Escribo esto el día después de que Trump anunciara, y Delcy agradeciera, el acuerdo petrolero. Dicen que es un renacimiento. Quiero creerlo. Pero me senté a hacer una cuenta, y la cuenta no me deja dormir.

Veinticinco años. Ese es el número que no logro sacarme de la cabeza. No el cincuenta y cinco por ciento, aunque también pesa. El veinticinco. Veinticinco años es una generación entera. Es un niño que hoy nace y llega a los veinticinco preguntándose todavía —si es que para entonces se puede renegociar— qué fue lo que se firmó esta semana en un despacho al que ningún venezolano de a pie fue invitado a opinar. Firmamos un cuarto de siglo. Firmamos el petróleo con que crecerá una generación para pagar los terremotos de la generación que acaba de morir.

Porque de eso se trata, cuando uno quita el papel de regalo. El 24 de junio la tierra se abrió y se llevó a más de seis mil compatriotas. El país quedó de rodillas, y hay que levantarlo: eso nadie lo discute. La pregunta es con qué se levanta. Y la respuesta que nos dieron esta semana es: con nuestro propio petróleo, sí, pero un petróleo cuyo control mayoritario, por veinticinco años, ya no es del todo nuestro. Reconstruimos la casa con la hipoteca de la casa, y el banco se queda una parte de la escritura. A eso, en Miraflores y en Washington, lo llamaron «renacimiento».

Y lo llamaron, además, «sin coste alguno para el contribuyente estadounidense». Esa frase la dijo Trump, y hay que agradecerle la franqueza, porque en ocho palabras explicó toda la doctrina de estos meses mejor que cualquier análisis. Sin coste para el de allá. ¿Y para el de acá? El coste para el de acá es el control mayoritario de lo único que nos quedaba en abundancia, durante veinticinco años, a cambio de unos diecinueve dólares por barril. El de allá no paga nada porque pagamos nosotros. Siempre pagamos nosotros. Cambió el cobrador, no cambió el que pone la espalda.

Sé lo que me van a decir, porque me lo digo yo mismo cada mañana para poder seguir. Que sin este acuerdo no había reconstrucción. Que las reservas estratégicas gringas estaban por el piso y la guerra con Irán no terminaba, y que en ese apuro Venezuela consiguió al menos que llegara inversión, empleo, doscientos nueve mil millones en tributos. Que peor era el vacío. Puede que sea verdad. En la Venezuela real, la de las correlaciones y no la de los himnos, quizá esto era lo único que se podía arrancar. No lo descarto. Pero que sea lo único que se podía no lo vuelve un renacimiento. Lo vuelve una rendición negociada con buenos modales. Y una rendición se puede aceptar por necesidad; lo que no se puede es celebrarla como si fuera una victoria.

Eso es lo que me duele, al final. No que hayamos tenido que ceder —ceder es a veces lo que queda—. Me duele el verbo con que lo adornaron. Renacimiento. Como si entregar el control del subsuelo por una generación fuera volver a nacer y no exactamente lo contrario. Un país renace cuando vuelve a decidir sobre lo suyo, no cuando firma que otro decidirá por él hasta el año dos mil cincuenta y uno. Renacer es lo que hará, algún día, la gente; no lo que se firmó esta semana.

Delcy insistió en que Venezuela «conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos». Quiero creerle esa frase más que ninguna otra. Pero la propiedad sin el control es un título que se enmarca y se cuelga en la pared mientras otro decide cuánto se produce, a qué ritmo y para quién. Uno puede ser dueño del nombre de la casa y no tener llave del cuarto principal. Veinticinco años son muchos cuartos.

Guardo, con todo, una terquedad. El petróleo se firmó por veinticinco años, pero la dignidad no se firma por ningún plazo, porque no es de nadie que pueda venderla. Los contratos se vencen, se renegocian, se rompen cuando la correlación cambia; veinticinco años pasan, y un país que no olvidó lo que es suyo llega al final del plazo de pie. Lo que no se recupera es el hábito de creer que uno no puede decidir por sí mismo. Ese hábito es el verdadero yacimiento que hay que cuidar. Que no nos lo concesionen también. Que cuando el niño que hoy nace lea, hecho un hombre, que el control de su petróleo fue de otros durante su juventud entera, pueda al menos agregar, de su puño: pero nunca dejamos de saber que era nuestro. Esa frase no está en ningún contrato. Y es la única reserva probada que de verdad importa.

— Alfredo Yánez Mondragón, INCÍSOS

Hay tres cifras que esta semana quedaron sobre la mesa y que, puestas una al lado de la otra, dicen más que cualquier discurso.

