Este sábado 23 de mayo, dos aviones estadounidenses sobrevolaron Caracas. El gobierno encargado lo autorizó el jueves a petición de la embajada de Estados Unidos. La operación se llamó, oficialmente, «simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas». Lo anunció el canciller Yván Gil, leyendo un comunicado.

Casi cinco meses después de que helicópteros MH-47G Chinook y MH-60L armados aterrizaran sobre Caracas para sacar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, el cielo venezolano vuelve a abrirse a aeronaves estadounidenses. Esta vez con autorización formal. La continuidad de la imagen importa más que la diferencia técnica entre uno y otro vuelo.

El mismo jueves 21, antes de que el comunicado de Yván Gil se leyera, Marco Rubio dijo a la prensa, antes de abordar su avión rumbo a Suecia y después a India: «Entiendo que la presidenta interina de Venezuela viajará a India la semana que viene, así que hay oportunidades». Rubio anunció el viaje de Delcy Rodríguez antes que Caracas. Hasta el cierre de esta columna, Miraflores no había confirmado oficialmente la fecha de salida. La confirmación efectiva la dio el Departamento de Estado, no el Palacio Presidencial.

Rubio viaja a India entre el 23 y el 26 de mayo. Delcy viaja a India la semana próxima. La coincidencia geográfica está sobre el mapa. Si se reúnen o no, lo decidirá la agenda de Rubio.

Hay un tercer hecho que cierra la semana. El viernes 22, Juan Pablo Guanipa —dirigente de Primero Justicia, este fin de semana en Panamá para la reunión con María Corina Machado— dijo en público una frase que conviene retener: «Una persona que viene a representar a Estados Unidos en Venezuela ha debido reunirse con la oposición venezolana y eso no se logró». Guanipa hablaba de la exembajadora Laura Dogu, que ya no está en Venezuela. La declaración no apunta al canal directo entre Machado y Washington —que sigue activo: Machado se reunió con Trump y dos veces con Rubio—. Apunta a la representación diplomática estadounidense en Caracas como institución, y al hecho de que durante su gestión no fue puente activo con la oposición venezolana en el terreno.

Tres hechos en cuatro días. Aviones sobrevolando con permiso. Viajes anunciados desde Washington antes que desde Caracas. Una embajada que durante años no se sentó a conversar con la oposición venezolana en el terreno. Si se leen por separado, son tres notas sueltas. Si se leen juntas, dicen lo mismo: en la transición venezolana de mayo de 2026, lo que se decide arriba decide lo que pasa abajo.

En INCÍSOS acabamos de publicar un dossier al que llamamos Las siete tarimas. Cuatro corrientes dentro del chavismo. Tres dentro de las fuerzas democráticas. Y una voz transversal sobre si hay que reordenar antes o convocar elecciones primero. La pluralidad es real. La discusión interna es real. Pero todas esas tarimas, las siete, operan debajo de un mismo techo. El techo es Washington. Y Washington no participa en la discusión: la supervisa.

Eso es lo que el sábado 23 hace visible. Mientras Cabello le hace factura en Mariche a los «habladores de paja», dos aviones de un país extranjero —el mismo que sacó a Maduro en enero— sobrevuelan la capital con permiso del gobierno encargado. Mientras Mario Silva cuestiona la entrega de Saab, Rubio anuncia desde una pista en Maryland que Delcy va a India. Mientras Machado llega a Panamá con la legitimidad del 28-J intacta y mantiene canal abierto con la Casa Blanca y con el Departamento de Estado, en Caracas la representación diplomática de ese mismo Departamento no fue puente activo con la oposición venezolana en el terreno.

No es un juicio. Es una descripción. La transición venezolana tiene dos planos. El plano horizontal, donde las siete tarimas discuten. Y el plano vertical, donde quien tiene la última palabra no está en ninguna de las siete tarimas. Está por encima.

Andrés Caleca, uno de los tantos referentes de las fuerzas democráticas, escribió en X el 10 de mayo, después de que CNN revelara que las conversaciones de Doha se habían sostenido sin Machado: «No estuvimos en el diseño y no estamos en la ejecución. El gran reto es superar la irrelevancia y comenzar a incidir». Esa frase condensa el plano vertical mejor que cualquier análisis.

La pregunta no es solo qué pasa en Caracas. Es también qué pasa por encima de Caracas. Porque por encima de Caracas se decide, hoy, cuándo se vota, con qué garantías, bajo qué condiciones se reconoce el resultado, y con qué interlocutores se conversa.

La transición venezolana se discute con planos de seis billones de dólares y mapas de tres fases. Este especial documenta lo otro: el país sobre el que esos planes pretenden trabajar.

