El sábado 23 de mayo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, aterrizó en la embajada estadounidense en Caracas. Era su segunda visita oficial al país. Supervisó el simulacro de evacuación, sostuvo reuniones bilaterales y dejó por escrito el compromiso con el Plan Rubio. La pregunta no es qué ocurrió. Es qué viene después.

El sábado 23 de mayo, dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobrevolaron Caracas desde el litoral central hasta el este de la ciudad, donde está ubicada la embajada estadounidense en Valle Arriba. Aterrizaron pasadas las 10:00 hora local. A bordo, junto con un contingente de marines, viajaba el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur (SOUTHCOM). Era su segunda visita oficial a Venezuela como comandante de la unidad militar estadounidense responsable de la región. La primera fue el 3 de enero de 2026, cuando el SOUTHCOM ejecutó la operación que capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

El operativo del 23 de mayo se anunció como simulacro de evacuación de la embajada. La autorización fue emitida por el ejecutivo de Delcy Rodríguez el jueves 21 de mayo, en un comunicado de la cancillería venezolana que lo definió como protocolo regular de seguridad y protección diplomática. Las imágenes del sobrevuelo se difundieron en redes sociales durante toda la mañana del sábado.

Donovan sostuvo reuniones bilaterales con altos funcionarios del gobierno interino, se reunió con John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, y supervisó las maniobras del ejercicio. Antes del mediodía, las aeronaves Osprey emprendieron el retorno. Lo que quedó por escrito es lo que importa: en su cuenta oficial de X, el Comando Sur publicó que «Estados Unidos sigue comprometido con asegurar la implementación del plan de tres fases del presidente Trump, particularmente la estabilización de Venezuela».

El hecho está documentado. La pregunta es qué significa para los próximos meses.

Lectura uno: presencia militar permanente

El coronel venezolano Isidro Pérez Villalobos, en declaraciones a Infobae el 24 de mayo, sostuvo que lo ocurrido el 23 puede interpretarse como el paso de la Operación Lanza del Sur hacia un esquema de presencia militar permanente. Según su análisis, lo que se está normalizando es la operación de aeronaves estadounidenses en suelo venezolano con autorización del gobierno interino, y eso es el preámbulo posible de bases.

Si esta lectura es correcta, lo que vendrá serán más ejercicios de este tipo, con cadencia creciente, hasta que la presencia militar deje de ser percibida como excepcional. Los antecedentes regionales —Colombia, Ecuador, El Salvador— ofrecen modelos de cómo se construyen esos esquemas. La diferencia es que Venezuela todavía conserva el lenguaje formal de soberanía nacional.

Lectura dos: mensaje a Caracas y a Pekín

Una segunda lectura es geopolítica. El Comando Sur visitó Caracas pocos días después de que Aeroméxico anunciara su intención de volver a Venezuela tras una década de suspensión de rutas, y mientras Bloomberg reportaba que las petroleras internacionales vuelven a mirar el país con cautela. La presencia militar funciona, en esta lectura, como demostración del margen operativo de Estados Unidos en el territorio. Es decir: la apertura económica que viene tendrá las reglas que se imponen desde Washington, no las que se discuten en otras capitales.

Pekín no ha hecho comentarios públicos. La compañía CITIC, que tenía contratos pendientes con Venezuela, tampoco. El silencio es un dato.

Lectura tres: aceleración de la fase 2

El Plan Rubio tiene tres fases: estabilización, recuperación, transición. La presencia de Donovan y el lenguaje del SOUTHCOM apuntan explícitamente a la primera. Pero la fase 1 lleva cinco meses corriendo desde la captura del 3 de enero, y la oposición venezolana —reunida en Ciudad de Panamá entre el 22 y el 24 de mayo— pidió formalmente acelerar la fase 2.

Si el simulacro del 23 de mayo es señal de que la fase 1 se da por consolidada, la fase 2 podría activarse en las próximas semanas. La fase 2, según la formulación de Rubio ante el Senado el 28 de enero, contempla recuperación económica, levantamiento progresivo de sanciones y reorganización de relaciones diplomáticas. Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, la fase 2 significa decisiones concretas sobre el TPS, sobre las remesas y sobre el horizonte del retorno.

