Política
La reforma de la Ley contra el Odio cambia cárcel por multas
Sin cárcel, pero con ley.
POLÍTICA · ASAMBLEA NACIONAL
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma que elimina las penas de prisión de la ley de 2017, le cambia el nombre y quita la revocación de concesiones a los medios. Pero no la deroga: las multas serán de hasta 10.000 veces la tasa del BCV y las aplicará el ministerio de Diosdado Cabello. Periodistas, ONG y la CIDH piden derogarla.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La aprobación en primera discusión de la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de 2017. |
|---|---|
| Quién | La Asamblea Nacional, a propuesta de la comisión especial que preside el diputado Pedro Infante, con el respaldo de su presidente, Jorge Rodríguez. La reforma la pidió la presidenta encargada Delcy Rodríguez. |
| Cuándo | Martes 3 de noviembre de 2026. No hay fecha para la segunda discusión. |
| Dónde | En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en Caracas. |
| Por qué | La ley de 2017 se usó para procesar a cientos de personas por lo que dijeron o publicaron. La mesa de diálogo incluyó su revisión entre sus temas. |
| Cómo | Por mayoría calificada. Vamos Vamos Venezuela votó en contra y el bloque Libertad no votó. Ninguna fuente ha publicado la cifra de votos. |
La ley que durante nueve años sirvió para llevar a la cárcel a quien publicara una crítica en redes sociales dejará de tener cárcel. La Asamblea Nacional aprobó el martes 3 de noviembre, en primera discusión, una reforma que sustituye las penas de prisión por multas y trabajo comunitario, según El Diario y TalCual. Lo que no hizo fue derogarla, que es lo que piden los periodistas, las organizaciones de derechos humanos y la oposición.
El cambio empieza por el nombre. La ley deja de llamarse «Constitucional contra el Odio» y pasa a ser una ley «para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia», según la exposición de Pedro Infante recogida por Crónica Uno. Las fuentes no coinciden en la redacción exacta del nuevo título, y el texto del proyecto todavía no se ha publicado.
Qué cambia
Según la exposición de Infante y el resumen del articulado que publicó El Diario:
- Sin cárcel. Las penas de 10 a 20 años de prisión, que podían llegar a 30 con agravantes, se sustituyen por multas y trabajo comunitario. La conducta deja de ser delito y pasa a ser infracción, salvo que haya violencia física.
- Multas indexadas al BCV. Irán de 500 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV, y de 1.000 a 10.000 para los funcionarios que nieguen atención. A la tasa del jueves 5, con el euro en 1.006,03263992 bolívares según el BCV, eso va de unos 503.016 a 10.060.326 bolívares.
- Definiciones. Un nuevo artículo define discurso de odio, hostigamiento y mensajes discriminatorios o violentos. Infante dijo que las definiciones deben ser «claras y taxativas».
- Medios. Se elimina la revocación de concesiones y se deroga el artículo que obligaba a radio y televisión a ceder espacios gratuitos o pagar entre 3 % y 4 % de sus ingresos brutos. Quedan sanciones administrativas y exhortaciones.
- Partidos. Se acaba la cancelación de partidos por el CNE; se los exhorta a promover la paz.
- Redes sociales. Habrá multas por mensajes de odio en redes.
El trabajo comunitario sería de 200 a 600 horas, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (El Nacional). Las sanciones las aplicará el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que dirige Diosdado Cabello. Infante aseguró además que el proyecto ya tiene «el visto bueno» de la Sala Constitucional del TSJ, según Crónica Uno.
«El odio no se puede derogar»
Jorge Rodríguez defendió la reforma desde la presidencia de la Asamblea. «El odio lamentablemente no se puede derogar, el odio no se puede derogar y tampoco se contiene», dijo, según Crónica Uno. Y agregó: «Ojalá no necesitáramos una ley de convivencia, pero la necesitamos, es imprescindible», según El Diario. Ordenó una consulta pública a cargo de la comisión especial: «La consulta más amplia posible, que se escuche a todas y a todos, a las víctimas y a los victimarios».
