Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió la industria petrolera venezolana al capital privado se publicó en la Gaceta Oficial el 29 de enero de 2026.

Veintiséis días.

No conozco a nadie que haya explicado ese calendario. Y no hace falta suponer nada sobre lo que se conversó antes del 3 de enero para entender lo que significa: la arquitectura legal del acuerdo anunciado el 28 de agosto estuvo terminada veintiséis días después de la operación militar, siete meses antes de que existiera una mesa de negociación, ocho meses antes de que se anunciara el acuerdo que esa arquitectura permite.

Y hay un detalle en esa reforma que conviene mirar de cerca, porque es una preposición.

La ley de 2001 decía que el Estado tiene derecho a una participación de treinta por ciento como regalía. El texto vigente desde el 29 de enero de 2026 dice que tiene derecho a una participación de hasta treinta por ciento. Lo que era una tarifa pasó a ser un techo. El piso de veinte por ciento que la ley anterior fijaba para los crudos extrapesados de la Faja desapareció.

El 29 de agosto de 2026 la presidenta encargada anunció regalías mínimas del dieciséis por ciento para ocho bloques nuevos en esa misma Faja. Es legal. Es legal porque en enero se cambió la palabra. La lectura fiscal de ese cambio está aquí.

Lo que tiene plazo y lo que no

Aquí está, para mí, el núcleo de la semana.

Delcy Rodríguez dijo que el proyecto binacional está suscrito por veinticinco años. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que las concesiones son por cerca de cien. Cualquiera de las dos cifras que sea cierta describe un compromiso que sobrevivirá a todos los que lo firmaron.

Ahora tomemos el otro documento de esta semana, el que sí se puede leer. El comunicado que las delegaciones firmaron el 12 de agosto de 2026, con sellos y firmas manuscritas, no contiene una sola fecha más precisa que la palabra «agosto». El segundo ciclo de conversaciones se anunció para el 15 de septiembre, y el propio equipo de la jefa negociadora opositora aclaró que la fecha es tentativa. La renovación del Consejo Nacional Electoral se pide para octubre desde la sociedad civil y se desliza hacia diciembre desde el poder.

Lo económico se firma a veinticinco años. Lo político se negocia sin calendario.

Esa asimetría no es un detalle de procedimiento. Es la definición de qué se está decidiendo de verdad esta semana y qué se está posponiendo.

Quién paga

El argumento a favor de todo esto tiene una lógica que hay que reconocer, porque existe: se está construyendo la ruta hacia unas elecciones, y un gobierno electo cerrará el paréntesis. Tribunal Supremo primero, Consejo Nacional Electoral después, luego las tarjetas de los partidos, las inhabilitaciones, el derecho a hacer política. Y al final, un gobierno con legitimidad de origen que despeje la sombra que hoy cubre estas decisiones.

Concedido. Pero léase en el orden en que está ocurriendo.

Cuando ese gobierno electo llegue, si llega, encontrará contratos que no firmó, con plazos que no negoció, y con una cláusula que ya conocemos porque la publicó la OFAC el 27 de agosto: las disputas se resuelven en tribunales de EE.UU., el Reino Unido, Francia o Singapur. Encontrará también un Tribunal Supremo de Justicia seleccionado por un comité cuya composición se está definiendo en estas semanas, y que sería la instancia competente para conocer cualquier impugnación sobre esas mismas concesiones.

Es decir: el gobierno que nadie ha elegido está fijando los términos, y el gobierno que eventualmente se elija los heredará. La transición que no se llama transición está haciendo exactamente lo que una transición no debería hacer, que es comprometer lo que no le corresponde.

Lo que sí puedo probar y lo que no

No puedo probar que esto se cocinara antes del 3 de enero. Nadie ha publicado un documento que lo demuestre y no voy a afirmarlo.

Lo que sí está a la vista es el orden de los movimientos. Extracción el 3 de enero. Ley el 29 de enero. Magistrados de veinte a treinta y dos en abril. Terremoto en junio. Mesa el 6 de agosto. Firma el 12. Licencias del Tesoro y primera discusión de la reforma judicial el 27. Anuncio del acuerdo el 28. Cifras el 29.

Cada movimiento es público y verificable. Ninguno se anunció en relación con los otros. Y ninguna de las dos partes ha publicado el contrato del que todos hablamos desde hace tres días.

La pregunta de esta casa sirve igual para el acuerdo que para la mesa: ¿qué falta, exactamente, para que pase? Para el acuerdo falta un documento. Para la reinstitucionalización falta una fecha.

Hasta ahora, solo una de las dos cosas parece tener quien la reclame.

