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Política

300 presos políticos en setenta y dos horas: la coreografía del régimen tras la muerte de Carmen Navas

** Jorge Rodríguez —diputado, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy Rodríguez— anunció este martes 19 de mayo desde el hemiciclo del Palacio Legislativo la liberación de 300 personas presas. Pero en la misma sesión hizo algo igual de relevante: juramentó a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, que va a seleccionar 12 nuevos magistrados del TSJ tras la reforma aprobada el 12 de mayo. Una mano abre la cárcel; la otra rediseña el tribunal.

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Jorge Rodríguez anunció este martes 19 de mayo desde la Asamblea Nacional la liberación de 300 personas presas «entre ayer y este viernes». Dijo que la decisión va «más allá de la Ley de Amnistía». En la misma sesión, juramentó a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que va a seleccionar a los 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada el 12 de mayo. Una mano abre la puerta de la cárcel. La otra agranda el tribunal y juramenta al comité que va a escogerlos. La pregunta editorial no es si el régimen libera o si rediseña el sistema judicial. Es entender que está haciendo las dos cosas a la vez, en la misma semana.

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Doble anuncio desde la Asamblea Nacional venezolana: liberación de 300 personas presas «entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo» bajo criterios humanitarios «más allá de la Ley de Amnistía», y juramentación de los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales que va a seleccionar 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tras la reforma legal aprobada una semana antes.
Quién Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional desde enero de 2021 y hermano de Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde el 3 de enero de 2026. Coordinador del Comité Preliminar: Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira). Comité de 21 miembros: 11 diputados + 10 ciudadanos. Foro Penal (Alfredo Romero). Plataforma Unitaria Democrática. Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ ratificada esta misma semana.
Cuándo Anuncio y juramentación en sesión ordinaria: martes 19 de mayo de 2026. Reforma del TSJ aprobada: martes 12 de mayo de 2026. Liberaciones efectivas: lunes 18 al viernes 22 de mayo. Antecedentes: confirmación muerte de Quero el 7 de mayo; declaración Trump pre-Pekín el 12 de mayo; muerte de Carmen Navas el 17 de mayo. Visita Machado a Panamá: 22 al 25 de mayo.
Dónde Palacio Legislativo Federal, Caracas. Cárceles afectadas por liberaciones: El Helicoide, El Rodeo I, Las Crisálidas, Tocorón y otros centros del SEBIN y del sistema penitenciario ordinario.
Por qué El anuncio se inscribe en una secuencia política presionada por tres factores convergentes: (1) escándalo internacional por la muerte bajo custodia de Víctor Quero tras 16 meses de denuncias; (2) presión declarada de Washington vía Trump; (3) movilización opositora con la gira regional de Machado que cierra esta semana en Panamá. La juramentación del Comité Judicial es la otra cara: prepara la reconfiguración del Poder Judicial bajo el rodrigato.
Cómo Liberaciones por «vías alternas» a la Ley de Amnistía declarada concluida el 24 de abril; selección discrecional caso por caso por criterios humanitarios. Comité Judicial: artículo 270 de la Constitución y artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ. Reforma del 12 de mayo eleva Sala Plena de 20 a 32 magistrados, deshaciendo la reducción aplicada por el propio chavismo en 2022.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, leyó este martes 19 de mayo de 2026 una declaración que vale la pena reproducir casi completa, porque sus elementos forman una pieza retórica deliberada:

«Informamos que más allá de la Ley de Amnistía, en los próximos días serán puestas en libertad 300 personas que estaban incursas en diversos delitos. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la lucha contra la corrupción y en limpiar definitivamente el sistema de justicia».

Las palabras son cuidadas. No dice «presos políticos». Dice «personas incursas en diversos delitos». No dice «libertad». Dice «puestas en libertad». No dice «por motivo político». Dice «por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología». No dice «en respuesta a la presión internacional». Dice «más allá de la Ley de Amnistía».

