de 2026 es también una señal: el régimen cierra capítulos del periodo Chávez. El gobierno de Delcy Rodríguez —el rodrigato, en el lenguaje de esta casa— ya no necesita sostener todas las simbólicas que el chavismo original construyó. Puede liberar a los expolicías de 2002 porque la legitimación de los enfrentamientos del 11A ya no es una prioridad política del actual gobierno.

La secuencia que importa

Ahora pongamos el calendario sobre la mesa, porque sin él la lectura es incompleta:

  • 3 de enero de 2026: captura de Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense en el Fuerte Tiuna. Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada.
  • 30 de enero de 2026: Delcy Rodríguez anuncia el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
  • 5 de febrero de 2026: la Asamblea Nacional aprueba la ley en primera discusión por unanimidad.
  • 19 de febrero de 2026: debate y aprobación final.
  • 24 de abril de 2026: Delcy Rodríguez declara concluido el proceso de aplicación de la Ley de Amnistía. El gobierno asegura que 8.000 personas se beneficiaron; Foro Penal aclara que solo 247 estaban efectivamente presas y que las otras 7.000 personas tenían medidas cautelares.
  • 7 de mayo de 2026: el régimen reconoce, después de dieciséis meses de denuncias de la familia, la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas en la cárcel El Rodeo I.
  • 12 de mayo de 2026: Donald Trump declara desde el jardín sur de la Casa Blanca, antes de embarcarse rumbo a Pekín para reunirse con Xi Jinping: «Vamos a sacarlos a todos de las cárceles».
  • 17 de mayo de 2026: muere Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero, a los 82 años en Caracas.
  • 19 de mayo de 2026: Jorge Rodríguez anuncia la liberación de 300 personas.
  • 22 al 25 de mayo de 2026: María Corina Machado visita Panamá en gira regional de la oposición.

El calendario es la noticia. Cada paso responde al anterior. La Ley de Amnistía se diseñó como respuesta administrativa a la captura de Maduro y a la transición. La muerte de Quero rompió la narrativa controlada del régimen sobre la amnistía. La muerte de Navas convirtió a la familia en mártires reconocidos internacionalmente. Trump intervino dos días después del reconocimiento de la muerte de Quero. La oposición —en cabeza de Machado— construyó una gira regional cuyo cierre en Panamá ocurre justamente en la misma ventana de tiempo que las liberaciones de Caracas.

Hay un sistema. La pregunta es quién lo conduce.

Lo que no dice el anuncio

Hay tres ausencias visibles en el discurso de Jorge Rodríguez:

Primero, no menciona a Quero. Tampoco a su madre Carmen Navas. La omisión del nombre del preso político muerto bajo custodia el mismo día en que se anuncia la liberación de 300 personas no es accidente; es decisión. Reconocer la muerte de Quero en el contexto del anuncio significaría aceptar implícitamente que las liberaciones llegan tarde. Llegan, en al menos un caso documentado, demasiado tarde.

Segundo, no fija criterios verificables. El régimen mantiene control discrecional sobre quién entra en los 300. Las categorías que Rodríguez mencionó —minoría de edad, mayor de 70 años, embarazada, lactante, patología— son humanitarias, no políticas. Esa elección discursiva permite al régimen sostener que las 300 personas no eran presos políticos, sino simplemente «personas incursas en delitos» a quienes se aplican beneficios humanitarios. La consecuencia: las cifras quedan opacadas, los nombres salen por goteo, y cada caso queda sometido a la decisión política del momento.

Tercero, no aborda la cifra real. Foro Penal —la ONG que ha documentado caso por caso durante más de una década— sostiene que en Venezuela quedan aproximadamente 600 personas presas por motivos políticos. Si esta semana se libera a 300, la cuenta queda más o menos a la mitad. Pero entre el universo de Foro Penal y los nombres que el régimen está dispuesto a liberar, hay un margen donde caben los presos más sensibles políticamente: militares, dirigentes opositores, periodistas, profesionales documentados como objetivos del aparato de inteligencia. Esos no aparecen, hasta hoy, en las listas.