Infante respondió a quienes piden la derogación: «Esta ley no puede ser a la medida de los políticos, ni chavistas ni opositores», según TalCual. Y: «Unos, que plantean dejar la ley tal cual como está. Eso sería desconocer este momento político».
Los que piden derogarla
En la plenaria, la diputada Maite Ochoa, de Vamos Vamos Venezuela, dijo que se pretende «maquillar un instrumento que nació viciado» (Aporrea). Amelia Belisario, de Unión y Cambio, la calificó como «una ley que sirvió para perseguir la disidencia» (El Diario). Antonio Ecarri, de la Alianza del Lápiz, se quejó de que la exposición de motivos que recibieron los diputados tenía «una página con media», y resumió: «la primera garantía de convivencia es pensar distinto sin miedo» (TalCual).
Fuera del hemiciclo, el SNTP fue directo: «La eliminación de la cárcel no elimina el carácter intimidatorio de una legislación». El sindicato denunció que la reforma mantiene el retiro de contenidos digitales sin orden judicial y que «deja sin respuesta a las víctimas de la persecución» (El Nacional). Ese punto no se ha podido contrastar con el texto, que no es público.
Veinticuatro organizaciones, entre ellas Provea y Espacio Público, dijeron el miércoles 4 que la reforma «mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión» y pidieron derogarla y liberar a los presos (El Diario). Espacio Público calificó las multas de desproporcionadas. Antes de la votación, la CIDH y su Relatoría Especial ya habían advertido que «una reforma parcial de la ley no bastaría para subsanar las deficiencias estructurales» (TalCual), y la Plataforma Unitaria había resumido su posición en una frase: «La represión no se reforma, se deroga» (AlbertoNews).
Lo que pesa la ley
La discusión no es teórica. Foro Penal cuenta al menos 927 personas acusadas de «incitación al odio» desde 2017, según Infobae. El SNTP registra al menos 27 trabajadores de la prensa procesados por el artículo 20 desde 2020, y Cecodap, 118 adolescentes imputados entre 2024 y 2025. Para todos ellos, la pregunta que la reforma no responde es qué pasa con los procesos abiertos y las condenas ya dictadas.
Criterio INCÍSOS
Sacar la cárcel de una ley de expresión es un avance real y conviene decirlo: nadie debería ir preso de diez a veinte años por un mensaje. Pero la reforma conserva el mismo principio de la ley de 2017, que es el Estado decidiendo qué opinión es «odio», y pone la decisión en manos de un ministerio político, no de un juez. Una multa de 10.000 veces la tasa del BCV, unos 10.060.326 bolívares, cierra un medio pequeño tan bien como una clausura. La consulta pública es la oportunidad de corregirlo: definiciones precisas, sanciones solo por orden judicial y una respuesta explícita para los procesados.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que se publique el texto aprobado, que la consulta escuche de verdad a periodistas y víctimas, que la segunda discusión tenga fecha y que la ley diga qué ocurre con las causas abiertas desde 2017.
Para leer más en INCÍSOS
- La crítica por la crítica: medir por hechos en las dos direcciones.
- Rodríguez da por liberados todos los portales; siguen bloqueados 140 dominios: lo dicho y lo medido.
- Verificable: el seguimiento de los compromisos de la mesa de diálogo.
Fuentes principales: El Diario; TalCual; Crónica Uno; Infobae; Aporrea; La Verdad; SNTP, en El Nacional; 24 ONG, en El Diario; CIDH, en TalCual; Plataforma Unitaria, en AlbertoNews.
Alfredo Yánez
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Política
Massie insiste en el juicio político a Hegseth y Trump lo defiende
La pelea atraviesa al partido.