Cada elemento del lenguaje protege al régimen de aceptar que las anteriores detenciones eran ilegítimas. Pero a la vez, libera. Esa contradicción es la materia de esta nota.

Los nombres

El primer dato concreto del anuncio: las excarcelaciones empezaron el lunes 18, no este martes. Las primeras dos personas liberadas fueron una adolescente de 16 años (cuya identidad no se reveló por su minoría de edad) y Merys Torres de Sequea, de 71 años. Merys Torres de Sequea es la madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en el ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020 —la operación conocida como «Gedeón»—.

Que la primera persona nombrada por Jorge Rodríguez en su anuncio sea la madre de un opositor armado condenado por intento de derrocamiento del régimen es información que pide ser leída. El régimen elige a quién muestra primero. La selección es deliberada. Liberar a la madre de Sequea —sin liberar a Sequea— es un gesto que combina humanitarismo limitado, mensaje político hacia la oposición exterior, y mantenimiento del aparato penitenciario sobre los rostros que el régimen considera más peligrosos.

El segundo bloque mencionado: los tres expolicías de la extinta Policía Metropolitana de Caracas — Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina — condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por «homicidio calificado frustrado en complicidad», acusados de haber disparado contra civiles durante los enfrentamientos del 11 de abril de 2002 en las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas. Aquel día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y de protestas ciudadanas masivas, una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores. En los enfrentamientos armados que se produjeron murieron al menos 19 personas. Los expolicías fueron condenados como autores. Llevaban más de dos décadas presos. La causa Puente Llaguno fue, durante años, símbolo de las tensiones del chavismo con la izquierda revolucionaria y con sus propios cuadros policiales.

Que Rodríguez los nombre el 19 de mayo de 2026 es también una señal: el régimen cierra capítulos del periodo Chávez. El gobierno de Delcy Rodríguez —el rodrigato, en el lenguaje de esta casa— ya no necesita sostener todas las simbólicas que el chavismo original construyó. Puede liberar a los expolicías de 2002 porque la legitimación de los enfrentamientos del 11A ya no es una prioridad política del actual gobierno.

La secuencia que importa

Ahora pongamos el calendario sobre la mesa, porque sin él la lectura es incompleta:

  • 3 de enero de 2026: captura de Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense en el Fuerte Tiuna. Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada.
  • 30 de enero de 2026: Delcy Rodríguez anuncia el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
  • 5 de febrero de 2026: la Asamblea Nacional aprueba la ley en primera discusión por unanimidad.
  • 19 de febrero de 2026: debate y aprobación final.
  • 24 de abril de 2026: Delcy Rodríguez declara concluido el proceso de aplicación de la Ley de Amnistía. El gobierno asegura que 8.000 personas se beneficiaron; Foro Penal aclara que solo 247 estaban efectivamente presas y que las otras 7.000 personas tenían medidas cautelares.
  • 7 de mayo de 2026: el régimen reconoce, después de dieciséis meses de denuncias de la familia, la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas en la cárcel El Rodeo I.
  • 12 de mayo de 2026: Donald Trump declara desde el jardín sur de la Casa Blanca, antes de embarcarse rumbo a Pekín para reunirse con Xi Jinping: «Vamos a sacarlos a todos de las cárceles».
  • 17 de mayo de 2026: muere Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero, a los 82 años en Caracas.
  • 19 de mayo de 2026: Jorge Rodríguez anuncia la liberación de 300 personas.
  • 22 al 25 de mayo de 2026: María Corina Machado visita Panamá en gira regional de la oposición.

El calendario es la noticia. Cada paso responde al anterior. La Ley de Amnistía se diseñó como respuesta administrativa a la captura de Maduro y a la transición. La muerte de Quero rompió la narrativa controlada del régimen sobre la amnistía. La muerte de Navas convirtió a la familia en mártires reconocidos internacionalmente. Trump intervino dos días después del reconocimiento de la muerte de Quero. La oposición —en cabeza de Machado— construyó una gira regional cuyo cierre en Panamá ocurre justamente en la misma ventana de tiempo que las liberaciones de Caracas.

