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Política

300 presos políticos en setenta y dos horas: la coreografía del régimen tras la muerte de Carmen Navas

** Jorge Rodríguez —diputado, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy Rodríguez— anunció este martes 19 de mayo desde el hemiciclo del Palacio Legislativo la liberación de 300 personas presas. Pero en la misma sesión hizo algo igual de relevante: juramentó a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, que va a seleccionar 12 nuevos magistrados del TSJ tras la reforma aprobada el 12 de mayo. Una mano abre la cárcel; la otra rediseña el tribunal.

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Jorge Rodríguez anunció este martes 19 de mayo desde la Asamblea Nacional la liberación de 300 personas presas «entre ayer y este viernes». Dijo que la decisión va «más allá de la Ley de Amnistía». En la misma sesión, juramentó a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que va a seleccionar a los 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada el 12 de mayo. Una mano abre la puerta de la cárcel. La otra agranda el tribunal y juramenta al comité que va a escogerlos. La pregunta editorial no es si el régimen libera o si rediseña el sistema judicial. Es entender que está haciendo las dos cosas a la vez, en la misma semana.

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Doble anuncio desde la Asamblea Nacional venezolana: liberación de 300 personas presas «entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo» bajo criterios humanitarios «más allá de la Ley de Amnistía», y juramentación de los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales que va a seleccionar 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tras la reforma legal aprobada una semana antes.
Quién Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional desde enero de 2021 y hermano de Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde el 3 de enero de 2026. Coordinador del Comité Preliminar: Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira). Comité de 21 miembros: 11 diputados + 10 ciudadanos. Foro Penal (Alfredo Romero). Plataforma Unitaria Democrática. Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ ratificada esta misma semana.
Cuándo Anuncio y juramentación en sesión ordinaria: martes 19 de mayo de 2026. Reforma del TSJ aprobada: martes 12 de mayo de 2026. Liberaciones efectivas: lunes 18 al viernes 22 de mayo. Antecedentes: confirmación muerte de Quero el 7 de mayo; declaración Trump pre-Pekín el 12 de mayo; muerte de Carmen Navas el 17 de mayo. Visita Machado a Panamá: 22 al 25 de mayo.
Dónde Palacio Legislativo Federal, Caracas. Cárceles afectadas por liberaciones: El Helicoide, El Rodeo I, Las Crisálidas, Tocorón y otros centros del SEBIN y del sistema penitenciario ordinario.
Por qué El anuncio se inscribe en una secuencia política presionada por tres factores convergentes: (1) escándalo internacional por la muerte bajo custodia de Víctor Quero tras 16 meses de denuncias; (2) presión declarada de Washington vía Trump; (3) movilización opositora con la gira regional de Machado que cierra esta semana en Panamá. La juramentación del Comité Judicial es la otra cara: prepara la reconfiguración del Poder Judicial bajo el rodrigato.
Cómo Liberaciones por «vías alternas» a la Ley de Amnistía declarada concluida el 24 de abril; selección discrecional caso por caso por criterios humanitarios. Comité Judicial: artículo 270 de la Constitución y artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ. Reforma del 12 de mayo eleva Sala Plena de 20 a 32 magistrados, deshaciendo la reducción aplicada por el propio chavismo en 2022.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, leyó este martes 19 de mayo de 2026 una declaración que vale la pena reproducir casi completa, porque sus elementos forman una pieza retórica deliberada:

«Informamos que más allá de la Ley de Amnistía, en los próximos días serán puestas en libertad 300 personas que estaban incursas en diversos delitos. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la lucha contra la corrupción y en limpiar definitivamente el sistema de justicia».

Las palabras son cuidadas. No dice «presos políticos». Dice «personas incursas en diversos delitos». No dice «libertad». Dice «puestas en libertad». No dice «por motivo político». Dice «por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología». No dice «en respuesta a la presión internacional». Dice «más allá de la Ley de Amnistía».

Cada elemento del lenguaje protege al régimen de aceptar que las anteriores detenciones eran ilegítimas. Pero a la vez, libera. Esa contradicción es la materia de esta nota.

Los nombres

El primer dato concreto del anuncio: las excarcelaciones empezaron el lunes 18, no este martes. Las primeras dos personas liberadas fueron una adolescente de 16 años (cuya identidad no se reveló por su minoría de edad) y Merys Torres de Sequea, de 71 años. Merys Torres de Sequea es la madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en el ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020 —la operación conocida como «Gedeón»—.

Que la primera persona nombrada por Jorge Rodríguez en su anuncio sea la madre de un opositor armado condenado por intento de derrocamiento del régimen es información que pide ser leída. El régimen elige a quién muestra primero. La selección es deliberada. Liberar a la madre de Sequea —sin liberar a Sequea— es un gesto que combina humanitarismo limitado, mensaje político hacia la oposición exterior, y mantenimiento del aparato penitenciario sobre los rostros que el régimen considera más peligrosos.