El otro anuncio del martes: el Comité de Postulaciones Judiciales

En la misma sesión del 19 de mayo, la Asamblea Nacional juramentó por unanimidad a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que conforme al artículo 270 de la Constitución y al artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es responsable de evaluar y proponer los nombres de los nuevos magistrados del TSJ.

El comité quedó conformado por 11 diputados de la Comisión Preliminar y 10 ciudadanos de la sociedad civil —seis mujeres y cuatro hombres— seleccionados de un universo de 94 postulados durante 27 días de trabajo. La coordinación de la Comisión Preliminar estuvo en manos del diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira). Por el bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron juramentados los diputados Giuseppe Alessandrello, Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desirée Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas y José Óscar Villarroel, entre otros.

Pero la juramentación del 19 de mayo no se entiende sin lo que ocurrió siete días antes. El 12 de mayo —el mismo día en que Trump prometía desde Washington liberar a «todos» los presos políticos— la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que elevó la composición de la Sala Plena de 20 a 32 magistrados. La reforma «desanduvo» la reducción aplicada en 2022 por el propio chavismo, que entonces argumentó eficiencia. Jorge Rodríguez justificó el nuevo aumento en el «fortalecimiento de la revolución judicial» propuesta por el Ejecutivo.

La aritmética es la noticia. El Comité juramentado el 19 de mayo no va a cubrir las pocas vacantes generadas por renuncias o jubilaciones. Va a seleccionar 12 nuevas plazas creadas por una reforma legal aprobada una semana antes, sumadas a las plazas ya vacantes por otras circunstancias. La Plenaria de la Asamblea Nacional debe juramentar a los nuevos magistrados antes del cierre del actual período de sesiones.

Vale recordar el contexto inmediato. Esta misma semana se ratificó a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del TSJ. Es la misma figura que avaló los resultados electorales que la oposición —y buena parte de la comunidad internacional— cuestionó tras el 28 de julio de 2024.

Esa es la articulación política completa del 19 de mayo. Una mano abre la puerta de la cárcel para 300 personas. Otra mano agranda el tribunal de 20 a 32 magistrados y juramenta al comité que va a escogerlos. La transición venezolana avanza por dos carriles simultáneos: el visible —liberaciones humanitarias, gestos hacia Washington, declaraciones públicas— y el silencioso —reconfiguración del Poder Judicial que va a decidir, en los próximos años, sobre las causas pendientes del propio rodrigato y sobre el alcance de cualquier proceso de transición democrática real—.

Si en paralelo se liberan 300 personas pero se rediseña el tribunal que mañana decidirá quién entra, el alcance real de la apertura queda hipotecado antes de empezar.

El factor Saab

Jorge Rodríguez también se refirió este martes a la nacionalidad de Alex Saab. Reiteró, con menos elaboración que la declaración de su correligionario Diosdado Cabello del lunes 18, que Saab «no era venezolano» y que su deportación era un acto soberano. La declaración de Rodríguez confirma la estrategia oficial que esta misma edición de INCÍSOS analiza en el Inciso firmado «Cédula chimba»: el régimen cierra filas alrededor de la tesis de que Saab fue siempre, en términos formales, un ciudadano colombiano y por tanto su entrega a Estados Unidos no compromete al chavismo. La maniobra documental es transparente. El efecto político —cortafuegos respecto del expediente CLAP y de la posible cooperación de Saab con la fiscalía estadounidense— también lo es.

El factor Trump

Hay una pieza que conviene no perder de vista. Cuando Donald Trump dijo el martes 12 de mayo «vamos a sacarlos a todos», lo dijo a periodistas frente al jardín sur de la Casa Blanca, antes de subirse al Marine One para iniciar su viaje a Pekín. Era una declaración de pasada, casi al vuelo. Pero esa frase quedó como compromiso público del presidente estadounidense.

