INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

En la primera semana de noviembre se anunciaron tres avances: una ley sin cárcel, portales liberados y un TSJ con baremo. Los tres son reales, y ninguno es lo que dice el anuncio. Entre la crítica que todo lo niega y el gobierno que todo lo exagera, hay una vara: los datos.

El martes 3 escribimos aquí que medir por hechos aplica en las dos direcciones, y que hay quien prefiere no ver los avances porque recibió tantos golpes que ya no cree en nada. Ahora toca la otra mitad de esa idea. Porque si a la crítica le pedimos que reconozca lo que avanza, al gobierno hay que pedirle lo mismo: que no anuncie más de lo que hizo.

Jorge Rodríguez dijo el martes 3 que «ya se liberaron todos los portales de los medios de comunicación». No es cierto. VE sin Filtro cuenta 140 dominios todavía bloqueados en al menos un proveedor. Pero también es cierto que hace dos meses no se podía abrir X, ni Signal, ni Efecto Cocuyo, y hoy sí. Las dos cosas son verdad a la vez. Lo dicho y lo medido caben en la misma nota.

La reforma de la Ley contra el Odio quita la cárcel. Es un avance enorme para quien podía pasar veinte años preso por un tuit. Pero la ley sigue ahí, con el Estado decidiendo qué es odio, con multas que pueden cerrar un medio y con un ministerio político, el de Diosdado Cabello, como juez. Sin cárcel, pero con ley.

El TSJ tiene ahora un baremo público y siete juristas con nombre y apellido revisando credenciales. Nunca habíamos tenido eso. Pero falta un lapso para que cualquiera pueda objetar a un aspirante, y faltan criterios para quienes fueron parte del tribunal capturado. Quien revisa no escoge.

La vara

Lo que une las tres historias no es que el gobierno mienta ni que la oposición exagere. Es que hay una forma de salir de esa discusión eterna: los números que cualquiera puede revisar. Una lista de dominios. Un texto de ley publicado. Una lista de aspirantes con sus credenciales. Cuando existen, la pelea se acaba, porque ya no es tu palabra contra la mía.

Por eso existe Verificable. No para aplaudir ni para torpedear, sino para que cada compromiso tenga una fecha, una fuente y un estado. Si el gobierno dice que liberó todos los portales, que lo pruebe con la misma herramienta que usa VE sin Filtro. Si la oposición dice que nada cambia, que mire la misma lista.

Anunciar es fácil. Medir es lo que convierte un anuncio en un hecho. Y un país que aprende a medir es un país al que ya no se le puede contar cualquier cosa.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que cada anuncio del gobierno venga acompañado de su prueba: la lista, el texto, la Gaceta. Y que quienes critican se tomen el trabajo de revisarla antes de opinar.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Notas de INCÍSOS del 5 de noviembre de 2026: Ley contra el Odio, TSJ y desbloqueos; Inciso del 3 de noviembre; Verificable.

INCISO

Durante diez meses, la transición venezolana se decidió entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y Miraflores, sin nadie que preguntara. Desde enero, un Congreso demócrata tendrá las llaves de las citaciones y del presupuesto. No es una buena ni una mala noticia. Es una oportunidad, y un riesgo.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay una palabra que en Venezuela se evita y que, sin embargo, describe mejor que ninguna lo que vivimos desde el 3 de enero: tutela. El país tiene una presidenta encargada que gobierna con el visto bueno de Washington, un plan de tres fases escrito en el Departamento de Estado, un acuerdo petrolero en el que el Pentágono es socio y una hoja de ruta que fija el orden de las instituciones antes que la fecha de la elección. Se puede discutir si esa tutela es necesaria, conveniente o temporal. Lo que no se puede es negar que existe.

Hasta el martes, esa tutela tenía un solo supervisor: la Casa Blanca. Desde el 3 de enero tendrá dos.

El circuito cerrado

Durante diez meses, las decisiones sobre Venezuela se tomaron en un circuito estrecho. El presidente fijó el plan, el secretario de Estado lo explicó por partes, el secretario del Tesoro promete ahora reconectar las finanzas, y en Miraflores se negoció con todos ellos. El Congreso, con mayoría republicana, miró poco. Cuando los demócratas preguntaron por el contrato de NABEP, nadie les respondió en público. Cuando preguntaron con qué autorización se atacan lanchas en el Caribe, tampoco.

Ese silencio tuvo una consecuencia que los venezolanos conocemos bien: nos enteramos de las decisiones sobre nuestro país por comunicados escuetos, por fuentes anónimas o por lo que publica un diario de Nueva York. Así supimos que el ataque en Apure tuvo drones e inteligencia estadounidenses.

Lo que cambia

Un Congreso con mayoría propia puede citar a quienes firmaron, pedir los documentos y condicionar el dinero. Puede preguntar qué dice el contrato de NABEP, por qué el Pentágono tiene el 35 %, qué plazos tiene el plan de tres fases y con qué base legal se usa la fuerza en territorio venezolano. Puede, también, legislar sobre el TPS, que hoy se decide semana a semana en los tribunales.

Nada de eso garantiza nada. Pero obliga a explicar. Y explicar es el primer paso para que lo pactado a puerta cerrada se vuelva público.

El riesgo

El peligro es el contrario. Que Venezuela deje de ser un asunto de política exterior y se convierta en munición de la pelea entre Trump y los demócratas. Que la transición se vuelva rehén de una investigación, de un veto o de una campaña presidencial que empieza dentro de un año. Los venezolanos ya vivimos lo que es que nuestra suerte dependa de la política interna de otros. No conviene repetirlo con otro nombre.