El segundo bloque mencionado: los tres expolicías de la extinta Policía Metropolitana de Caracas — Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina — condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por «homicidio calificado frustrado en complicidad», acusados de haber disparado contra civiles durante los enfrentamientos del 11 de abril de 2002 en las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas. Aquel día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y de protestas ciudadanas masivas, una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores. En los enfrentamientos armados que se produjeron murieron al menos 19 personas. Los expolicías fueron condenados como autores. Llevaban más de dos décadas presos. La causa Puente Llaguno fue, durante años, símbolo de las tensiones del chavismo con la izquierda revolucionaria y con sus propios cuadros policiales.

Que Rodríguez los nombre el 19 de mayo de 2026 es también una señal: el régimen cierra capítulos del periodo Chávez. El gobierno de Delcy Rodríguez —el rodrigato, en el lenguaje de esta casa— ya no necesita sostener todas las simbólicas que el chavismo original construyó. Puede liberar a los expolicías de 2002 porque la legitimación de los enfrentamientos del 11A ya no es una prioridad política del actual gobierno.

La secuencia que importa

Ahora pongamos el calendario sobre la mesa, porque sin él la lectura es incompleta:

  • 3 de enero de 2026: captura de Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense en el Fuerte Tiuna. Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada.
  • 30 de enero de 2026: Delcy Rodríguez anuncia el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
  • 5 de febrero de 2026: la Asamblea Nacional aprueba la ley en primera discusión por unanimidad.
  • 19 de febrero de 2026: debate y aprobación final.
  • 24 de abril de 2026: Delcy Rodríguez declara concluido el proceso de aplicación de la Ley de Amnistía. El gobierno asegura que 8.000 personas se beneficiaron; Foro Penal aclara que solo 247 estaban efectivamente presas y que las otras 7.000 personas tenían medidas cautelares.
  • 7 de mayo de 2026: el régimen reconoce, después de dieciséis meses de denuncias de la familia, la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas en la cárcel El Rodeo I.
  • 12 de mayo de 2026: Donald Trump declara desde el jardín sur de la Casa Blanca, antes de embarcarse rumbo a Pekín para reunirse con Xi Jinping: «Vamos a sacarlos a todos de las cárceles».
  • 17 de mayo de 2026: muere Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero, a los 82 años en Caracas.
  • 19 de mayo de 2026: Jorge Rodríguez anuncia la liberación de 300 personas.
  • 22 al 25 de mayo de 2026: María Corina Machado visita Panamá en gira regional de la oposición.

El calendario es la noticia. Cada paso responde al anterior. La Ley de Amnistía se diseñó como respuesta administrativa a la captura de Maduro y a la transición. La muerte de Quero rompió la narrativa controlada del régimen sobre la amnistía. La muerte de Navas convirtió a la familia en mártires reconocidos internacionalmente. Trump intervino dos días después del reconocimiento de la muerte de Quero. La oposición —en cabeza de Machado— construyó una gira regional cuyo cierre en Panamá ocurre justamente en la misma ventana de tiempo que las liberaciones de Caracas.

Hay un sistema. La pregunta es quién lo conduce.

Lo que no dice el anuncio

Hay tres ausencias visibles en el discurso de Jorge Rodríguez:

Primero, no menciona a Quero. Tampoco a su madre Carmen Navas. La omisión del nombre del preso político muerto bajo custodia el mismo día en que se anuncia la liberación de 300 personas no es accidente; es decisión. Reconocer la muerte de Quero en el contexto del anuncio significaría aceptar implícitamente que las liberaciones llegan tarde. Llegan, en al menos un caso documentado, demasiado tarde.

Segundo, no fija criterios verificables. El régimen mantiene control discrecional sobre quién entra en los 300. Las categorías que Rodríguez mencionó —minoría de edad, mayor de 70 años, embarazada, lactante, patología— son humanitarias, no políticas. Esa elección discursiva permite al régimen sostener que las 300 personas no eran presos políticos, sino simplemente «personas incursas en delitos» a quienes se aplican beneficios humanitarios. La consecuencia: las cifras quedan opacadas, los nombres salen por goteo, y cada caso queda sometido a la decisión política del momento.

Tercero, no aborda la cifra real. Foro Penal —la ONG que ha documentado caso por caso durante más de una década— sostiene que en Venezuela quedan aproximadamente 600 personas presas por motivos políticos. Si esta semana se libera a 300, la cuenta queda más o menos a la mitad. Pero entre el universo de Foro Penal y los nombres que el régimen está dispuesto a liberar, hay un margen donde caben los presos más sensibles políticamente: militares, dirigentes opositores, periodistas, profesionales documentados como objetivos del aparato de inteligencia. Esos no aparecen, hasta hoy, en las listas.

El otro anuncio del martes: el Comité de Postulaciones Judiciales

En la misma sesión del 19 de mayo, la Asamblea Nacional juramentó por unanimidad a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que conforme al artículo 270 de la Constitución y al artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es responsable de evaluar y proponer los nombres de los nuevos magistrados del TSJ.

El comité quedó conformado por 11 diputados de la Comisión Preliminar y 10 ciudadanos de la sociedad civil —seis mujeres y cuatro hombres— seleccionados de un universo de 94 postulados durante 27 días de trabajo. La coordinación de la Comisión Preliminar estuvo en manos del diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira). Por el bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron juramentados los diputados Giuseppe Alessandrello, Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desirée Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas y José Óscar Villarroel, entre otros.