Lectura cuatro: garantía electoral

Una cuarta lectura conecta la presencia militar con el calendario electoral que la oposición busca instalar. Machado planteó en Panamá un cronograma de elecciones libres en siete a nueve meses. Para que ese cronograma sea creíble, la oposición necesita garantías de que el gobierno interino no podrá repetir el guion de 2024 —desconocimiento de resultados, hostigamiento al ganador, ratificación del oficialismo en Miraflores—. La presencia operativa estadounidense, en esta lectura, funciona como garantía implícita de que el resultado electoral, sea cual sea, se respetará.

Es una lectura optimista. Asume que Washington tiene voluntad efectiva de acompañar el proceso hasta el final, no solo de tutelar la transición en lo que le conviene. El historial reciente —Honduras, Bolivia, Nicaragua— sugiere que esa voluntad no es automática.

Lectura cinco: cobertura de operaciones puntuales

Hay una quinta lectura, más técnica. El 22 de mayo, Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, abandonó Venezuela rumbo a Italia. El traslado fue confirmado por la Cancillería italiana. Una semana antes, Saab había sido deportado a Estados Unidos, donde el 19 de mayo fue condenado por lavado de dinero. La salida de Fabri y sus hijos del territorio venezolano fue una operación que requirió coordinación binacional.

La pregunta es si la presencia operativa estadounidense —Osprey, Marines, simulacros— también funciona como cobertura para extracciones de menor escala: traslados de testigos, protección de activos, movimientos de figuras que necesitan salir sin que el régimen pueda impedirlo. La extracción de Fabri es un caso documentado de escala reducida. Lo del 23 de mayo demostró, sin enunciarlo, la capacidad de operar a escala mayor.

El otro Caracas del mismo día

Mientras Donovan supervisaba el simulacro, decenas de chavistas se concentraban en la Plaza Bolívar, en Plaza Venezuela y en Plaza Brión de Chacaíto para protestar contra el operativo. Las consignas: «No al simulacro», «Yankee, go home». La convocatoria fue corta. La contradicción quedó documentada: el ejecutivo de Delcy Rodríguez emitió la autorización el 21, y el 23 sectores de su propia base salieron a la calle en su contra. Diosdado Cabello no comentó. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, tampoco. La ONG Provea, por su parte, denunció que la autorización del sobrevuelo constituye cesión de soberanía nacional.

Las cinco lecturas anteriores no son excluyentes. Pueden ser todas verdaderas a la vez. La pregunta editorial no es cuál es la correcta. Es cuál se materializa primero, y a qué velocidad.

Lo que sigue

Lo que vendrá se medirá en hechos verificables: una tercera visita de Donovan o de su sucesor en el SOUTHCOM, un comunicado del Departamento de Estado sobre activación formal de la fase 2, una nueva ronda de licencias OFAC, un anuncio sobre el calendario electoral, una operación de extracción que requiera infraestructura militar.

Todo lo demás es interpretación. La pieza del 23 de mayo no se cierra el 23. Se cierra con lo que ocurra entre el lunes 25 y los próximos sesenta días.

El domingo 24 de mayo, Daniel Coronell publicó en Cambio una investigación titulada «Los giros de Alex Saab». Documenta USD 370.000 enviados desde dos empresas de Saab al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella. La primera vuelta es el domingo 31 de mayo. La paradoja editorial es que la denuncia no lo hunde: lo impulsa.

El domingo 24 de mayo de 2026, a una semana exacta de la primera vuelta presidencial colombiana, el periodista Daniel Coronell publicó en revista Cambio una columna titulada «Los giros de Alex Saab». La investigación documenta transferencias por USD 370.000 desde dos empresas vinculadas a Alex Saab —el empresario colombiano extraditado a Estados Unidos el 16 de mayo y condenado por lavado de dinero el 19— hacia Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Defensores de la Patria.

Coronell escribió, en la apertura de su columna: «Abelardo de la Espriella se benefició con giros de dos empresas que Alex Saab usó para enriquecerse a costa del hambre del pueblo venezolano». La frase de cierre, según replicaron varios medios colombianos: «Al único que le ha ido bien es a Abelardo de la Espriella, quien sigue rico, libre como el viento y probablemente obtendrá, el próximo domingo, una de las votaciones más altas de Colombia en la primera vuelta presidencial».

