El viernes 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos anunció lo que llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. Sesenta y cinco mil millones de barriles. Diecisiete campos. Cien mil millones de dólares en inversión.

Llevo tres días leyendo cifras. Y hay una que no aparece en ningún comunicado.

Durante años se dijo que el petróleo venezolano no se podía sacar. Y era verdad. No había inversión, no había mantenimiento, no había taladros, no había electricidad para bombear. Un país sentado sobre las mayores reservas probadas del mundo produciendo cada vez menos, porque el recurso estaba ahí pero las condiciones para aprovecharlo no.

A la gente le pasó exactamente lo mismo. No había con qué. No había empleo que alcanzara, ni hospital que atendiera, ni escuela que enseñara, ni luz que durara la noche entera. Millones de personas con formación, con oficio, con ganas de trabajar, en un país donde esas tres cosas no encontraban dónde ponerse.

La diferencia es que el petróleo se quedó abajo esperando y la gente no pudo esperar. Se fue.

Yo me fui. Muchos de los que están leyendo esto se fueron.

Y aquí está lo que quiero decir, aunque a algunos les parezca una ocurrencia.

Ese petróleo lleva un siglo bajo tierra y ahí seguirá el año que viene. Las personas no. Una persona tiene un tiempo de vida útil para construir algo, y ese tiempo se está gastando ahora, en la incertidumbre.

Hay venezolanos en Estados Unidos que llevan cinco, ocho, doce años aquí. Compraron casa. Pagan hipoteca. Pagan impuestos. Tienen hijos en escuelas públicas, y esos hijos hablan inglés sin acento y no conocen Caracas. Trabajan en construcción, en salud, en logística, en restaurantes, en transporte, en las mismas industrias que este país necesita para funcionar todos los días. Introdujeron sus documentos. Esperan una cita. Cumplen.

Y viven, desde hace meses, con la sensación de que todo eso puede deshacerse por una decisión administrativa que no controlan.

Yo entiendo que la política migratoria de un país es competencia soberana de ese país. No estoy discutiendo eso. Estoy señalando una asimetría.

Cuando se trató del subsuelo venezolano, se encontró la manera. Se negoció durante meses, se diseñó una estructura, se firmaron entendimientos, se anunció con cifras de doce dígitos y se llamó histórico. Se demostró que cuando existe voluntad política, un asunto de enorme complejidad jurídica se resuelve en un plazo corto.

Cuando se trata de las personas que salieron de ese mismo país, por las mismas razones que dejaron ese petróleo bajo tierra, la respuesta ha sido la contraria. Prórrogas cortas. Programas que se anuncian y se revierten. Citas que se mueven. Un régimen de espera que obliga a vivir en presente continuo, sin poder planificar nada más allá de unos meses.

Entonces la pregunta se cae de madura.

Si se pudo hacer el mayor acuerdo petrolero de la historia, ¿por qué no hacer el mayor acuerdo de regularización de la historia?

No hablo de una amnistía general ni de abrir una puerta sin criterio. Hablo de quienes ya están aquí, ya trabajan, ya pagan, ya introdujeron sus papeles y ya esperan. De quienes pasan verificación de antecedentes sin problema porque no tienen nada que ocultar. De quienes lo único que necesitan es que alguien les diga que pueden dejar de contar los meses.

Se dirá que eso cuesta. Cuesta menos que la alternativa. Un trabajador con estatus resuelto produce más, invierte más, compra más y aporta más que uno que no sabe si estará aquí en marzo. Eso no es un argumento sentimental: es la misma lógica de seguridad jurídica que se le exige a cualquier contrato petrolero. Nadie invierte donde las reglas cambian cada seis meses. Tampoco nadie construye una vida.

Se dirá también que una cosa no tiene que ver con la otra. Que el petróleo es negocio y la migración es ley. Es cierto en el papel. Pero las dos decisiones las toma el mismo gobierno, en la misma semana, sobre el mismo país y sobre la misma gente. Y una se resolvió en meses mientras la otra lleva años sin resolverse.

Termino con lo único que me interesa dejar dicho.

El recurso más valioso que salió de Venezuela en la última década no fue el crudo. Fueron los ingenieros, los enfermeros, los albañiles, los maestros, los soldadores, los que manejan camiones a las cuatro de la mañana. Ese recurso ya llegó a Estados Unidos, ya está produciendo aquí, ya se instaló y ya aprendió el idioma.

No hace falta perforar nada para aprovecharlo. Solo hace falta una firma.