Pero la juramentación del 19 de mayo no se entiende sin lo que ocurrió siete días antes. El 12 de mayo —el mismo día en que Trump prometía desde Washington liberar a «todos» los presos políticos— la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que elevó la composición de la Sala Plena de 20 a 32 magistrados. La reforma «desanduvo» la reducción aplicada en 2022 por el propio chavismo, que entonces argumentó eficiencia. Jorge Rodríguez justificó el nuevo aumento en el «fortalecimiento de la revolución judicial» propuesta por el Ejecutivo.

La aritmética es la noticia. El Comité juramentado el 19 de mayo no va a cubrir las pocas vacantes generadas por renuncias o jubilaciones. Va a seleccionar 12 nuevas plazas creadas por una reforma legal aprobada una semana antes, sumadas a las plazas ya vacantes por otras circunstancias. La Plenaria de la Asamblea Nacional debe juramentar a los nuevos magistrados antes del cierre del actual período de sesiones.

Vale recordar el contexto inmediato. Esta misma semana se ratificó a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del TSJ. Es la misma figura que avaló los resultados electorales que la oposición —y buena parte de la comunidad internacional— cuestionó tras el 28 de julio de 2024.

Esa es la articulación política completa del 19 de mayo. Una mano abre la puerta de la cárcel para 300 personas. Otra mano agranda el tribunal de 20 a 32 magistrados y juramenta al comité que va a escogerlos. La transición venezolana avanza por dos carriles simultáneos: el visible —liberaciones humanitarias, gestos hacia Washington, declaraciones públicas— y el silencioso —reconfiguración del Poder Judicial que va a decidir, en los próximos años, sobre las causas pendientes del propio rodrigato y sobre el alcance de cualquier proceso de transición democrática real—.

Si en paralelo se liberan 300 personas pero se rediseña el tribunal que mañana decidirá quién entra, el alcance real de la apertura queda hipotecado antes de empezar.

El factor Saab

Jorge Rodríguez también se refirió este martes a la nacionalidad de Alex Saab. Reiteró, con menos elaboración que la declaración de su correligionario Diosdado Cabello del lunes 18, que Saab «no era venezolano» y que su deportación era un acto soberano. La declaración de Rodríguez confirma la estrategia oficial que esta misma edición de INCÍSOS analiza en el Inciso firmado «Cédula chimba»: el régimen cierra filas alrededor de la tesis de que Saab fue siempre, en términos formales, un ciudadano colombiano y por tanto su entrega a Estados Unidos no compromete al chavismo. La maniobra documental es transparente. El efecto político —cortafuegos respecto del expediente CLAP y de la posible cooperación de Saab con la fiscalía estadounidense— también lo es.

El factor Trump

Hay una pieza que conviene no perder de vista. Cuando Donald Trump dijo el martes 12 de mayo «vamos a sacarlos a todos», lo dijo a periodistas frente al jardín sur de la Casa Blanca, antes de subirse al Marine One para iniciar su viaje a Pekín. Era una declaración de pasada, casi al vuelo. Pero esa frase quedó como compromiso público del presidente estadounidense.

Una semana después, el régimen venezolano anuncia 300 liberaciones. La causalidad directa no se puede probar; las negociaciones diplomáticas que se desarrollan entre Washington y Caracas no son públicas. Pero la coincidencia temporal es difícil de leer como casualidad. El rodrigato necesita cumplir, al menos parcialmente, la promesa que Trump hizo a su propio electorado y a las comunidades venezolanas en Estados Unidos. La administración Trump necesita el flujo petrolero, el control del corredor migratorio, y la narrativa de éxito hemisférico. Ambas partes tienen incentivos para escenificar avances.

Cuál de los dos lleva la batuta —si Trump presiona y el rodrigato cede, o si el rodrigato libera con calendario propio y Trump cosecha el crédito político— es discusión que las próximas semanas aclararán. La transición venezolana no se está negociando con la Plataforma Unitaria. Se está negociando, en lo sustantivo, entre Caracas y Washington.

El factor Machado

María Corina Machado llegará a Panamá el viernes 22 de mayo. Tres días en agenda:

  • Sábado 23: asamblea con la diáspora venezolana en Panamá. Según el Censo Nacional panameño de 2023, residen formalmente en ese país 60.290 venezolanos, aunque cifras extraoficiales hablan de más de 100.000. Es una de las comunidades migrantes más grandes de la región.
  • Domingo 24: reunión privada con representantes de la Plataforma Unitaria Democrática y con aliados políticos opositores radicados en distintos países de la región.
  • Lunes 25: reunión oficial de alto nivel en el Palacio de Las Garzas con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha. Entrega de las llaves de la ciudad de Panamá por parte del alcalde Mayer Mizrachi.

