La universidad que se negó a olvidar

Hay gestos pequeños que dicen más que un comunicado de gobierno. El lunes 22 de junio, en la Universidad Central de Venezuela, un grupo de estudiantes impidió que el diputado Nicolás Maduro Guerra ofreciera una conferencia sobre «la vida y obra» de su padre. No hubo violencia ni necesidad de ella. Bastaron unas pancartas, unas consignas y la decisión de no permitir que ese acto ocurriera. El hijo de Maduro no se presentó. La conferencia nunca empezó.

Conviene detenerse en lo que realmente pasó, porque es más hondo de lo que el episodio sugiere. No se trató de impedir que alguien hablara. Se trató de impedir que se reescribiera la historia.

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El acto tenía un propósito transparente: presentar la gestión de Nicolás Maduro como un legado, exaltar su «obra», construir un relato amable de casi tres décadas de poder. Y lo iba a hacer en el lugar menos dispuesto a creerlo: una universidad asfixiada durante años, con aulas vaciadas por la emigración, profesores empujados a renunciar por sueldos miserables, estudiantes que vivieron la persecución en carne propia. Pedirle a esa universidad que aplaudiera el legado de quien contribuyó a vaciarla era pedirle que negara su propia experiencia.

Los estudiantes lo dijeron con una claridad que ningún editorial mejora. «La UCV no olvida.» «La UCV tiene memoria.» «¿Cuáles son los logros de tu padre? ¿Asfixiar a la universidad?» No eran consignas de partido. Eran un inventario. La memoria de las aulas vacías. La memoria de los profesores que se fueron. La memoria de los detenidos y los perseguidos. Frente al relato que llegaba a maquillar, ellos respondieron con la lista de lo que de verdad ocurrió.

Vale la pena situar este gesto en el momento que vive Venezuela. La transición avanza, pero avanza desde arriba. Washington administra su tutela, reconoce legitimidades cruzadas, negocia cronogramas. El chavismo reformula su discurso y admite, en voz de su presidenta encargada, el giro que durante años negó. Las cúpulas conversan, calculan, reparten. En ese tablero de despachos y comunicados, la sociedad parece reducida a espectadora de lo que otros deciden por ella.

Y entonces, un lunes cualquiera, un grupo de estudiantes recuerda que no todo se decide arriba. Que hay una frontera que las negociaciones no pueden cruzar sin permiso: la del relato sobre lo que pasó. Se podrá negociar el poder, los plazos, las cuotas. Pero la memoria de quienes sufrieron no está sobre la mesa. No se rehabilita a un responsable de la ruina con una conferencia en el aula de sus víctimas, por más diputado que sea el ponente y por más apellido que cargue.

Hay quien dirá que es un gesto menor, simbólico, sin consecuencias sobre el rumbo real de la transición. Tal vez. Pero los símbolos importan precisamente cuando todo lo demás parece decidido. En un proceso donde la gente común tiene poco que decir sobre las grandes piezas, decidir qué historia se acepta y cuál se rechaza es una forma de soberanía que nadie le ha podido quitar. Los estudiantes de la UCV ejercieron esa soberanía. Dijeron: esta historia, no.

Me detengo en un detalle que no es menor. Lo hicieron en una universidad herida, no en una desde la abundancia. Quien defiende la memoria desde la precariedad la defiende de verdad, porque no le sale gratis. Esa universidad pobre, vaciada, golpeada, tuvo algo que muchos con más recursos han perdido: la dignidad de no aplaudir a quien los dañó.

La transición venezolana se escribirá, en sus grandes líneas, en los despachos de Caracas y de Washington. Pero hay una parte que no se escribe ahí. La que decide si Maduro será recordado como un estadista con «obra» o como lo que su propio país vivió. Esa parte se escribe en otro lado: en la calle, en el aula, en la negativa de un grupo de jóvenes a dejar que les cuenten una historia que ellos saben falsa.

El 22 de junio, la UCV no impidió una conferencia. Defendió el derecho de un país a recordar lo que le pasó. Y mientras haya quien defienda ese derecho, ninguna transición tutelada podrá decretar el olvido.