Escribo esto el día después de que Trump anunciara, y Delcy agradeciera, el acuerdo petrolero. Dicen que es un renacimiento. Quiero creerlo. Pero me senté a hacer una cuenta, y la cuenta no me deja dormir.

Veinticinco años. Ese es el número que no logro sacarme de la cabeza. No el cincuenta y cinco por ciento, aunque también pesa. El veinticinco. Veinticinco años es una generación entera. Es un niño que hoy nace y llega a los veinticinco preguntándose todavía —si es que para entonces se puede renegociar— qué fue lo que se firmó esta semana en un despacho al que ningún venezolano de a pie fue invitado a opinar. Firmamos un cuarto de siglo. Firmamos el petróleo con que crecerá una generación para pagar los terremotos de la generación que acaba de morir.

Porque de eso se trata, cuando uno quita el papel de regalo. El 24 de junio la tierra se abrió y se llevó a más de seis mil compatriotas. El país quedó de rodillas, y hay que levantarlo: eso nadie lo discute. La pregunta es con qué se levanta. Y la respuesta que nos dieron esta semana es: con nuestro propio petróleo, sí, pero un petróleo cuyo control mayoritario, por veinticinco años, ya no es del todo nuestro. Reconstruimos la casa con la hipoteca de la casa, y el banco se queda una parte de la escritura. A eso, en Miraflores y en Washington, lo llamaron «renacimiento».

Y lo llamaron, además, «sin coste alguno para el contribuyente estadounidense». Esa frase la dijo Trump, y hay que agradecerle la franqueza, porque en ocho palabras explicó toda la doctrina de estos meses mejor que cualquier análisis. Sin coste para el de allá. ¿Y para el de acá? El coste para el de acá es el control mayoritario de lo único que nos quedaba en abundancia, durante veinticinco años, a cambio de unos diecinueve dólares por barril. El de allá no paga nada porque pagamos nosotros. Siempre pagamos nosotros. Cambió el cobrador, no cambió el que pone la espalda.

Sé lo que me van a decir, porque me lo digo yo mismo cada mañana para poder seguir. Que sin este acuerdo no había reconstrucción. Que las reservas estratégicas gringas estaban por el piso y la guerra con Irán no terminaba, y que en ese apuro Venezuela consiguió al menos que llegara inversión, empleo, doscientos nueve mil millones en tributos. Que peor era el vacío. Puede que sea verdad. En la Venezuela real, la de las correlaciones y no la de los himnos, quizá esto era lo único que se podía arrancar. No lo descarto. Pero que sea lo único que se podía no lo vuelve un renacimiento. Lo vuelve una rendición negociada con buenos modales. Y una rendición se puede aceptar por necesidad; lo que no se puede es celebrarla como si fuera una victoria.

Eso es lo que me duele, al final. No que hayamos tenido que ceder —ceder es a veces lo que queda—. Me duele el verbo con que lo adornaron. Renacimiento. Como si entregar el control del subsuelo por una generación fuera volver a nacer y no exactamente lo contrario. Un país renace cuando vuelve a decidir sobre lo suyo, no cuando firma que otro decidirá por él hasta el año dos mil cincuenta y uno. Renacer es lo que hará, algún día, la gente; no lo que se firmó esta semana.

Delcy insistió en que Venezuela «conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos». Quiero creerle esa frase más que ninguna otra. Pero la propiedad sin el control es un título que se enmarca y se cuelga en la pared mientras otro decide cuánto se produce, a qué ritmo y para quién. Uno puede ser dueño del nombre de la casa y no tener llave del cuarto principal. Veinticinco años son muchos cuartos.

Guardo, con todo, una terquedad. El petróleo se firmó por veinticinco años, pero la dignidad no se firma por ningún plazo, porque no es de nadie que pueda venderla. Los contratos se vencen, se renegocian, se rompen cuando la correlación cambia; veinticinco años pasan, y un país que no olvidó lo que es suyo llega al final del plazo de pie. Lo que no se recupera es el hábito de creer que uno no puede decidir por sí mismo. Ese hábito es el verdadero yacimiento que hay que cuidar. Que no nos lo concesionen también. Que cuando el niño que hoy nace lea, hecho un hombre, que el control de su petróleo fue de otros durante su juventud entera, pueda al menos agregar, de su puño: pero nunca dejamos de saber que era nuestro. Esa frase no está en ningún contrato. Y es la única reserva probada que de verdad importa.

— Alfredo Yánez Mondragón, INCÍSOS

Hay tres cifras que esta semana quedaron sobre la mesa y que, puestas una al lado de la otra, dicen más que cualquier discurso.