La elección de Panamá no es casual. Es el país que más activamente desconoció los resultados que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó tras el 28 de julio de 2024. Es uno de los principales hubs de la diáspora venezolana en el hemisferio. Y, no menos importante, es el escenario donde Machado —Premio Nobel de la Paz 2025, premio que entregó simbólicamente a Trump en enero— puede consolidar la posición opositora frente a un régimen que avanza con liberaciones parciales y a una transición que avanza sin elecciones.

La gira de Machado es la respuesta opositora a la coreografía del régimen. Cada acto del rodrigato —liberaciones, juramentaciones, declaraciones sobre Saab— exige una respuesta política. La diáspora movilizada, la reunión con Mulino, el discurso público en Panamá son los elementos con los que Machado va a intentar fijar la agenda: lo que falta no son liberaciones humanitarias selectivas; lo que falta son elecciones libres, presos políticos todos fuera, y un cronograma de transición democrática.

Lo que viene

Dos preguntas se quedan sobre la mesa para los próximos diez días.

Primera: ¿qué nombres concretos saldrán de los 300? Las liberaciones empezaron el lunes 18 y deberían cerrar el viernes 22. La selección caso por caso será examinada por Foro Penal, por la PUD y por la prensa independiente venezolana e internacional. Si en la lista aparecen nombres de presos políticos visibles —Roland Carreño, Pedro Urruchurtu, los detenidos posteriores al 28J— la operación tiene contenido. Si la lista se cubre con menores, ancianos y enfermos, la operación es humanitaria pero no política.

Segunda: ¿qué ocurrirá durante la visita de Machado a Panamá? Hay tres movimientos posibles. Uno, que el régimen escale la presión narrativa contra Machado durante el fin de semana para opacar la gira. Dos, que se anuncien nuevas liberaciones de presos políticos visibles para neutralizar el discurso opositor. Tres, que se mantenga el ritmo controlado de excarcelaciones y la gira de Machado quede como gesto simbólico sin efecto operativo inmediato. Lo más probable es alguna combinación de los tres.

El miércoles 20 de mayo amanece, en Caracas, con la cuenta corriendo. Quedan tres días hábiles para llegar a 300 liberaciones. Hasta el cierre de esta edición, la lista de nombres no ha sido publicada en su integridad. La opacidad documental que esta misma edición ha analizado —en el Inciso firmado «Cédula chimba» del editor— se confirma una vez más. El régimen libera. Pero libera a quien decide, cuando decide, por las razones que decide explicar.

Eso no es transición democrática. Es administración política de la libertad.


Fuentes principales

  • *El Heraldo* (Colombia) / Agencia EFE: «Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anuncia que 300 personas serán liberadas esta semana» (19 de mayo de 2026, 5:08 PM aprox.).
  • *El Comercio* (Perú) / Agencia EFE: cobertura del 19 de mayo de 2026.
  • **Prensa Latina:** «Parlamento de Venezuela eligió a Comité de Postulaciones Judiciales» (19 de mayo de 2026, hora del cierre de sesión).
  • **Agencia Venezolana de Noticias (AVN):** «AN juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales para cubrir vacantes en el TSJ» (19 de mayo de 2026).
  • **Asamblea Nacional de Venezuela** (sitio oficial asambleanacional.gob.ve): comunicaciones oficiales del proceso del Comité de Postulaciones Judiciales desde el 21 de abril.
  • **Por la Calle del Medio** (@plcdelmedionews en X): cobertura en vivo del 19 de mayo, juramentación de los 21 integrantes.
  • **Curadas:** «AN aprueba el aumento de los magistrados del TSJ» (13 de mayo de 2026) — sobre la reforma del 12 de mayo que eleva de 20 a 32 los magistrados de la Sala Plena del TSJ.
  • **Acceso a la Justicia:** «Designación de diputados integrantes de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales» — análisis sobre Gaceta Oficial n.° 43.359 del 21 de abril de 2026.
  • **RNV** (sitio oficial de la emisora del Estado venezolano): cobertura del proceso del Comité Preliminar.
  • **El Universal:** «Asamblea Nacional designará este martes a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales» (18 de mayo de 2026).
  • *Infobae*: «Donald Trump prometió liberar a todos los presos políticos en Venezuela: «Vamos a sacarlos»» (12 de mayo de 2026).
  • *La Jornada* (México) / AP: «Trump promete liberar a políticos presos en Venezuela; elogia a Delcy Rodríguez» (12 de mayo de 2026).
  • *CNN en Español* / Rocío Muñoz-Ledo: «Delcy Rodríguez anunció el «fin de la Ley de Amnistía»» (24 de abril de 2026).
  • *CNN en Español*: «Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera discusión la ley de amnistía» (5 de febrero de 2026).
  • *La Prensa* (Panamá): «¿Por qué María Corina Machado hará escala en Panamá y cuál será su agenda?» (16-17 de mayo de 2026).
  • *La Estrella de Panamá*: cobertura agenda Machado (16-17 de mayo de 2026).
  • *Confirmado.com.ve*: cobertura agenda Machado.
  • *Primicia Diario*: cobertura agenda Machado.
  • *Diario Las Américas*: cobertura declaración Trump (12 de mayo de 2026).
  • *Excélsior* (México): cobertura del 12 de mayo de 2026.
  • *Tribuna* (México): cobertura del 12 de mayo de 2026, con cifras Foro Penal.
  • *Voz de las Américas*: declaraciones Trump a David Alandete.
  • *Teleamazonas*: cobertura del 12 de mayo de 2026.
  • Cuenta oficial en X de Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) — post del 19 de mayo de 2026 con la declaración textual sobre las 300 liberaciones.
  • Datos de Foro Penal sobre universo de detenidos políticos en Venezuela.
  • Declaraciones de Alfredo Romero, director de Foro Penal.
  • Comunicados de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
  • Comunicados de Comando ConVzla y Vente Mundo.
  • Declaraciones de Andrés Velásquez (vía X, 16 de mayo de 2026).
  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 270.
  • Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículos 8 y 65.
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Política