Hay un sistema. La pregunta es quién lo conduce.

Lo que no dice el anuncio

Hay tres ausencias visibles en el discurso de Jorge Rodríguez:

Primero, no menciona a Quero. Tampoco a su madre Carmen Navas. La omisión del nombre del preso político muerto bajo custodia el mismo día en que se anuncia la liberación de 300 personas no es accidente; es decisión. Reconocer la muerte de Quero en el contexto del anuncio significaría aceptar implícitamente que las liberaciones llegan tarde. Llegan, en al menos un caso documentado, demasiado tarde.

Segundo, no fija criterios verificables. El régimen mantiene control discrecional sobre quién entra en los 300. Las categorías que Rodríguez mencionó —minoría de edad, mayor de 70 años, embarazada, lactante, patología— son humanitarias, no políticas. Esa elección discursiva permite al régimen sostener que las 300 personas no eran presos políticos, sino simplemente «personas incursas en delitos» a quienes se aplican beneficios humanitarios. La consecuencia: las cifras quedan opacadas, los nombres salen por goteo, y cada caso queda sometido a la decisión política del momento.

Tercero, no aborda la cifra real. Foro Penal —la ONG que ha documentado caso por caso durante más de una década— sostiene que en Venezuela quedan aproximadamente 600 personas presas por motivos políticos. Si esta semana se libera a 300, la cuenta queda más o menos a la mitad. Pero entre el universo de Foro Penal y los nombres que el régimen está dispuesto a liberar, hay un margen donde caben los presos más sensibles políticamente: militares, dirigentes opositores, periodistas, profesionales documentados como objetivos del aparato de inteligencia. Esos no aparecen, hasta hoy, en las listas.

El otro anuncio del martes: el Comité de Postulaciones Judiciales

En la misma sesión del 19 de mayo, la Asamblea Nacional juramentó por unanimidad a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que conforme al artículo 270 de la Constitución y al artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es responsable de evaluar y proponer los nombres de los nuevos magistrados del TSJ.

El comité quedó conformado por 11 diputados de la Comisión Preliminar y 10 ciudadanos de la sociedad civil —seis mujeres y cuatro hombres— seleccionados de un universo de 94 postulados durante 27 días de trabajo. La coordinación de la Comisión Preliminar estuvo en manos del diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira). Por el bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron juramentados los diputados Giuseppe Alessandrello, Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desirée Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas y José Óscar Villarroel, entre otros.

Pero la juramentación del 19 de mayo no se entiende sin lo que ocurrió siete días antes. El 12 de mayo —el mismo día en que Trump prometía desde Washington liberar a «todos» los presos políticos— la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que elevó la composición de la Sala Plena de 20 a 32 magistrados. La reforma «desanduvo» la reducción aplicada en 2022 por el propio chavismo, que entonces argumentó eficiencia. Jorge Rodríguez justificó el nuevo aumento en el «fortalecimiento de la revolución judicial» propuesta por el Ejecutivo.

La aritmética es la noticia. El Comité juramentado el 19 de mayo no va a cubrir las pocas vacantes generadas por renuncias o jubilaciones. Va a seleccionar 12 nuevas plazas creadas por una reforma legal aprobada una semana antes, sumadas a las plazas ya vacantes por otras circunstancias. La Plenaria de la Asamblea Nacional debe juramentar a los nuevos magistrados antes del cierre del actual período de sesiones.

Vale recordar el contexto inmediato. Esta misma semana se ratificó a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del TSJ. Es la misma figura que avaló los resultados electorales que la oposición —y buena parte de la comunidad internacional— cuestionó tras el 28 de julio de 2024.