Una semana después, el régimen venezolano anuncia 300 liberaciones. La causalidad directa no se puede probar; las negociaciones diplomáticas que se desarrollan entre Washington y Caracas no son públicas. Pero la coincidencia temporal es difícil de leer como casualidad. El rodrigato necesita cumplir, al menos parcialmente, la promesa que Trump hizo a su propio electorado y a las comunidades venezolanas en Estados Unidos. La administración Trump necesita el flujo petrolero, el control del corredor migratorio, y la narrativa de éxito hemisférico. Ambas partes tienen incentivos para escenificar avances.

Cuál de los dos lleva la batuta —si Trump presiona y el rodrigato cede, o si el rodrigato libera con calendario propio y Trump cosecha el crédito político— es discusión que las próximas semanas aclararán. La transición venezolana no se está negociando con la Plataforma Unitaria. Se está negociando, en lo sustantivo, entre Caracas y Washington.

El factor Machado

María Corina Machado llegará a Panamá el viernes 22 de mayo. Tres días en agenda:

  • Sábado 23: asamblea con la diáspora venezolana en Panamá. Según el Censo Nacional panameño de 2023, residen formalmente en ese país 60.290 venezolanos, aunque cifras extraoficiales hablan de más de 100.000. Es una de las comunidades migrantes más grandes de la región.
  • Domingo 24: reunión privada con representantes de la Plataforma Unitaria Democrática y con aliados políticos opositores radicados en distintos países de la región.
  • Lunes 25: reunión oficial de alto nivel en el Palacio de Las Garzas con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha. Entrega de las llaves de la ciudad de Panamá por parte del alcalde Mayer Mizrachi.

La elección de Panamá no es casual. Es el país que más activamente desconoció los resultados que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó tras el 28 de julio de 2024. Es uno de los principales hubs de la diáspora venezolana en el hemisferio. Y, no menos importante, es el escenario donde Machado —Premio Nobel de la Paz 2025, premio que entregó simbólicamente a Trump en enero— puede consolidar la posición opositora frente a un régimen que avanza con liberaciones parciales y a una transición que avanza sin elecciones.

La gira de Machado es la respuesta opositora a la coreografía del régimen. Cada acto del rodrigato —liberaciones, juramentaciones, declaraciones sobre Saab— exige una respuesta política. La diáspora movilizada, la reunión con Mulino, el discurso público en Panamá son los elementos con los que Machado va a intentar fijar la agenda: lo que falta no son liberaciones humanitarias selectivas; lo que falta son elecciones libres, presos políticos todos fuera, y un cronograma de transición democrática.

Lo que viene

Dos preguntas se quedan sobre la mesa para los próximos diez días.

Primera: ¿qué nombres concretos saldrán de los 300? Las liberaciones empezaron el lunes 18 y deberían cerrar el viernes 22. La selección caso por caso será examinada por Foro Penal, por la PUD y por la prensa independiente venezolana e internacional. Si en la lista aparecen nombres de presos políticos visibles —Roland Carreño, Pedro Urruchurtu, los detenidos posteriores al 28J— la operación tiene contenido. Si la lista se cubre con menores, ancianos y enfermos, la operación es humanitaria pero no política.

Segunda: ¿qué ocurrirá durante la visita de Machado a Panamá? Hay tres movimientos posibles. Uno, que el régimen escale la presión narrativa contra Machado durante el fin de semana para opacar la gira. Dos, que se anuncien nuevas liberaciones de presos políticos visibles para neutralizar el discurso opositor. Tres, que se mantenga el ritmo controlado de excarcelaciones y la gira de Machado quede como gesto simbólico sin efecto operativo inmediato. Lo más probable es alguna combinación de los tres.

El miércoles 20 de mayo amanece, en Caracas, con la cuenta corriendo. Quedan tres días hábiles para llegar a 300 liberaciones. Hasta el cierre de esta edición, la lista de nombres no ha sido publicada en su integridad. La opacidad documental que esta misma edición ha analizado —en el Inciso firmado «Cédula chimba» del editor— se confirma una vez más. El régimen libera. Pero libera a quien decide, cuando decide, por las razones que decide explicar.

