Imagen de archivo: Edificio PDVSA CVP en Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela; propuesta documental de archivo, no fotografía de protesta del 10 de noviembre. Guaiquerí / Wikimedia Commons. CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Fuente · CC0 1.0.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Por una cuenta del Tesoro de EE.UU. pasaron 12.260 millones de dólares venezolanos en nueve meses. Casi todos volvieron para sostener el bolívar. Ese mismo martes, los jubilados petroleros se encadenaron a PDVSA y la Sudeban tuvo que repetir que no se cobra comisión a una pensión de 130 bolívares.

El martes 10 de noviembre pasaron tres cosas que conviene leer juntas.

En la mañana, unos jubilados de PDVSA se encadenaron a los portones de La Campiña. Cobran 350 dólares, se les van en medicinas y piden, como adelanto de una deuda de 720 millones, 6.000 dólares para pasar la Navidad. «Aquí nos estamos muriendo, todas las semanas se mueren jubilados», dijo uno (La Patilla).

Al mediodía se conoció que la Sudeban tuvo que repetir, por quinta vez desde 2010, que los bancos no pueden cobrar mantenimiento en la cuenta de un pensionado (El Nacional). El salario mínimo legal es de 130 bolívares: unos 14 centavos de dólar a la tasa oficial del 11 de noviembre.

Y por la tarde, The New York Times reveló el informe de KPMG: por la cuenta de custodia que controla Washington pasaron 12.260 millones de dólares de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos entre enero y septiembre. Volvieron al país 11.700 millones, sobre todo para sostener el bolívar en las subastas de divisas (Infobae/EFE).

La cuenta y la mesa

Hay que reconocer lo bueno. Por primera vez en muchos años, el dinero del petróleo pasa por una cuenta que alguien audita. No se lo llevaron a Andorra ni lo prestaron a cambio de comisiones. Volvió. Eso, en la historia de PDVSA, no es poco.

Pero volvió para sostener una moneda, no para pagar una deuda con los jubilados. Volvió para que el dólar oficial suba un poco más despacio, no para que la pensión sirva para algo. Once mil setecientos millones de dólares se fueron, sobre todo, a las subastas, y mientras tanto el bolívar siguió subiendo: de 897,5383 bolívares por dólar el 9 de noviembre a 901,6175 el 11 de noviembre.

No digo que defender la moneda sea un error; una devaluación sin freno castiga primero a los más pobres. Digo que es una decisión, y que esa decisión se tomó sin que nadie la discutiera en público. Ni la Asamblea, ni los sindicatos, ni los jubilados supieron, hasta este martes, cuánto entraba ni adónde iba. Lo supimos por una filtración a un periódico extranjero.

Las prioridades se ven en los números

Si 12.260 millones pasan por una cuenta y los jubilados petroleros tienen que encadenarse para pedir un adelanto, el problema no es la falta de dinero; es el orden de prioridades. Y ese orden hoy lo deciden el BCV, el Departamento de Estado y el Tesoro, con un informe confidencial de por medio.

La transición que se discute en París y en Caracas tiene fecha para el TSJ y una promesa de elecciones. También necesita algo más inmediato: que el país sepa cuánto gana con su petróleo y en qué lo gasta. Una pensión de 130 bolívares en un país que mueve 12.000 millones en nueve meses no es pobreza: es una decisión.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el informe de KPMG se publique completo; que la cuenta de custodia rinda informes mensuales públicos; que una parte de esos ingresos se destine, por norma, a pagar la deuda con los fondos de pensiones; y que la pensión deje de estar atada a un salario mínimo de 130 bolívares.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Infobae/EFE, informe de KPMG citado por The New York Times; La Patilla; El Nacional; Finanzas Digital.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Rubio dijo en París lo que la diáspora repite desde hace años: para votar, hacen falta consulados abiertos. En 2024, de más de siete millones de venezolanos fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar. Si diciembre trae un nuevo CNE, la primera prueba de que es nuevo estará en el extranjero.

Hay una frase de Marco Rubio que se perdió entre las fechas. El lunes, en París, después de poner al nuevo TSJ a mediados de diciembre, el secretario de Estado dijo: «Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos».

Lo dijo un funcionario de Washington. Lo sabíamos todos.

Las cifras de 2024

En las presidenciales del 28 de julio de 2024, de más de 7,7 millones de venezolanos que viven fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar en el exterior. Es alrededor del 1,5 % del registro. En el operativo de inscripción de ese año, apenas 6.528 lograron inscribirse o actualizar sus datos, según el estudio de Mi Voto Cuenta (El Diario).

Los obstáculos tenían nombre. La ley exige que el elector en el exterior «posea residencia», y los consulados la interpretaron como residencia permanente y pidieron documentos que la ley no exige. La CIDH lo cuestionó, porque millones de venezolanos no tienen visa de residencia (El Diario). En EE.UU., el problema era anterior: no había, y no hay, dónde inscribirse.