La frase es periodismo y es diagnóstico electoral. Las encuestas la respaldan.

Las encuestas: la denuncia no hunde, impulsa

La medición de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, divulgada el 21 de mayo, situó a Iván Cepeda en 44,6 %, a De la Espriella en 31,6 % y a Paloma Valencia (Centro Democrático) en 14 %. Valencia cayó del 19,8 % al 14 % respecto al sondeo del 24 de abril.

La medición de Fundación Génesis Crea, basada en entrevistas presenciales a 4.352 personas en 134 municipios entre el 14 y el 20 de mayo, dio Cepeda 34,3 %, Valencia 27,9 %, De la Espriella 21,7 %.

La medición de Tempo Consultoría Empresarial, entre el 15 y el 17 de mayo, planteó un escenario de balotaje en el que Valencia derrota a Cepeda en segunda vuelta. La Corporación Miguel Maldonado, con muestra de 5.558 personas, ratificó la presencia de los tres mismos nombres en cabeza de la intención de voto.

Lo verificable en estas cinco mediciones: De la Espriella no ha sufrido caída significativa en intención de voto desde que se reactivaron públicamente sus nexos con Saab. Su núcleo electoral lo mantiene. La denuncia documental con cifras y soportes —que es lo nuevo de Coronell— se publicó a una semana de las urnas. Las próximas mediciones podrán medir su efecto.

La relación documentada

La relación entre De la Espriella y Saab no es secreta. El propio De la Espriella ha aceptado, en al menos dos entrevistas con El Tiempo —una en febrero de 2026 y otra en abril— que fue abogado de Saab entre 2013 y 2019. Sostiene que rompió el vínculo profesional en 2019, cuando Saab fue incluido en la Lista Clinton. Saab, por su parte, lo describió en una entrevista publicada en El Espectador en abril de 2021 como «un gran abogado y amigo».

En septiembre de 2025, la periodista Vicky Dávila —entonces en W Radio, hoy excandidata presidencial— recordó públicamente que De la Espriella había dicho durante campaña previa: «Soy amigo personal de Alex (Saab), le tengo un profundo aprecio».

Lo nuevo en la investigación de Coronell del 24 de mayo no es la amistad. Son los soportes documentales de transferencias económicas durante el período de defensa legal y posterior, y la cifra: USD 370.000 desde dos corporaciones que Saab habría usado para enriquecerse a costa del pueblo venezolano.

Paloma Valencia y la pulla que no rentabilizó

El 17 de mayo, un día después de la deportación de Saab a Estados Unidos, Paloma Valencia lanzó desde Floridablanca, Santander: «Debe estar buscando abogado, ¿no? Ojalá se conozca toda la verdad y que Álex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido ni de otra candidatura». El blanco era evidente sin necesidad de nombrarlo.

Valencia añadió, en declaraciones posteriores: «No solo información de gente que espera ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia». La frase apuntaba al presidente Gustavo Petro y, por extensión, a otros candidatos del oficialismo.

La pulla no rentabilizó. Valencia siguió cayendo en las mediciones. La explicación periodística más extendida es que la crítica de Valencia —desde la derecha pero contra otro candidato de derecha— se leyó como golpe interno del Centro Democrático, no como denuncia ética. El electorado de De la Espriella ya había procesado los nexos con Saab desde febrero. Lo que vino después no lo movió.

Tres hipótesis sobre la inmunidad electoral de De la Espriella

Hipótesis uno: el votante de derecha en Colombia ya descontó la relación con Saab. La cobertura pública del nexo lleva más de tres meses. Quien iba a abandonar la candidatura por ese motivo, ya se fue. Quien sigue, no se mueve por más documentos que aparezcan.

Hipótesis dos: la denuncia con documentos activa, paradójicamente, un voto identitario anti-establishment. De la Espriella es presentado por su campaña como víctima de «establishment mediático» y «operación judicial». Cada nueva publicación de Coronell o cobertura crítica refuerza la narrativa de persecución. Esto es comportamiento electoral observado en otros países: la denuncia consolida en lugar de erosionar.

Hipótesis tres: la fragmentación de la derecha favorece a quien más capitaliza la atención mediática, sin importar si es positiva o negativa. Valencia y De la Espriella compiten por el mismo electorado. Coronell le da a De la Espriella tiempo en pantalla. Valencia, denunciante sin documentos propios, se diluye.