Eso no es transición democrática. Es administración política de la libertad.


Fuentes principales

  • *El Heraldo* (Colombia) / Agencia EFE: «Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anuncia que 300 personas serán liberadas esta semana» (19 de mayo de 2026, 5:08 PM aprox.).
  • *El Comercio* (Perú) / Agencia EFE: cobertura del 19 de mayo de 2026.
  • **Prensa Latina:** «Parlamento de Venezuela eligió a Comité de Postulaciones Judiciales» (19 de mayo de 2026, hora del cierre de sesión).
  • **Agencia Venezolana de Noticias (AVN):** «AN juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales para cubrir vacantes en el TSJ» (19 de mayo de 2026).
  • **Asamblea Nacional de Venezuela** (sitio oficial asambleanacional.gob.ve): comunicaciones oficiales del proceso del Comité de Postulaciones Judiciales desde el 21 de abril.
  • **Por la Calle del Medio** (@plcdelmedionews en X): cobertura en vivo del 19 de mayo, juramentación de los 21 integrantes.
  • **Curadas:** «AN aprueba el aumento de los magistrados del TSJ» (13 de mayo de 2026) — sobre la reforma del 12 de mayo que eleva de 20 a 32 los magistrados de la Sala Plena del TSJ.
  • **Acceso a la Justicia:** «Designación de diputados integrantes de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales» — análisis sobre Gaceta Oficial n.° 43.359 del 21 de abril de 2026.
  • **RNV** (sitio oficial de la emisora del Estado venezolano): cobertura del proceso del Comité Preliminar.
  • **El Universal:** «Asamblea Nacional designará este martes a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales» (18 de mayo de 2026).
  • *Infobae*: «Donald Trump prometió liberar a todos los presos políticos en Venezuela: «Vamos a sacarlos»» (12 de mayo de 2026).
  • *La Jornada* (México) / AP: «Trump promete liberar a políticos presos en Venezuela; elogia a Delcy Rodríguez» (12 de mayo de 2026).
  • *CNN en Español* / Rocío Muñoz-Ledo: «Delcy Rodríguez anunció el «fin de la Ley de Amnistía»» (24 de abril de 2026).
  • *CNN en Español*: «Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera discusión la ley de amnistía» (5 de febrero de 2026).
  • *La Prensa* (Panamá): «¿Por qué María Corina Machado hará escala en Panamá y cuál será su agenda?» (16-17 de mayo de 2026).
  • *La Estrella de Panamá*: cobertura agenda Machado (16-17 de mayo de 2026).
  • *Confirmado.com.ve*: cobertura agenda Machado.
  • *Primicia Diario*: cobertura agenda Machado.
  • *Diario Las Américas*: cobertura declaración Trump (12 de mayo de 2026).
  • *Excélsior* (México): cobertura del 12 de mayo de 2026.
  • *Tribuna* (México): cobertura del 12 de mayo de 2026, con cifras Foro Penal.
  • *Voz de las Américas*: declaraciones Trump a David Alandete.
  • *Teleamazonas*: cobertura del 12 de mayo de 2026.
  • Cuenta oficial en X de Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) — post del 19 de mayo de 2026 con la declaración textual sobre las 300 liberaciones.
  • Datos de Foro Penal sobre universo de detenidos políticos en Venezuela.
  • Declaraciones de Alfredo Romero, director de Foro Penal.
  • Comunicados de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
  • Comunicados de Comando ConVzla y Vente Mundo.
  • Declaraciones de Andrés Velásquez (vía X, 16 de mayo de 2026).
  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 270.
  • Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículos 8 y 65.
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Política

Las auditorías que estaban previstas y no se hicieron

Dieciséis auditorías previstas. Ninguna posterior a la elección se completó.