CLAVE 3-N · WASHINGTON
El republicano Thomas Massie volverá a presentar ocho artículos de juicio político contra el secretario de Guerra si no renuncia. Trump dice que Hegseth ha hecho «un trabajo fantástico» y que las operaciones en Irán y Venezuela fueron un éxito. El liderazgo republicano de la Cámara se vota el 10 de noviembre, y dos escaños del Senado siguen sin proyectarse.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La amenaza de juicio político contra Pete Hegseth y la reorganización republicana tras la derrota. |
|---|---|
| Quién | El representante Thomas Massie, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el presidente Trump, Steve Scalise y Jim Jordan. |
| Cuándo | Jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2026; la votación del liderazgo republicano es el martes 10. |
| Dónde | Washington. |
| Por qué | Tras la derrota del 3 de noviembre, la guerra con Irán divide al Partido Republicano. |
| Cómo | Con artículos de juicio político, declaraciones y la elección interna del liderazgo. |
Un republicano quiere juzgar al secretario de Guerra de su propio gobierno. El representante Thomas Massie anunció que volverá a presentar sus ocho artículos de juicio político contra Pete Hegseth, y puso una sola condición para no hacerlo: «Hay un solo caso en que no volveré a presentar los artículos de juicio político: que Hegseth renuncie», según Stars and Stripes.
Massie no está solo en la crítica. El senador Thom Tillis, que deja el cargo, repitió que a Hegseth «le llega su ajuste de cuentas» por la guerra con Irán (Al Jazeera). El vocero del Pentágono, Sean Parnell, respondió que Hegseth «no va a retroceder».
Trump, del lado de Hegseth
El presidente lo respaldó sin matices el jueves 5: «Pete Hegseth ha hecho un trabajo fantástico». Defendió las operaciones militares en Irán y en Venezuela, de la que dijo que duró 48 minutos y no costó vidas estadounidenses. Y sobre Irán dejó una amenaza: «Preferiría no destruir el resto del país si es posible, pero quizá tenga que hacerlo. Lo sabrán pronto» (Tribune India).
Con un Congreso demócrata desde enero, un juicio político a Hegseth tendría votos para aprobarse en la Cámara, aunque su destitución requeriría dos tercios del Senado.
El reacomodo republicano
Mike Johnson no buscará ser líder de la minoría. Steve Scalise y Jim Jordan compiten por el puesto; las candidaturas cerraban el mediodía del viernes 6 y la votación es el martes 10 de noviembre. Trump dice que se mantendrá al margen (Latin Times).
El recuento sigue. CNN proyecta que los demócratas pasarán de 250 escaños en la Cámara (CNN). En el Senado, Mississippi y Alaska siguen sin proyectarse (Yahoo).
Criterio INCÍSOS
Lo nuevo tras la elección no es que los demócratas quieran investigar la guerra, sino que un republicano esté dispuesto a juzgar a quien la dirige. La pelea por Irán ya no es solo entre partidos: atraviesa al propio Partido Republicano. Para Venezuela, el dato a seguir es que Trump puso en la misma frase a Irán y a Venezuela como éxitos militares, justo cuando el Congreso se prepara para revisarlos.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que Massie presente formalmente los artículos, que el nuevo Congreso decida si los tramita después del 3 de enero y que el Partido Republicano elija su liderazgo el 10 de noviembre.
Para leer más en INCÍSOS
- La derrota abre la pelea republicana por la guerra con Irán: la pelea republicana por Irán.
- Vance culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana: el mensaje de Vance.
- Clave 3-N, lo que dejó el 3 de noviembre: el tablero rumbo a 2028.
Fuentes principales: Stars and Stripes; Al Jazeera; Tribune India; Latin Times; CNN; Yahoo.