Las tres hipótesis pueden ser ciertas a la vez. Lo que el resultado del 31 de mayo medirá no es la veracidad de la investigación de Coronell, sino el peso del periodismo de denuncia en una elección presidencial colombiana.

Por qué esto le importa al hispano en Estados Unidos

Las elecciones colombianas del 31 de mayo definen al gobierno con el que la administración Trump negociará en la fase 2 del Plan Rubio para Venezuela. Cepeda viene del Pacto Histórico, con compromisos hacia Caracas que no son los de Washington. De la Espriella se posiciona como aliado natural de Trump. Valencia comparte la línea estratégica del Centro Democrático, también afín pero más institucional.

El cálculo regional es directo: el gobierno que llegue a la Casa de Nariño en agosto de 2026 será interlocutor de Estados Unidos durante la fase 2 de la transición venezolana. El corredor de remesas Colombia-Venezuela, la cooperación migratoria y la posición frente a Delcy Rodríguez dependerán de quién gane. Para los 4,4 millones de venezolanos en Colombia y los 850.000 colombianos en EE.UU., la elección del 31 de mayo no es solo doméstica.

Lo que sigue

El domingo 31 de mayo se vota. Si De la Espriella confirma su posición de segundo lugar y Cepeda llega al balotaje, la segunda vuelta del 21 de junio enfrentará a un candidato investigado por nexos económicos con Saab contra el candidato del oficialismo de izquierda. Si Valencia recupera y desplaza a De la Espriella, el balotaje será otro escenario completamente distinto.

La columna de Coronell —«Al único que le ha ido bien es a Abelardo de la Espriella»— se mide en una semana.

La oposición venezolana se reagrupó en Ciudad de Panamá entre el viernes 22 y el sábado 23 de mayo. Anunció el «Acuerdo de Panamá» el domingo 24. La fotografía incluye a dirigentes tradicionales, a figuras del chavismo crítico y a Edmundo González por videollamada. La pieza editorial está en quién no apareció y en lo que pidieron a Washington.

El sábado 23 de mayo, mientras dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines sobrevolaban Caracas y el jefe del Comando Sur Francis L. Donovan aterrizaba en la embajada de Estados Unidos, en Ciudad de Panamá ocurría algo distinto y simultáneo. La oposición venezolana volvió a sentarse en una sola mesa por primera vez en al menos cinco años. Lo hizo en el Hotel Megapolis, con la mayor parte de su dirigencia y con un visitante virtual desde Madrid: Edmundo González Urrutia, a quien la oposición reivindica como presidente electo desde las elecciones del 28 de julio de 2024.

El domingo 24 de mayo, María Corina Machado anunció formalmente el «Acuerdo de Panamá». El documento no se ha publicado completo. Lo que sí se conoce son sus dos exigencias centrales: un cronograma electoral concreto en un plazo de siete a nueve meses, y la activación de mecanismos para que el gobierno de Estados Unidos acelere la fase 2 del plan de tres etapas formulado por el secretario de Estado Marco Rubio ante el Congreso el 7 de enero de 2026.

La fotografía más amplia en cinco años

Lo verificable es la composición de la mesa. Tres capas conviven por primera vez en la oposición venezolana desde antes de la ruptura de 2017.

La capa tradicional incluye a Leopoldo López (Voluntad Popular), Antonio Ledezma, Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia), Roberto Enríquez (coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática), Biagio Pilieri, Andrea Tavares, Adriana Pichardo, Piero Maroun, Deyalitza Aray, Francisco García.

La capa del centro y la socialcristiandad: César Pérez Vivas (Concertación Ciudadana), Noel Álvarez (Gente), José Luis Farías (Centrados).

La tercera capa es la novedosa. Rodrigo Cabezas, exministro de Economía y Finanzas durante el primer gobierno de Hugo Chávez, encarcelado durante el madurismo y hoy en Zulia Humana, se sentó en la misma mesa que Machado. También lo hizo Atenea Jiménez, de la Alianza por la Soberanía y la Democracia. Es la primera vez en al menos dos décadas que dirigentes con trayectoria en el chavismo participan formalmente de una hoja de ruta opositora.