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Mesa electoral venezolana con urnas CNE

*El cronograma electoral venezolano de 2024 no era improvisado. Se publicó en 101 pasos e incluía un plan de dieciséis auditorías al sistema. La parte que importaba —la que se hace después de votar— no se completó.*

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Qué De las dieciséis auditorías previstas en el cronograma, ninguna posterior a la elección llegó a completarse.
Quién El Consejo Nacional Electoral y su vicepresidente Carlos Quintero, que presentó el plan de auditorías.
Cuándo El cronograma se anunció el 5 de marzo de 2024. Las auditorías poselectorales estaban fijadas para el 29 de julio y el 2 de agosto.
Dónde Venezuela, en el 1% de las mesas electorales sorteadas el propio día de la elección.
Por qué La verificación ciudadana es el procedimiento diseñado precisamente para confirmar que el conteo coincide con los votos.
Cómo Contrastando actas, cuadernos de votantes con firmas y huellas, papeletas físicas y datos de transmisión.

### El plan que sí existía

El 5 de marzo de 2024, el organismo electoral convocó la elección presidencial para el 28 de julio y publicó el cronograma en 101 pasos. El vicepresidente del organismo, Carlos Quintero, presentó un plan de dieciséis auditorías a lo largo del proceso.

Conviene subrayarlo porque desmonta un argumento habitual: el sistema venezolano no carecía de mecanismos de verificación. Los tenía, estaban diseñados, tenían fecha y procedimiento escrito.

### Las dos que quedaron sin hacer

**29 de julio de 2024 · fase 1 de auditoría de telecomunicaciones.**

**2 de agosto de 2024 · fase 2 de auditoría de verificación ciudadana.**

La segunda es la decisiva, y merece que se explique en detalle porque casi nadie la conoce.

El procedimiento funciona así: el día de la elección se sortea el 1% de las mesas electorales. Sobre esas mesas sorteadas se realizan cuatro comprobaciones. Se verifican las actas. Se contrasta el número de electores contra los cuadernos de votación, con firmas y huellas dactilares. Se cuentan físicamente las papeletas dentro de las cajas y se compara ese número con el de votantes registrados. Y se verifica la transmisión de los datos.

Es decir: se comprueba que el papel, la firma, la huella, la boleta física y el dato transmitido cuenten la misma historia.

Ninguna de las auditorías posteriores al 28 de julio se realizó.

### Por qué esta ausencia pesa tanto

Porque una auditoría de verificación ciudadana no depende de que alguien crea en el resultado. Es un procedimiento mecánico, con muestra sorteada al azar y con testigos de todas las organizaciones políticas presentes.

Si el conteo anunciado fuera correcto, esa auditoría lo habría demostrado en dos días y habría cerrado la discusión. No requería concesiones políticas ni negociación: solo ejecutar un paso que ya estaba en el cronograma oficial.

Que el paso no se ejecutara es, en sí mismo, información. No prueba qué ocurrió con los votos —esta pieza no afirma eso—, pero sí establece que existió un mecanismo disponible para despejar la duda y que no se usó.

### El estado del asunto

A más de cincuenta días de la elección, el periodista Eugenio Martínez señalaba que el organismo tampoco había definido cómo realizar las auditorías poselectorales suspendidas.

Dos años después, no hay registro público de que esas auditorías se hayan reprogramado ni completado.

### La lección para lo que viene

La mesa que se instala el 1 de agosto de 2026 discutirá la renovación del árbitro electoral. Buena parte de la conversación pública sobre ese punto se centra en los nombres de los futuros rectores.

Los nombres importan menos de lo que parece. Lo que decide la credibilidad de una elección es si los procedimientos de verificación se ejecutan, quién puede exigir su ejecución y qué consecuencia tiene no ejecutarlos.

En 2024 los procedimientos existían y no se cumplieron. Un diseño institucional que no prevé consecuencia para ese incumplimiento produce el mismo resultado con rectores nuevos.