POLÍTICA · TRABAJADORES
Una asamblea intersectorial en la UCV aprobó por unanimidad un paro nacional de 12 horas de los trabajadores de la salud, el magisterio y las universidades. Su pliego de peticiones lleva un mes sin respuesta. El salario mínimo sigue en 130 bolívares desde 2022, el aguinaldo no tiene monto y el sector público suma más de 1.100 protestas en el año.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La convocatoria de un paro nacional de 12 horas en salud, educación y universidades. |
|---|---|
| Quién | Gremios de la salud, el magisterio y las universidades, entre ellos la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), que preside José Gregorio Afonso. |
| Cuándo | Se aprobó el jueves 5 de noviembre de 2026; el paro será el lunes 16. |
| Dónde | La asamblea fue en la Facultad de Humanidades de la UCV, en Caracas; el paro es nacional. |
| Por qué | Los salarios del sector público siguen atados a montos en bolívares devaluados, y los gremios dicen que su pliego no ha tenido respuesta. |
| Cómo | Por votación unánime en una asamblea intersectorial. |
Los trabajadores de la salud, la educación y las universidades venezolanas pararán 12 horas el lunes 16 de noviembre. Lo aprobó por unanimidad una asamblea intersectorial reunida el jueves 5 en el auditorio de Humanidades de la UCV, según El Nacional. Exigen mejoras salariales y de infraestructura, y dicen que el pliego que entregaron en octubre no ha tenido respuesta.
«La deuda más importante es la deuda social que tiene con los trabajadores, que son los que generan valor a la sociedad», dijo José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV. «Creo que el gobierno tiene que atender de una buena vez el tema laboral» (El Nacional; El Estímulo).
Los números del malestar
El salario mínimo sigue en 130 bolívares desde 2022, unos 14 centavos de dólar al cambio oficial. El ingreso mínimo integral que anunció el gobierno es de 240 dólares, pero se compone sobre todo de bonos que no cuentan para prestaciones ni aguinaldos. La Red Sindical Venezolana contabiliza más de 1.100 protestas del sector público en 2026 (El Diario).
El aguinaldo es el ejemplo más claro. Calculado sobre el salario base, un aguinaldo de 120 días equivaldría a unos 520 bolívares, menos de un dólar. En la Plataforma Patria apareció el concepto «Aguinaldo, mensual noviembre 2026», sin monto ni fecha (La Noticia de Barinas). «Dijeron que el 1 de noviembre iban a hacer unos anuncios, no hubo», recordó el sindicalista Mauro Zambrano. «Ya es hora de hacer una paralización» (El Diario).
Los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana, por su parte, llevan más de 15 días de protesta y más de 130 horas de huelga de hambre.
Criterio INCÍSOS
La transición tiene un calendario político, y ahora también tiene uno social. Un paro de 12 horas no tumba a nadie, pero dice algo que el gobierno encargado no puede ignorar: los mismos maestros y médicos que sostienen el país con salarios simbólicos no ven en la mejora de las cifras económicas una mejora de su vida. Si la inflación baja y el petróleo sube, la pregunta del 16 de noviembre es a quién le llega.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el gobierno responda el pliego antes del 16 de noviembre, que fije el monto y la fecha del aguinaldo y que presente un plan para que los bonos cuenten como salario.
Para leer más en INCÍSOS
- Los maestros siguen sin aguinaldo y con salarios bajo 20 dólares: la asamblea de docentes.
- El BCV confirma la inflación de octubre; Conindustria pide menos impuestos: los precios.
Fuentes principales: El Nacional; El Estímulo; El Diario; La Noticia de Barinas.
POLÍTICA · EL NUEVO TSJ
Tres juristas de peso público anunciaron su postulación a magistrado, entre ellos Juan Carlos Apitz, destituido en 2003 y amparado por la Corte Interamericana. Pero la fecha para aprobar los criterios de la entrevista, que vale 15 de 100 puntos, pasó sin que se publicaran. Acceso a la Justicia advierte que eso deja «un margen considerable de discrecionalidad».
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Nuevas postulaciones al TSJ y el retraso de los criterios de la entrevista. |
|---|---|
| Quién | Juan Carlos Apitz, Juan Manuel Raffalli y Jesús María Casal; el Comité de Postulaciones Judiciales; Acceso a la Justicia. |
| Cuándo | Del martes 3 al viernes 6 de noviembre de 2026. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | Las postulaciones cierran el miércoles 11 de noviembre y la entrevista es la parte más discrecional del baremo. |
| Cómo | Con anuncios públicos de los aspirantes y un informe de Acceso a la Justicia. |
«Sin lugar a dudas que sí, voy a postular mi nombre al Tribunal Supremo de Justicia». Juan Carlos Apitz, decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, lo dijo el jueves 5 de noviembre a Noticias Venevisión. «Yo quiero ser magistrado de ese Tribunal Supremo de Justicia», insistió, según Confirmado. Su nombre tiene historia: en 2003 fue destituido como juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró irregular esa destitución y ordenó reincorporarlo. Nunca ocurrió (Infobae).