Esa es la articulación política completa del 19 de mayo. Una mano abre la puerta de la cárcel para 300 personas. Otra mano agranda el tribunal de 20 a 32 magistrados y juramenta al comité que va a escogerlos. La transición venezolana avanza por dos carriles simultáneos: el visible —liberaciones humanitarias, gestos hacia Washington, declaraciones públicas— y el silencioso —reconfiguración del Poder Judicial que va a decidir, en los próximos años, sobre las causas pendientes del propio rodrigato y sobre el alcance de cualquier proceso de transición democrática real—.

Si en paralelo se liberan 300 personas pero se rediseña el tribunal que mañana decidirá quién entra, el alcance real de la apertura queda hipotecado antes de empezar.

El factor Saab

Jorge Rodríguez también se refirió este martes a la nacionalidad de Alex Saab. Reiteró, con menos elaboración que la declaración de su correligionario Diosdado Cabello del lunes 18, que Saab «no era venezolano» y que su deportación era un acto soberano. La declaración de Rodríguez confirma la estrategia oficial que esta misma edición de INCÍSOS analiza en el Inciso firmado «Cédula chimba»: el régimen cierra filas alrededor de la tesis de que Saab fue siempre, en términos formales, un ciudadano colombiano y por tanto su entrega a Estados Unidos no compromete al chavismo. La maniobra documental es transparente. El efecto político —cortafuegos respecto del expediente CLAP y de la posible cooperación de Saab con la fiscalía estadounidense— también lo es.

El factor Trump

Hay una pieza que conviene no perder de vista. Cuando Donald Trump dijo el martes 12 de mayo «vamos a sacarlos a todos», lo dijo a periodistas frente al jardín sur de la Casa Blanca, antes de subirse al Marine One para iniciar su viaje a Pekín. Era una declaración de pasada, casi al vuelo. Pero esa frase quedó como compromiso público del presidente estadounidense.

Una semana después, el régimen venezolano anuncia 300 liberaciones. La causalidad directa no se puede probar; las negociaciones diplomáticas que se desarrollan entre Washington y Caracas no son públicas. Pero la coincidencia temporal es difícil de leer como casualidad. El rodrigato necesita cumplir, al menos parcialmente, la promesa que Trump hizo a su propio electorado y a las comunidades venezolanas en Estados Unidos. La administración Trump necesita el flujo petrolero, el control del corredor migratorio, y la narrativa de éxito hemisférico. Ambas partes tienen incentivos para escenificar avances.

Cuál de los dos lleva la batuta —si Trump presiona y el rodrigato cede, o si el rodrigato libera con calendario propio y Trump cosecha el crédito político— es discusión que las próximas semanas aclararán. La transición venezolana no se está negociando con la Plataforma Unitaria. Se está negociando, en lo sustantivo, entre Caracas y Washington.

El factor Machado

María Corina Machado llegará a Panamá el viernes 22 de mayo. Tres días en agenda:

  • Sábado 23: asamblea con la diáspora venezolana en Panamá. Según el Censo Nacional panameño de 2023, residen formalmente en ese país 60.290 venezolanos, aunque cifras extraoficiales hablan de más de 100.000. Es una de las comunidades migrantes más grandes de la región.
  • Domingo 24: reunión privada con representantes de la Plataforma Unitaria Democrática y con aliados políticos opositores radicados en distintos países de la región.
  • Lunes 25: reunión oficial de alto nivel en el Palacio de Las Garzas con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha. Entrega de las llaves de la ciudad de Panamá por parte del alcalde Mayer Mizrachi.

La elección de Panamá no es casual. Es el país que más activamente desconoció los resultados que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó tras el 28 de julio de 2024. Es uno de los principales hubs de la diáspora venezolana en el hemisferio. Y, no menos importante, es el escenario donde Machado —Premio Nobel de la Paz 2025, premio que entregó simbólicamente a Trump en enero— puede consolidar la posición opositora frente a un régimen que avanza con liberaciones parciales y a una transición que avanza sin elecciones.

