Hay tres cifras que esta semana quedaron sobre la mesa y que, puestas una al lado de la otra, dicen más que cualquier discurso.

La primera: 19.600 millones de dólares. Es lo que el Banco Mundial calculó que cuesta reponer lo que el doble terremoto derribó en Venezuela. Casi el 18% del producto interno bruto del país. Casi la mitad son viviendas.

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La segunda: 346 millones de dólares. Es lo que Venezuela consiguió del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción. Dinero propio, además, que estaba retenido. Menos del dos por ciento de lo que hace falta.

La tercera: 13.000 millones de dólares. Es lo que el Financial Times calcula que Estados Unidos recaudó por el petróleo venezolano desde enero, con datos de embarques y precios de mercado. No es una acusación de nadie: es aritmética hecha con embarques rastreados uno por uno.

No hace falta ser economista para notar que algo no cuadra. Y no hace falta acusar a nadie de robar para hacer la pregunta que se impone: ¿dónde está ese dinero?

Porque las respuestas que hay son contradictorias entre sí, y eso es lo que más inquieta. La orden ejecutiva que firmó Donald Trump en enero describía la función estadounidense como de custodia, y decía que los fondos son propiedad soberana de Venezuela. Pero el propio Trump ha declarado que su país recuperó veintiocho veces el costo de la operación militar y que está ganando mucho dinero con ese petróleo. El Departamento de Energía habla de beneficio mutuo. El Departamento de Estado dice haber transferido miles de millones, condicionados a su aprobación. Un funcionario aseguró en abril que se habían enviado tres mil millones y que KPMG auditaba las cuentas; los legisladores dicen que no reciben información. Y el portal que el propio gobierno venezolano creó para auditar el flujo registra un movimiento. Uno solo. Trescientos millones, en marzo.

Custodia, beneficio mutuo o ganancia propia no son la misma cosa. Son tres relatos incompatibles sobre el mismo dinero, y quien no logra que sus explicaciones coincidan suele tener un problema con la explicación, no con quien pregunta.

Conviene decir lo que no se sabe, porque en esto la honestidad importa más que la contundencia. Nadie ha probado un desvío. Es perfectamente posible que buena parte de esos fondos esté legítimamente retenida en cuentas de custodia, exactamente como la orden ejecutiva contempla, esperando condiciones que alguien considera aún no dadas. Eso puede ser cierto. Lo que no puede sostenerse es que la opacidad sea aceptable. No lo es cuando se trata del principal activo de un país donde 23.335 personas duermen en campamentos y donde el propio gobierno no logra decir cuántos desaparecidos hay: entre diez mil y cincuenta mil, según a quién se le pregunte.

Y aquí llego a lo que me viene inquietando desde hace semanas, y que digo con la cautela de quien plantea una hipótesis y no una certeza. Cuando uno mira el año completo —la operación militar de enero, el control inmediato de las exportaciones, la orden ejecutiva a los pocos días, la reunión de Trump con ejecutivos de ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron mientras firmaba, la invitación a invertir cien mil millones, la inmunidad concedida a quien hoy gobierna, el diálogo tutelado que arranca en agosto— cuesta no preguntarse si la secuencia se explica mejor por la justicia o por el crudo.

No afirmo que el petróleo haya sido la razón. Afirmo que ya no puede descartarse como hipótesis, y que la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien administra el dinero y se niega a mostrar las cuentas. Esa es la diferencia entre sospechar y constatar, y también la diferencia entre una teoría de conspiración y una pregunta legítima. Esta es una pregunta legítima, y la formulan igual el demócrata Joaquín Castro, que habla de petróleo, poder y corrupción, y la republicana María Elvira Salazar, que exige que se publiquen los informes. Cuando el reclamo cruza los partidos, deja de ser partidista.

A los venezolanos esto no debería sorprendernos, y sin embargo duele igual. Pasamos dos décadas viendo cómo el mayor ingreso del país se manejaba sin rendir cuentas, cómo se hablaba de soberanía mientras se entregaba el patrimonio, cómo cada denuncia se respondía con una consigna. Aprendimos, a un costo altísimo, que el dinero que no se audita termina donde no debe. Que ahora el flujo lo administre otro gobierno, y no el que nos empobreció, no cambia la lección: el petróleo venezolano sigue sin tener quien lo explique.