No es el único. El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli dijo que ya presentó su nombre, «como lo hice en mayo». «Es crucial recomponer el estado de Derecho», explicó. «No importa quién quede, o quién no» (Noticiero Digital). Y Jesús María Casal, exdecano de Derecho de la UCAB, había anunciado el martes 3 su postulación: «No porque esté totalmente garantizado, sino por la convicción de que hay que dar la pelea» (2001).
La entrevista, sin reglas
Mientras llegan los nombres, falta una pieza. Según el cronograma del Comité de Postulaciones Judiciales, los criterios de puntaje de la entrevista debían aprobarse el 5 y 6 de noviembre. Al viernes 6 no se habían publicado. Acceso a la Justicia lo señaló el jueves: la entrevista vale 15 puntos «sin que se establezcan indicadores específicos», y «esto deja un margen considerable de discrecionalidad en la calificación de los aspirantes» (Acceso a la Justicia). La organización pide reglas definidas y que se publiquen los resultados individuales.
Las otras objeciones
El mismo informe enumera otros problemas del proceso:
- Ocho de los 11 diputados del Comité son oficialistas.
- El reglamento interno del Comité no se ha publicado.
- La convocatoria no obliga a indicar a qué Sala se aspira.
- Hasta 561 aspirantes del proceso anulado en mayo y junio pueden volver con solo ratificar su postulación.
- El baremo favorece a quienes tienen cargos judiciales, estatales o de gerencia universitaria frente a los abogados independientes.
En el Consejo de Revisión de Credenciales, que verifica los requisitos, se sienta la exmagistrada de la Sala Penal Deyanira Nieves, junto a otros dos miembros vinculados al gobierno y cuatro vistos como cercanos a la oposición, según Infobae. Y entre los aspirantes del proceso anulado figuraban magistrados suplentes en funciones y una rectora del CNE (Correo del Caroní); no se sabe si ratificaron.
El calendario
Las postulaciones cierran el miércoles 11 de noviembre a las 4:00 de la tarde. Al miércoles 4 había 267 aspirantes (Radio América). El cronograma que el Comité publicó el 24 de octubre prevé la lista de aspirantes el 12 de noviembre, un lapso de impugnaciones del 12 al 26 y entrevistas del 16 al 27, presenciales y personales. El canciller Oliver Blanco dijo en Madrid que el nuevo TSJ estará «a finales de 2026».
Criterio INCÍSOS
Que se postulen Apitz, Raffalli y Casal es la mejor noticia que ha tenido este proceso: son nombres que nadie puede acusar de complacencia con el poder, y uno de ellos fue víctima del TSJ que ahora se quiere reemplazar. Su presencia sube la vara para todos. Pero también obliga al Comité a lo que todavía no hace: si la entrevista decide 15 puntos, los criterios tienen que conocerse antes de que empiece, no después. Un buen candidato no debería perder por una regla que nadie vio.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Comité publique los criterios de la entrevista y su reglamento interno antes del 11 de noviembre, que la lista del 12 sea completa y que las entrevistas sean públicas.
Para leer más en INCÍSOS
- Siete juristas revisarán las credenciales de 267 aspirantes al TSJ: el Consejo de credenciales.
- Jesús María Casal se postulará al TSJ para ayudar a reinstitucionalizarlo: la postulación de Casal.
- La entrevista valdrá 15 de 100 puntos en el baremo del TSJ: el baremo, punto por punto.
- Verificable: el compromiso de los criterios, en rojo.
Fuentes principales: Confirmado/Noticias Venevisión; Noticiero Digital; 2001; Acceso a la Justicia; Infobae; Radio América; Correo del Caroní.
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