En un hospital del centro del país, una mujer recibe una lista impresa antes de la operación. Son los insumos que debe comprar para su propia cirugía: la sutura, el suero, la anestesia local, los guantes. En una escuela del oriente, un grupo de niños comienza el año escolar con la mitad de los maestros que correspondían. En la cocina de una casa en la Gran Caracas, alguien decide entre el gas doméstico y la comida porque esta semana no alcanza para los dos. En un estado del occidente, una radio comunitaria que transmitió durante veintidós años amanece sin licencia. Y en Miami, en Madrid, en Lima, en Bogotá, ocho millones de venezolanos abren el teléfono y revisan, una vez más, los titulares del país que dejaron.

Esto es Venezuela hoy. No el país de los planes ni el de los discursos ni el de las efemérides. Es el país que cualquier proyecto de reconstrucción —el de Marco Rubio en tres fases, el de Roberto Smith Perera en 835 páginas de arquitectura técnica, Venezuela Tierra de Gracia en cuatro pilares y un cortometraje político firmados por María Corina Machado, o el que la transición tutelada de Delcy Rodríguez negocie en los próximos meses— va a tener que mirar de frente antes de prometer otra cosa.

Este especial es ese ejercicio: mirar de frente.

Hace diez años el periodismo venezolano publica análisis sobre la crisis. Lo que publica menos —porque cuesta más, porque no genera tráfico inmediato, porque exige paciencia documental— son inventarios. Un análisis explica. Un inventario documenta. Explicar es decir por qué pasó lo que pasó. Documentar es contar, dato por dato, qué quedó de lo que pasó. Las dos cosas son periodismo. Pero solo una sirve de punto de partida cuando se discute reconstruir algo.

Lo que sigue son nueve piezas. Cada una toma un sector de la vida venezolana —educación, salud, infraestructura, servicios públicos, seguridad, institucionalidad, calidad de vida, diáspora, medios de comunicación— y lo radiografía con las cifras disponibles al cierre de mayo de 2026. No son cifras improvisadas. Son cifras que provienen de organizaciones que han sostenido el trabajo de medir lo que el Estado venezolano dejó de medir: la UCAB con la ENCOVI, Médicos por la Salud con la Encuesta Nacional de Hospitales, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos con su monitor de fallas, el Observatorio Venezolano de Violencia con su conteo independiente, Acceso a la Justicia con su análisis del Poder Judicial, Cendas-FVM con la canasta alimentaria mensual, ACNUR y la plataforma R4V con el mapa de la diáspora, Espacio Público e IPYS Venezuela con el conteo de medios cerrados y periodistas presos. Y en cada pieza, una advertencia recurrente: el Estado venezolano dejó de publicar estadísticas verificables en años distintos. Salud, en 2016. Poder Judicial, en 2013. Industria petrolera, en 2016. Medios, nunca. Esa opacidad es, también, dato.

INCÍSOS publica este especial desde Estados Unidos para una audiencia hispana que vive aquí —con casi un millón de venezolanos lectores potenciales y varios millones más que entienden de cerca lo que ocurre en Venezuela porque conocen historias parecidas en sus propios países—. Lo publica porque está convencido de que cualquier conversación seria sobre la transición venezolana tiene que empezar por reconocer su punto de partida. Y porque ese punto de partida no es ni el discurso opositor ni el balance oficialista. Es el cuadro que las organizaciones independientes han documentado con paciencia durante años, mientras los demás discutíamos otra cosa.

Este especial no acusa, no celebra, no diagnostica el futuro. Documenta el presente con la rigurosidad que el momento exige.

Y plantea, en la pieza que cierra el conjunto, una pregunta editorial que ningún plan de reconstrucción ha respondido todavía: si el sector que documenta la transición no se reconstruye, ¿quién va a contar lo que la transición logra y lo que no?

Lea las nueve piezas. Léalas en orden si puede. Cada una se sostiene sola, pero juntas dibujan algo más grande que la suma de sus cifras. Dibujan una Venezuela que cualquier proyecto, cualquier hoja de ruta, cualquier promesa política tendrá que mirar a los ojos antes de empezar.

Esto es Venezuela hoy. Cualquier plan que ignore este punto de partida, empieza fuera de Venezuela.

Alfredo Yánez Mondragón Fundador y editor en jefe · INCÍSOS

Lea las nueve piezas del especial en incisos.com/inventario-del-caos

La noche del martes 19 de mayo, tres hombres salieron del Centro Penitenciario Fénix en el estado Lara, en Venezuela. Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina. Fueron policías de la Policía Metropolitana de Caracas. Estuvieron veintitrés años presos por hechos del 11 de abril de 2002 en el Puente Llaguno, en una causa que Foro Penal y todas las organizaciones serias de derechos humanos venezolanas consideran un proceso político.