El capitán Caguaripano sigue en El Rodeo I tras nueve años de cautiverio militar

Detenido el 11 de agosto de 2017 tras los hechos del Fuerte Paramacay, el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott permanece en la cárcel de El Rodeo I. Su nombre no aparece en las categorías del anuncio de 300 excarcelaciones del 19 de mayo.

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El capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, de la Guardia Nacional Bolivariana, permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, en el estado Miranda. Lleva nueve años bajo custodia del Estado venezolano y casi dos en condición de incomunicación. Su nombre no apareció en el anuncio del 19 de mayo.

Ficha 6W · Lo esencial
Qué El capitán Juan Carlos Caguaripano Scott continúa detenido en El Rodeo I, sin haber sido incluido en las categorías del anuncio de excarcelación de 300 personas.
Quién Capitán Juan Carlos Caguaripano Scott (GNB). Su esposa, Irene Olazo. Su padre, Juan Caguaripano (80 años). Su hija de 12 años.
Cuándo Detenido el 11 de agosto de 2017. Datos verificados al cierre del 19 de mayo de 2026.
Dónde Cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, estado Miranda. Reclusión previa en La Tumba, Dgcim Valencia, Dgcim Boleíta y El Helicoide.
Por qué El expediente Caguaripano forma parte del bloque de 186 militares detenidos por motivos políticos según Foro Penal antes del anuncio del 19 de mayo.
Cómo Detención el 11 de agosto de 2017 tras los hechos del Fuerte Paramacay (Carabobo). Sin liberación pese a la sucesión de marcos de amnistía aplicados de manera errática.

El 11 de agosto de 2017, un grupo encabezado por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Caguaripano Scott protagonizó la toma simbólica del Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo. Caguaripano fue detenido poco después. En agosto de 2026 se cumplirán nueve años desde aquel día. El capitán seguirá en El Rodeo I.

Esa es la frase con la que su esposa, Irene Olazo, ha venido cerrando entrevistas desde que se inició el proceso de excarcelaciones bajo el rodrigato. La última vez que dijo algo parecido fue en febrero, en una entrevista con el programa «La Entrevista» de EVTV Miami: «Mi hija tiene 12 años sin abrazar a su padre».

Itinerario de centros de reclusión

El expediente Caguaripano es excepcional incluso dentro del registro de detenciones políticas militares en Venezuela. Según el testimonio público de su esposa, el capitán pasó por al menos cuatro centros de reclusión antes de El Rodeo I: el Dgcim de Valencia, el Dgcim de Boleíta, La Tumba —el centro subterráneo del Sebin en Plaza Venezuela donde estuvo cerca de cuatro años, según Olazo, «30 metros bajo tierra»— y El Helicoide, donde permaneció otros cuatro años. La actual reclusión en El Rodeo I se inició tras un traslado y ha estado marcada por una incomunicación que ya supera los dos años.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas solicitó información adicional sobre el caso Caguaripano a organizaciones de derechos humanos y al régimen anterior en 2022. La respuesta institucional al Comité fue parcial.

Las visitas del padre

Juan Caguaripano padre tiene 80 años y vive en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Cada vez que puede, recorre cientos de kilómetros hasta El Rodeo I, en Miranda, para visitar a su hijo. Las visitas duran aproximadamente 20 minutos, según describió en una entrevista con NTN24 en marzo. No incluyen contacto físico. «Soy el único que lo visita y no puedo abrazarlo», dijo el padre en la cobertura de La Patilla del 16 de marzo de 2026.

La esposa del capitán y su hija viven en Costa Rica desde hace varios años por razones de seguridad. Mantienen contacto con la red de familiares de presos políticos militares en Venezuela, varias de las cuales han sido visibles en jornadas como la del 3 de mayo de 2026, que reunió manifestaciones en más de 120 ciudades del mundo bajo la consigna #QueSeanTodos.

Lo que el anuncio del 19 de mayo dejó fuera

El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el martes 19 de mayo, incluyó categorías específicas: los policías metropolitanos detenidos por los hechos del 11 de abril de 2002, personas vinculadas al caso Plaza Venezuela, adultos mayores, embarazadas y reclusos con patologías graves. Las categorías no incluyeron a los militares procesados por hechos de naturaleza política. La razón institucional ofrecida por el régimen es que esos casos están en jurisdicción militar y se rigen por procesos distintos. La razón política es otra: el bloque de militares detenidos forma parte de la maquinaria que el aparato heredado por el rodrigato no ha mostrado intención de desmontar.