La gira de Machado es la respuesta opositora a la coreografía del régimen. Cada acto del rodrigato —liberaciones, juramentaciones, declaraciones sobre Saab— exige una respuesta política. La diáspora movilizada, la reunión con Mulino, el discurso público en Panamá son los elementos con los que Machado va a intentar fijar la agenda: lo que falta no son liberaciones humanitarias selectivas; lo que falta son elecciones libres, presos políticos todos fuera, y un cronograma de transición democrática.

Lo que viene

Dos preguntas se quedan sobre la mesa para los próximos diez días.

Primera: ¿qué nombres concretos saldrán de los 300? Las liberaciones empezaron el lunes 18 y deberían cerrar el viernes 22. La selección caso por caso será examinada por Foro Penal, por la PUD y por la prensa independiente venezolana e internacional. Si en la lista aparecen nombres de presos políticos visibles —Roland Carreño, Pedro Urruchurtu, los detenidos posteriores al 28J— la operación tiene contenido. Si la lista se cubre con menores, ancianos y enfermos, la operación es humanitaria pero no política.

Segunda: ¿qué ocurrirá durante la visita de Machado a Panamá? Hay tres movimientos posibles. Uno, que el régimen escale la presión narrativa contra Machado durante el fin de semana para opacar la gira. Dos, que se anuncien nuevas liberaciones de presos políticos visibles para neutralizar el discurso opositor. Tres, que se mantenga el ritmo controlado de excarcelaciones y la gira de Machado quede como gesto simbólico sin efecto operativo inmediato. Lo más probable es alguna combinación de los tres.

El miércoles 20 de mayo amanece, en Caracas, con la cuenta corriendo. Quedan tres días hábiles para llegar a 300 liberaciones. Hasta el cierre de esta edición, la lista de nombres no ha sido publicada en su integridad. La opacidad documental que esta misma edición ha analizado —en el Inciso firmado «Cédula chimba» del editor— se confirma una vez más. El régimen libera. Pero libera a quien decide, cuando decide, por las razones que decide explicar.

Eso no es transición democrática. Es administración política de la libertad.


Fuentes principales

  • *El Heraldo* (Colombia) / Agencia EFE: «Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anuncia que 300 personas serán liberadas esta semana» (19 de mayo de 2026, 5:08 PM aprox.).
  • *El Comercio* (Perú) / Agencia EFE: cobertura del 19 de mayo de 2026.
  • **Prensa Latina:** «Parlamento de Venezuela eligió a Comité de Postulaciones Judiciales» (19 de mayo de 2026, hora del cierre de sesión).
  • **Agencia Venezolana de Noticias (AVN):** «AN juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales para cubrir vacantes en el TSJ» (19 de mayo de 2026).
  • **Asamblea Nacional de Venezuela** (sitio oficial asambleanacional.gob.ve): comunicaciones oficiales del proceso del Comité de Postulaciones Judiciales desde el 21 de abril.
  • **Por la Calle del Medio** (@plcdelmedionews en X): cobertura en vivo del 19 de mayo, juramentación de los 21 integrantes.
  • **Curadas:** «AN aprueba el aumento de los magistrados del TSJ» (13 de mayo de 2026) — sobre la reforma del 12 de mayo que eleva de 20 a 32 los magistrados de la Sala Plena del TSJ.
  • **Acceso a la Justicia:** «Designación de diputados integrantes de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales» — análisis sobre Gaceta Oficial n.° 43.359 del 21 de abril de 2026.
  • **RNV** (sitio oficial de la emisora del Estado venezolano): cobertura del proceso del Comité Preliminar.
  • **El Universal:** «Asamblea Nacional designará este martes a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales» (18 de mayo de 2026).
  • *Infobae*: «Donald Trump prometió liberar a todos los presos políticos en Venezuela: «Vamos a sacarlos»» (12 de mayo de 2026).
  • *La Jornada* (México) / AP: «Trump promete liberar a políticos presos en Venezuela; elogia a Delcy Rodríguez» (12 de mayo de 2026).
  • *CNN en Español* / Rocío Muñoz-Ledo: «Delcy Rodríguez anunció el «fin de la Ley de Amnistía»» (24 de abril de 2026).
  • *CNN en Español*: «Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera discusión la ley de amnistía» (5 de febrero de 2026).
  • *La Prensa* (Panamá): «¿Por qué María Corina Machado hará escala en Panamá y cuál será su agenda?» (16-17 de mayo de 2026).
  • *La Estrella de Panamá*: cobertura agenda Machado (16-17 de mayo de 2026).
  • *Confirmado.com.ve*: cobertura agenda Machado.
  • *Primicia Diario*: cobertura agenda Machado.
  • *Diario Las Américas*: cobertura declaración Trump (12 de mayo de 2026).
  • *Excélsior* (México): cobertura del 12 de mayo de 2026.
  • *Tribuna* (México): cobertura del 12 de mayo de 2026, con cifras Foro Penal.
  • *Voz de las Américas*: declaraciones Trump a David Alandete.
  • *Teleamazonas*: cobertura del 12 de mayo de 2026.
  • Cuenta oficial en X de Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) — post del 19 de mayo de 2026 con la declaración textual sobre las 300 liberaciones.
  • Datos de Foro Penal sobre universo de detenidos políticos en Venezuela.
  • Declaraciones de Alfredo Romero, director de Foro Penal.
  • Comunicados de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
  • Comunicados de Comando ConVzla y Vente Mundo.
  • Declaraciones de Andrés Velásquez (vía X, 16 de mayo de 2026).
  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 270.
  • Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículos 8 y 65.

Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →

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Política

Immigrants have been incarcerated less than the native-born since 1870

The longest available series covers a century and a half and records no period in which immigrants were incarcerated more than the American-born.

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An unoccupied civic research archive with public records and a reading desk.

INCÍSOS SPECIAL · HEIRS

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The association between immigration and crime is probably the most repeated and least supported claim in American public debate. A century and a half of data exists to test it.

What Immigrants have recorded lower incarceration rates than the American-born since at least 1870.
Who Researchers at the National Bureau of Economic Research; researchers published in PNAS.
When A 150-year series, from 1870 to 2020. The Texas study covers 2020.
Where The United States, with specific analysis of Texas state records.
Why It is the empirical basis contradicting the most-used argument against immigrant presence.
How Historical censuses and administrative arrest and conviction records.

The long series

A study published by the National Bureau of Economic Research reconstructed incarceration rates for immigrants and the American-born across 150 years, from 1870 — the first year with available records — to the present.

The result admits no nuance of trend: in no period of that series did immigrants record incarceration rates higher than those of people born in the United States.

In 2020, immigrants were 60 percent less likely to be incarcerated than people born in the country, according to that same work. Compared specifically with white Americans born here, the difference was 30 percent lower.

The gap, moreover, has widened over time.

The Texas records

A study published in 2020 in the Proceedings of the National Academy of Sciences analyzed administrative arrest and conviction records from Texas, one of the few states that records the immigration status of those detained.

The results per thousand residents: immigrants, including those without legal status, were roughly half as likely to be arrested for violent crimes as the native-born. Around 40 percent as likely for drug offenses. Around 25 percent for robbery and property crimes.

Texas matters as a case because it is a border state, with one of the country’s largest immigrant populations, under an administration that has not been permissive on immigration enforcement. The data are its own.

A caution about sources

The most-cited data series in this area comes from the Cato Institute, which publishes annual estimates of incarceration rates by immigration status. Its 2024 figures put the rate at 1,195 per 100,000 among the American-born, 674 among immigrants in irregular status and 303 among immigrants with legal status.

The Cato Institute is a research center with a declared position favoring immigration openness. Its figures point in the same direction as the academic ones and serve as corroboration, but the argumentative weight of this piece rests on the 150-year study and the PNAS work, both peer-reviewed.