Edmundo González Urrutia se incorporó desde España por videollamada. En su cuenta de X escribió: «Esto es Venezuela unida. Y es real».

Quién no estuvo en la foto

La lista de ausencias también dice algo. No asistieron Henrique Capriles Radonski, diputado de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero de 2026 y representante del partido Unión y Cambio. Tampoco Henry Ramos Allup (Acción Democrática), ni Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo, gobernador del Zulia), ni Andrés Velásquez (La Causa R), ni Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral en 1999 y excandidato a las primarias opositoras de 2023.

Las posiciones de los ausentes están documentadas. Capriles dijo el 19 de enero de 2026, en conferencia de prensa convocada para hablar sobre Venezuela tras la captura de Maduro: «Yo no creo que todavía podamos hablar de transición. Más allá de hablar de transición, yo hablaría de democracia y, por eso, yo insisto en la palabra libertad». Su posición se ha mantenido: rechazo a «acciones de fuerza» externas, llamado a abrir canales de negociación y reconstruir la oposición a través del voto.

Caleca, por su parte, declaró en abril a Americas Quarterly: «El peligro, ahora ya una realidad, es la irrelevancia de la oposición en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela». Su tesis es estructural: lo que está ocurriendo no es transición visible sino consolidación del régimen bajo otra forma.

El reloj que falta

El Plan Rubio tiene tres fases públicas: estabilización, recuperación, transición. El secretario de Estado fue explícito desde el 7 de enero ante el Congreso y reforzó la idea el 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado: las fases pueden superponerse. Nunca atribuyó al plan fechas de cierre por etapa, y esa ausencia de calendario es la grieta operativa más visible más de cuatro meses después.

El «Acuerdo de Panamá» es, en lo verificable, un intento de la oposición de fijar ese reloj. La cifra que Machado puso sobre la mesa —elecciones libres en siete a nueve meses— implica un calendario que llevaría a urnas entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. La propuesta concreta incluye la depuración del Consejo Nacional Electoral, la habilitación del voto desde el exterior para más de cinco millones de venezolanos en la diáspora, y la candidatura confirmada de Machado: «Yo seré candidata, pero podrán haber otros», dijo en la rueda de prensa del 23 de mayo.

El pedido a Washington de «acelerar» la fase 2 contiene un dato implícito: la oposición considera que esa fase no está avanzando al ritmo que necesita. Quien lee el verbo entiende el diagnóstico.

El otro Caracas del mismo sábado

Mientras la oposición se ordenaba en Ciudad de Panamá, en Caracas ocurrían dos cosas. La primera, ya cubierta por esta redacción: el operativo del Comando Sur, los Osprey, la visita de Donovan, la cita del SOUTHCOM sobre «la estabilización de Venezuela». La segunda fue más doméstica. Decenas de chavistas se concentraron en la Plaza Bolívar, Plaza Venezuela y Plaza Brión de Chacaíto para protestar contra el simulacro autorizado por su propio gobierno. Las consignas: «No al simulacro», «Yankee, go home». La convocatoria fue corta. La contradicción quedó documentada: el ejecutivo de Delcy Rodríguez emitió la autorización el jueves 21; el sábado 23, sectores de su propia base salieron a la calle en su contra.

Las dos fotografías —Panamá con oposición ampliada y Caracas con chavismo fracturado— suceden el mismo día. Cada una mide la profundidad del reacomodo.

Lo que sigue

El lunes 25 de mayo, Machado tiene agenda con el presidente panameño José Raúl Mulino y visita protocolaria a la Asamblea Nacional de Panamá. Es su último día en el país. La gira regional continúa, y según declaró en Panamá, su regreso a Venezuela está «coordinado con Estados Unidos» y debe ocurrir antes de finalizar 2026.

El «Acuerdo de Panamá» empieza, en lo público, con tres preguntas que no tienen respuesta el domingo 24 de mayo. Si Washington acepta acelerar la fase 2. Si el gobierno interino de Delcy Rodríguez aceptará un cronograma electoral que él no diseñó. Si los ausentes —Capriles, Caleca, Ramos Allup, Rosales, Velásquez— se incorporan en una segunda foto o consolidan una posición paralela.

Las tres preguntas se contestan con los hechos que vienen, no con las declaraciones que hubo.