Foro Penal contabilizaba 186 militares detenidos por motivos políticos en el balance del 27 de abril de 2026. Si el anuncio del 19 de mayo se ejecuta tal como fue presentado, ninguno de esos 186 saldrá esta semana.

Lo que la diáspora sigue desde fuera

Para el venezolano en Estados Unidos que ha estado siguiendo el proceso desde el 3 de enero, el expediente Caguaripano funciona como medida de qué tan profundo está dispuesto a llegar el rodrigato. La excarcelación de los expolicías metropolitanos cierra el capítulo más antiguo del cautiverio civil. Pero el capítulo militar —donde el aparato del régimen anterior demostró su capacidad más severa de persecución— sigue intacto.

«Si con algún sector ha sido implacable este régimen es con el militar», escribió el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa en marzo, tras su propia liberación. Guanipa nombró expresamente el caso Caguaripano y el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido bajo tortura en 2019.

Lo que ocurre con Caguaripano en las próximas semanas dirá si el plan de tres fases del proceso venezolano se queda en el componente civil del cierre del ciclo chavista o si avanza también sobre el componente militar. La diferencia entre las dos cosas no es retórica. Es la diferencia entre un cierre parcial y un cierre integral.


Fuentes principales

  • ElDiario.com (cobertura del 14 de marzo de 2026). La Patilla (cobertura del 13 de marzo y 16 de marzo de 2026, entrevistas a Irene Olazo y Juan Caguaripano padre). El Nacional (cobertura del 17 de febrero de 2026 sobre condiciones de reclusión). TalCual (archivo histórico del caso). NTN24 (entrevista al padre, enero de 2026). Comité contra la Tortura de la ONU (solicitud de información, 2022). Foro Penal (balances mensuales). Declaraciones de Juan Pablo Guanipa, 2 de marzo de 2026.
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Política

Zapatero pasó de mediador a investigado por blanqueo del CLAP y PDVSA

El auto del juez José Luis Calama, conocido el martes 19 de mayo, vincula a Zapatero con la trama Plus Ultra y, por primera vez con detalle, con fondos provenientes de PDVSA y del programa de alimentos del chavismo.

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El auto del juez español José Luis Calama, conocido el martes 19 de mayo de 2026, pasa de la imputación administrativa al núcleo de la trama: el expresidente del Gobierno español aparece como presunto cabecilla del tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y aparece, por primera vez con detalle judicial, vinculado a fondos procedentes de PDVSA y del sistema CLAP.

Ficha 6W · Lo esencial
Qué El juez instructor José Luis Calama, de la Audiencia Nacional española, conectó en su auto los fondos del caso Plus Ultra con el saqueo de PDVSA y del sistema CLAP, ampliando la dimensión del escándalo.
Quién José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español. Alex Saab, procesado en EE.UU. desde el lunes 18 de mayo. Delcy Rodríguez, mencionada en la trama como «la dama y ministro de petróleo».
Cuándo Auto judicial conocido el martes 19 de mayo de 2026. Imputación notificada en domicilio personal antes de las 8:00 a.m. de ese día.
Dónde Audiencia Nacional, Madrid. Trama con ramificaciones en Venezuela (PDVSA, CLAP), España (Plus Ultra) y EE.UU. (caso Saab).
Por qué Es la primera vez que un expresidente del Gobierno español en democracia es imputado por organización delictiva y tráfico de influencias. El auto conecta el caso con el saqueo del programa de alimentos del chavismo.
Cómo Investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con acceso a contratos, transferencias y comunicaciones.

A las ocho menos cuarto de la mañana del martes 19 de mayo de 2026, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española se presentaron en el domicilio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para notificarle su imputación en el caso Plus Ultra. El auto del juez instructor José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, le imputa cuatro delitos: organización delictiva, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El auto se conoció horas después. Y cambió la dimensión del expediente.

De Plus Ultra al CLAP

La trama Plus Ultra hasta ahora se entendía como un caso de rescate financiero irregular: la aerolínea española recibió 53 millones de euros del erario público para evitar la quiebra. La investigación había detectado anomalías en el destino de esos fondos. El auto del martes 19 va más allá. Conecta tres ámbitos que la prensa española y venezolana habían tratado por separado.

El primero son los contratos de asesoría que Zapatero habría mantenido a través de la sociedad Análisis Relevante. Según el auto, esos contratos «pudieron funcionar como cobertura para pagos». La sociedad recibió fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva, y luego transfirió dinero hacia Zapatero y a la sociedad Whathefav.

El segundo son los permisos de vuelo en Venezuela. El auto recoge que el empresario Julio Martínez Martínez mantuvo conversaciones con el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano. En julio de 2021, Plus Ultra habría pedido a Martínez que intercediera para obtener autorización de un vuelo Caracas-Madrid. El 31 de julio aparece en la agenda de Martínez una persona identificada como «Z».