**Fuentes principales:** Wikipedia en español, entrada sobre las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, con el cronograma de 101 pasos y el plan de dieciséis auditorías presentado por Carlos Quintero; Efecto Cocuyo (declaraciones de Eugenio Martínez sobre las auditorías poselectorales suspendidas).

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Política

El documento que nunca se publicó

Qué es un acta de escrutinio y por qué su ausencia, y no el resultado anunciado, es el hecho central de estos dos años.

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Observadores del Centro Carter en Venezuela

*El sistema electoral venezolano genera, al cierre de cada mesa, un comprobante impreso con el conteo de esa mesa. Hubo 30.206 de esos comprobantes el 28 de julio de 2024. El organismo electoral no publicó ninguno.*

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Qué Las 30.206 actas de escrutinio automatizado de la elección presidencial nunca fueron publicadas.
Quién El Consejo Nacional Electoral y su entonces presidente Elvis Amoroso; los testigos de mesa de ambas candidaturas.
Cuándo Desde el 28 de julio de 2024 hasta la fecha, dos años después.
Dónde Venezuela. La Gaceta Electoral y el portal del organismo, que permaneció caído.
Por qué Sin el desagregado por mesa, ningún resultado anunciado puede verificarse de forma independiente.
Cómo Se difundieron dos boletines con totales agregados en lugar del desglose por centro, mesa y región.

### Qué es un acta de escrutinio

Al cerrar la votación, cada máquina imprime un comprobante con el conteo de esa mesa: cuántos votos obtuvo cada candidato en ese punto concreto. Ese papel se firma, se entrega a los testigos acreditados de las organizaciones políticas y constituye el registro primario del resultado.

La suma de todas las actas es el resultado nacional. No hay otro camino aritmético.

Conviene subrayar un punto que suele perderse en la discusión: esas actas son documentos oficiales. Las emite la máquina del organismo electoral, no un partido. Quien las recoge es un testigo acreditado por el propio sistema.

El 28 de julio de 2024 se produjeron 30.206 actas de escrutinio automatizado.

### Lo que se difundió en su lugar

La madrugada del lunes 29 de julio de 2024, el entonces presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso, comunicó un primer boletín con 80% de los votos escrutados y declaró una tendencia irreversible.

El viernes 2 de agosto, cinco días después, se presentó un segundo boletín con cerca de 97% de las actas transmitidas.

Ambos boletines contienen totales agregados. Ninguno contiene el desglose por centro, por mesa y por región que permitiría contrastarlos.

### Lo que quedó pendiente y sigue pendiente

El periodista Eugenio Martínez, especializado en asuntos electorales, resumió el estado del asunto a más de cincuenta días de la elección: el organismo no había publicado la Gaceta Electoral, no había oficializado el resultado de las 30.206 actas de escrutinio automatizado y no había definido cómo realizar las auditorías poselectorales suspendidas.

Añadió un detalle que ilustra la dimensión práctica del problema. El presidente de la Asamblea Nacional sostuvo que el organismo sí había publicado los resultados en la Gaceta Electoral. Esa publicación no se pudo verificar porque el portal del organismo permanecía caído.

Un resultado que solo existe en un sitio web inaccesible no es un resultado publicado.

### El argumento oficial

La explicación ofrecida desde el oficialismo fue que el sistema electoral sufrió un ataque cibernético originado en Macedonia del Norte.

Corresponde registrarla como lo que es: una explicación sobre por qué no se publicó el desagregado. No sustituye al desagregado. Un ataque informático puede afectar la transmisión de datos, pero las actas son documentos físicos impresos en cada mesa y firmados por testigos. Su existencia material no depende de ninguna red.

### El pronunciamiento de la observación internacional

El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, participó como observador acreditado en la elección. Su conclusión fue que no pudo verificar ni corroborar la autenticidad de los resultados declarados, que la elección no se ajustó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y que no puede considerarse democrática.

Un informe de panel internacional estableció, en la misma línea, que los resultados anunciados no pudieron verificarse de forma independiente conforme a lo previsto en el Acuerdo de Barbados.