What these data do not settle

Aggregate rates say nothing about individual cases. Every crime committed by an immigrant exists, has victims and merits the same institutional response as any other.

Nor do they explain why the gap exists. The available hypotheses — self-selection among those who emigrate, risk aversion tied to losing status, age structure, family composition — are plausible and unresolved.

What they do establish, with the longest available series and with independent administrative records, is that the opposite premise has no empirical support in any stretch of a century and a half.

Why it is in this special

A community assigned a criminal propensity the data do not support carries a cost that is not symbolic. That cost translates into public policy, into enforcement budgets, into daily treatment, and into the rest of the country’s willingness to consider it part of itself.

Hispanic heritage includes that too: having carried, for a century and a half, an accusation the country’s own records refute.


Primary sources: National Bureau of Economic Research, study of immigrant incarceration rates across 150 years (Abramitzky, Boustan, Pérez and others), also distributed by the Migration Policy Institute. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020 study of Texas arrest records. Cato Institute, annual series on incarceration rates by immigration status, identified as a center with a declared position.

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Política

MS-13 was born in Los Angeles and came back deported

Between 1996 and 2002, the United States sent roughly 31,000 convicts to Central America. The criminal structure now attributed to the region was built in the north.

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An anonymous Los Angeles urban streetscape at dawn, without people or violence.

INCÍSOS SPECIAL · HEIRS

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A special on Hispanic heritage would be incomplete without the part nobody wants to claim. The documentary record places it somewhere other than where it is usually assigned.

What MS-13 formed in Los Angeles in the 1980s and went transnational by way of American deportation policy.
Who Refugees fleeing the Salvadoran civil conflict; the United States government; the countries of northern Central America.
When Formation in the 1980s. Mass deportations between 1996 and 2002.
Where California first; El Salvador, Honduras and Guatemala after.
Why The conventional account reverses the direction of the phenomenon, and with it the explanation.
How Mid-1990s legislation expanded the universe of noncitizens subject to removal, including convicts with gang ties.

Where it formed

The Congressional Research Service, in its report on the organization, establishes that MS-13 formed on the streets of Los Angeles during the 1980s, made up of people fleeing the Salvadoran civil conflict.

The same document notes it was constituted in part as protection against Latino gangs already operating in the city, among them Barrio 18. The «13» refers to the thirteenth letter of the alphabet, reflecting its tie to the Mexican Mafia within the California prison system.

None of that origin occurred in Central America.

How it crossed south

Legislation passed in the mid-1990s substantially expanded the universe of noncitizens subject to detention and removal, including those with criminal convictions.

Between 1996 and 2002, the United States sent roughly 31,000 convicted people to Central American countries, of whom some 12,000 went to El Salvador, according to documentation from the Washington Office on Latin America.

The Congressional Research Service records that the organization became transnational when members deported from the United States established its structure in Central America.

The receiving countries had institutions weakened by decades of civil war, with no absorption capacity, no reintegration programs and in many cases no prior information about the records of those arriving.

The structure did not migrate. It was exported.

Why the direction matters

The correction is not an academic footnote. It determines which explanation is accepted and which policy follows from it.

If the organization is a Central American phenomenon that entered the United States, the logical response is to close the entrance.

If it is an American phenomenon that was exported and returned, the response has to include what happened here: how it formed, under what conditions of urban marginalization, inside what prison system, and what effect deporting tens of thousands of people to countries unable to receive them produced.

The record supports the second reading, and it does so not from an immigrant advocacy organization but from Congress’s own research service.

What this piece does not argue

MS-13 has committed serious, documented crimes on both sides of the border. Its victims have overwhelmingly been people from the same communities of origin. Nothing above mitigates that or attempts to.

Nor does it suggest the United States is solely responsible for a phenomenon shaped by civil wars, institutional collapse, poverty and decisions by several governments.

What the record does establish is the direction of the origin. And that direction is rarely told.