El tercer ámbito, y el más significativo en términos políticos, es el origen del dinero. La acusación menciona que los fondos investigados habrían provenido de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y del sistema CLAP, el programa de distribución de alimentos del chavismo que entre 2017 y 2024 distribuyó paquetes de productos básicos a millones de familias venezolanas. La investigación de la DEA estadounidense había documentado desde 2017 que los productos del CLAP enviados desde México llegaban a Venezuela con sobreprecios y calidad deficiente, configurando un esquema de lavado y enriquecimiento.

«La imputación de Zapatero apunta a lavado de fondos procedentes del saqueo de PDVSA y de un programa de alimentos del chavismo, CLAP», resumió el periodista español David Alandete en X. «Son los mismos hechos por los que en Miami se procesa desde ayer a Alex Saab», agregó.

La cifra de las comisiones

Según el auto del juez Calama, Zapatero habría cobrado 1,5 millones de euros en comisiones por su participación en el tráfico de influencias. La cifra es relevante en términos jurídicos: pone al expresidente como cabecilla operativo, no como mediador político.

Durante años, Zapatero se presentó como facilitador del diálogo en Venezuela. Viajaba con regularidad a Caracas, aparecía junto a Nicolás Maduro y junto a Delcy Rodríguez, defendía la narrativa del gobierno venezolano sobre el origen de la crisis del país. El auto del martes 19 modifica esa lectura. La «mediación» queda reformulada, en términos judiciales, como una infraestructura de servicios prestados al régimen y remunerados a través de las sociedades mencionadas.

Los dos hermanos venezolanos

El auto incluye un detalle que la prensa española recogió con cautela. El juez investiga también a dos hermanos venezolanos cuya identidad no se ha hecho pública, pero que «hacen mención a la dama y ministro de petróleo de Venezuela en sus negocios». La referencia, según la cobertura de Diario Las Américas del 20 de mayo, apunta a Delcy Rodríguez, quien desde el 3 de enero ejerce como presidenta encargada y que hasta marzo de 2026 mantuvo además la cartera de Hidrocarburos. Paula Henao —la ministra que el martes 19 estuvo en Houston— sustituyó a Rodríguez en esa cartera.

La mención no implica imputación a Rodríguez por parte de la justicia española. Pero sí coloca su nombre en el expediente, en una semana en que el rodrigato ha venido proyectando imagen de apertura institucional a través de las excarcelaciones y de la presencia de su ministra en EE.UU.

Lo que conecta esto con Saab

El lunes 18 de mayo, el caso de Alex Saab entró en fase de procesamiento formal ante la justicia federal estadounidense. La Drug Enforcement Administration confirmó investigaciones para desmantelar las redes chavistas asociadas. El timing entre el procesamiento de Saab en Miami y la imputación de Zapatero en Madrid no es accidental: los dos expedientes comparten hechos, fuentes y, según las propias autoridades investigadoras, parte de la documentación.

«Saab puede cooperar con la justicia de EE.UU. y aportar información de Zapatero y otros», señaló el periodista David Alandete. La hipótesis de cooperación —si se confirma— transformaría el caso Plus Ultra de expediente español en expediente transatlántico.

La defensa

Zapatero declaró el lunes 19 de mayo en una entrevista televisada que «jamás» realizó gestiones a favor de Plus Ultra y rechazó haber actuado como intermediario en operaciones aéreas con Venezuela. La defensa formal del expresidente se conocerá en las próximas semanas, conforme avance el expediente.

Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, el caso Zapatero opera como un cierre simbólico de un capítulo que llevaba años abierto sin consecuencias institucionales. Para la opinión pública española, abre uno nuevo.


Fuentes principales

  • Audiencia Nacional de España (auto del juez José Luis Calama, conocido el 19 de mayo de 2026). Diario Las Américas (cobertura del 20 de mayo). Euronews (cobertura del 20 de mayo). La Patilla (cobertura del 19 de mayo). Excélsior (columna de Jorge Fernández Menéndez del 20 de mayo). EntornoInteligente. Tal Cual. Investigación previa de la DEA sobre el sistema CLAP. Declaraciones de David Alandete en X.
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Política

El Aissami envía una carta desde El Rodeo I y dice temer por su vida

Doce días después de su declaración pública en el juicio PDVSA-Cripto, en la que denunció torturas y acusó a Tarek William Saab, el exministro Tareck El Aissami emitió una carta de puño y letra desde El Rodeo I.

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El exministro de Petróleo y exvicepresidente Tareck El Aissami emitió el miércoles 20 de mayo de 2026 una carta escrita de su puño y letra desde la celda de castigo de El Rodeo I, donde permanece detenido. El documento llega doce días después de su declaración pública en el juicio PDVSA-Cripto. La sucesión de hechos consolida un mismo patrón: el aparato penitenciario del régimen anterior sigue intacto bajo el rodrigato.