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y gobiernos de varios países —incluidos Brasil, México y Chile— reclamaron públicamente la publicación de las actas.

### Por qué esto sigue importando dos años después

Porque la mesa que se instala el 1 de agosto de 2026 tiene entre sus objetos declarados la renovación del árbitro electoral. Y un árbitro nuevo hereda una deuda documental del anterior.

Mientras las 30.206 actas no se publiquen, cualquier elección futura arrancará con la misma pregunta sin responder: qué pasa si el organismo anuncia un resultado y no muestra el respaldo.

La respuesta a esa pregunta no es un asunto del pasado. Es la condición de credibilidad de lo que venga.

**Fuentes principales:** Efecto Cocuyo (declaraciones de Eugenio Martínez y estado de la publicación de resultados); Misión de Observación Electoral de Colombia, informe del 2 y 3 de agosto de 2024; Maldita.es y Chequeado (cronología de los boletines); Centro Carter (comunicado sobre la elección presidencial de 2024); coberturas de CNN en Español sobre los reclamos de organismos internacionales.

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Política

Dos años del 28-J: el especial

Un especial de seis piezas sobre una elección cuyos resultados desagregados siguen sin publicarse.

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Fila de votantes venezolanos el 28 de julio de 2024

ESPECIAL INCÍSOS · DOS AÑOS DEL 28-J

Dos años del 28-J

El 28 de julio de 2024 votaron los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral anunció un resultado en dos boletines agregados y nunca publicó las 30.206 actas de escrutinio que permitirían verificarlo. Dos años después, ese documento sigue sin aparecer.

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PUBLICADO28 de julio de 2026
PIEZASInciso de apertura + 6
MEDIOINCÍSOS

Un especial de seis piezas sobre una elección cuyos resultados desagregados siguen sin publicarse.

Una advertencia sobre el método. Un resultado electoral se establece con actas, no con adjetivos. Las actas que respaldan el triunfo de Edmundo González Urrutia no son un conteo paralelo elaborado por la oposición: son los comprobantes que imprimieron las máquinas del propio Consejo Nacional Electoral al cierre de cada mesa, recogidos por testigos acreditados. Un panel internacional de expertos las evaluó como confiables. INCÍSOS se atiene a ese respaldo documental y por eso lo nombra presidente electo. Lo que este especial examina es la otra mitad del asunto: por qué el organismo que emitió esas actas nunca publicó su propio desagregado.

ÍNDICE DEL ESPECIAL

Las siete piezas

INCISO DE APERTURA · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN El día 29 Una elección es un paso necesario y no es la meta. Sobre lo que empieza el día después de que se cuenten los votos.
1 DE 6 · REPORTAJE El documento que nunca se publicó Qué es un acta de escrutinio, cuántas hubo, qué se difundió en su lugar y por qué la ausencia de ese papel es el hecho central de estos dos años.
2 DE 6 · REPORTAJE Las dos cuentas que nunca se pudieron comparar Lo que anunció el organismo electoral y lo que arrojan las actas publicadas por la oposición. Las cifras, sus fuentes y por qué no son contrastables.
3 DE 6 · REPORTAJE Las auditorías que estaban previstas y no se hicieron El cronograma contemplaba dieciséis auditorías. Ninguna posterior a la elección se completó. Qué verificaba cada una.
4 DE 6 · ANÁLISIS Qué cambió entre una fecha y otra Del 28 de julio de 2024 al 28 de julio de 2026: la captura del usurpador, la transición tutelada y la fragmentación en tres tesis constitucionales incompatibles.
5 DE 6 · ANÁLISIS El árbitro que falta La mesa que se instala el 1 de agosto discutirá la renovación del organismo electoral. Ninguno de los dos principales se sentará en ella, y el 26 de julio quedó claro por qué en un caso.
6 DE 6 · REPORTAJE · CIERRE El retorno sin fecha Qué significan estos dos años para la diáspora venezolana en Estados Unidos, que sostiene remesas, trámites y una espera sin calendario.
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