Hay también un riesgo para Caracas, y conviene decirlo con claridad. Un Washington dividido puede leerse en Miraflores como un Washington distraído. Sería un error de cálculo. Un Congreso que pregunta es menos predecible que un presidente que negocia, y no se compra con barriles.

Lo que nos toca

A los venezolanos, adentro y afuera, nos toca usar la oportunidad. Pedir que el contrato de NABEP se publique. Pedir que el plan de tres fases tenga fechas. Pedir que los presos políticos tengan nombres y que su liberación se pueda contar. Pedir que el TPS deje de depender de un panel de jueces. Ninguna de esas exigencias es de un partido estadounidense. Son nuestras.

La tutela no terminó el martes. Cambió de supervisor. Lo que hagamos con eso depende menos de Washington que de nosotros.

Fuentes principales: Notas de INCÍSOS citadas en el texto; resultados de las elecciones de medio término (3 de noviembre de 2026).

INCISO

Por primera vez en 27 años hay una tabla pública para escoger a los magistrados, y la conversación fue directo al defecto. Tenemos razones para desconfiar. Pero si todo es «lo mismo de siempre», nadie sabe qué exigir.

Por Alfredo Yánez Mondragón

El lunes 2 de noviembre se conoció el baremo con el que se escogerá a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Es una tabla de 100 puntos, con renglones, valores y topes, que cualquiera puede descargar y revisar. No había pasado en 27 años. En unas horas, buena parte de la conversación pública ya había decidido que no servía para nada.

No escribo esto para defender la tabla. Tiene fallas, y algunas son serias: premia el ingreso por concurso cuando no hubo concursos desde 2003, iguala a todos los aspirantes en el mínimo de años que exige la Constitución y deja la entrevista, donde se mide la independencia, sin reglas claras todavía. Lo contamos en detalle. Escribo porque hay dos maneras de decir eso, y no dan el mismo resultado.

El reflejo del golpe

Los venezolanos tenemos buenas razones para desconfiar. Veinte años de promesas rotas, de diálogos que sirvieron para ganar tiempo, de elecciones que no se reconocieron y de instituciones que se llenaron de nombres a dedo nos enseñaron que el anuncio casi nunca coincide con el hecho. La desconfianza fue, durante mucho tiempo, una forma de sobrevivir. El que no se ilusionaba no se decepcionaba.

Pero la desconfianza total también tiene un costo, y lo pagamos sin darnos cuenta. Si todo es «lo mismo de siempre», no hay diferencia entre un baremo público con fallas y ningún baremo. Si nada cambia, no hay nada que exigir. Y si no hay nada que exigir, el poder queda libre de cualquier vara.

Dos maneras de criticar

El mismo lunes, Acceso a la Justicia publicó su análisis. Reconoció que era la primera vez en 27 años que se hacían públicos los criterios, señaló con datos dónde la tabla favorece la antigüedad sobre el desempeño, advirtió sobre la subjetividad de la entrevista y propuso tres cambios concretos. Es una crítica que se puede atender: el comité tiene que aprobar las reglas de la entrevista el 5 y 6 de noviembre, y ahí se verá si la escuchó.

La otra crítica es la que descalifica todo de entrada: que el comité es ilegítimo, que el resultado ya está decidido, que nada de esto importa. Puede que algo de eso sea cierto. Pero una crítica que no admite ningún resultado posible no le exige nada a nadie. Solo confirma lo que ya pensábamos.

Entre una y otra hay mucho espacio, y en ese espacio caben las voces más duras. Se puede sostener que el comité nació mal, que la sociedad civil no debió ser escogida por los diputados o que cada sala exige una especialidad que la tabla ignora, y al mismo tiempo reconocer que una tabla pública es mejor que una lista negociada a escondidas. La dureza no es el problema. El problema es cuando la crítica deja de mirar los hechos.

Los avances existen

Los hay, y reconocerlos no es claudicar. Hay criterios públicos para escoger magistrados. Hay un cronograma con fechas. Hay un comité donde se sientan representantes de la sociedad civil que explican en público lo que hacen y admiten las tensiones. Hay un secretario de Estado que pidió por escrito más liberaciones de presos políticos. Hay venezolanos que salieron de la cárcel este año.

Nada de eso es suficiente. Ninguna de esas cosas garantiza un TSJ independiente, un CNE confiable ni una fecha electoral. Pero son hechos, y los hechos se pueden contar, comparar y exigir.

La misma vara

En este medio hemos pedido que a la presidenta encargada se la mida por los hechos, como ella misma pidió. Por eso repasamos su historia, cargo por cargo, y no le aceptamos el discurso de reformista sin más. Esa vara no puede usarse en una sola dirección. Si exigimos que nos muestren hechos, tenemos que estar dispuestos a reconocerlos cuando aparecen, aunque sean pequeños, aunque lleguen tarde, aunque los haga gente que no nos gusta.

Medir por hechos significa también esto: que cuando el baremo de la entrevista salga el 5 o el 6 de noviembre, lo leamos antes de opinar. Que cuando se publique la lista de aspirantes el 12, revisemos los nombres. Que si la lista final del 7 de diciembre está llena de fichas del pasado, lo digamos con pruebas, y que si no lo está, también lo digamos.

La crítica es la herramienta más valiosa que tiene una sociedad que quiere salir de donde estamos. Precisamente por eso no debemos gastarla en confirmar lo que ya creíamos. Hay que usarla para empujar.

Fuentes principales: Baremo del Comité de Postulaciones Judiciales (2026); pronunciamiento de Acceso a la Justicia (2 de noviembre de 2026); comunicado del Departamento de Estado (2 de noviembre de 2026); notas de INCÍSOS.