Ficha 6W · Lo esencial
Qué El exministro Tareck El Aissami emitió una carta manuscrita desde la celda de castigo de El Rodeo I, asegurando que teme por su vida.
Quién Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente de Venezuela bajo el régimen Maduro.
Cuándo Carta difundida el miércoles 20 de mayo de 2026. Declaración pública previa: 8 de mayo de 2026.
Dónde Celda de castigo de la cárcel de El Rodeo I, estado Miranda.
Por qué El Aissami sostiene en su carta y en su declaración judicial previa que el aparato penitenciario sigue operando con las mismas prácticas denunciadas durante el régimen anterior.
Cómo Carta manuscrita filtrada al exterior y publicada por medios venezolanos en el exilio.

El miércoles 20 de mayo de 2026, una carta escrita de puño y letra por el exministro de Petróleo y exvicepresidente Tareck El Aissami salió de la celda de castigo de El Rodeo I y llegó a la prensa venezolana en el exilio. El documento afirma que el autor teme por su vida en las condiciones actuales de reclusión.

La carta llega doce días después de la primera declaración pública de El Aissami, el viernes 8 de mayo, ante el Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo y la Corrupción, en el marco del caso PDVSA-Cripto. Esa declaración —de catorce páginas según la transcripción a la que tuvo acceso TalCual— había roto dos años de incomunicación absoluta. El exfuncionario denunció torturas, drogación durante interrogatorios, aislamiento extremo y una persecución que atribuyó directamente al exfiscal general Tarek William Saab.

Lo que la carta cambia

La declaración del 8 de mayo se dio dentro de un proceso judicial. Tenía la protección institucional del tribunal y el respaldo de su defensa. La carta del 20 de mayo no tiene esa cobertura. Es un documento que sale del régimen penitenciario sin canal oficial. Que haya llegado al exterior, en sí mismo, dice algo sobre las condiciones internas.

Tres elementos hacen la carta significativa más allá del expediente individual de El Aissami.

El primero es la confirmación de que la denuncia judicial del 8 de mayo no quedó sin consecuencias. El exministro mantiene viva la denuncia desde fuera del tribunal, lo que indica que su defensa considera necesario sostener la presión sobre el aparato que controla las condiciones de su reclusión.

El segundo es que el aparato penitenciario denunciado funcionaba bajo el régimen Maduro y sigue funcionando bajo el rodrigato. La transición tutelada que arrancó el 3 de enero de 2026 no ha desmontado las estructuras de Dgcim, El Helicoide, La Tumba, El Rodeo I y los centros militares que durante años fueron documentados por organizaciones como Provea, Foro Penal y el Comité contra la Tortura de la ONU. La presencia de El Aissami en una celda de castigo de El Rodeo I, doce días después de su declaración judicial, indica una continuidad operativa que la transición no ha tocado.

El tercer elemento es la dimensión política. El Aissami fue, durante una década, parte del núcleo más activo del régimen al que ahora denuncia. Que un ex alto funcionario del chavismo emita una carta desde la celda de castigo en las mismas condiciones que padecieron sus víctimas anteriores configura una grieta institucional desde adentro. No es la grieta que produce la diáspora desde fuera. Es la grieta que produce el propio aparato cuando se vuelve contra quienes lo construyeron.

El expediente PDVSA-Cripto

El juicio en el que El Aissami compareció el 8 de mayo continúa en curso. El caso PDVSA-Cripto inició formalmente el 20 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas y mantiene a 64 personas acusadas. Según la acusación del Ministerio Público, el daño patrimonial supera los 5.550 millones de dólares. Organizaciones como Transparencia Venezuela estiman el perjuicio real por encima de los 16.900 millones.

En su declaración del 8 de mayo, El Aissami exigió a la jueza Alejandra Romero Castillo acceso público al juicio, publicación del expediente completo y nulidad del proceso. La carta del 20 de mayo no modifica esas peticiones, pero las refuerza desde un canal que es, por definición, irregular: la comunicación fuera del control del régimen.

Lo que esto significa para la fase política

El plan de tres fases formulado por Marco Rubio el 7 de enero de 2026 contempla, en su fase de transición, la restitución de un orden institucional con garantías mínimas de debido proceso. Mientras el aparato penitenciario heredado siga operando con las prácticas que tanto víctimas opositoras (Quero Navas, Afiuni, Caguaripano) como exfuncionarios del régimen anterior (El Aissami) denuncian con detalles concretos, esa fase de transición no se considerará iniciada.

La carta del 20 de mayo es —en términos editoriales y diplomáticos— una prueba más de que el rodrigato está cumpliendo con la fase de estabilización comercial pero no ha avanzado en la fase institucional. La distancia entre los dos componentes es lo que sostiene el desorden actual.


Fuentes principales

  • La Patilla (publicación del 20 de mayo de 2026, 11:55 a.m., «Tareck El Aissami teme por su vida y emite una CARTA desde su celda de castigo»). TalCual (transcripción de 14 páginas de la declaración del 8 de mayo, publicada como «Expediente El Aissami: de la celda del castigo a la guerra de acusaciones contra Saab», 16 de mayo). Efecto Cocuyo (cobertura del 8 de mayo). El Nacional (cobertura del 8 de mayo). Lostubazos. Declaraciones del exfiscal Zair Mundaray en X.
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