Ojalá me equivoque. Ojalá esos trece mil millones aparezcan íntegros, con sus auditorías y sus reportes trimestrales, y sirvan para levantar las viviendas de La Guaira. Sería la mejor noticia del año y con gusto lo escribiría. Pero mientras eso no ocurra, hay una obligación que no es solo periodística sino elemental: seguir preguntando. Porque un país que no sabe adónde va su petróleo puede cambiar de gobierno cuantas veces quiera, y seguirá sin ser dueño de sí mismo.

Alfredo Yánez Mondragón

Hay una palabra que la teología medieval inventó para nombrar lo que no tenía nombre: limbo. El lugar de los que no estaban condenados ni salvados, de los que quedaban en el borde, esperando una resolución que no dependía de ellos. Venezuela, en el verano de 2026, vive en un limbo así.

No es una dictadura, porque el usurpador que la gobernó por la fuerza está preso en una celda extranjera desde el 3 de enero. Pero tampoco es una democracia, porque nadie llegó a donde está por el voto. Es un país conducido por una presidenta encargada que no ganó elección alguna y respaldada por una potencia extranjera que diseña la hoja de ruta desde miles de kilómetros. No es una ocupación, porque nadie ha anexado nada ni izado otra bandera. Pero tampoco es autogobierno, porque las decisiones de fondo se toman en despachos de Washington y la cara visible apenas administra lo que otros deciden. Cada término que uno intenta ponerle se queda corto por un lado y le sobra por el otro.

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De ahí nace la incomodidad que muchos sentimos y que pocos se atreven a decir en voz alta. Una exmagistrada lo dijo hace poco, en una plaza, sin eufemismos: ya no hay gobierno. Se puede discutir su conclusión —yo mismo creo que confunde el deseo con el diagnóstico— pero es difícil no reconocer la pregunta que hay debajo. Si quien manda no fue electo, y quien fue electo no manda, y quien realmente decide no es venezolano, ¿de quién es esta soberanía? La pregunta incomoda porque no tiene una respuesta cómoda.

Los que celebraron enero como una liberación empiezan a sentir el sabor de la espera. No es que la caída del usurpador no importara; importó, y mucho. Pero la euforia de una madrugada no es lo mismo que la construcción paciente de una república, y entre una cosa y otra hay un desierto que se cruza a pie. En ese desierto estamos. El plan tiene tres fases y no tiene fechas de cierre. Las asambleas se sientan a negociar mientras la líder que ganó los votos mira desde afuera. El dinero empieza a llegar, pero no se sabe todavía por qué manos pasa. Todo se mueve, y sin embargo nada termina de ocurrir.

He aprendido a desconfiar tanto del optimismo fácil como del derrotismo cómodo. No voy a decir que esto es una traición, porque no lo sé, y porque quienes lo gritan suelen tener menos información de la que aparentan. Tampoco voy a decir que todo va bien, porque sería mentirle al lector que confía en que aquí no se le endulza nada. Lo que puedo decir es lo que veo: un país suspendido, que dejó de ser lo que era sin haber llegado a ser lo que quiere. Un país en el borde.

El limbo, decían los teólogos, no era un castigo. Era una espera. Lo terrible del limbo no es el dolor, es la indefinición: no saber cuánto durará ni hacia dónde se sale. Venezuela sabe de dónde viene. Todavía no sabe adónde va, ni quién tiene derecho a decidirlo. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, ninguna cifra del Fondo Monetario ni ningún comunicado del Departamento de Estado alcanzará para sacarla del borde. De ahí no se sale con dinero ni con avales. Se sale con soberanía, esa palabra que hoy anda extraviada, buscando de quién es.

Alfredo Yánez Mondragón

Alfredo Yánez Mondragón · Fundador y editor en jefe, INCÍSOS

Imaginemos una casa que se derrumbó. Durante años, alguien trabajó en sus planos: midió cada muro, calculó cada carga, convenció a los dueños enfrentados de que valía la pena levantarla juntos, y logró lo que nadie había conseguido en mucho tiempo: que todos los que iban a habitarla se pusieran de acuerdo en cómo construirla. Esa persona es la arquitecta. Y ahora, cuando por fin llega el momento de reconstruir, se convoca a los albañiles, se reparten las tareas, se anuncia la obra con fecha de inicio para el 1 de agosto. Solo falta una en la reunión: la arquitecta. A ella no la llamaron. La casa que se va a reconstruir es la institucionalidad democrática de Venezuela, y la arquitecta que quedó fuera se llama María Corina Machado.