The uncomfortable inheritance

Every large community produces criminality, and the Hispanic community is no exception. A special that listed only celebrable contributions would be promotion, not journalism.

But the uncomfortable part is not the one usually told either. The conventional version presents an imported product. The documentary record describes something else: a structure that formed in an American city, was professionalized in an American prison system, and was installed to the south by an American policy decision.

That too is part of what has to be inherited.


Primary sources: Congressional Research Service, report R45292 on MS-13. Washington Office on Latin America, documentation on deportations of convicts to Central America between 1996 and 2002. InSight Crime, organizational profile.

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Política

The proclamation celebrates the Hispanic who is a citizen and in uniform

The official text celebrating Hispanic heritage defines whom it celebrates: citizens, service members, police and border agents. The boundary is written down.

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A formal signing desk and a document whose text is not readable.

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A commemorative month does not describe a community. It defines one. The text proclaiming it contains that definition, and it rewards careful reading.

What The 2025 proclamation recognized Hispanic-American citizens and singled out those serving in military, law enforcement and border security roles.
Who The White House, author of the text; the 70.1 million Hispanics the Census counts.
When Signed September 22, 2025, seven days after the period began.
Where The United States.
Why The proclamation marks out who official recognition reaches and who it does not.
How Public Law 100-402 requires an annual presidential proclamation for the month to be observed.

The month exists because it gets signed

The 1988 law authorizes and requests the president to issue an annual proclamation designating September 15 through October 15. Without that signature, there is no proclaimed observance. Every president since 1990 has issued one.

The 2025 proclamation was signed September 22. The period had begun on the 15th.

Seven days is not on its own a declaration of anything. Proclamations are signed with variable margins. But the fact is on the record and worth noting before reading the text.

What the text says

The 2025 proclamation recognizes the contributions of Hispanic-American citizens. It singles out Hispanic patriots who have served on the front lines of the military, in law enforcement and in border security. It speaks of defending national sovereignty and protecting the flag.

Each of those elements is legitimate. There are Hispanic citizens. There are Hispanics in the armed forces and in federal security agencies. Their service exists and merits recognition.

What matters here is not what the text affirms, but its perimeter.

The perimeter

The 70.1 million people the Census Bureau counts as Hispanic include citizens by birth, naturalized citizens, permanent residents, people with temporary status, asylum seekers and people without regular status.

The proclamation names citizens. And among them, it underscores those in uniform.

That is not a description of the Hispanic community in the United States. It is a subset of it, defined by two criteria: legal status and function in service to the state.

A commemorative text obligates no one and appropriates nothing. But it establishes the official terms of a recognition, and those terms leave out a substantial portion of the people whose contribution the same proclamation celebrates in the abstract.

The context of the signing

During the same period, other figures describe the state’s relationship with that population.

An analysis of immigration enforcement data reported by specialized press records 49,571 ICE arrests in July 2026, the highest monthly total of the second term, up roughly 15 percent from June, with more than half of those detained having no convictions or pending charges. The figure comes from a processing of federal data and should be verified against the original source before being treated as settled.

The Congressional Budget Office projects net migration of roughly 570,000 people for 2026, well below earlier projections nearing two million.

And a Pew Research Center survey from November 2025 found that 47 percent of Latinos surveyed felt less safe in their area because of deportation actions.

What remains

An annual proclamation celebrates Hispanic heritage. A simultaneous policy reduces Hispanic presence, polices it and displaces it.

Both occur under the same signature and on the same calendar.

No intent needs to be assigned to observe the contradiction. It is enough to place the two documents side by side and read the dates.


Primary sources: Proclamation on National Hispanic Heritage Month 2025, signed September 22, 2025. Public Law 100-402. U.S. Census Bureau, Facts for Features CB26-FF.07. Congressional Budget Office, net migration projections. Pew Research Center, November 2025 survey. Immigration arrest data processed by the Deportation Data Project, as reported by specialized press.

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