Veintitrés años. Pongamos el número en la mesa antes de seguir.

Veintitrés años son más de ocho mil días, ni uno menos. Un hijo que entró siendo bebé al cuarto de visitas hoy es adulto. Una esposa que entró en sus treintas hoy peina canas. Un padre que esperaba en la puerta murió hace años sin volver a abrazar a su hijo. Un país completo cambió de moneda, de gobierno, de modelo económico, de generación. Ellos no cambiaron. Ellos esperaron.

Hay una palabra que se repite mucho en estos días de transición tutelada: paciencia. Paciencia política, paciencia estratégica, paciencia con los plazos del proceso. La palabra está bien usada cuando se aplica a quien decide. Está mal usada cuando se aplica a quien soporta. Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina no tuvieron paciencia. Tuvieron condena. La paciencia, en sentido propio, supone capacidad de moverse y decisión de no hacerlo. La condena no es paciencia. Es ausencia.

Me detengo aquí porque creo que el lenguaje de la transición venezolana está pidiendo una limpieza. Cada vez que un cuadro político habla de «los tiempos que requiere el proceso», está hablando con vocabulario que no es neutro. Está midiendo el tiempo desde una mesa con café caliente y wifi, no desde una celda. Las dos perspectivas no son comparables y, sin embargo, son tratadas como equivalentes en el discurso público. Una de las dos debería tener más peso. Es la del que esperó sin opción.

María Lourdes Afiuni escribió este lunes, antes de la liberación de los policías metropolitanos: «Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más, los olvidados a nuestra suerte, ¿no contamos para nada?». Es la jueza que en 2009 cumplió una recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y por eso pasó los siguientes catorce años bajo las distintas variantes de privación de libertad que el régimen consideró pertinentes. Su pregunta no es retórica. Es una pregunta práctica sobre qué hace la transición con los rezagados de las olas.

Y luego está Juan Carlos Caguaripano. Capitán de la Guardia Nacional, detenido en agosto de 2017 después de un alzamiento en Fuerte Paramacay. Recluido en al menos cinco centros: La Tumba, DGCIM Valencia, DGCIM Boleíta, El Helicoide y ahora El Rodeo I. Dos años incomunicado durante una fase del proceso. Su esposa y su hija de doce años viven en Costa Rica desde hace siete. Su padre, de ochenta años, lo espera en Puerto La Cruz. Tiene una hija que está creciendo sin él. Eso no es paciencia. Eso es vida confiscada.

Pongo los tres nombres juntos —los policías metropolitanos, Afiuni, Caguaripano— porque su yuxtaposición revela algo del momento. La transición está liberando casos. Lo está haciendo. Es un hecho favorable. Lo dice Foro Penal, lo dice JEPVzla, lo dicen las propias familias que reciben en la puerta del Fénix a quienes salen. Pero también es un hecho que la liberación está siendo administrada con una lógica que no termina de ser pública. ¿Por qué Bolívar, Rovaín y Molina salieron ahora y no hace tres años? ¿Por qué quedan más de cuatrocientos cincuenta presos según Foro Penal? ¿Cuándo le toca a Afiuni y a Caguaripano? ¿Hay criterio, hay cronograma, hay método? ¿O es discrecionalidad?

Aquí, en este punto, vale la pena nombrar lo que me incomoda como periodista hispano que vive y escribe desde Estados Unidos, lejos del territorio donde ocurren los hechos. Lo que me incomoda es la facilidad con la que el lector promedio acepta el ritmo de la liberación como si fuera el único ritmo posible. Aceptamos la lentitud porque no la padecemos. Aceptamos la falta de cronograma porque no es nuestro padre el que está adentro. Y los liderazgos políticos, por su parte, encuentran cómodo administrar el tiempo del otro porque no es el tiempo propio el que se administra.

La paciencia política tiene un precio. El precio no lo paga quien la pide. El precio lo pagan los que esperan sin opción.

Los policías metropolitanos salieron veintitrés años después. Para ellos, eso no es justicia. Es supervivencia. Y la diferencia entre las dos palabras es lo que la transición venezolana, si quiere serla en serio, va a tener que aprender a nombrar.

Mientras tanto, queda el conteo. Veintitrés años para tres hombres que ya están afuera. Dieciséis años y contando para Afiuni. Casi nueve años y contando para Caguaripano. Más de cuatrocientos cincuenta nombres en una lista que todavía espera.

Si hay paciencia, que la administre quien decide. No quien soporta.