No es una metáfora exagerada. Machado hizo, en la política venezolana, exactamente lo que hace una arquitecta: diseñó un plano común donde antes había ruinas y divisiones. Unificó a una oposición que llevaba dos décadas fragmentada en personalismos y estrategias contrapuestas. Ganó las primarias de manera abrumadora. Construyó una estructura política y social como no se había visto en veintisiete años, con una capacidad de convocatoria que hizo temblar al poder. Y cuando la inhabilitaron, no se aferró al protagonismo: cedió su lugar de candidata a Edmundo González, que reivindica haber ganado las presidenciales de 2024. Todo eso lo hizo, además, desde la clandestinidad, perseguida, amenazada. Si hay alguien que diseñó los planos de la casa que Venezuela quiere reconstruir, es ella.

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Y sin embargo, la obra empieza sin la arquitecta. La mesa que se instala el 1 de agosto la integran el chavismo de Jorge Rodríguez y la Asamblea de 2015 de Dinorah Figuera, con el aval y el reposteo del secretario de Estado estadounidense. Se hablará de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de garantías, de reformas. Se hablará, en fin, de reconstruir la casa. Pero la persona que diseñó cómo unir a sus habitantes no fue invitada a la reunión donde se decide cómo levantarla. La Plataforma Unitaria la había escogido a ella para encabezar la negociación; el poder prefirió a otra. Y conviene decir con todas sus letras lo que esto significa: se está intentando reconstruir la institucionalidad venezolana dejando afuera a la fuerza política más articulada y más votada que ha tenido el país en más de un cuarto de siglo.

Quienes defienden esta manera de proceder ofrecen un argumento que merece ser escuchado: dicen que es pragmatismo. Que el chavismo jamás se sentaría a la mesa con Machado, a quien ha vetado con saña, y que avanzar por un canal menos confrontativo es la única forma realista de destrabar reformas. Puede que haya algo de cierto en eso. Pero cuidado, porque ese mismo argumento tiene una trampa: si la vara para participar en la reconstrucción de la democracia es no incomodar a quienes la destruyeron, entonces no estamos hablando de una transición, sino de una administración del statu quo con mejores modales. Una casa reconstruida a la medida de lo que toleran quienes la dejaron caer no es una casa nueva: es la misma casa, apenas repintada.

Hay aquí una paradoja que debería inquietarnos a todos, más allá de las simpatías por una u otra figura. Se nos dice que Venezuela avanza hacia la democracia. Pero la democracia es, antes que nada, el gobierno de la voluntad mayoritaria. Y la voluntad mayoritaria de los venezolanos tiene un nombre y un rostro conocidos, expresados en primarias y en las urnas. Dejar a esa voluntad fuera de la mesa donde se decide el futuro del país, en nombre de la democracia, es una contradicción que ninguna retórica alcanza a disolver. No se construye una casa democrática excluyendo a quien tiene el respaldo de la mayoría de sus habitantes. Se construye, en el mejor de los casos, una fachada.

Que quede claro: nada de esto significa que Machado sea infalible, ni que su regreso al centro de la escena esté libre de riesgos, ni que quienes hoy negocian carezcan de toda legitimidad. La política real es más complicada que los símbolos, y una transición necesita muchos actores. Pero una cosa es sumar actores y otra muy distinta es prescindir de la principal. Se puede construir con muchos; no se debería construir sin la arquitecta. Porque cuando se levanta una casa ignorando a quien conoce sus planos, se corre el riesgo de que los muros no encajen, de que la estructura no aguante, y de que, a la primera sacudida, todo vuelva a caer.

Venezuela ya sabe demasiado de casas que se derrumban. Ha visto colapsar edificios de concreto en el terremoto, y ha visto colapsar, durante años, el edificio de su institucionalidad. Merece, esta vez, una reconstrucción hecha con todos sus planos sobre la mesa. Merece que la arquitecta esté en la reunión. No por deferencia hacia una persona, sino por respeto hacia los millones que la eligieron para diseñar el futuro. Reconstruir la casa sin ella no es un atajo hacia la democracia: es el riesgo de volver a levantar, con otros nombres, la misma vieja estructura que se vino abajo. Y esa, para un país que ha sufrido tanto, sería la más amarga de las ironías.

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y director de INCÍSOS.

Nota: El Inciso es la columna de opinión firmada por el director de INCÍSOS. Comenta hechos verificables y expresa una perspectiva editorial; no sustituye la cobertura informativa, regida por criterios de verificación y equilibrio.