La primera: 19.600 millones de dólares. Es lo que el Banco Mundial calculó que cuesta reponer lo que el doble terremoto derribó en Venezuela. Casi el 18% del producto interno bruto del país. Casi la mitad son viviendas.

La segunda: 346 millones de dólares. Es lo que Venezuela consiguió del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción. Dinero propio, además, que estaba retenido. Menos del dos por ciento de lo que hace falta.

La tercera: 13.000 millones de dólares. Es lo que el Financial Times calcula que Estados Unidos recaudó por el petróleo venezolano desde enero, con datos de embarques y precios de mercado. No es una acusación de nadie: es aritmética hecha con embarques rastreados uno por uno.

No hace falta ser economista para notar que algo no cuadra. Y no hace falta acusar a nadie de robar para hacer la pregunta que se impone: ¿dónde está ese dinero?

Porque las respuestas que hay son contradictorias entre sí, y eso es lo que más inquieta. La orden ejecutiva que firmó Donald Trump en enero describía la función estadounidense como de custodia, y decía que los fondos son propiedad soberana de Venezuela. Pero el propio Trump ha declarado que su país recuperó veintiocho veces el costo de la operación militar y que está ganando mucho dinero con ese petróleo. El Departamento de Energía habla de beneficio mutuo. El Departamento de Estado dice haber transferido miles de millones, condicionados a su aprobación. Un funcionario aseguró en abril que se habían enviado tres mil millones y que KPMG auditaba las cuentas; los legisladores dicen que no reciben información. Y el portal que el propio gobierno venezolano creó para auditar el flujo registra un movimiento. Uno solo. Trescientos millones, en marzo.

Custodia, beneficio mutuo o ganancia propia no son la misma cosa. Son tres relatos incompatibles sobre el mismo dinero, y quien no logra que sus explicaciones coincidan suele tener un problema con la explicación, no con quien pregunta.

Conviene decir lo que no se sabe, porque en esto la honestidad importa más que la contundencia. Nadie ha probado un desvío. Es perfectamente posible que buena parte de esos fondos esté legítimamente retenida en cuentas de custodia, exactamente como la orden ejecutiva contempla, esperando condiciones que alguien considera aún no dadas. Eso puede ser cierto. Lo que no puede sostenerse es que la opacidad sea aceptable. No lo es cuando se trata del principal activo de un país donde 23.335 personas duermen en campamentos y donde el propio gobierno no logra decir cuántos desaparecidos hay: entre diez mil y cincuenta mil, según a quién se le pregunte.

Y aquí llego a lo que me viene inquietando desde hace semanas, y que digo con la cautela de quien plantea una hipótesis y no una certeza. Cuando uno mira el año completo —la operación militar de enero, el control inmediato de las exportaciones, la orden ejecutiva a los pocos días, la reunión de Trump con ejecutivos de ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron mientras firmaba, la invitación a invertir cien mil millones, la inmunidad concedida a quien hoy gobierna, el diálogo tutelado que arranca en agosto— cuesta no preguntarse si la secuencia se explica mejor por la justicia o por el crudo.

No afirmo que el petróleo haya sido la razón. Afirmo que ya no puede descartarse como hipótesis, y que la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien administra el dinero y se niega a mostrar las cuentas. Esa es la diferencia entre sospechar y constatar, y también la diferencia entre una teoría de conspiración y una pregunta legítima. Esta es una pregunta legítima, y la formulan igual el demócrata Joaquín Castro, que habla de petróleo, poder y corrupción, y la republicana María Elvira Salazar, que exige que se publiquen los informes. Cuando el reclamo cruza los partidos, deja de ser partidista.

A los venezolanos esto no debería sorprendernos, y sin embargo duele igual. Pasamos dos décadas viendo cómo el mayor ingreso del país se manejaba sin rendir cuentas, cómo se hablaba de soberanía mientras se entregaba el patrimonio, cómo cada denuncia se respondía con una consigna. Aprendimos, a un costo altísimo, que el dinero que no se audita termina donde no debe. Que ahora el flujo lo administre otro gobierno, y no el que nos empobreció, no cambia la lección: el petróleo venezolano sigue sin tener quien lo explique.

Ojalá me equivoque. Ojalá esos trece mil millones aparezcan íntegros, con sus auditorías y sus reportes trimestrales, y sirvan para levantar las viviendas de La Guaira. Sería la mejor noticia del año y con gusto lo escribiría. Pero mientras eso no ocurra, hay una obligación que no es solo periodística sino elemental: seguir preguntando. Porque un país que no sabe adónde va su petróleo puede cambiar de gobierno cuantas veces quiera, y seguirá sin ser dueño de sí mismo.

Alfredo Yánez Mondragón