# Quién elige al gobernador

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Esta semana hubo una foto y hubo una frase. La foto fue la de Dinorah Figuera sentada frente a Jorge Rodríguez, en el mismo Palacio Federal Legislativo donde durante años se la insultó, acordando una mesa para parir un árbitro electoral. La frase no salió de ninguna rueda de prensa: la rescató un libro. Donald Trump, en privado, les dijo a sus allegados que Venezuela podría ser el estado 51 y que él elegiría al gobernador para dirigirla. La foto y la frase, juntas, cuentan la historia entera. Solo hay que saber leerlas.

El profesor Carrasquero, cuyo análisis publicamos en esta misma edición, hizo la pregunta correcta sobre la foto. No es «quién está en ella» —el error en que cayó media Venezuela, contando ausencias como quien cuenta agravios—. La pregunta es «para qué sirve». Y si uno la mira con esa lente, la foto deja de ser un desplazamiento y se vuelve un andamio: alguien está construyendo las reglas de una elección. La pregunta que queda, entonces, no es quién posó el jueves en Caracas. Es quién gana cuando llegue el día de votar. Y esa respuesta, guste o no a quien diseña los andamios, tiene un nombre que las urnas ya pronunciaron una vez, el 28 de julio de 2024.

Pero está la otra frase. La del gobernador. Y confieso que es la que no me deja dormir tranquilo. Porque revela cómo, en algún rincón de la cabeza del hombre más poderoso del mundo, Venezuela no es un país: es una propiedad con problemas de administración. Algo que se arregla nombrando a la persona correcta, como quien pone un gerente en una sucursal que da pérdidas. No un pueblo con dos siglos de historia, sino un activo de cuarenta billones de dólares en petróleo y un gobernador por designar.

Lo escribo desde Columbus, a las nueve de la noche, mirando por la ventana una calle de Ohio donde nadie se pregunta quién es el dueño de su país, porque la respuesta se da por sentada. Y pienso en lo que significa que, para los venezolanos, esa respuesta haya vuelto a estar en disputa. No frente a una dictadura esta vez —esa ya cayó—, sino frente a la tentación de quien vino a ayudar a tumbarla. Es una ironía amarga: el mismo poder que sacó a Maduro fantasea con quedarse con la casa.

No soy ingenuo, y los lectores de INCÍSOS saben que esta página no ha sido complaciente con nadie. La intervención de enero liberó a Venezuela de un tirano, y eso es un hecho que ninguna incomodidad posterior borra. Agradecer esa liberación y, al mismo tiempo, vigilar a quien la ejecutó no es contradictorio: es, precisamente, lo que hace un pueblo adulto. Se puede dar las gracias por el rescate y, acto seguido, dejar muy claro que la casa no está en venta. Las dos cosas a la vez. Esa es la madurez política que a Venezuela le ha faltado tantas veces, y que ahora le toca aprender a marchas forzadas.

Porque aquí está el punto, y con esto cierro. Carabobo cumple esta semana doscientos cinco años. Doscientos cinco años desde que un puñado de hombres decidió que este país no tendría dueño extranjero. No conquistaron la independencia para que, dos siglos después, alguien la rifara en una sobremesa de Mar-a-Lago entre un comentario sobre Groenlandia y otro sobre Canadá. La soberanía que se ganó en aquella sabana no es un trofeo de vitrina: es una responsabilidad que cada generación tiene que volver a sostener. Y a esta generación le tocó sostenerla en el momento más confuso, cuando el peligro no viene con uniforme enemigo sino con la sonrisa del aliado.

¿Quién elige al gobernador? La pregunta, formulada así, ya contiene su propia indignación, porque presupone que hay un gobernador que elegir, y que lo elige alguien que no votó nunca en Venezuela. La única respuesta decente a esa pregunta es que en Venezuela no se elige gobernador: se elige presidente. Y lo elige el pueblo venezolano, con su voto, en una elección de verdad, con el árbitro que esa mesa de Caracas dice estar construyendo. Si esa mesa cumple, bienvenida sea. Si la foto sirve para eso, valió la pena. Pero que nadie —ni en Caracas ni en Washington— se confunda sobre de quién es la casa. La casa es de los que votaron el 28 de julio. Y esa escritura, por más libros que se publiquen y más fotos que se tomen, no está a nombre de nadie más.