Un país que vota afuera

La diáspora no es un apéndice del país. Es casi uno de cada cuatro venezolanos. Manda remesas, sostiene familias, tiene hijos estudiando en Columbus, en Doral, en Madrid o en Bogotá. Y en un año electoral en EE.UU. aprendió cuánto pesa su voto donde puede ejercerlo. Lo que no tiene es la posibilidad de votar en su propio país.

Si el nuevo CNE llega, como dice Rubio, muy poco después de que el nuevo TSJ quede constituido a mediados de diciembre, su primera prueba no estará en Caracas. Estará en un consulado de Houston, de Miami o de Madrid, el día que un venezolano con pasaporte vencido y sin residencia permanente pueda inscribirse sin humillaciones.

Lo que no debería esperar

Hay cosas que no dependen de un TSJ nuevo. Abrir consulados en EE.UU. depende de dos gobiernos que hoy, según su propio presidente, «se llevan muy bien». Aceptar el pasaporte vencido como documento de identidad para votar depende de una decisión administrativa. Interpretar la residencia como el lugar donde uno vive, y no como una visa, depende de voluntad.

Un calendario electoral que empieza en Caracas y se olvida de los siete millones de afuera no es una transición. Es una elección para los que se quedaron, decidida también por los que se fueron.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que Caracas y Washington acuerden la reapertura de los consulados venezolanos en EE.UU.; que el nuevo CNE abra un operativo de inscripción en el exterior con pasaporte vencido y sin exigir residencia permanente; y que ese operativo empiece antes de que se convoquen las elecciones, no después.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: El Diario, declaraciones de Rubio; El Diario, obstáculos del voto en el exterior, 2024.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Se anuncian nuevas excarcelaciones y, con ellas, aparece una palabra que creíamos de otra época: algunos presos saldrían rumbo a España o Alemania. ¿Qué es eso? En un «nuevo momento político», la libertad tiene que poder vivirse en Venezuela.

La semana empieza con la expectativa en alta. El viernes, María Corina Machado leyó frente a El Rodeo I más de 400 nombres. El sábado, las familias pudieron abrazar a los suyos sin un vidrio de por medio. El domingo, Dinorah Figuera habló con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez, y salió con un anuncio: el Gobierno está «a las puertas» de liberar a otro grupo de presos políticos. Falta saber si el anuncio llega antes del miércoles, cuando las partes vuelvan a sentarse frente a frente en la cuarta ronda de la mesa de Caracas.

Pero en esa misma conversación apareció un detalle que no puede pasar de largo. Según Figuera, algunos presos militares quieren salir de Venezuela una vez libres. España y Alemania, dijo, son destinos posibles (Infobae).

¿Qué es eso?

Una palabra vieja

Lo hemos visto antes, y no tan lejos. En 2010, la dictadura cubana liberó a los presos de la Primavera Negra con un boleto a Madrid bajo el brazo. En 2023, el régimen de Daniel Ortega subió a 222 presos políticos nicaragüenses a un avión rumbo a Washington y, de paso, les quitó la nacionalidad. Y los venezolanos tenemos nuestra propia memoria de excarcelaciones que terminaron en un aeropuerto, con el país como precio de la libertad.

Ese mecanismo tiene nombre: destierro. Es la forma en que un poder se libra de un preso incómodo sin admitir que lo era. El preso sale de la celda y la celda se vuelve el mapa. Deja de ser un problema en el penal y pasa a ser un exiliado más, lejos, sin voz en la plaza donde su ausencia pesaba.

Lo que dice la Constitución

La Constitución de 1999, esa que todos invocan y pocos cumplen, lo dice en su artículo 50: ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas (Constitución). No es un detalle jurídico. Es la frontera entre una libertad y un trueque.

Hay que ser justos. Un hombre que pasó años preso, que fue torturado o que teme por su familia tiene todo el derecho a irse, y nadie puede reprochárselo. Querer salir puede ser una decisión legítima, y tantas veces lo ha sido. El problema empieza cuando la salida deja de ser una elección y se convierte en una condición. Cuando el mensaje es: te soltamos, pero lejos.

El «nuevo momento político»

Se supone que vivimos un «nuevo momento político». Hay una mesa, hay un plan con fases, hay un Comité de Postulaciones y una fecha para el primer corte del TSJ. Si de verdad hay un momento nuevo, se tiene que notar en esto: en que un preso político liberado pueda caminar por su ciudad, volver a su casa, hablar en una plaza, y que nadie le indique la puerta de embarque.

Un país que libera a sus presos para exportarlos no ha cambiado; ha cambiado el método. Un país que los libera para que se queden empieza a ser otro.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que las excarcelaciones que se anuncien sean libertades plenas, sin régimen de presentación ni prohibición de declarar; que ninguna incluya la salida del país como condición, escrita o tácita; y que quien decida irse lo haga por su voluntad, con su pasaporte y con el derecho a volver.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Infobae; Constitución de 1999, artículo 50.