La primera: 19.600 millones de dólares. Es lo que el Banco Mundial calculó que cuesta reponer lo que el doble terremoto derribó en Venezuela. Casi el 18% del producto interno bruto del país. Casi la mitad son viviendas.

La segunda: 346 millones de dólares. Es lo que Venezuela consiguió del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción. Dinero propio, además, que estaba retenido. Menos del dos por ciento de lo que hace falta.

La tercera: 13.000 millones de dólares. Es lo que el Financial Times calcula que Estados Unidos recaudó por el petróleo venezolano desde enero, con datos de embarques y precios de mercado. No es una acusación de nadie: es aritmética hecha con embarques rastreados uno por uno.

No hace falta ser economista para notar que algo no cuadra. Y no hace falta acusar a nadie de robar para hacer la pregunta que se impone: ¿dónde está ese dinero?

Porque las respuestas que hay son contradictorias entre sí, y eso es lo que más inquieta. La orden ejecutiva que firmó Donald Trump en enero describía la función estadounidense como de custodia, y decía que los fondos son propiedad soberana de Venezuela. Pero el propio Trump ha declarado que su país recuperó veintiocho veces el costo de la operación militar y que está ganando mucho dinero con ese petróleo. El Departamento de Energía habla de beneficio mutuo. El Departamento de Estado dice haber transferido miles de millones, condicionados a su aprobación. Un funcionario aseguró en abril que se habían enviado tres mil millones y que KPMG auditaba las cuentas; los legisladores dicen que no reciben información. Y el portal que el propio gobierno venezolano creó para auditar el flujo registra un movimiento. Uno solo. Trescientos millones, en marzo.

Custodia, beneficio mutuo o ganancia propia no son la misma cosa. Son tres relatos incompatibles sobre el mismo dinero, y quien no logra que sus explicaciones coincidan suele tener un problema con la explicación, no con quien pregunta.

Conviene decir lo que no se sabe, porque en esto la honestidad importa más que la contundencia. Nadie ha probado un desvío. Es perfectamente posible que buena parte de esos fondos esté legítimamente retenida en cuentas de custodia, exactamente como la orden ejecutiva contempla, esperando condiciones que alguien considera aún no dadas. Eso puede ser cierto. Lo que no puede sostenerse es que la opacidad sea aceptable. No lo es cuando se trata del principal activo de un país donde 23.335 personas duermen en campamentos y donde el propio gobierno no logra decir cuántos desaparecidos hay: entre diez mil y cincuenta mil, según a quién se le pregunte.

Y aquí llego a lo que me viene inquietando desde hace semanas, y que digo con la cautela de quien plantea una hipótesis y no una certeza. Cuando uno mira el año completo —la operación militar de enero, el control inmediato de las exportaciones, la orden ejecutiva a los pocos días, la reunión de Trump con ejecutivos de ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron mientras firmaba, la invitación a invertir cien mil millones, la inmunidad concedida a quien hoy gobierna, el diálogo tutelado que arranca en agosto— cuesta no preguntarse si la secuencia se explica mejor por la justicia o por el crudo.

No afirmo que el petróleo haya sido la razón. Afirmo que ya no puede descartarse como hipótesis, y que la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien administra el dinero y se niega a mostrar las cuentas. Esa es la diferencia entre sospechar y constatar, y también la diferencia entre una teoría de conspiración y una pregunta legítima. Esta es una pregunta legítima, y la formulan igual el demócrata Joaquín Castro, que habla de petróleo, poder y corrupción, y la republicana María Elvira Salazar, que exige que se publiquen los informes. Cuando el reclamo cruza los partidos, deja de ser partidista.

A los venezolanos esto no debería sorprendernos, y sin embargo duele igual. Pasamos dos décadas viendo cómo el mayor ingreso del país se manejaba sin rendir cuentas, cómo se hablaba de soberanía mientras se entregaba el patrimonio, cómo cada denuncia se respondía con una consigna. Aprendimos, a un costo altísimo, que el dinero que no se audita termina donde no debe. Que ahora el flujo lo administre otro gobierno, y no el que nos empobreció, no cambia la lección: el petróleo venezolano sigue sin tener quien lo explique.

Ojalá me equivoque. Ojalá esos trece mil millones aparezcan íntegros, con sus auditorías y sus reportes trimestrales, y sirvan para levantar las viviendas de La Guaira. Sería la mejor noticia del año y con gusto lo escribiría. Pero mientras eso no ocurra, hay una obligación que no es solo periodística sino elemental: seguir preguntando. Porque un país que no sabe adónde va su petróleo puede cambiar de gobierno cuantas veces quiera, y seguirá sin ser dueño de sí mismo.