Y esa sí sería, de verdad, la mejor operación de la historia.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el lunes 31 de agosto de 2026

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió la industria petrolera venezolana al capital privado se publicó en la Gaceta Oficial el 29 de enero de 2026.

Veintiséis días.

No conozco a nadie que haya explicado ese calendario. Y no hace falta suponer nada sobre lo que se conversó antes del 3 de enero para entender lo que significa: la arquitectura legal del acuerdo anunciado el 28 de agosto estuvo terminada veintiséis días después de la operación militar, siete meses antes de que existiera una mesa de negociación, ocho meses antes de que se anunciara el acuerdo que esa arquitectura permite.

Y hay un detalle en esa reforma que conviene mirar de cerca, porque es una preposición.

La ley de 2001 decía que el Estado tiene derecho a una participación de treinta por ciento como regalía. El texto vigente desde el 29 de enero de 2026 dice que tiene derecho a una participación de hasta treinta por ciento. Lo que era una tarifa pasó a ser un techo. El piso de veinte por ciento que la ley anterior fijaba para los crudos extrapesados de la Faja desapareció.

El 29 de agosto de 2026 la presidenta encargada anunció regalías mínimas del dieciséis por ciento para ocho bloques nuevos en esa misma Faja. Es legal. Es legal porque en enero se cambió la palabra. La lectura fiscal de ese cambio está aquí.

Lo que tiene plazo y lo que no

Aquí está, para mí, el núcleo de la semana.

Delcy Rodríguez dijo que el proyecto binacional está suscrito por veinticinco años. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que las concesiones son por cerca de cien. Cualquiera de las dos cifras que sea cierta describe un compromiso que sobrevivirá a todos los que lo firmaron.

Ahora tomemos el otro documento de esta semana, el que sí se puede leer. El comunicado que las delegaciones firmaron el 12 de agosto de 2026, con sellos y firmas manuscritas, no contiene una sola fecha más precisa que la palabra «agosto». El segundo ciclo de conversaciones se anunció para el 15 de septiembre, y el propio equipo de la jefa negociadora opositora aclaró que la fecha es tentativa. La renovación del Consejo Nacional Electoral se pide para octubre desde la sociedad civil y se desliza hacia diciembre desde el poder.

Lo económico se firma a veinticinco años. Lo político se negocia sin calendario.

Esa asimetría no es un detalle de procedimiento. Es la definición de qué se está decidiendo de verdad esta semana y qué se está posponiendo.

Quién paga

El argumento a favor de todo esto tiene una lógica que hay que reconocer, porque existe: se está construyendo la ruta hacia unas elecciones, y un gobierno electo cerrará el paréntesis. Tribunal Supremo primero, Consejo Nacional Electoral después, luego las tarjetas de los partidos, las inhabilitaciones, el derecho a hacer política. Y al final, un gobierno con legitimidad de origen que despeje la sombra que hoy cubre estas decisiones.

Concedido. Pero léase en el orden en que está ocurriendo.

Cuando ese gobierno electo llegue, si llega, encontrará contratos que no firmó, con plazos que no negoció, y con una cláusula que ya conocemos porque la publicó la OFAC el 27 de agosto: las disputas se resuelven en tribunales de EE.UU., el Reino Unido, Francia o Singapur. Encontrará también un Tribunal Supremo de Justicia seleccionado por un comité cuya composición se está definiendo en estas semanas, y que sería la instancia competente para conocer cualquier impugnación sobre esas mismas concesiones.

Es decir: el gobierno que nadie ha elegido está fijando los términos, y el gobierno que eventualmente se elija los heredará. La transición que no se llama transición está haciendo exactamente lo que una transición no debería hacer, que es comprometer lo que no le corresponde.

Lo que sí puedo probar y lo que no

No puedo probar que esto se cocinara antes del 3 de enero. Nadie ha publicado un documento que lo demuestre y no voy a afirmarlo.

Lo que sí está a la vista es el orden de los movimientos. Extracción el 3 de enero. Ley el 29 de enero. Magistrados de veinte a treinta y dos en abril. Terremoto en junio. Mesa el 6 de agosto. Firma el 12. Licencias del Tesoro y primera discusión de la reforma judicial el 27. Anuncio del acuerdo el 28. Cifras el 29.

Cada movimiento es público y verificable. Ninguno se anunció en relación con los otros. Y ninguna de las dos partes ha publicado el contrato del que todos hablamos desde hace tres días.

La pregunta de esta casa sirve igual para el acuerdo que para la mesa: ¿qué falta, exactamente, para que pase? Para el acuerdo falta un documento. Para la reinstitucionalización falta una fecha.

