Redacción Incisos · 18 de abril de 2026

Cuando Cilia Flores entró a la sala del piso 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se escuchó un murmullo que ninguno de los presentes pudo reprimir. Era el 26 de marzo. Hacía 83 días desde que ella y su esposo habían sido sacados de Caracas por un comando militar estadounidense. Ahora estaban ahí, en uniforme beige de prisioneros, escuchando a través de un traductor simultáneo cómo dos abogados debatían quién debe pagar su defensa.

Maduro lucía más delgado, pero no demacrado. No tenía la actitud desafiante de la noche que llegó a Nueva York alzando los pulgares y saludando a las cámaras. Permaneció en silencio, tomando notas, mirando a su abogado, al juez, algún punto de la sala.

La segunda audiencia duró poco más de una hora. Terminó sin decisiones. Y sin embargo dejó más pistas sobre el futuro del proceso que cualquier declaración política de las últimas semanas.

El nudo del dinero

El caso incluye acusaciones de conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y blanqueo de capitales. Maduro y Flores se declararon inocentes desde la primera audiencia. Pero el debate que ocupó el 26 de marzo no fue sobre culpabilidad: fue sobre dinero.

El abogado defensor Barry Pollack argumentó que su cliente tiene derecho a una defensa de élite acorde a la gravedad de los cargos — y que solo puede financiarla con fondos del Estado venezolano. La fiscalía respondió que esos fondos están congelados por razones de seguridad nacional y que Maduro puede recurrir a defensores públicos.

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, relativizó el argumento de seguridad nacional de la fiscalía con una frase que dejó la sala en silencio absoluto: «Ya no es una amenaza para la seguridad nacional. Está acá.»

Es una observación que tiene consecuencias. Si Hellerstein ordena que se levanten las sanciones sobre los fondos venezolanos destinados a la defensa, la administración Trump probablemente apelará. Lo que comenzó como un caso de narcotráfico podría convertirse también en un conflicto constitucional sobre los límites del poder ejecutivo.

Lo que dijo Trump

Mientras Maduro y Flores escuchaban en silencio en Manhattan, Trump hablaba en Washington. Afirmó que a Maduro se le había procesado solo por «una fracción» de los delitos que ha cometido, y anunció que «probablemente se avecinan otros juicios». No ofreció detalles. Pero el mensaje fue claro: el proceso judicial es también un instrumento de presión política, y Washington no tiene prisa en resolverlo.

Por ahora, no se ha fijado fecha para la próxima audiencia. Hellerstein debe decidir sobre el financiamiento de la defensa y sobre si la evidencia secreta del expediente puede ser compartida con los abogados — una disputa que enfrenta el derecho de defensa contra los argumentos de protección de testigos y fuentes de inteligencia.

El hombre que lleva el caso

Vale detenerse un momento en el juez. Alvin Hellerstein tiene 92 años, fue designado por Bill Clinton y tiene un historial de casos de alto perfil. No parece intimidado ni por la escala del proceso ni por la presión política que lo rodea. Sus preguntas durante la audiencia fueron, según reportaron los corresponsales presentes, simples, directas y filosas por igual para la defensa y la fiscalía.

Es el tipo de juez que puede complicarle la vida a todos. Y en un caso donde todos los actores — Washington, Caracas, la oposición venezolana, las empresas petroleras — tienen algo que ganar o perder según cómo avance el proceso, esa independencia vale más de lo que parece.

El juicio sigue. La próxima audiencia no tiene fecha. Y Maduro, más delgado pero presente, sigue tomando notas.

Redacción Incisos · 18 de abril de 2026

Hay una foto que resume mejor que cualquier discurso lo que está ocurriendo en Venezuela. Es del 12 de febrero de 2026. En ella aparecen tres personas visitando las instalaciones petroleras de la Faja del Orinoco: Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos Chris Wright, y la encargada de negocios estadounidense para Venezuela, Laura Dogu. Sonríen. Están de pie frente a la infraestructura más valiosa del país. El mensaje no necesita palabras.

Seis semanas después, el 1 de abril, Washington eliminó el nombre de Rodríguez de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro — la misma lista donde llevaba años junto a los funcionarios más peligrosos del régimen de Maduro. La medida le permite trabajar más libremente con empresas e inversores estadounidenses. Incluso puede viajar a Washington.

Trump, que semanas antes había advertido que si Rodríguez no hacía «lo correcto pagaría un precio muy alto», la describió poco después como «una persona fantástica» con la que, aseguró, han «trabajado muy bien».

Así es como se construye el poder en 2026.

La mujer que la industria petrolera quería

Lo que sorprende de la historia de Delcy Rodríguez no es su ascenso súbito tras la captura de Maduro. Es que ese ascenso estaba previsto — y deseado — por actores muy específicos, mucho antes de que ocurriera.