Alfredo Yánez Mondragón

INCISO

El argumento con el que se justificó todo era sólido y estaba bien construido. Ante su propia jurisdicción, ante el Congreso, ante la opinión pública, la administración de Donald Trump sostuvo que Nicolás Maduro no era un gobernante extranjero sino un delincuente: un hombre ligado al narcotráfico y al terrorismo que había hecho muchísimo daño a la seguridad de Estados Unidos. Con pruebas, con expedientes, con una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York. Y con esa premisa se ordenó una operación militar que el 3 de enero de 2026 lo sacó de Caracas y lo puso en una celda de Brooklyn.

No es mi intención discutir aquí aquel argumento. Es, precisamente, tomarlo en serio. Porque si uno lo toma en serio —si de verdad cree que el narcotráfico enquistado en el Estado venezolano era una amenaza a la seguridad estadounidense— entonces hay que seguirlo hasta donde lleva. Y ahí empieza el laberinto.

Delcy Rodríguez fue presidenta de la asamblea constituyente, fue canciller de la República, fue directora de PDVSA, fue la encargada del negocio petrolero. Y fue, como vicepresidenta ejecutiva, parte del vértice de un aparato bajo cuyas direcciones operaron los mecanismos de represión, persecución, hostigamiento y tortura que documentaron durante años las organizaciones de derechos humanos. Jorge Rodríguez estuvo al frente del organismo electoral venezolano en los procesos cuya opacidad el propio Trump denunció desde la Casa Blanca el 16 de julio de este año. Diosdado Cabello, ministro del Interior, tiene hoy —hoy, mientras usted lee esto— una recompensa activa de veinticinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, acusado de conspiración narcoterrorista con las FARC. La misma cifra que se ofreció alguna vez por Osama bin Laden.

Los argumentos que van contra Maduro les calzan perfectamente a los Rodríguez y a Cabello. No es una opinión mía: es la propia arquitectura acusatoria de Washington, que designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera y nunca retiró esas imputaciones.

Y sin embargo. El 18 de febrero, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur —el mismo Comando Sur que ejecutó la captura de Maduro— aterrizó en Caracas y se sentó a conversar sobre seguridad con Delcy Rodríguez, con Vladimir Padrino López y con Diosdado Cabello. Volvió en mayo. En el acto donde se anunció la excarcelación de presos políticos estaban Jorge Rodríguez y Cabello. Un comandante militar estadounidense compartiendo mesa con un hombre por cuya cabeza su propio gobierno ofrece veinticinco millones de dólares.

Ahí está el laberinto, y no lo construyó nadie más que quien hoy lo transita.

La pregunta, entonces, es política y es concreta, y falta poco para que tenga respuesta. En noviembre hay elecciones de medio término. Donald Trump necesita que su electorado mantenga la confianza en el Partido Republicano, en sus senadores, en sus representantes. Le pide ese voto sobre la base de una promesa que ha repetido durante una década: mano dura contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra las amenazas a la seguridad nacional.

¿Cómo se le explica a ese electorado que la administración negocia, se alía, hace negocios y baila en las calles con las mismas figuras que encajan en la acusación? ¿Cómo se sostiene el relato de la firmeza cuando la firmeza terminó siendo selectiva: implacable con uno, cordial con los demás?

No pretendo que la política exterior se haga con pureza. Los Estados negocian con quien tienen enfrente, y a veces la estabilidad exige tragar sapos. Lo que señalo es otra cosa: el costo de haber puesto el argumento tan alto. Quien justifica una operación militar invocando la justicia queda atado a esa vara. Si después se sienta a la mesa con quienes la misma vara señala, no queda como pragmático: queda como alguien cuya justicia dependía de a quién se aplicaba.

Y esa es una acusación que en Estados Unidos se paga en las urnas, porque los votantes perdonan muchas cosas antes que la sensación de haber sido usados. Los venezolanos sabemos algo de eso: nos pasamos veinte años escuchando denuncias de corrupción hechas por corruptos y proclamas de soberanía firmadas por quienes la vendían.

Trump entró a este laberinto con el argumento más fuerte que tenía. Ojalá encuentre rápidamente la salida, porque de la respuesta que dé no depende solo su suerte electoral. Depende también la credibilidad de todo el andamiaje que sostiene la transición venezolana: si la justicia fue un instrumento y no un principio, entonces lo que se está construyendo en Caracas descansa sobre una base más frágil de lo que nos están contando.

Alfredo Yánez Mondragón