Hasta ahora, solo una de las dos cosas parece tener quien la reclame.

Escribo esto el día después de que Trump anunciara, y Delcy agradeciera, el acuerdo petrolero. Dicen que es un renacimiento. Quiero creerlo. Pero me senté a hacer una cuenta, y la cuenta no me deja dormir.

Veinticinco años. Ese es el número que no logro sacarme de la cabeza. No el cincuenta y cinco por ciento, aunque también pesa. El veinticinco. Veinticinco años es una generación entera. Es un niño que hoy nace y llega a los veinticinco preguntándose todavía —si es que para entonces se puede renegociar— qué fue lo que se firmó esta semana en un despacho al que ningún venezolano de a pie fue invitado a opinar. Firmamos un cuarto de siglo. Firmamos el petróleo con que crecerá una generación para pagar los terremotos de la generación que acaba de morir.

Porque de eso se trata, cuando uno quita el papel de regalo. El 24 de junio la tierra se abrió y se llevó a más de seis mil compatriotas. El país quedó de rodillas, y hay que levantarlo: eso nadie lo discute. La pregunta es con qué se levanta. Y la respuesta que nos dieron esta semana es: con nuestro propio petróleo, sí, pero un petróleo cuyo control mayoritario, por veinticinco años, ya no es del todo nuestro. Reconstruimos la casa con la hipoteca de la casa, y el banco se queda una parte de la escritura. A eso, en Miraflores y en Washington, lo llamaron «renacimiento».

Y lo llamaron, además, «sin coste alguno para el contribuyente estadounidense». Esa frase la dijo Trump, y hay que agradecerle la franqueza, porque en ocho palabras explicó toda la doctrina de estos meses mejor que cualquier análisis. Sin coste para el de allá. ¿Y para el de acá? El coste para el de acá es el control mayoritario de lo único que nos quedaba en abundancia, durante veinticinco años, a cambio de unos diecinueve dólares por barril. El de allá no paga nada porque pagamos nosotros. Siempre pagamos nosotros. Cambió el cobrador, no cambió el que pone la espalda.

Sé lo que me van a decir, porque me lo digo yo mismo cada mañana para poder seguir. Que sin este acuerdo no había reconstrucción. Que las reservas estratégicas gringas estaban por el piso y la guerra con Irán no terminaba, y que en ese apuro Venezuela consiguió al menos que llegara inversión, empleo, doscientos nueve mil millones en tributos. Que peor era el vacío. Puede que sea verdad. En la Venezuela real, la de las correlaciones y no la de los himnos, quizá esto era lo único que se podía arrancar. No lo descarto. Pero que sea lo único que se podía no lo vuelve un renacimiento. Lo vuelve una rendición negociada con buenos modales. Y una rendición se puede aceptar por necesidad; lo que no se puede es celebrarla como si fuera una victoria.

Eso es lo que me duele, al final. No que hayamos tenido que ceder —ceder es a veces lo que queda—. Me duele el verbo con que lo adornaron. Renacimiento. Como si entregar el control del subsuelo por una generación fuera volver a nacer y no exactamente lo contrario. Un país renace cuando vuelve a decidir sobre lo suyo, no cuando firma que otro decidirá por él hasta el año dos mil cincuenta y uno. Renacer es lo que hará, algún día, la gente; no lo que se firmó esta semana.

Delcy insistió en que Venezuela «conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos». Quiero creerle esa frase más que ninguna otra. Pero la propiedad sin el control es un título que se enmarca y se cuelga en la pared mientras otro decide cuánto se produce, a qué ritmo y para quién. Uno puede ser dueño del nombre de la casa y no tener llave del cuarto principal. Veinticinco años son muchos cuartos.

Guardo, con todo, una terquedad. El petróleo se firmó por veinticinco años, pero la dignidad no se firma por ningún plazo, porque no es de nadie que pueda venderla. Los contratos se vencen, se renegocian, se rompen cuando la correlación cambia; veinticinco años pasan, y un país que no olvidó lo que es suyo llega al final del plazo de pie. Lo que no se recupera es el hábito de creer que uno no puede decidir por sí mismo. Ese hábito es el verdadero yacimiento que hay que cuidar. Que no nos lo concesionen también. Que cuando el niño que hoy nace lea, hecho un hombre, que el control de su petróleo fue de otros durante su juventud entera, pueda al menos agregar, de su puño: pero nunca dejamos de saber que era nuestro. Esa frase no está en ningún contrato. Y es la única reserva probada que de verdad importa.

— Alfredo Yánez Mondragón, INCÍSOS