Mientras Estados Unidos amenazaba el control de Maduro en los últimos meses, un grupo de ejecutivos, abogados e inversionistas vinculados a la industria petrolera expuso su postura ante la administración Trump y asesores del Congreso: Rodríguez debía ocupar su lugar. Como ministra de Petróleo, había sido durante años el contacto de referencia para altos ejecutivos, a quienes impresionó al conducir la industria venezolana entre sanciones internacionales, presiones económicas y mala gestión interna.

Rodríguez recibe regularmente llamadas de altos ejecutivos de compañías petroleras desde Houston hasta Mumbai, y tiene relaciones de larga data en Beijing y Moscú. Es abogada, diplomática experimentada, y conoce mejor que nadie los engranajes del sistema que heredó. Para las empresas que llevan años esperando volver a Venezuela — Chevron, ConocoPhillips, Shell, Repsol, Eni — ella es la llave.

No es una circunstancia. Es una elección.

Lo que hizo en tres meses

El balance de los primeros noventa días de Rodríguez en el poder es, dependiendo de quién lo lea, impresionante o insuficiente.

En la columna de los cambios reales: depuró los mandos militares para alinearlos con Washington, reabrió la industria petrolera a financiación extranjera, promulgó una ley de amnistía, destituyó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa tras más de once años en el cargo, y eliminó organismos vinculados al entramado chavista.

En el plano económico, el esquema acordado con Washington es inédito en la historia venezolana: los ingresos petroleros se depositan en cuentas bajo control del Tesoro estadounidense, las empresas autorizadas operan con licencias revocables en cualquier momento, y cualquier acuerdo con China, Rusia o Irán requiere aprobación previa de Washington.

Ha redirigido hacia refinerías de Estados Unidos e India los barriles que antes iban mayoritariamente a China. Trump lo celebró sin rodeos: «Venezuela ha resultado increíblemente bien. Tenemos 100 millones de barriles de petróleo en este momento en Houston siendo refinados.»

En la columna de lo que falta: 485 presos políticos, un aparato represivo sin desmantelar formalmente, un calendario electoral inexistente y una Constitución que está siendo estirada más allá de sus límites.

El triple papel y sus límites

Hay analistas que describen a Rodríguez cumpliendo un triple papel: salvadora del chavismo originario, representante de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, e iniciadora de una apertura que podría eventualmente conducir a una transición política. Es una descripción precisa. Es también una descripción que revela la fragilidad de su posición.

Porque esos tres papeles tienen intereses que no siempre coinciden. El chavismo que quiere sobrevivir no necesariamente quiere elecciones libres. Washington quiere estabilidad petrolera antes que democracia. Y la oposición venezolana quiere elecciones antes que estabilidad del régimen.

Rodríguez seguirá siendo funcional para Washington mientras facilite un proceso que conduzca a elecciones libres. Pero si decide aferrarse al poder más allá de lo útil, si bloquea el camino hacia la estabilidad jurídica, la advertencia silenciosa pero firme de los grandes consorcios energéticos se hará sentir: ninguna empresa seria invertirá en un país donde el riesgo político sigue intacto.

Es, en cierta forma, la única palanca real que existe sobre ella. No la moral. No la Constitución. El dinero.

La pregunta que permanece

Delcy Rodríguez llegó al poder por la fuerza de una operación militar estadounidense, avalada por un fallo judicial de tres páginas redactado en horas. No fue elegida. No tiene mandato popular. Legalmente, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Esa paradoja jurídica, conveniente para todos los actores en este momento, es también una bomba de tiempo.

Hay quienes consideran que la fecha de las elecciones será «el acta de defunción del chavismo». Si eso es cierto, hay pocas razones para que el chavismo apure ese momento. Y Rodríguez, por más pragmática que sea, sigue siendo chavismo.

La pregunta que importa no es si está abriendo el camino hacia la democracia. Es si ese camino tiene fecha de llegada. Hasta ahora, nadie la ha escrito.

Redacción Incisos · 18 de abril de 2026

El domingo 12 de abril, la Plataforma Unitaria Democrática convocó lo que describió como su mayor movilización desde las elecciones de julio de 2024. Unos 40,000 activistas participaron de forma presencial y virtual en un encuentro nacional que reunió a dirigentes de distintas plataformas regionales, municipales y parroquiales. El objetivo declarado era uno: presentar al país una hoja de ruta para la transición democrática.

Lo hicieron. Y el documento que presentaron es, al mismo tiempo, el mapa más articulado que la oposición venezolana ha ofrecido en meses, y un espejo de todas las tensiones que aún no ha resuelto.

Lo que dice el plan

El secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, detalló que el plan contempla tres etapas: estabilización institucional, recuperación económica y reconciliación, y finalmente la celebración de elecciones libres en todos los niveles del Estado.