Alfredo Yánez Mondragón es periodista y editor de INCÍSOS. Escribe desde Columbus, Ohio.

Hay un malentendido cómodo en la manera en que se cuenta el ascenso de los outsiders. Se dice que la gente se enamoró del que venía de afuera. Que lo siguió por su carisma, por su discurso, por su promesa de barrer con todo. Y hay algo de eso. Pero la palabra está mal elegida. Lo que el votante siente cuando aplaude al recién llegado casi nunca es amor. Es despecho. Y el despecho, a diferencia del amor, siempre tiene una dirección: apunta a alguien.

Apunta al partido que prometió y no cumplió. Al dirigente que llegó hablando del pueblo y se fue hablando de sí mismo. A la estructura que pidió el voto cada cinco años y devolvió silencio los otros cuatro. El outsider no entra por la puerta que abre su propio mérito. Entra por la que dejaron abierta los que estaban adentro. Es, antes que nada, un hueco con forma de hombre.

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Por eso conviene leer el fenómeno al revés de como suele leerse. El que vota contra los partidos no está votando por una idea nueva: está pasando una factura vieja. Y la factura se acumuló durante años de representación que se volvió trámite, de militancia que se volvió nómina, de programa que se volvió eslogan. Cuando por fin aparece alguien que dice «yo no soy de ellos», el votante no examina demasiado qué es. Le basta con que no sea eso.

El problema empieza después. Porque la factura se cobra una sola vez, pero el país sigue ahí al día siguiente, con sus instituciones, sus equilibrios, su necesidad aburrida de que alguien gobierne. Y entonces el outsider tiene que decidir qué hace con el poder que le prestaron en un arranque de bronca. Algunos descubren que gobernar se parece sospechosamente a lo que hacían los que vinieron a reemplazar. Otros deciden que, ya que llegaron rompiendo, lo coherente es seguir rompiendo. Ninguno de los dos caminos es gratis.

Este especial no viene a celebrar la antipolítica ni a condenarla de entrada. Viene a tomarle la temperatura. A entender por qué un votante en Pensilvania, otro en la provincia de Buenos Aires y otro en Caracas llegaron, por rutas distintas, a la misma conclusión: que el sistema de partidos dejó de hablarles. Esa coincidencia no es casualidad ni contagio. Es síntoma. Y los síntomas no se curan gritándoles que se callen; se curan averiguando qué los produce.

Venezuela conoce esta historia mejor que casi nadie, y no desde ahora. Tuvo su antipolítico de la televisión antes de que la televisión fuera el medio natural de los antipolíticos. Tuvo su outsider que arrasó las encuestas y terminó devorada por otro outsider más hábil. Tuvo, sobre todo, al hombre que prometió barrer la partidocracia y se quedó veinticinco años. Quien quiera entender lo que se juega hoy, cuando vuelven a circular nombres que se presentan como ajenos al aparato, haría bien en mirar ese archivo antes de aplaudir o de descalificar.

Hay una pregunta que recorrerá todas las piezas que siguen, y conviene dejarla planteada desde la primera línea. No toda renovación es demolición, y no todo el que viene de afuera viene a destruir. Hay quien tiene ideas en función del país y simplemente no milita en ningún partido, y llamarlo «antipolítico» como insulto es una manera barata de defender lo indefendible. Pero también hay quien usa el lenguaje de la renovación para justificar que no quede nada en pie. Distinguir entre los dos no es un lujo intelectual. Es, probablemente, la tarea política más urgente de la década.

El aplauso, ya lo dijimos, no es amor. Es una factura. La pregunta es quién la cobra, a nombre de quién, y qué piensa hacer con lo que recaude.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS

FUENTES PRINCIPALES: Inciso de autor. Pieza de opinión firmada.