La primera etapa — la estabilización — es la más concreta y también la más exigente. El documento establece ocho condiciones fundamentales: liberación de todos los presos políticos, cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo, reinstitucionalización integral, apertura efectiva del espacio cívico, restitución plena de los derechos políticos, normalización del sistema de partidos, condiciones electorales específicas y retorno seguro de los exiliados.

Para la etapa electoral, la PUD fue explícita en un punto que resulta clave: la necesidad de un Consejo Nacional Electoral provisional, independiente y profesional, junto con el levantamiento de inhabilitaciones políticas y la restitución de los derechos de los partidos. Sin ese CNE nuevo, cualquier elección sería, en los hechos, una repetición del fraude de 2024.

María Corina Machado, que participó de forma virtual, insistió en que el cambio político solo será posible mediante comicios. «Queremos elecciones para elegir a todo… el país las quiere ya.» Anunció además que «muy pronto» estará de regreso en Venezuela y que recorrerá el país para construir lo que llamó un «gran acuerdo por la democracia y la libertad.»

Lo que calla el plan

Leer la hoja de ruta de la PUD con atención produce una sensación particular: es un documento que describe con precisión lo que Venezuela necesita, pero que evita sistemáticamente la pregunta más incómoda. Y la pregunta es esta: ¿qué mecanismo existe para que estas condiciones se cumplan si el gobierno de Delcy Rodríguez decide no cumplirlas?

El propio Enríquez reconoció el cambio de enfoque de la organización: «Pusimos como centro, como prioridad, a la gente. Al pueblo venezolano. Y entendimos que había que dejar de debatir tanto entre nosotros.» Es una declaración honesta sobre el pasado de la oposición venezolana — fragmentada, autorreferencial, más ocupada en sus disputas internas que en construir poder real. Pero reconocer el problema no es lo mismo que haberlo resuelto.

Edmundo González Urrutia, que también participó en el encuentro, fue el más directo en señalar las limitaciones del momento: «Venezuela no se encuentra hoy en un proceso de transición democrática.» Las estructuras de control del poder, advirtió, siguen vigentes. Se adaptan. Buscan sobrevivir. Y la estrategia, señaló, es siempre la misma: dividir.

Es una tensión significativa que el candidato que ganó las elecciones de 2024 — según los propios datos de la oposición — sea el que más cautela expresa ante el plan que su coalición acaba de presentar.

Lo que aún no existe

Entre la primera etapa del plan y la tercera hay un abismo que ningún discurso llena todavía. Para llegar a elecciones libres, la PUD necesita que ocurran, en secuencia, ocho condiciones que dependen en gran medida de la voluntad de un gobierno que no fue elegido democráticamente y que tiene todos los incentivos para dilatar el proceso.

La verdad incómoda que señalan constitucionalistas venezolanos es que en Venezuela no hay condiciones para celebrar elecciones este año, y tampoco hay voluntad visible del chavismo para que se produzca una transición real hacia la democracia. El interinato de Rodríguez, respaldado por Washington, puede extenderse hasta julio. Y después de julio, el terreno constitucional se vuelve aún más pantanoso.

La propuesta de la PUD combina la presión social con la diplomacia de alto nivel, apostando a que la expresión ciudadana coordinada, dentro y fuera del país, se combine con una negociación política orientada a generar condiciones electorales. Es una estrategia razonable en el papel. Pero su eficacia depende de variables que la oposición no controla: la disposición de Washington, la cohesión interna del chavismo, el estado de una economía devastada y la paciencia de un pueblo que lleva años esperando.

Lo que dice la diáspora

Fuera de Venezuela, el encuentro del 12 de abril generó reacciones mixtas. En los grupos de activismo venezolano en el exterior, la presentación fue recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo que se ha vuelto casi un estado permanente. Hay quienes ven en la hoja de ruta una señal de madurez política. Hay quienes recuerdan que ya hubo otras hojas de ruta, otros planes, otras convocatorias masivas que no se tradujeron en cambio concreto.

Lo que distingue este momento de los anteriores es el contexto: Maduro está en una celda en Nueva York, Washington tiene interés declarado en la estabilidad venezolana, y la presión internacional es, por primera vez en años, genuinamente convergente. Eso no garantiza nada. Pero cambia el tablero.

En conjunto, la convocatoria de la PUD marca el inicio de una estrategia opositora que busca reabrir el camino electoral en Venezuela tras la crisis política de 2024. Si ese camino lleva a algún destino dependerá menos del documento presentado el 12 de abril que de lo que ocurra en las semanas y meses que siguen.

Los planes son necesarios. Pero en Venezuela, como en cualquier proceso político real, lo que cuenta es la capacidad de ejecutarlos cuando la realidad no coopera.

Eso todavía está por verse.